En la misma línea argumentativa que Cecilia Pando, la diputada dijo que es un derecho humanitario. Además pidió que se juzguen los crímenes de la guerrilla. "Lilita" procesita.

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que está de acuerdo con que los genocidas mayores de 75 años que están condenadas por haber cometido algún delito reciban el beneficio de la prisión domiciliaria, independientemente de la naturaleza de los hechos por los cuales fueron juzgados.

"Sean delitos de lesa humanidad o sean delitos comunes", precisó la fundadora de la Coalición Cívica y Cambiemos.

La opinión de "Lilita" coincide con la línea procesita de Cecilia Pando, principal espada mediática de los crímenes de Estado y va en sintonía con un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema, que revocó un fallo que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un condenado por crímenes de lesa humanidad.

Las palabras de Carrió se contraponen, además, a un pedido histórico de organismos de derechos humanos que exigen que los militares condenados por su accionar durante la última dictadura cumplan las penas en cárceles comunes. "Eso no me parece humanitario", se distanció la dirigente que buscará en octubre revalidar su lugar en la Cámara baja en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Carrió reiteró que le pareció "correcto" el fallo del máximo tribunal de Justicia que convalidó la aplicación del 2×1 para Luis Muiña. Esa sentencia provocó una rápida reacción del Congreso, que reglamentó la aplicación de una ley que está derogada pero en algunos procesos puede ser utilizada en virtud del principio de ley más benigna, que rige en procesos penales.

"Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad", detalló en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

La líder de la Coalición Cívica también se pronunció a favor "del derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de los crímenes de la guerrilla". Y a modo de ejemplo, citó: "Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó".

Tras una reunión con Macri, Larreta y la gobernadora, se resolvió que Graciela Ocaña salga de la Ciudad y sea candidata de Vidal en Buenos Aires. El PRO la mandó a las listas del conurbano para neutralizar el perfil de Stolbizer.

La referente de Confianza Pública Graciela Ocaña será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en la lista que ya comenzó a armar Cambiemos para las PASO de agosto.

De esta forma se confirma el pase de distrito de la ex legisladora, que se vio forzada a mudarse a la lista bonaerense ya que en la Ciudad de Buenos Aires, donde Elisa Carrió encabezará la nómina, no tiene chances de sumarse a la boleta, así lo informaron a la agencia DyN fuentes del oficialismo.

Ocaña había promovido una campaña para ser Defensora del Pueblo de la Nación pero finalmente no pudo lograr el objetivo y es por eso que el oficialismo quiere ahora darle un lugar dentro de la estructura, por lo que se postulará al Congreso nacional por la provincia de Buenos Aires.

La ex titular del PAMI había recibido el ofrecimiento a fines del mes pasado y a su regreso de un viaje confirmó sus intenciones de participar, aunque por el momento no se conoce en qué lugar será ubicada, ya que la boleta está en plena negociación.

La idea de los amarillos es que "la hormiguita", ahora del conurbano, neutralice el perfil de Stolbizer, una de sus competidoras directas en los comicios de octubre.

El "arrepentido" brasileño declaró ante la justicia argentina y confirmó que hubo operaciones bancarias vinculadas al escándalo de corrupción que involucrarían al titular de la AFI y amigo personal del presidente.

Leonardo Meirelles, uno de los "arrepentidos" en el megacaso de corrupción "Lava Jato" en Brasil, confirmó hoy a la Justicia argentina que realizó más de cinco transferencias al titular de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas, y aseguró que se trató de "coimas".

Meirelles declaró vía teleconferencia ante el fiscal de la causa, Federico Delgado, en el marco de la causa en las que se investigan los presuntos pagos de coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht para la realización de obras en nuestro país.

El arrepentido ofreció, además, documentación de 10 transferencias realizadas por un total de US$850.000, informaron fuentes cercanas a la causa a Perfil.

Estas declaraciones comprometen al titular de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas, que había sido sobreseído la semana pasada por el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, en la causa en la que era investigado por transferencias bancarias sospechosas que estarían vinculadas al escándalo de corrupción brasileño.

Además declarará ante el fiscal, Alberto Youssef, también condenados por la Justicia brasileña, tras confesar los detalles de la estructura financiera internacional que montaron para el pago de coimas a políticos y funcionarios de Brasil y de otros países.

El martes pasado, la megaconstructora brasileña Odebrecht se había presentado ante la justicia federal argentina para ofrecer "un acuerdo de colaboración" en relación a estas causas. Fuentes judiciales señalaron que la abogados de la compañía se presentaron ante el juez federal Sebastián Casanello, que investiga una de las causas derivadas del "Lava Jato".

EL diputado nacional del Frente para Victoria, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió hoy al fallo de la Corte Suprema que benefició a genocidas responsables de delitos de lesa humanidad. “La Corte se la jugó para retroceder. Vamos a impulsar el Juicio político” señaló.

Consultado por Radio Del Plata sobre el fallo, De Pedro dijo: "Yo tengo una postura. Hay una ley de julio de 2015 que reza que no se puede condonar penas en casos de delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema falló contra esa ley. Eso es causal para un juicio político. La Corte se la jugó para retroceder, para hacer política, para hacer lo que piensa Mauricio Macri, y sus operadores en la justicia".

Al recordar el tratamiento de esa ley en la Cámara de Diputados, el dirigente del peronismo de la Provincia de Buenos Aires contó que "en la sanción de la ley de 2015 se abstuvieron Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Federico Sturzenegger, Pablo Tonelli ellos ya vienen con esta política de impunidad, porque son los empresarios que se beneficiaron con la dictadura. El Grupo Macri comenzó la dictadura con 7 empresas y la terminó con 74. Se beneficiaron con un genocidio".

“Cuando se cantaba 'Macri vos sos la dictadura', desde algunos sectores decían que no se podía cantar eso, que era retrógrado, que Cambiemos era un partido nuevo de derecha o de centro. Bueno, son los hijos de la dictadura, los que se beneficiaron con la dictadura y funcionarios de segundas y terceras líneas de aquel entonces”, añadió.

Sobre el rol de la Corte, opinó que “esta corte viene a avalar las privatizaciones, a avalar los reclamos económicos del Correo, de las AFJP, de esos sectores que perdieron los privilegios durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Esta Corte viene a devolverle privilegios a esos sectores minoritarios que se beneficiaron con la dictadura y con el menemismo”.

Además, De Pedro opinó sobre el aval que el Senado le brindó a los pliegos de los jueces que hoy están cuestionados: "Hay una complicidad de un sector del FPV y de un sector del peronismo que votaron a estos jueces de la Corte, votaron el pago a los fondos buitre, votaron el fin de la moratoria previsional. Ellos deben hacer una autocrítica, porque se la deben al pueblo que los votó para otra cosa”.

Sobre el futuro electoral del peronismo de la provincia de Buenos Aires, De Pedro resaltó que “necesitamos construir un frente amplio opositor con dirigentes políticos que tengan la capacidad de resistir las presiones del Gobierno, los medios y un sector del Poder Judicial”.

Además, señaló que “estos dos años nos enseñaron que en las elecciones tiene que quedar claro para la sociedad que las personas que forman parte de un espacio político no sólo van a poner su nombre en una lista, sino que tienen que ser parte de un acuerdo programático. Ese tiene que ser el compromiso con la sociedad”.

Así lo denunció ayer la referente de la Tupac Amaru al Secretario General de ATE. Los tormentos son aplicados a ella y al resto de sus compañeras, quienes se encuentran asiladas por órdenes de la Vicedirectora del Penal.

El Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, quien visitó ayer a Milagro Sala en la cárcel, informó que Milagro Sala "se quebró" y contó que "tanto a ella como a las otras compañeras que también son presas políticas las habían aislado y las sometieron a golpes".

"De noche las torturaban tanto que el resto de las internas tenían que gritar para que cesen con la tortura", relató. Esta denuncia se realiza en momentos en que la Comisión de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (CTDA) de la ONU se encuentra en Jujuy.

Catalano, al ser entrevistado en el programa radial del Víctor Hugo Morales, contó: "Ella no lo quería hacer público hasta que la sacaran del penal porque hay una tensión adentro, donde tanto a ella como a las otras compañeras que también son presas políticas las habían aislado, las sometieron a golpes, hay una compañera que está quebrada".

Además, relató por qué se reveló ahora estos tormentos y dijo: "Ella protegió todo lo que pudo a las internas, protegió a sus familias, pero creyó que es momento de transmitirlo porque de esta manera las iba a ayudar más".

"Es demasiado grave, y me parece que no podemos ser indiferentes. No podemos permitir que haya un ser humano privado de su libertad por pensar distinto, o por creer en un proyecto político. No hay marco para justificar la tortura bajo ningún tipo de aspecto, y lamentablemente tenemos a las mujeres de la Tupac sometidas a esa barbaridad, y todos con la expectativa de que la Corte Suprema termine resolviendo que Milagro pueda volver a su casa, pero con la preocupación de que, van pasando los meses, y no tiene un lugar dónde terminar", aseguró el titular de ATE Capital.

El presidente de la Nación se refirió de esa manera a los sindicatos de los profesores que se encuentran desde febrero negociando las paritarias con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo dijo durante la presentación del Plan Nacional de Discapacidad.

Al igual que la gobernadora bonaerense o el ministro de Educación, María Eugenia Vidal y Esteban Bullrich respectivamente, el jefe de Estado, Mauricio Macri, atacó a los gremios docentes tildándolos de mafiosos.

El lugar escogido por el mandatario para embestir contra los gremios de los maestros fue el Centro Cultural Kirchner, donde anunció un Plan Nacional de Discapacidad.

Las primeras críticas del jefe de Estado comenzaron casi al inicio de su intervención, donde señaló: "Los gremios docentes en vez de dar el ejemplo y cumplir las normas, violan las normas y, como reacción a que violaron las normas, hacen un día de paro".

"Eso es lo que no queremos más, y lo estamos expresando con claridad", dijo Macri en referencia a la actitud de los gremios docentes que -indicó- actuaron sin tener en cuenta lo que disponen las normas.

En este sentido, agregó: "Tenemos gremios docentes que, en vez de reconocer el mal resultado de los informes sobre Educación, hacer autocrítica, y sentarse en una radicalizan la defensa de lo que han hecho".

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, dijo "Puedo no compartir un fallo pero no por eso hago marchas en contra". Además sostuvo que "hay que respetar las opiniones de la justicia" y que los miembros de la Corte "actuaron de buena fe".

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que no participó de la movilización a la Plaza de Mayo contra el fallo que favoreció con el "2×1" a un represor, al considerar que puede "no compartir" la decisión de un juez, "pero eso no quiere decir que tenga que hacer marchas en contra".

"Yo no voy a marchar, yo voy a cumplir mi función" sostuvo al ser consultado sobre su asistencia a la marcha convocada por organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas y sociales contra la polémica decisión de la Justicia.

"Hay que respetar las opiniones de la Justicia, hay muchos precedentes en el mismo sentido del fallo de la Corte" argumentó.

"Puedo no compartir un fallo de un juez, pero eso no quiere decir que tenga que hacer marchas en contra del juez, hay que respetar la independencia de poderes" agregó el dirigente del PRO en declaraciones radiales, según consignó la agencia DyN.

Para el funcionario "no cabe duda" que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, quienes votaron a favor del fallo que benefició al represor Luis Muiña, "actuaron de buena fe".

Los bolsillos de los bonaerenses se verán una vez más afectados, tras la habilitación de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires  a las empresas distribuidoras eléctricas. Las subas irán desde el 18 al 58%.

La administración de María Eugenia Vidal autorizó a las distribuidoras eléctricas a aplicar una suba del 18,9 % de las tarifas de luz. La suba de las facturas que abonan los usuarios bonaerenses tendrá un aumento este año del orden del 58,1 %, ya que al ajuste del 39,2 % que autorizó el Gobierno nacional.

Desde el gobierno bonaerense se explicó que el 58,1 % de suba tiene dos componentes. El 39,2 % se destinará a que las distribuidoras le paguen a Cammesa, la empresa mayorista de electricidad. Por su parte, el 18,9 % representa el margen para las distribuidoras, es llamado valor agregado de distribución (VAD).

La resolución oficial fija un tope al aumento para la tarifa social que no podrá superar los $ 50 mensuales.

La excusa oficial para concederle otro aumento a las empresas es que se comprometieron a un plan de obras que para 2017 significa una inversión de $ 580 millones, y de $ 5.800 en cinco años. Sin embargo, son conocidas las promesas de inversión de estas empresas, los tarifazos anteriores no mejoraron el servicio. En el verano millones de usuarios sufrieron cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Gobierno provincial realizó las audiencias públicas a fines de 2016 para revisar el cuadro tarifario, donde las empresas solicitaron ajustes promedio para los usuarios residenciales del 42 %, pero Vidal les concedió un porcentaje superior. Las distribuidoras bonaerenses dependen del Gobierno provincial a diferencia de Edenor y Edesur que están bajo la órbita del Gobierno Nacional.

Para Carrió se trata de un “derecho humanitario” para que “gente de 90 años” no esté "hundida" en prisión. También, pidió “verdad” para familiares de víctimas de las organizaciones armadas de los ’70. Pando style.

La diputada nacional Elisa Carrió calentó el debate que para aprobar por consenso una ley que impida la aplicación del principio del 2×1 a condenados por delitos de lesa humanidad reclamando un “derecho humanitario” que evite que “gente de 90 años” cumpla sus condenas en la cárcel y aplicar “avances en derecho internacional” para juzgar a los militantes de las organizaciones armadas porque, dijo, “hay una parte de la sociedad que también quiere verdad”.

En su alocución en el recinto de la Cámara baja, la socia fundadora de la alianza Cambiemos, que había considerado "correcto" el fallo de la Corte que benefició al represor Luis Muiña con la reducción de su pena, aclaró que no hubiera votado como los jueces Highton, Rosatti y Rosenkrantz, pero logró una vez más ser el centro de la escena culpando al kirchnerismo por no haber promovido una ley que impidiera la aplicación del 2×1 a condenas por delitos de lesa humanidad.

Además argumentó a favor de la consideración de casos de represores de avanzada edad para que no permanezcan en cárceles comunes, en sintonía con el reclamo de referentes de los sectores más reaccionarios, como, por ejemplo, Cecilia Pando.

Carrió abogó por un “derecho humanitario” porque "nosotros no nos podemos comportar como los genocidas" y "no le podemos mostrar a la sociedad que gente de 90 años está hundida en una cárcel poque esto no responde al humanismo".

Además, pidió tomar los “avances en derecho internacional” que buscan considerar al terrorismo -y aclaró: "No sólo de Estado"- como delito de lesa humanidad. De esa manera, reclamó atender el reclamo de “una parte de la sociedad que también pide verdad”, en referencia a las víctimas de las organizaciones armadas de los setentas.

En el cierre de su intervención, Carrio dijo: "Para terminar con esta historia, porque tenemos que terminarla, lo que tenemos que aplicar es el derecho humanitario, porque la Justicia no es venganza, y si ustedes (señaló a los representantes de organismos de derechos humanos presentes en el recinto, que la repudiaban a viva voz) tienen el derecho a la verdad (…), les digo que hay una parte de la sociedad que también quiere verdad, como los soldados de Formosa".

El diputado nacional, Ricardo Alfonsín, despotricó el fallo de la Corte Suprema, así como también criticó duramente la decisión del Gobierno de permitirles desfilar el día 9 de Julio a “miembros de los carapintadas el día de la Independencia” o “los que desfilaron en Tucumán, del operativo independencia, que estaban siendo juzgado por delitos de lesa humanidad”, señaló.

Alfonsín marcó diferencias dentro de la Alianza Cambiemos, “no somos fuerzas iguales, pensamos distinto” sostuvo, pero añadió que “no creo que el presidente se atreva a interferir en la Corte Suprema de Justicia”, en clara referencia al fallo de 2×1 aprobado por el máximo tribunal de Justicia.

Mira el video de la intervención de Alfonsín.

Antes de finalizar su intervención y ante la insistencia del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para que termine, el diputado le preguntó: "¿Está enojado?" en tono desafiante.

Asimismo, cuestionó al ministro de Cultura Pablo Avelluto, por manifestar que las nuevas generaciones no cargar con la mochila de la dictadura. "Es como si un judío dice que la sociedad no tiene el holocausto encima", fustigó Alfonsín.