El Centro de Economía Política (CEPA), redactó un documento sobre el importante ajuste que sufrirá el programa de becas para jóvenes de bajos recursos. Un recorte disfrazado y engañoso.
Hace unas semanas, el presidente Mauricio Macri, había anunciado una importante ampliación del Programa Progresar, el cual está destinado para jóvenes de familias pobres
Según consignó hoy Página12, el CEPA accedió a un dossier del Ministerio de Educación con los números que el gobierno nacional manejó internamente para redefinir y relanzar el programa. Antes de entrar en el cálculo de ese recorte, vale la pena repasar el sentido con el que fue creado el Progresar en 2014, y el cambio de lógica introducido en este relanzamiento.
El programa comenzó a implementarse hace cuatros como una ayuda de 600 pesos para los jóvenes de entre 18 y 24 años que retomaran sus estudios –en cualquier nivel, primario o secundario– o que, siempre proviniendo de hogares con ingresos menores a un salario mínimo, cursaran una carrera terciaria, universitaria o se estuvieran capacitando en un oficio. En 2015, el monto de la beca fue aumentado a 900 pesos, y el requisito de ingresos familiares pasó a ser de tres salarios mínimos. En promedio, en los últimos tres años el Progresar tuvo un número estable de beneficiarios, de entre 750 y 800 mil estudiantes, con un pico de un millón de becados en 2015.
Tras la llegada del macrismo a la Casa Rosada, el monto de la beca estuvo congelado por dos años. De acuerdo al cálculo del CEPA, el poder adquisitivo de la beca de 900 pesos se redujo a menos de la mitad. Por esto, el aumento anunciado para el relanzamiento, que pone al piso de la beca en 1250 pesos, sigue estando por debajo del poder adquisitivo que tenía el estímulo en 2015.
“El Plan Progresar había sido planteado originalmente como un beneficio ‘puente’ para familias que cobraban la Asignación Universal por Hijo o tuvieran ingresos bajos. Se orientaba a poblaciones vulnerables y su objetivo era permitir que cuando los hijos continuaran o retomaran los estudios, y antes de que se inserten en el mercado laboral, el grupo familiar no dejara de percibir un ingreso como la AUH o el Salario Familiar por el hecho de que el hijo cumpliera los 18 años”, reseñó Hernán Letcher, director del CEPA. “El Progresar fue lanzado como un derecho, y de allí venía su espíritu universal, ahora quebrantado.”
Un punteo de las principales pérdidas señaladas por el análisis del CEPA incluye los siguientes aspectos:
El acceso al programa deja de ser universal y pasa a depender del presupuesto previsto (que como se verá más adelante es sensiblemente menor al previo).
En términos de equidad, el programa cambia drásticamente. Pasa de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico.
En el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, las becas Progresar son profundamente regresivas, ya que es un hecho ampliamente reconocido por los especialistas en educación la dificultad de los jóvenes de hogares con bajos ingresos que son primera generación universitaria para incorporarse a la vida académica (ver aparte las opiniones de Eduardo López, de UTE, y de Graciela Morgade, decana de Filosofía y Letras de la UBA).
En el caso de los universitarios, el plan de becas exige ahora aprobar el 75 por ciento de las materias previstas para el año que esté cursando el alumno. Antes, el único requisito era ser estudiante regular, que en general implica aprobar al menos dos materias anuales. El nuevo requisito, como así también el establecimiento de montos de beca diferenciales muy significativos en función de las materias aprobadas y el promedio académico, discrimina fuertemente a los jóvenes de menores ingresos y bagaje cultural.
Las alumnas de menores ingresos son doblemente discriminadas. La mayor carga del cuidado de personas y familiares que recae sobre ellas las pone en desventaja para cumplir con los requisitos de cantidad de materias aprobadas, algo que no se contempla en el nuevo programa.
El CEPA advierte que, en el documento del Ministerio de Educación al que accedió, está previsto “un recorte de 362 mil becas”. Al hacer sus propias cuentas en base a otros datos detallados en ese informe interno, lo corrobora: “Para mantener las mismas becas con los aumentos previstos por el Gobierno para cada beca, sería necesario disponer de 17.320 millones de pesos aproximadamente. Pero se prevé sólo 10 mil millones. El ajuste será entonces de al menos 7320 millones”, indica Letcher.
“En la práctica, ese ajuste se vincula a la reducción de la cantidad de cuotas, que pasan de 12 a 10 (2580 millones de pesos), y en la cantidad de becas (4740 pesos). Esto representa un recorte de casi 380 mil becas al valor de la actualización (1250 pesos). Apuntemos, una vez más, que el propio Gobierno estima ese recorte en 362 mil becas”.
Finalmente, el centro de estudios revisa un antecedente cercano: el uso real que Cambiemos viene dando a los fondos destinados a becas. El caso analizado es el del Programa ArBec, que centralizaba las becas existentes en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Modernización de la Nación. “A pesar de la recurrente mención a la necesidad de impulsar becas ‘al mérito’, lo real es que la ejecución durante 2017 respecto de tales becas ha sido poco satisfactoria. Sólo han ejecutado un 64 por ciento de las ArBec. A la fecha de hoy, aún se les resta abonar la mitad de las cuotas liquidadas al 40 por ciento de los beneficiarios.”
