El desproporcionado y violento operativo de "seguridad" dispuesto por Patricia Bullrich en Comodoro Py, en ocasión de la declaración indagatoria de la ex presidenta CFK, no deja de sorprender. Ahora se conoció una imagen de lo que sería un francotirador apostado en lo alto del edificio.

"Me pareció absolutamente normal (el operativo) y se mostró que el Estado es el que cuida a los ex presidentes y no permite paralelización del Estado en sus fuerzas federales", dijo esta mañana Patricia Bullrich sobre el operativo que se montó en Comodoro Py, le pegó a manifestantes y hasta los filmó de forma amenazante.

Además, el despliegue desproporcionado golpeó a la Diputada nacional Juliana Di Tullio que se lo reclamó a la ministra a través de las redes sociales.

Pero cuando comenzaba a apagarse el tema surgió una imagen que generó más preocupación. Es que en lo alto de los edificios se ven más cámaras que filman a quienes acompañaron a CFK y también, apostado en el suelo, lo que sería un francotirador.

Además entre los vehículos que llegaron al lugar se encontraba un camión con duchas, camas y salas de primeros auxilios, de los que se suele utilizar para procedimiento u operativos en zonas inhóspitas o de daños causados por inundaciones o terremotos.

Para Bullrich, "la queja (respecto a la cantidad de efectivos) tiene que ver con una clara pérdida de un control que creían que tenían" los dirigentes del Frente para la Victoria. Lo que no aclaró la funcionaria es por qué mandaron 600 efectivos, lo que implica el movimiento disparatado de todo un destacamento de Gendarmería.

Mientras que para la ministra "las cosas fueron bien claras, y el operativo salió perfecto", hoy el bloque de diputados del FpV, que preside Héctor Recalde, manifestó su "absoluto repudio a las agresiones sufridas por la diputada Juliana Di tullio y demás militantes que ayer se movilizaron libremente a brindar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner".

Calificaron lo sucedido como "actitudes de persecución política, de intimidación y provocación" que "no sirven en absoluto para garantizar la libertad de expresión de todas las ideas políticas".

"Es una muestra más de un modelo que instala a la represión como método de subordinación y miedo entre los argentinos", concluyeron.

Fiscales piden investigar si el macrismo modificó los pliegos de la licitación para beneficiar al primo del Presidente con una obra multimillonaria.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron a la justicia que investigue el posible delito en la modificación de la licitación que benefició a la empresa Iecsa de Angel Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, en las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Luego de la declaración de Cristina Kirchner ante Ercolini, y de denunciar una persecución política hacia su persona, los fiscales pidieron que se abra una nueva causa ante la posibilidad de la falta de transparencia por parte del Gobierno de Macri en la adjudicación de la obra.

La denuncia hace referencia al decreto 797/2016 de Macri que autoriza modificaciones en "la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros" por $ 100.000 millones, de los cuales $ 40.000 millones corresponden a obras que estarían terminadas en 2016. Entre esas obras se destaca el soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará $ 45.000 millones en total de los cuales $ 300 millones se desembolsarán este año; $ 8.940 millones en 2017 y 2018 y $ 28.820 millones en años siguientes.

La esperada obra fue licitada en 2007. Los ganadores del proyecto fueron la firma italiana Ghella, brasileña Oderbretch y la argentina Iecsa, una de las principales contratistas de obra pública en la Argentina; empresa encabezada por el primo de Macri.

Con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares impulsado por Desarrollo Social y una serie de organizaciones sociales, el Gobierno busca evitar cualquier tipo de conflictividad social de envergadura para diciembre próximo; por ello Stanley como el Ministro de Trabajo, están estudiando la propuesta de un “aguinaldo social”.

Otro acuerdo entre el Gobierno y diferentes movimientos sociales se encuentra en plena marcha: un bono de fin de año para evitar conflictos se encuentra en etapa de estudio y reuniones. Un asunto que no pasa desapercibido por la Casa Rosada frente a la crítica situación social y económica en todo el país y el simbolismo que tiene un mes como diciembre.

De forma separada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, estudian la propuesta de un “aguinaldo social” para diciembre, que consiste en la ampliación del bono con una suma fija por cada hijo, aunque la idea del Ejecutivo es pagar por grupo familiar.

Tema sensible y de prioridad absoluta para la Casa Rosada y que incluye un monitoreo constante de la situación en las zonas más marginadas del país.

Principio del formulario

El pasado 12 de octubre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció un bono de mil pesos para jubilados que cobren la mínima y para los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

Pero los movimientos sociales exigen aumentar la suma y para eso negocian en simultáneo con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Al ministerio de Trabajo, en tanto, acudieron los beneficiarios del Programa Trabajo Autogestionado y del Programa Construir Empleo, que cobran alrededor de 3100 pesos por mes.

El Gobierno ofreció actualizar el monto que perciben estos beneficiarios, pero los movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita reclaman que además de actualizarles los planes les paguen un bono navideño.

La respuesta del Ejecutivo, por el momento, es que estos beneficiarios ya van a cobrar el bono mediante el pago que se va a hacer a través de la AUH.

De todo esto hablarán mañana Stanley con el Presidente Mauricio Macri al mediodía en el Salón Norte de Casa Rosada.

La mandataria provincial y el referente del Frente Renovador se verán las caras una vez más para intentar sellar un pacto para el presupuesto del año que viene y el reparto de cargos institucionales. El acuerdo depende de otras fuerzas políticas las que ponen en jaque lo pactado.

Tras la última reunión celebrada la semana pasada entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el diputado nacional Sergio Massa, para abrir un diálogo para el presupuesto de 2017 y diferentes temas de seguridad, ambos dejaron para más adelante el reparto de las autoridades en la Cámara de Diputados.

Vidal propuso a Manuel Mosca para reemplazar en la presidencia al massista Jorge Sarghini. Massa retrucó que, ante la insistencia de Sarghini de volver a la banca sin un cargo, su candidato para la vicepresidencia es Rubén Eslaiman.

El nombre que barajaban en Cambiemos como posible era otro y la propuesta del tigrense no dejó de sorprender. Eslaiman es un as  en las luchas legislativas que los oficialistas no ven con buenos ojos.

En el encuentro de esta semana, la Gobernadora y el diputado nacional tratarán de cerrar el acuerdo por la votación del Presupuesto, además de comenzar a conversar sobre otros lugares libres que el massismo apetece.

Además intentarán sellar el recambio legislativo que vuelve a dejar en tercer lugar al peronismo, aunque éste podría ejercer la primera minoría si se propusiera llegar a la unidad.

Pero cambiar las autoridades de Cámara es una decisión que excede a Vidal y Massa, ya que necesitarán de un acuerdo más amplio para concretarlo. El tema es así: las autoridades fueron elegidas por dos años y no hubo cambio de reglamento interno, por lo tanto el enroque necesita de renuncias.

Si Sarghini renuncia a la presidencia, Mosca ascendería derecho a la ese lugar y subirían al cargo inmediato superior los subsiguientes vicepresidentes; por lo cual el massismo se quedaría sin nada. Para concretar el acuerdo de palabra del año pasado se debe, entonces, requerir la renuncia de todas las autoridades y que, ante la acefalía, asuman nuevas.

Es decir que no sólo Sarghini y Mosca deben demitir del cargo, sino también el vice primero Marcelo Feliú (FpV-PJ), el vice segundo Leonardo Santiago (FAP), y la vice tercera Patricia Cubría (Peronismo para la Victoria) Es efecto, no es para nada fácil la imposición del acuerdo preestablecido entre Cambiemos y el Frente Renovador. Habrá que negociar un poco más.

El Gobierno ya colocó casi US$ 42.500 millones durante el año y, según pronostican en el mercado, continuaría endeudándose también en 2017 a niveles similares.

Según la consultora Research for Traders (RFT), las emisiones en pesos de este año incluyeron bonos ajustados por CER ($ 26,5 millones), a tasa fija ($ 166,5 millones), a tasa Badlar + 275 puntos ($ 10,6 millones) y a tasa Badlar + 325 puntos ($ 16,7 millones). En moneda extranjera, se colocaron Letes en dólares de corto plazo (US$ 5,9 millones), Bonar en dólares para pagar a los holdouts (US$ 16,5 millones), bonos en dólares para comprar cupones PIB (US$ 2,7 millones) y los últimos bonos en euros (US$ 2,8 millones).

El economista Jefe de Econviews, Eric Ritondale, justificó las emisiones y aseguró que está en niveles normales, considerando que mucho fue para cuestiones excepcionales, como cancelar la deuda con los holdouts. Aunque, aclaró, este nivel sólo es manejable “si se mantiene como mucho por un par de años y se dan señales claras de ir avanzando hacia una reducción del déficit fiscal en los próximos tres o cuatro años”.

Para 2017 se estima también que las emisiones continúen en niveles similares, aunque esta vez no habrá cuestiones extraordinarias.

Gustavo Neffa, director de RFT, aseguró al diario El Economista que el año próximo las emisiones llegarán a unos US$ 30.000 millones porque “habrá vencimientos importantes, como el Global 2017 o el Bonar 2017, además de otra deuda que no son bonos, como con el Club de París o el swap con China”.

Por su parte, un estudio de Econviews estimó que deberán emitirse unos US$ 35.052 millones para cubrir “un déficit de US$ 34.726 millones”.

Aunque uno de los argumentos esgrimidos para viabilizar la quita de subsidios, los aumentos y los tarifazos fue la necesidad de bajar el rojo fiscal, hoy el país tiene más déficit que el año pasado. Un hecho que marca una señal más de alarma entre los economistas y que jaquea la sostenibilidad del "modelo" Cambiemos.

La casa del senador bonaerense por el Frente Renovador José Luis Pallares fue baleada por desconocidos y la justicia investiga si se trató de un hecho intimidatorio vinculado a las denuncias por la inseguridad en la Provincia y en ese distrito, informó una fuente policial.

El caso ocurrió ayer, en la vivienda del legislador ubicada en la calle Melo 2811, de Lanús, cuando Pallares observó en el frente de la propiedad tres orificios de bala y de inmediato hizo la denuncia en la seccional local, que dio intervención a la fiscalía número 6 del departamento judicial de Lomas de Zamora.

Ante esta situación, la secretaría de Seguridad del municipio implementó consigna con medios propios en la casa del senador.

Según el entorno del legislador, los balazos habrían sido un hecho intimidatorio vinculado con las denuncias por la inseguridad en la Provincia y puntualmente en el distrito de Lanús, en el marco de lo cual presentó propuestas a favor de las víctimas.

En los últimos meses la inseguridad golpeó fuerte el distrito del alicaído Néstor Grindetti que no pudo hacer pie desde que asumió y recibió, con los Panamá Papers incluídos, una andanada de golpes que dejaron a su gestión cerca de la inexistencia.

Este martes comenzará a regir el nuevo precio de los subterráneos luego que la justicia porteña lo habilitara. Se espera que el valor del servicio en 2017 llegue a los 10 pesos. Desde que el macrismo gobierna la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje subió un 581%.

El subte aumentará mañana de $4,50$ a 7,50$. Al igual que hace tres meses, cuando la medida fue frenada por la justicia, el Gobierno justifica el incremento para compensar la inflación, aunque desde la oposición denuncian que no será el último salto: según el proyecto del Presupuesto 2017, el boleto se irá a 10$.

También habrá cambios en las tarifas para pasajeros frecuentes. Quienes viajen más de 21 veces durante el mismo mes tendrán un 20% de descuento, por lo que pagarán el pasaje, 6$. A partir del viaje 31, la quita será del 30% ($5,25). Y desde el 41 abonarán un 40% menos ($4,50). La tarifa social para jubilados y discapacitados tendrá su incremento: hoy está 2,50$ y se irá a 4$. El Premetro tendrá un valor de 2,50$.

Recordamos que el último aumento de la tarifa había sido en marzo del 2014, momento en el que había subido de 3,50$ a 4,50$.

Si bien este incremento había intentado implementarse hace tres meses, la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, lo había freanado con una medida cautelar

Desde el Gobierno de la Ciudad apelaron esta medida y el martes pasado los jueces de la Sala III, en un fallo dividido, anularon la cautelar. Por su lado, representantes de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) -la empresa que maneja el servicio-, dicen que la tarifa técnica es de 13,37$, de los cuales 5,87$ son subsidiados y el resto lo pagan los pasajeros.

Ayer, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, estuvo como invitado en el programa de Mirtha Legrand y aprovechó para justificar el aumento. “En cualquier ciudad del mundo cada pasaje vale alrededor de un dólar. Sabemos que nuestro servicio tiene que mejorar, pero también sabemos que se ha avanzado muchísimo. A pesar del aumento, que era inevitable, la Ciudad sigue subsidiando el 50 por ciento de cada pasaje”. Recordamos que cuando la ciudad se hizo cargo del servicio, en 2012, la tarifa valía 1,10$ y se fue a 2,50$.

La oposición, por su lado, criticó la medida. El legislador kirchnerista José Cruz Campagnoli afirmó que, según el proyecto de Presupuesto 2017, el Gobierno porteño quiere llevar el año que viene el boleto a 10$. Por otro lado, los dirigentes que habían presentado el amparo meses atrás, ya anunciaron que apelarán el fallo.

El senador por la provincia de Buenos Aires y cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, inició una demanda civil por un millón de pesos contra Elisa Carrió por "daño moral", luego de que ésta lo acusó de tener vínculos con el fiscal Julio Novo, procesado por encubrir al narcotráfico, y avivó aún más la disputa política con tintes electoralistas que mantienen el massismo y la diputada, una de las líderes de Cambiemos.

Meses atrás, Carrió acusó a Galmarini de tener, junto a Massa y el kirchnerista Aníbal Fernández, una "íntima vinculación" con el fiscal Novo de San Isidro, recientemente procesado por encubrimiento al narcotráfico, en una causa en la que la diputada de Cambiemos declaró como testigo.

La demanda, que el propio Galmarini difundió el viernes en un tuit, fue presentada en el Juzgado Civil 87 de Capital Federal, Secretaría 97, el 2 de septiembre último, luego de que fracasó una mediación en agosto entre el senador y Carrió, en la cual, según dijeron desde el massismo, la diputada se escudó en sus fueros diciendo que sus dichos se realizaron en el marco de su función legislativa.

Desde el entorno de Carrió, a su vez, confirmaron a esta agencia que la diputada "no se va a retractar de nada", recordaron que el año pasado fue sobreseída por la Justicia tras una denuncia que realizó Massa, y pidieron "que expliquen en el Frente Renovador la vinculación con Novo, quien tiene decenas de fotos con Massa", algo que según Galmarini se debe a que "todas las fotos que se muestran remiten a actos oficiales".

En diálogo con Télam, Galmarini fustigó a Carrió, al afirmar que "está preocupada por lograr cargos en el Gobierno, mientras que Massa está preocupado por temas centrales para la Argentina y la gobernabilidad". Así aludió a la reservada reunión que Massa mantuvo días atrás con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, para analizar el presupuesto provincial y temas de seguridad.

No fue casual que después de esa reunión, donde también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el massismo haya dado una parcial marcha atrás en su negativa a darle apoyo a la iniciativa de contratos de participación público-privada (que incluso hizo peligrar la reunión del jueves con Vidal) y planteado una serie de "ejes de transparencia", que consensuó con Cambiemos, para que el proyecto oficialista salga finalmente adelante en el Congreso.

En el Parlamento, Cambiemos necesita del Frente Renovador para aprobar leyes vitales para el Gobierno, debido a que el oficialismo no cuenta con mayoría automática.

En cualquier caso, el rol de Massa como opositor es algo que preocupa al presidente Mauricio Macri, ya que lo visibiliza como un rival de cuidado, especialmente mientras el peronismo no logre reagruparse para presentar una sola opción sólida de cara a las elecciones legislativas de 2017.

Según conjeturan en el massismo, Macri hizo un acuerdo político con Carrió para que la diputada logre quebrar -al menos mediáticamente- a Massa, endilgándole alguna denuncia que remita a su breve paso por la gestión kirchnerista.

"Cuando Massa sube en las encuestas, Carrió sale a pegarle", deducen desde el Frente Renovador, rememorando el día que la diputada dio a conocer fotografías del líder del Frente Renovador con familiares del ex prófugo Ibal Pérez Corradi, una situación de la que el diputado logró zafar sin despeinarse.

"Massa está alto en las encuestas porque todavía no se enfrentó a Carrió", explicaron a esta agencia fuentes del PRO, que si bien no reconocieron pacto político alguno entre ella y Macri para descabezar al líder del FR, dejaron entrever que uno de los objetivos de la chaqueña, fiel a su estilo denunciante, es justamente el ex intendente de Tigre.

Este año también, Lilita solicitó que fueran indagados todos los jefes de Gabinete que ha tenido el gobierno kirchnerista entre 2003 y 2015 -incluido Massa-, por las supuestas maniobras para favorecer al empresario, hoy preso, Lázaro Báez.

La denuncia a Carrió fue dada a conocer por Galmarini en el medio de una embestida tuitera de segundas y terceras líneas massistas contra la diputada chaqueña, luego de que ésta cometió "un error", al decir que el Frente Renovador y el kirchnerismo pactaron para "mantener el fraude electoral", mediante la eliminación del chip previsto para las boletas electrónicas en el texto de Reforma Electoral presentado en el Congreso por el Gobierno.

El “gran medio argentino” publicó hoy una encuesta de Management and Fit, la que muestra la baja en el liderazgo del presidente y el impacto negativo del mandatario. En los aspectos económicos, caen las expectativas y es poco creíble el bono de fin de año.

"Los números no le sonríen a Mauricio Macri. La semana pasada, el índice de optimismo que mide semanalmente Management and Fit para Clarín ya mostraba un retroceso. Y este fin de semana los indicadores se desplomaron: tanto lo económico como lo político cayeron", sostiene hasta el diario Clarín en un artículo este domingo.

“El índice de optimismo político acentúa su caída. Respecto al clima o confianza política, los componentes de aprobación de gestión y de liderazgo presidencial fueron los de mayor impacto negativo”, sostuvo Mariel Fornoni, directora de la consultora.

Fue una dura semana para el macrismo en términos políticos. “Hubo algunas dificultades en el Congreso en relación a a la Reforma Electoral, la contramarcha por la reforma del Ministerio Público Fiscal y hasta incluso una coincidencia entre el Frente Renovador y el FPV que terminó en la vuelta a comisión de una Ley propuesta por Mauricio Macri”, analizó Fornoni.

Esto, sumado a las dificultades y los reclamos en torno al recorte de Ciencia y Tecnología que sufrirá el Ministerio el año que viene. “Hubo tensión: circuló la versión de que el ministro de Ciencia y Tecnología podría renunciar”, dijo la analista política.

Los números de la economía nacional tampoco son favorables. “Las expectativas caen más que la confianza impulsado principalmente por la percepción de la situación de precios y de empleo futuro”, dijo Fornoni.

Los factores que influyen en la caída de los números económicos tiene que ver con que “esta semana se iniciaron las audiencias públicas por los aumentos de la Luz que se suman a la todavía falta de definición en relación al bono de fin de año”, según Fornoni.

Se trata de Daniel Lewicki, concejal de Avellaneda y secretario gremial y de interior del sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas. El dirigente insultó a los efectivos de seguridad. Mirá el video.

El concejal de Cambiemos en Avellaneda, Daniel Lewicki, fue detenido el sábado a las 6.30 cuando manejaba borracho, a contramano y sin registro en el barrio porteño de Constitución. El edil se resistió a realizar un test de alcoholemia e insultó a los oficiales de la Policía.

Lewicki además se desempeña como secretario gremial y de interior del sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas. Si bien antes pertenecía al Frente Renovador, en 2015 pasó a integrar las filas de Mauricio Macri.

El momento de la detención quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. "Milico, hijo de mil puta, me están maltratando. Soy concejal de Avellaneda, ¡traeme a un juez para sacarme de acá!", expresó el dirigente.

Luego, le dijo a uno de los agentes: "Tomatelas, boludo, ¿sabés la trompada que te voy a dar?".

Si bien los efectivos le pidieron que descendiera del auto, tras su negativa lo hicieron por la fuerza, lo esposaron y lo trasladaron a la comisaría de esa jurisdicción.

Una situación parecida sucedió el 3 de octubre pasado, cuando  el coordinador del Ministerio del Interior y miembro de Cambiemos, Mauricio Colello, conducía borracho hasta que se estrelló con un automóvil que se encontraba esperando la luz verde del semáforo.