La Justicia solicitó el allanamiento de once propiedades de “Caputo Hermanos”

El fiscal Pollicita pidió que se allane la empresa integrada por miembros de la familia del exfuncionario del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo. Buscan esclarecer si financió las actividades de Revolución Federal.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se libren “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel en el marco de la causa por la que está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.

El requerimiento que el fiscal le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.
Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo “un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.
“Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz”, sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.
La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.
“Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas”, resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas.
El fiscal solicitó que el edificio ubicado en Neuquén, y señalado por Morel y por los directores de Caputo Hermanos en sus descargos, sea inspeccionado para ver si allí se encuentra “la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22” de la empresa al expediente el 19 de octubre pasado.

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En la misma semana que volvió a la televisión allanaron la casa de Víctor Hugo Morales

Cuatro días después de volver a la conducción de un programa televisivo, el periodista fue allanado en su vivienda por una medida judicial que ordenó el secuestro de al menos cinco obras de arte de su propiedad. El procedimiento fue ordenado en el marco del juicio que la empresa Cablevisión le había iniciado a Morales por poner al aire un tramo de la final de la Copa Intercontinental entre Boca y Real Madrid, hace 18 años atrás.

“Ya pagué 2 millones de los 3 millones que debía y el juez debiera saber que tengo voluntad de pago”, aclaró el periodista, quien dijo preferir que los funcionarios judiciales se lleven los cuadros a impedirlo y que la policía ingrese a la fuerza.

El motivo por el cual se le secuestraron los cuadros fue para dar cumplimiento a la sentencia del juicio en el que la empresa Cablevisión denunció a Morales por violación de los derechos de transmisión exclusiva al haber permitido que se vea por la televisión abierta un partido de fútbol que solo podía verse por cable.

Tras la denuncia hubo un fallo en primera instancia a favor del conductor. Sin embargo, la parte denunciante apeló y la Sala D de la Cámara revirtió esa decisión y la causa terminó en la Corte Suprema que, finalmente, desestimó las quejas presentadas por el conductor televisivo y radial.

Según explicó el funcionario judicial presente en el domicilio del histórico relator de fútbol, el secuestro de las obras debía saldar un tramo de 50 mil pesos de deuda. Sin embargo “uno solo de esos cuadros vale por lo menos 30 mil, con lo cual esto es una especie de atraco, podría decir que me están robando”, criticó Morales.

“Pero más allá del valor económico que tengan, estos cuadros habitan mi vida desde hace más de 20 años. Para mí son un capital afectivo”, agregó el periodista, quien no dudó en relacionar esa medida con su reciente retorno a la señal C5N. “No creo que esto sea una casualidad. Es el retruco de mi aparición televisiva. Llevo cuatro días diciendo las cosas que todos saben”, sostuvo.

En este sentido, consideró que detrás del allanamiento a su vivienda hay una intención de “disciplinar y humillar” su labor crítica. “Esto es una locura. Lo que seguramente va a pasar es que (quienes lo enjuiciaron) van a volver a tasar los cuadros, luego a comprarlos y finalmente decir que les sigo debiendo dinero”, concluyó.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) expresó su repudio al allanamiento.

Fuente: Página 12

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En feria judicial y sin notificar a las partes, ordenan allanar la Casa de las Madres

En medio de la feria y sin notificar a las partes, la Justicia decidió allanar la Casa de las Madres. Desde la organización de Derechos Humanos advirtieron que "representa una violación de las garantías constitucionales".

"Un nuevo capítulo del plan de persecución a las Madres. Habilitaron la feria judicial de manera ilegal y sin fundamento, con intervención del Ejecutivo y sin notificar a las Madres", describieron las Madres en las redes sociales. Según asegura la orden judicial, podrían "clausurar" el lugar.

El Partido Judicial ordenó allanar la Casa de las Madres en feria judicial sin notificación.#ConLasMadresNo#NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/8NGol1o3lQ

— Prensa Madres (@PrensaMadres) 29 de enero de 2018

A dos días del fin de la feria la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar a las Madres lo que representa una violación de las garantías constitucionales.#ConLasMadresNo pic.twitter.com/dyDuNJ7Tfp

— Prensa Madres (@PrensaMadres) 29 de enero de 2018

[AHORA] Un nuevo capítulo del plan de persecución a las Madres. Habilitaron la feria judicial de manera ilegal y sin fundamento, con intervención del Ejecutivo y sin notificar a las Madres. Esto viola manifiestamente las garantías constitucionales. pic.twitter.com/EyrLIE8QMd

— Prensa Madres (@PrensaMadres) 29 de enero de 2018

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Allanaron la Municipalidad de Pilar y crece el escándalo por termoeléctricas

El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, impulsó una polémica rezonificación para facilitar la instalación de dos centrales termoeléctricas a pocos metros de las casas de los vecinos.

La justicia dispuso el viernes pasado los allanamientos del Palacio Municipal y el Concejo Deliberante de Pilar en el marco de la causa judicial iniciada contra el jefe comunal por la polémica instalación de dos plantas termoeléctricas en medio de una zona urbana.

El juez federal Adrián González Charvay ordenó los procedimientos que también alcanzaron a la planta de la empresa APR Energy.

Según indicó El Día de Escobar la causa se inició a raíz de la denuncia de un grupo de vecinos autoconvocados para frenar la instalación de dos plantas termoeléctricas. La agrupación Autoconvocados contra la Contaminación en Pilar presentaron un recurso de amparo colectivo para frenar las obras en las plantas de APR Energy S.R.L. y Araucaria Energy S.A.

También fue allanada la planta de APR Energy por efectivos del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, según manifestaron los militantes sociales que acampan en el ingreso al predio desde hace más de un mes.

Los allanamientos “tienen que ver con las dos cautelares y con uno de los pedidos del fiscal: investigar a todos los funcionarios y concejales involucrados con la aprobación de la rezonificación para la instalación de las dos plantas” explicó a ese medio Érica Hahn, presidenta de Autoconvocados contra la Contaminación en Pilar.

Además, afirmó que “el intendente Ducoté y la gobernadora Vidal también estarían bajo la lupa”.

El caso del jefe comunal está claro, por ser la máxima autoridad del distrito que autorizó la instalación de las centrales energéticas, en tanto que la mandataria provincial tiene parte por haber firmado el decreto 672/17 que homologó la ordenanza de rezonificación N°234/17, la cual dio marco legal a la radicación de Araucaria Energy.

“Estamos contentos y muy expectantes con lo que puede llegar a pasar. Suponemos que van a encontrar las pruebas que confirman que las plantas se fueron instalando de forma ilegal y que las ordenanzas salieron a medida de las empresas”, analizó la referente de la cruzada contra las termoeléctricas emplazadas en ruta 25 y calle Alborada, en el límite de Villa Rosa con Matheu.

El vocero de la organización Vecinos Unidos por Pilar, Raúl Regis, aseguró que las plantas tienen un impacto negativo sobre la salud humana. “Vamos a tener en Pilar dos centrales termoeléctricas equivalentes a una Atucha y medio”, indicó.

“Para que funcionen las dos centrales termoeléctricas necesita 2000 camiones repletos de gasoil que equivale a 300 estaciones de servicio. Todos en zona urbana de Pilar. También las centrales teermoelécricas van a utilizar 50.000 millones de litros de agua. Esto equivale a lo que consumen 2.500 familias en un mes”, enumeró.

Ducoté impulsó la rezonificación de Pilar para habilitar la instalación de dos centrales termoeléctricas a apenas 600 metros de las viviendas de los vecinos de los barrios de Villa Rosa y Matheu. Entre las dos centrales tienen una potencia de 500 MW y están catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental.

Fuente: Diario Pulse

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Allanamiento y despidos en el Registro Automotor de Olavarría

En una jornada de intensidad y tensión que incluyó cambio de cerraduras y actas, volvieron los despidos en el Estado y la persecución política por parte del gobierno.

De manera sorpresiva y violenta, intervinieron el Registro del Automotor de Olavarría, ubicado en la calle Moreno 2938, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde la encargada y 12 empleados fueron despedidos sin preaviso fundamentando “razones de oportunidad, mérito y conveniencia”.

De esta manera vuelven a producirse despidos en el sector público, que se suman a los miles de trabajadores que se encuentran desafectados.

Uno de los desafectados brindó su testimonio y confirmó que desde la Dirección Nacional informaron que a partir del lunes envíen sus CV y que se evaluará su reincorporación, teniendo en cuenta la identificación política, inspeccionando también las redes sociales personales.

La intervención del Registro de Olavarría se dio de manera simultánea junto a los de La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Avellaneda. Se espera que el mismo proceder ocurra en 7 registros más del país, bajo los mismos mecanismos: la persecución política y violentos despidos.

Desde la asunción de Mauricio Macri, se vienen despidiendo a miles de trabajadores del estado y del sector privado, incluso hace días el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca debió admitir que este año se perdieron 120.000 empleos como consecuencia del "sinceramiento de la economía".

No sólo preocupa la ola de despidos y las consecuencias que traerá en los hogares de familia, el descenso del consumo y por lo tanto de la economía interna, sino también que se desplazan a trabajadores sin argumento técnico o jurídico alguno y se observa un fuerte ánimo de revanchismo a quienes adhirieren a una fuerza política opositora a la actual administración.

Cambiemos era la fuerza política que criticaba la supuesta designación arbitraria de funcionarios en organismos nacionales; se proclamó como la fuerza que decía tener propuestas de cambio y transformación, pero no sólo no está cumpliendo con la palabra y el compromiso asumido ante todo el país, sino que procede en diferentes ámbitos con prácticas impregnadas de los peores vicios de persecución que nos remiten a las más oscuras épocas que transitó nuestro país.

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