Se trata de dos diputados del oficialismo que participaron de una movilización contra la Gobernadora de Santa Cruz. Mientras desconocidos incendiaban la puerta de la morada de la mandataria provincial estos parlamentarios se sacaban selfies. Mirá las fotos.

Los legisladores de Cambiemos por Santa Cruz, Roxana Reyes y Alberto Lozano participaron hoy de una marcha a la residencia de la Gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner, donde se registraron serios incidentes.

Cuando los manifestantes bloquearon el ingreso de las casa de Alicia Kirchner, rápidamente prendieron fuego la puerta de su casa. Tanto Reyes como Lozano en vez de calmar la situación convalidaron la acción violenta y hasta posaban para ser fotografiados.

Lozano es diputado por Santa Cruz por la Alianza Cambiemos pero es militante de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que Reyes es del PRO. Ambos asumieron sus bancas el 10 de diciembre de 2015 por la Unión Para Vivir Mejor.

Esas fueron algunas de las definiciones del presidente del Bloque de Concejales del FPV-PJ Nacional y Popular de La Plata, Guillermo Cara, al redactar un artículo al conmemorarse el primer año de la gestión de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Hoy se cumple un año de la asunción de la Alianza Cambiemos en la Nación, en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata. Hoy se cumple un año de gobierno para pocos, que quebró todas las promesas de campaña, y se empeñó en intentar destruir los derechos conquistados durante doce años. Hoy se cumple un año de sostenida preocupación de los y las trabajadores, comerciantes, docentes, productores rurales e industriales, médicos, investigadores, empleados públicos y gente de a pie por la inflación, por estirar la plata hasta fin de mes; por no quedarse sin trabajo, ni dejar de generar empleo; por seguir produciendo y accediendo al consumo; por los salarios, para que alcancen. Hoy se cumple un año sin crecimiento y sin mejoras para las grandes mayorías.

Esta lamentable situación se repite en nuestra Ciudad con el agravante de que, el desgobierno de los temas más sensibles para la ciudadanía, se combina con la recurrencia a la violencia estatal en cada represión a los trabajadores, en la trágica muerte de Emilia Uscamayta Curí y en los 20 funcionarios que acumulan graves acusaciones, denuncias penales o imputaciones. También, en la desprotección e inacción del Municipio ante los 6 conflictos laborales que se desataron este año y en el desempleo que pasó a representar el 6,9%. Además, este desgobierno se observa en la precarización laboral y en los sueldos magros de los cooperativistas a cargo del Municipio, así como en el aumento del 100% de las tarifas de servicios públicos locales. Más aún, se hace evidente con la clausura de los centros culturales de la Ciudad y con el 48,19% de los niños y niñas que no tienen lugar en la escuela pública. También se ve en los más de 150 asentamientos que están a la deriva porque este gobierno se ha desentendido de ellos. Encima, se expresa en los negocios millonarios que el Estado Municipal estableció con algunos empresarios -como Esur- y en la sostenida caída anual del 7% en las ventas minoristas que dejó a más de 6.000 comercios al borde de cerrar. Se observa en la continua presencia policial y las vallas en el Palacio Comunal que, hace doce meses, le impide a la comunidad platense acercar sus demandas a sus representantes. Igualmente, se hace evidente con la vacancia de 58 funcionarios en algunos cargos fundamentales y la falta de transparencia de la información pública sobre el gobierno de los asuntos públicos.

Por todo lo anterior, el cierre de este convulsionado año habilita la realización de un balance sobre las decisiones políticas en las principales áreas de gobierno. En primer lugar, creemos que en este tiempo sólo se han profundizado los problemas y se ha alejado la oportunidad de resolver los desafíos pendientes que tiene nuestro Municipio. Además, aunque estamos en la vereda de enfrente a este proyecto político, por nuestro firme compromiso con la democracia y nuestra confianza en las decisiones de nuestro pueblo hemos trabajado incansablemente para generar aportes y mejorar la vida de los platenses. Sin embargo, nuestras propuestas han sido sistemáticamente desechadas por las autoridades municipales que llegaron prometiendo diálogo, consenso y pluralidad de voces, y por ello esperamos que esto se corrija para el año próximo. Por último, vemos que en un año de gestión el Intendente Julio Garro construyó un Estado enemigo, violento, vacante, vallado y empresario, de espaldas a la comunidad y, especialmente, a los trabajadores.

Después de doce meses de una gestión lamentable, vemos que la potencialidad de la Ciudad y de los platenses está siendo rifada en un escenario que se torna cada vez más complejo para las grandes mayorías, frustrando las expectativas de los vecinos. Seguiremos, desde nuestro lugar, construyendo una alternativa para volver a soñar con una Ciudad con todos adentro.

Para el ex ministro de la Nación, Agustín Rossí, la posibilidad de enviar al Ejército a custodiar ese tipo de instalaciones “es un paso más involucrando paulatinamente a los militares en seguridad interior”. El gobierno de Cambiemos analiza emitir un decreto de necesidad y urgencia, lo que violaría las leyes de Defensa y Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el actual ministro de Defensa, Julio Martínez, estudian la posibilidad de reemplazar a gendarmes con militares en la custodia de las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares Atucha I y Atucha II.

Si bien Bullrich negó hoy que el Gobierno nacional tenga la intención de que las Fuerzas Armadas “participen de la seguridad interior”, confirmó que hay “borradores” sobre el tema con el objetivo de destinar 1.200 gendarmes que hoy cumplen esa tarea a patrullar el Gran Buenos Aires.

Como la medida violaría las leyes de Defensa y Seguridad Interior, el macrismo ya piensa en un decreto presidencial de necesidad y urgencia para aplicarla.

El extitular de Defensa, Agustín Rossi, calificó la idea como “peligrosa” y consideró que “esto es un paso más involucrando paulatinamente a los militares en seguridad interior”.

“Es una situación que está al límite de la legalidad. Si una usina recibe un ataque, esos militares no pueden actuar”, explicó el actual diputado del Parlasur a Radio 10 y agregó que medidas de ese tipo son “sensibles” a la democracia, por lo que “como mínimo necesitan un debate parlamentario”

Para Rossi, el ministro Martínez estaría “propugnando una modificación de la reglamentación de la Ley de Defensa en la que taxativamente dice que los militares solo pueden actuar ante un agresión militar estatal externa. Si se modifica eso en la Ley de Defensa, entramos en una zona peligrosa porque después empezás a calificar qué es un hecho de terrorismo o no”.

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y pidió abrir una investigación por el supuesto delito de "abuso de autoridad", a raíz de la inclusión de familiares de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales.

En tanto, en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por el presidente Mauricio Macri, Peña aseguró que en el Gobierno tiene "una enorme tranquilidad sobre la acción planteada", en referencia al decreto del Ejecutivo que dispuso la ampliación del alcance del denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal, aprobado por el Congreso.

"Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia", aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuán, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro ampliado de Gabinete.

En el dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió medidas de prueba relativas en su mayoría a documentación certificada, como las actas del debate parlamentario de la ley y el posterior Decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, explicaron fuentes judiciales.

Marijuán sostuvo que debe investigarse a los "mencionados en la denuncia" de Donda -el presidente Macri, Peña y Prat Gay- en el dictamen que llegó al juzgado ayer al cierre del horario judicial y que se difundió hoy.

El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.

En la denuncia, se advirtió que el decreto "contradice explícitamente la Ley 27260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo".

En su dictamen, Marijuán tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.

"Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación", sostuvo la legisladora en su denuncia.

Como es de rigor, ahora será el juez federal Ariel Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.

El secretario general de la OEA indicó que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas".

El secretario general de la la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que "el sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable" ya que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones sino en función de consideraciones objetivas".

"Lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el Poder Judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema. El sistema político no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar situaciones procesales o jurídicas", advirtió Almagro.

En declaraciones al diario La Nación, el secretario general de la OEA subrayó que "la Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso".

"El sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho", subrayó.

Aclaró que "el único interés" que lo mueve es el de "los principios interamericanos en materia de derechos humanos" y señaló que "da tristeza pensar que hay quienes siempre tienden a buscar alguna otra explicación y prefieren adherir al mundo de la post-verdad repitiendo mentira tras mentira".

"Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela. El tema que se ha planteado es respecto a garantías procesales, no podemos hacer un pronunciamiento sobre aspectos de sustancia. Nosotros lo hemos dejado absolutamente claro en la carta que dirigimos a Milagro Sala, la misma señala que nadie está por encima de la ley , nadie es impune y, por lo tanto, todos deben ser juzgados por sus faltas", indicó.

El exministro de Economía de Carlos Menem sostuvo que se deben volver a privatizar las empresas estatizadas durante el kirchnerismo e instó a Macri a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo desempolvó la vieja receta y propuso que "todas las empresas que se han reestatizado" durante el kirchnerismo se "podrían privatizar", e instó a establecer un "sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso" como moneda corriente.

Cavallo consideró que, en el gobierno del presidente Mauricio Macri, "subestimaron la gravedad de la crisis heredada por 12 años de kirchnerismo".

Para el ex jefe del Palacio de Hacienda durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, "lo mejor para el país es que haya ganado Macri", pero advirtió que "no estuvo bien preparado" en materia económica.

"Hay que reformar al Estado, por ejemplo todas las empresas que se han reestatizado las podrían privatizar. A las empresas hay que manejarlas con estilo empresario", aconsejó Cavallo, en diálogo con el canal 26.

Insistió en realizar también una reforma monetaria en el marco de "un régimen coherente y un sistema bimonetario que adopte al dólar y al peso".

"Este régimen ha funcionado de mil maravillas en Perú, dos monedas de competencia que le trajo estabilidad y mayor crecimiento" a ese país, añadió.

Luego le aconsejó al oficialismo: "Traten de ganar la elección (legislativa) de 2017 de la forma como puedan, pero utilicen el año para hacer lo que debieron, tener preparado un buen plan de estabilización y crecimiento".

También criticó a Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano del presidente Macri, porque le recomendó "gradualismo" y no tomar la cuenta la "crisis heredada".

Al respecto, recordó que Durán Barba fue asesor del ex presidente de Ecuador Jamil Mahuad, quien en enero de 2000 tuvo que dejar el poder por una crisis económica-financiera, hecho de lo que responsabilizó al consultor.

El proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, modifica las escalas y crea nuevos tributos al juego y a la actividad minera, comenzará a ser debatido hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado Nacional.

La iniciativa fue aprobada en Diputados la semana pasada gracias a un acuerdo al que arribaron los bloques del Frente Renovador de Sergio Massa, el peronismo disidente de Diego Bossio y el kirchnerista Frente para la Victoria.Además contó con el respaldo de la centroizquierda.

El proyecto es rechazado por el oficialismo, que no logró imponer uno propio, y ahora llega al Senado, donde el interbloque Cambiemos posee sólo quince legisladores para tratar de modificar la iniciativa o retrasar su tratamiento, ya que no tiene número suficiente para rechazarla.

Desde las diez, la comisión recibirá al titular de la AFIP, Alberto Abad, y a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; también se especula con que llegue a estar presente el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que está regresando desde China.

Para el mediodía está prevista la presencia de algunos gobernadores, ya que la reforma afecta fuertemente las arcas provinciales debido al costo fiscal que no estaba contemplado en el diseño del Presupuesto 2017.

Hasta ahora está confirmada la asistencia de los gobernadores Juan Manuel Urtubey, de Salta; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; y el chubutense Mario Das Neves.

Asimismo, también podrían ser de la partida el cordobés Juan Schiaretti y el pampeano Carlos Verna; ambos peronistas no kirchneristas; y el neuquino Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino.

De esos mandatarios, los únicos que se expresaron favorablemente al proyecto de la oposición fueron Verna y Das Neves, ya que el resto lo cuestionó duramente.

En tanto, a las 15, los senadores recibirán a la cúpula de la Confederación General del Trabajo.

La intención del peronismo es avanzar con el proyecto que ya fue votado por diputados de sus mismas provincias la semana pasada.

Por ello, tras la firma del dictamen, prevista para esta noche, la oposición prevé llevar al recinto sobre tablas la iniciativa mañana, durante la sesión especial en la que también se debatirán la nueva ley de ART, la Emergencia Social y la ley de Emprendedores.

El oficialismo, en evidente desventaja numérica, sólo podría intentar sumar veinticinco voluntades para bloquear su tratamiento, evitando que el peronismo llegue a los dos tercios para impulsar la discusión.

Si Cambiemos, con quince legisladores, suma a otros diez, podría retrasar la discusión hasta el miércoles 21 de diciembre.

Entre los legisladores que no pertenecen al oficialismo pero no darían los dos tercios para el tratamiento sobre tablas figuran los salteños Rodolfo Urtubey (FPV), María Fiore (PARES), Juan Carlos Romero (Peronismo disidente), Roberto Basualdo (Peronismo disidente) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, opinó ayer que "el Gobierno se autoinfligió una derrota", al poner en discusión una reforma al Impuesto a las Ganancias sin tener los números necesarios en ambas Cámaras del Congreso.

"No es comprensible su actitud. El Gobierno no ha funcionado con la necesaria profesionalidad que debe tener", evaluó el senador rionegrino.

En tanto, el radical Julio Cobos comentó que "el bache fiscal" que dejaría el proyecto de ley si fuera aprobado tal como llegó de la Cámara de Diputados "es de más de 65 mil millones de pesos".

"El proyecto tiene un costo fiscal excesivo. Es muy complejo e inentendible. Genera incertidumbre y desfinancia al Estado nacional y a las provincias", sentenció el oficialista mendocino.

El embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, dejó abierta la posibilidad de ser candidato en las elecciones del año próximo y ratificó que su agrupación política, ECO, competirá en esos comicios, aunque no explicitó si será dentro de la coalición gobernante Cambiemos.

En un acto en la histórica sede porteña de la UCR, el embajador en Estados Unidos volvió a mostrarse con sus socios radicales y sus aliados en ECO, Paula Oliveto (Coalición Cívica -ARI), Roy Cortina (partido Socialista) y Graciela Ocaña (Confianza Pública), y criticó a la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, de la que dijo que "no se ven demasiados cambios pese al enorme presupuesto" con que cuenta.

En medio de la liturgia radical, Lousteau -quien perdió el año último la jefatura comunal por sólo 40.000 votos ante el actual jefe de Gobierno- negó también que existan incompatibilidades entre su cargo de embajador y su rol de referente opositor en la Ciudad.

"ECO va estar presente el año próximo", aseguró Lousteau, y remarcó que la coalición que lo que lo llevó como candidato a jefe de Gobierno el año pasado "esta mas organizada y más fuerte que nunca".

Así, el también ex ministro de Economía no descartó asumir una candidatura en 2017 e, inclusive, se mostró dispuesto a renunciar a la embajada en Washington si su espacio se lo pide.

"Somos un espacio que decide colectivamente y, si así se decide, lo voy a hacer", declaró Lousteau en un contacto que mantuvo con la prensa, minutos antes de participar de un homenaje a Raúl Alfonsín a 33 años de su llegada al poder, el 10 de diciembre de 1983, que fue organizado por el radicalismo porteño.

"El presidente Mauricio Macri supo desde el comienzo cuando me ofreció el cargo que la vocación de ECO es seguir compitiendo en la Ciudad", sostuvo Lousteau.

Además, indicó que su decisión de competir el año próximo la tomará en forma "independiente" de lo que decida la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respecto de si la diputada se presentará en la Capital o en la Provincia de Buenos Aires.

Por último, el embajador no cerró las puertas a integrase en Cambiemos en la ciudad "si los valores que defiende ECO no están en juego".

El acto, en el que se reivindicó la figura del ex presidente Raúl Alfonsín como el "restaurador de la democracia" tras la última dictadura militar, sirvió para reforzar las potencialidades de ECO de cara a las legislativas del 2017.

De esta manera, Lousteau volvió a ubicarse como principal referente extrapartidario del radicalismo porteño, algo que ya había esbozado en un homenaje a Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre pasado.

La antigua sede de Tucumán 1660 reunió a legisladores nacionales y locales, autoridades partidarias, como el titular del partido, Emiliano Yacobitti, y los históricos referentes de la UCR porteña, Jesús Rodríguez, Rafael Pascual y el actual embajador argentino en Colombia, Marcelo Stubrin.

Estuvieron además, la diputada nacional Carla Carrizo y los legisladores de la ciudad Juan Nosiglia, Hernán Rossi, Marcelo Guouman e Inés Gorbea.

Lousteau volvió así a incomodar al macrismo en su principal bastión, uno de los pocos distritos donde la fuerza que lidera el presidente Mauricio Macri no logró la conformación de Cambiemos con sus socios nacionales de la UCR y la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI)

El economista no eligió cualquier momento para retornar a Buenos Aires: la caída de la reforma política a nivel nacional anticipó la discusión en torno a cuales serán las reglas de juego de la competencia 2017 en la Ciudad.

Larreta tenía decidido avanzar con una reforma electoral en la Ciudad y poder así desdoblar las elecciones, pero el rechazo en el Senado de la Nación de la reforma política pretendida por la Casa Rosada, frenó el ingreso del texto local en la Legislatura.

Un grupo de vecinos de esa localidad bonaerense denunció que el jefe de Gabinete de la Nación ordenó a un grupo de cooperativistas a ocupar un predio que depende del ferrocarril y que sería destinado para un Centro Recreativo. Apuesta al caos en sitios opositores.

Ciudadanos mercedinos presentaron hoy una denuncia judicial donde denuncian que una cooperativa allegada al Movimiento Evita tomó un terreno de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por órdenes expresas del jefe de Gabinete de la nación, Marcos Peña.

La denuncia realizada por los vecinos salió publicada hoy en el sitio Mercedes Online, donde asegura que un grupo de habitantes de esa localidad bonaerense mostraron su preocupación ante la toma y realizaron una presentación judicial porque sospechan de la intencionalidad política de la toma del predio.

Además, se señala la fuerte relación entre Peña y el Evita, la cual fue aumentando desde el inicio de la gestión de Cambiemos y que se potenció a través de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, al otorgar múltiples beneficios a esa fuerza política.

Hace dos semana Peña garantizó la ley de Emergencia Social que salió con respaldo unánime en la Cámara de Diputados con votos tanto del oficialismo como de toda la oposición.

De esta manera el gobierno se “garantizó la paz social” a cambio de millonarios recursos destinados al Movimiento Evita y sus cooperativas de vivienda. A eso hay que sumarle que diciembre suele ser un periodo complicado del año, donde la cercanía de las fiestas genera disturbios, saqueos, tomas y hasta motines policiales, aunque en Mercedes siempre estuvo ajeno ese tipo de situaciones.

La denominada “paz social” alcanzada entre el gobierno nacional y los movimientos parece no tener llegada en un municipio opositor como Mercedes. El nexo fluido entre Peña y el Movimiento Evita permitió que se produzca la toma en una municipalidad en donde Cambiemos parece apostar al caos.

A pesar de las fuertes tensiones entre el PRO y el Frente Renovador por Ganancias, la Gobernadora provincial última los detalles con el massismo y parte del PJ para aprobar el Presupuesto 2017.  El miércoles próximo estrían las cartas echadas.

Todo indica que la mandataría provincial María Eugenia Vidal tendrá el Presupuesto para el año que viene más la reforma impositiva a pesar de la fuerte disputa que se registró en el Congreso la semana pasada por Ganancias.

Dentro del bloque oficialista en la legislatura bonaerense todo es optimismo y alegría por lo que sucederá el miércoles próximo en el Parlamento porque Cambiemos logró llevar a buen puerto las negociaciones con el massismo y con algunos sectores del peronismo provincial, sumado al diálogo con los intendentes.

Para seducir a sectores de la oposición, las espadas oficialistas debieron operar cambios en los proyectos iniciales, que derivaron, entre otros ejes, en un ajuste en el endeudamiento -fue rebajado a alrededor de $ 52 mil millones- y en la conformación de un fondo para municipios de $ 8.500 millones, largamente reclamado por intendentes de variado color político, explica la nota del mismo medio.

Sobre la ley impositiva, fue incorporada una suba de dos puntos de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para los bingos. Este hecho produjo amenazas de despidos y paros en el sector.

Sobre cómo se traduce esa negociación en cargos, el actual vicepresidente, el macrista Manuel Mosca, será ascendido a la presidencia, mientras que el massismo bajará a la vicepresidencia, donde Jorge Sarghini cedería el rol al renovador Ramiro Gutiérrez, consignó el mismo sitio. Por otro lado, el grupo de intendentes peronistas Esmeralda, liderado por Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gabriel Katopodis (San Martín), se quedará por su parte con la codiciada Defensoría del Pueblo.