Un ex empleado de Cambiemos declaró ante la Justicia y sacó a la luz un entramado que incluye sobreprecios, sobornos y hasta llega al escándalo de los aportantes truchos.
Una investigación de la fiscal Boquín culminó con una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, por el desvío de más de 35 millones de pesos a empresas y estudios jurídicos pertenecientes a Pablo Tonelli, Jaime Kleidermacher y Pablo Clusellas, entre otros.
En consonancia con el requisito de reducción de la planta del Estado que ordena el Fondo Monetario Internacional, ahora el Gobierno de Mauricio Macri planea eliminar por decreto los entes cooperadores.
El ministro de Modernización aseguró en una entrevista que las medidas del Gobierno “son una cagada para mucha gente” al tiempo que afirma que Macri será “reelegido” en 2019. “No hay ninguna duda de que es el camino de salida” señaló.
Por el final de los acuerdos con universidades, podría haber 30 mil despidos.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, es el encargado desde 2015 de llevar adelante el ajuste en el Estado nacional. Cercano al presidente Mauricio Macri, Ibarra coordina los despidos y el achicamiento de diferentes áreas, antes estratégicas para el kirchnerismo, como puede ser Derechos Humanos o el INTI, por citar solo dos casos.
Mientras a muchos estatales les va cada vez peor, a Ibarra la vida le sonríe: sigue poniendo a hombres de su confianza en muchos lugares claves de la administración nacional. Ahora, sumó en la conducción en la empresa estatal Arsat y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) a dos hombres muy cercanos, como Guillermo Baistrocchi y Raúl Martínez. El primero es además un histórico del Grupo Macri.
"En la transición, antes de nombrar a un reemplazante de Rodrigo (de Loredo), el ministro quiere tener un día a día de la empresa, que por el momento lo tiene con Martínez, que funciona como un coordinador", dijo una fuente del Ministerio de Modernización al diario Clarín. Lo llamativo es que Martínez no fue designado oficialmente como nuevo CEO de Arsat aunque ya se desempeña de hecho en esa tarea.
De esta manera, Ibarra se configura como el tridente de mayor confianza de Macri en lo que respecta la gestión del Estado, por debajo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del vicefeje, Mario Quintana. Los tres van colonizando prácticamente todas las áreas del Gobierno nacional.
A través de un borrador realizado por los ministros de Hacienda y Modernización se busca que los estatales puedan desvincularse de sus puestos por voluntad propia.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, indicó que en 2018 se implementaría el plan de jubilación anticipada y luego, un plan de Retiro Voluntario para reducir la planta del Estado.
El borrador que Ibarra y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne propusieron para que el presidente Macri firme como decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2018 fue publicado este martes por La Política Online.
El decreto -que guarda un parecido notable con la de Retiro voluntario que implementó en enero Rosana Bertone en Tierra del Fuego- y que, de acuerdo a lo anunciado por Ibarra debería rubricarse antes de fin de mes, prevé que los empleados -esencialmente los administrativos- puedan desvincularse de sus puestos por propia voluntad bajo un régimen que prevé tres tipos de incentivos de acuerdo a la edad del trabajador. De todos modos, los ministros y secretarios conservan la potestad de "rechazar la solicitud del Retiro Voluntario por razones de servicio".
En primer término, para aquel empleado de 65 años o más que no cuente con los años de servicio necesarios para obtener su jubilación ordinaria, el decreto bajo su redacción actual, le ofrece la posibilidad de recibir 24 cuotas mensuales iguales "no remunerativas" equivalentes a su salario neto.
Por otra parte, para aquellos que tengan 60 años, pero no alcancen la categoría anterior, la norma prevé que se les paguen hasta 36 cuotas mensuales no remunerativas equivalentes a su salario neto, siempre y cuando no se superen las 12 cuotas una vez cumplidos los 65 años.
El tercer caso es el de los menores de 60 años de edad para quienes habrá un resarcimiento al momento de la desvinculación de hasta 6 cuotas en función de la antigüedad y luego entre 6 y 24 cuotas mensuales adicionales no remunerativas, pero del 70% del salario.
Aunque se trate de pagos no remunerativos, el decreto establece quienes se acojan al plan de Retiro Voluntario "continuarán gozando de la cobertura médica asistencial de obra social durante el plazo de percepción de las cuotas o hasta la obtención del beneficio previsional, lo que ocurra primero, según lo determine la reglamentación".
Por otra parte, al establecer que se trata de cuotas no remunerativas, no establece mecanismos para que las personas en edad de jubilarse, pero sin los años de antigüedad cumplidos, puedan completarlos para acceder a una jubilación de forma ordinaria.
El decreto prevé en su artículo 7º que "el Retiro Voluntario dejará de abonarse luego de SEIS (6) meses de iniciado el trámite jubilatorio o al momento de su otorgamiento, lo que ocurra primero".
En todos los casos, aquel que se sume al régimen de Retiro Voluntario, no podrá volver a ser incorporado a la planta estatal en un período de cinco años.
La normativa también establece en su artículo 2º que no podrá adherir a este Régimen ni el personal policial, ni de las Fuerzas Armadas, ni de Inteligencia. Tampoco aquellos "que se desempeñen en un cargo docente, profesional de la salud, del servicio exterior o científico técnico", ni los que estén sumariados, procesados, jubilados -o con trámite iniciado- ni "en situación de disponibilidad".
Los retiros voluntarios abarcarán a los empleados de los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social que engloban tanto al PAMI y la ANSES como a la AFIP, entre otros organismos públicos.
Se trata de unos 208.000 agentes públicos, pero se estima que el universo en condiciones de acogerse sería de 80.000, y podrían adherirse entre 3.000 y 5.000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazados.
El plan de retiros contemplará la percepción de ingresos por dos o tres años, según el caso. El nuevo régimen de retiros estaba previsto en el artículo 109 de la ley 27.431 de presupuesto 2018.
Conoce a los funcionarios del Gobierno que deben multas de tránsito. La mayoría son por exceso de velocidad y uso del celular mientras manejan. Algunos deben más de 35 mil pesos.
Dar el ejemplo. Una investigación sacó a la luz las multas de tránsito que adeudan varios funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri. Develó que más de un integrante de Cambiemos debe montones de plata al estado en carácter de multas.
Si se suma el total, la deuda suma 200 mil pesos, y entre los funcionarios que más deben se encuentran el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con $38 mil de deuda, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien debe $25 mil. En total, son veinte funcionarios, entre ministros, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y el presidente del Central. Además, la mayoría de las infracciones son por exceso de velocidad, mal estacionamiento y el uso del celular mientras manejan.
De acuerdo con los datos de La Nación, el funcionario más comprometido es Sturzenneger, con 21 multas de tránsito, por una cifra que asciende a $38.732,06. La mayoría son por exceso de velocidad, aunque también por estacionar en lugares indebidos, uso de teléfono celular y circular en zonas donde está prohibido.
El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, debe $25.414,25; la mayoría por mal estacionamiento. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, debe $23.315,25, aunque explicó que sólo pagará $7.847,75, ya que el resto es por un vehículo que vendió hace cinco años.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Pérez, carga en sus espaldas tres multas que ascendían a $4.254: una por exceso de velocidad en la provincia de Buenos Aires y las otras dos en Capital Federal, por mal estacionamiento y por no detenerse en la línea marcada o senda peatonal.
La lista sigue con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que debe $15.791,31; su par de Justicia, Germán Garavano, cuya deuda asciende a $14.370,75. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, debe $13.652,50; y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, tiene deuda por $13.015,75, la mayoría por exceso de velocidad. Nicolás Dujovne, de Hacienda debe $9.919,50.
Entre los que menos deben, se encuentran el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con una deuda de $8.100; Oscar Aguad, de Defensa con $3.430,50. Cierran la lista Francisco “Pancho” Cabrera, titular de Modernización, y el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, ambos con $557,50, por mal estacionamiento.
Mientras se espera un fenomenal ajuste estatal con más de 20.000 empleados del Poder Ejecutivo al borde del despido, el ministro Andrés Ibarra gastará una importante suma de dinero en "modernizar" la terraza de su Ministerio.
A través del expediente EX-2017-23359299- -APN-DCYC#MM, Modernización comenzó el proceso de compra del material para renovar la azotea del Edificio "Banco Argentino Uruguayo", ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 511.
Más puntualmente, la idea del ministro es la construcción de un "deck" cuyos materiales costarán $ 743.665, entre la madera, los tornillos y la pintura correspondiente. Así lo contó además el sitio El Canciller.
Esta nueva decisión se enmarca en un nuevo plan de ajuste en el Estado, que se prevee en este verano reducirá su planta en aproximadamente 20.000 trabajadores.
Mirá los documentos:
367957815-Modernizacion-gastara-casi-un-millon-en-un-deck-en-la-terraza-de-su-edificio
Fuente: El Destape
El Gobierno tiene un listado con los próximos cesanteados. En una primera etapa prevén 165, pero pretenden echar a un total de 707 trabajadores sólo en ese organismo y a más de 35.000 en el resto de la Administración pública nacional. Desde ATE Capital llaman a enfrentar el “vaciamiento”.
Hace apenas una semana, el ministro de Modernización de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, dejaba trascender a través del principal operador mediático de Cambiemos –Clarín– que el año terminaría con trabajadores estatales en la calle. Ahora se sabe por dónde comenzará el nuevo recorte que afectará a más de 35.000 familias.
ATE Capital denunció que en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ya hay un listado con 165 trabajadores que comenzarán a recibir las notificaciones de despedido en los próximos días, aunque advirtieron que se trata sólo de “la primera tanda”, porque Ibarra apunta a un total de 707 en distintas áreas del organismo.
“Justamente, nuestra directora nacional nos confirmó los despidos. Dijo que no se puede hacer nada, que hay una pequeña mesa de negociación en la que intentan achicar el número, pero que el golpe va a venir igual. Esas fueron sus expresiones”, indicó al diario Contexto de La Plata la delegada gremial Yara Girotti.
Los empleados protestarán hoy a partir de las 11 hs en la sede central del ENACOM, ubicada en Perú 103, y realizarán una asamblea con empleados de otras dependencias estatales para decidir un plan de lucha.
La concentración coincidirá con el paro nacional convocado por ATE y la CTA Autónoma, que incluye una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo contra los despidos y la reforma laboral, previsional y tributaria que intenta imponer el gobierno nacional.
“No vamos a entregar a ningún compañero”, aseguró Girotti tras señalar que el listado es “completamente arbitrario” y “sin consideración alguna por las madres solteras que son jefas de familia, compañeros que han sido padres o aquellos que tienen muchos años de antigüedad”.
“Hay áreas enteras que serán desmanteladas. Nos preguntamos cómo va a continuar el funcionamiento de esas reparticiones sin trabajadores. Mi sector de trabajo, por ejemplo, quedará diezmado”, completó la delegada de ATE Capital en alusión al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde se prevén “veinte despidos”.
El ENACOM, creado por el Decreto 267/15, fusionó y absorbió las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Fue el mismo decreto que desguazó la Ley de Medios para que el Grupo Clarín no sólo pudiera mantener sus privilegios monopólicos, sino extenderlos en detrimento de libertad de expresión de todos los argentinos.
“Cuando disolvieron la AFSCA se produjo la primera gran ola de despidos, y luego vivimos con el terror de las listas y de los rumores. Hoy, lamentablemente, llegó la confirmación. Quienes dirigen el Ente Nacional de Comunicaciones nos dicen en la cara que nos van a echar”, sostuvo Girotti.
La delegada añadió que el ISER también viene sufriendo el ajuste macrista por el lado de la educación pública desde que Miguel de Godoy se hizo cargo del ENACOM, primero con el recorte de treinta vacantes para la carrera de Locución –de un total de 120 de la anterior gestión–, y luego con la finalización de convenios con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
