Leandro Santoro denunciará penalmente al jefe de Gobierno y a otros funcionarios porteños por el uso de dinero público en la promoción de acciones de gobierno, a través de sus cuentas personales en las redes sociales.

El dirigente radical y ex candidato a vicejefe porteño, Leandro Santoro presentará hoy una denuncia contra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe Diego Santilli y otros funcionarios del Ejecutivo porteño por haber usado fondos públicos para promocionar medidas de Gobierno a través de sus cuentas personales en las redes sociales.

El hecho que fue revelado por el protal Nueva Ciudad, que a partir de una publicidad oficial lanzada desde la cuenta de Twitter de Larreta presentó un pedido de acceso a la información pública. A raíz de esa solicitud, el Ejecutivo confirmó el uso de fondos públicos en las cuentas personales de los funcionarios.

“El hecho es concreto. No se está utilizando el dinero del Estado para comunicar las cuentas oficiales del Gobierno, sino que se está financiando una cuenta partidaria, ya sea la del jefe de gobierno, de su vicejefe o de cualquier funcionario de la ciudad”, plantea Santoro en el documento que entregará hoy a la justicia penal.

“Al utilizar dinero para promocionar cuentas personales indirectamente está difundiendo al dueño de esa cuenta, al nombre –agrega- Utilizar fondos públicos para promocionarse es como si lo utilizaran para hacer campaña electoral”.

En agosto, se detectó que desde el Gobierno de la Ciudad se anunciaba el lanzamiento de la aplicación +Simple, para promover la conectividad digital en la población de adultos mayores. Para difundirla, se presentó en Twitter la campaña “¿Conocés +Simple?”, pero no desde la cuenta del Gobierno porteño sino desde la de Larreta (@horaciorlarreta).

La respuesta de la Secretaría de Medios confirmó el uso de fondos públicos canalizados en cuentas privadas: en la contestación oficial, que Santoro reproduce en la denuncia, el Gobierno informa que se destinaron $17.833,66 a difundir la aplicación en Twitter y justifica la pauta en la cuenta personal de Rodríguez Larreta considerando que ese canal “integra las herramientas de comunicación digital del Gobierno de la Ciudad” y que a través de ella el jefe de Gobierno porteño “comunica las actividades de Gobierno, los nuevos lanzamientos de políticas públicas y también sus opiniones sobre temas de coyuntura”.

Por todo esto, Santoro denuncia tanto a Rodríguez Larreta como a Santilli, al secretario de Medios porteño, Marcelo Nachón, y al subsecretario de Comunicación social, Máximo Merchensky. Los acusa de violar el artículo 261 del Código penal de la Ciudad, que prohíbe a funcionarios públicos “sustraer caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” o “emplear en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció hoy "una profunda reforma" al Servicio Penitenciario Bonaerense y destacó que "no es una purga, porque las purgas no resuelven el problema". Destacó el envío a la Legislatura de una modificación del Estatuto que rige al personal de esa fuerza, ya que el actual es una norma de la dictadura vigente desde 1980.

Los cambios en esa fuerza, anunciados por la mandataria, incluyen el pase a disponibilidad de 132 altos jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense y la remoción del jefe de ese organismo, Fernando Díaz, quien será reemplazado por el civil Juan José Baric, quien será interino por 90 días.

También se pondrá a prueba por tres meses todos los agentes a cargo de alcaidías, unidades y complejos penitenciarios y se crearán dos organismos de control, uno sobre el desempeño del personal y otro que auditará la gestión en su totalidad.

Vidal, en el transcurso de una conferencia de prensa que brindó en la casa de gobierno provincial, en La Plata, acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, destacó que en los cambios introducidos "siempre está acompañada" por el presidente Mauricio Macri.

“Nosotros no vamos a convivir con el delito, esto no es una purga, no creemos en las purgas, porque no resuelven los problemas”, expresó Vidal en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno provincial para referirse a los cambios.

Vidal afirmó que “en estos cambios siempre estamos acompañados por el presidente” Macri y destacó que todo se hace en función de “darle más seguridad a los vecinos”.

"La inseguridad no se resuelve con parches ni improvisaciones sino con un plan como éste, de reforma del Sistema Penitenciario de la Provincia al que, a lo largo de tantos años de democracia, nadie quiso cambiar", destacó y remarcó que hasta el momento los penitenciarios "se autogobernaban".

“Sabemos lo difícil de las decisiones que tomamos, pero lo hacemos convencidos”, remarcó la gobernadora y agregó que “en 10 años no hubo un solo informe positivo de los organismos de Derechos Humanos sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense".

"Trabajar por la seguridad de los vecinos, pelear contra mafias, el narcotráfico y el juego clandestino es pelear también contra la corrupción y el mal funcionamiento de estas fuerzas de seguridad", aseveró Vidal.

Ayer, el ministro de Justicia decidió descabezar a la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, unos 132 oficiales, y en ese sentido la mandataria advirtió que "esta reforma es mucho más profunda. Las purgas no resuelven los problemas, es dar la pelea de fondo en contra de cómo funcionan las instituciones".

Tras la renuncia del jefe del sistema penitenciario provincial, Fernando Díaz, la gobernadora bonaerense dictó órdenes al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, para que renuncie toda la cúpula de ese organismo.

A las 10 de la mañana en la Casa de gobierno de La Plata, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal acompañada por Ferrari brindará detalles acerca del pedido de renuncia a toda la cúpula de del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Como anticipó ayer PRIMEREANDO, entre los detalles por anunciar se espera la construcción de una reforma integral al sistema que tendrá (por el momento) a civiles, que estarán encabezado por el subsecretario de Política Carcelaria Juan José Baric a cargo de las cárceles de la Provincia.

Luego del anuncio similar que anunció la semana pasada en conjunto con el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, en donde pasaban el manejo de la caja de la bonaerense a manos civiles, algo similar se dará con el manejo de las cárceles y el SPB. Sin dudas, ha sido uno de los caballitos de batalla de Vidal y parece estar concretando las modificaciones tan prometidas.

Cabe recordar que desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habían pedido la remoción de  Díaz, quien enfrenta una causa por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones por irregularidades en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta.

Efectivos de infantería de la policía Bonaerense junto a la Policía Local y la Gendarmería des desalojaron a balazos un corte de colectiveros de las líneas Este y 520. Hubo heridos y alrededor de 20 detenidos. Distintas organizaciones sociales y políticas marcharon en reclamo de la inmediata liberación de los trabajadores que responsabilizaron a Vidal y Garro.

Luego de una semana de protestas por los despidos, las suspensiones y las pésimas condiciones laborales que sufren desde hace meses, los choferes las líneas Este y la 520 fueron desalojados con extrema violencia del corte que realizaban frente a la terminal ubicada en Ruta 11 a la altura del kilómetro 8.

La Infantería de la Policía Bonaerense arremetió con balas de goma, palos y gases lacrimógenos, tras recibir esta tarde la orden del juez de Garantía Juan Pablo Masi. Del desalojo también participaron efectivos de Gendarmería y de la Policía Local.

Según denunciaron los trabajadores, hubo varios heridos y alrededor de una veintena de detenidos. “Ténganlo bien clarito, somos laburantes”, decía uno de los colectivos mientras era esposado por uno de los efectivos.

Tras la represión, distintas organizaciones sociales y políticas se concentraron en pleno centro de La Plata para repudiar el brutal desalojo y exigir la liberación de todos los choferes arrestados.

Además, hicieron responsables a la gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente Julio Garro, quienes defienden los intereses del empresario Osmar Corbelli, dueño de Expreso La Plata y Unión Platense.

Corbelli monopoliza los servicios varias líneas de colectivos en la ciudad, entre ellas la Este y la 520, a las que pudo absorber gracias a una ordenanza impulsada por el macrismo local.

Los choferes resolvieron iniciar medidas de fuerza el lunes pasado, tras siete meses de despidos, suspensiones y agravamiento de las malas condiciones laborales.

Un informe elaborado por el sitio web El Destape, revela como se desarrollo la contratación de una empresa del nieto de Mirtha Legrand, la que  había sido justificada por el funcionario que firmó el arreglo.

Fabricaciones Militares fue uno de los sectores del Estado más golpeado por el ajuste que realizó el macrismo apenas asumió sus funciones. Esa área, dependiente del Ministerio de Defensa, sufrió el vaciamiento que dejó a 140 personas sin trabajo, entre ellas mujeres embarazadas. Este hecho sucedió en enero, a menos de un mes de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia.

Meses después, en septiembre más precisamente, se dio a conocer un escandaloso contrato de parte de Fabricaciones Militares con la agencia que conducen Nacho Viale y su padre. El organismo la contrató por un millón y medio de pesos para que la agencia donde el nieto de Mirtha Legrand es accionista (SVGV S.A.) maneje la comunicación de ese lugar.

Nacho Viale, reconocido por su afinidad al macrismo (de hecho rechazó la propuesta que tuvo de parte del Gobierno de dirigir la TV Pública) y el funcionario que firmó la contratación salieron al cruce de las versiones en su momento.

El interventor de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, afirmó por esos días que "se trató de una licitación pública". Y contó que a la licitación de ese trabajo de comunicación se presentaron "tres o cuatro oferentes" y la ganó la empresa de Salem Viale González Villanueva (SVGV).

Sin embargo, El Destape accedió a toda la documentación de la polémica contratación y pudo confirmar que los datos proporcionados por el funcionario son errados.

De estos documentos se extrae que la licitación no fue pública, como afirmó Lostri. Según el folio 5 de la contratación queda explicitado que fue una "licitación privada nacional".

Por otra parte, el folio 8 da cuenta de un adelanto de dinero por el 30% del servicio contratado a la empresa SVGV de 453.750 pesos con el procedimiento del tipo "Compulsa Abreviada por Urgencia". Esta modalidad fue usada por el gobierno de Macri en la Ciudad para pagarle los jugosos contratos a Fernando Niembro, antes de que se destapara el escándalo y el periodista tuviera que bajar su candidatura a diputado por el PRO. Este tipo de contratación sirve para abreviar los tiempos que suelen demorar meses para el cobro.

Además, del convenio entre ambos en los cuatro primeros folios del expediente se confirma que no hubo "tres o cuatro oferentes" como había dicho el interventor sino que fue único oferente y fue la empresa de Viale.

Se trata de Mauricio Colello, quien es coordinador del Ministerio del Interior y compañero del Presidente en los partidos de fútbol organizados en Olivos. Su medición de alcohol en sangre estaba por encima del límite permitido. El otro vehículo, que estaba estacionado, termino volcado.

Ocurrió el domingo por la noche en el cruce de la porteña avenida Corrientes y Leandro Alem. El miembro del equipo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, conducía borracho hasta que se estrelló con un automóvil que se encontraba esperando la luz verde del semáforo.

Según fuentes policiales consultadas por el sitio Big Bang, el accidente ocurrió cuando el Volkswagen Vento de Colello, un auto con chapa oficial, no pudo frenar en la intersección de las dos avenidas porteñas y embistió a un Peugeot 206, que estaba parado en el semáforo. Allí iba una pareja y el golpe fue tan violento que el Peugeot quedó volcado. Según el peritaje, el funcionario estaba en más del doble de alcohol en sangre de lo que la ley permite.

Colello es un estrecho colaborador del ministro del Interior RogelioFrigero y habitual partícipe de los partidos de fútbol que se organizan en la quinta de Olivos con el presidente Mauricio Macri.

Colello militó en el desarrollismo y desembarcó como secretario general del Ministerio del Interior gracias a Frigerio, quien lo llevó para trabajar a su lado. La versión policial sostiene que luego del accidente Colello le dijo a los agentes que venía junto con los dos hombres de una "reunión de trabajo".

Se trata de Fernando Díaz, quien está acusado de administración fraudulenta e irregularidades en el servicio de catering del sistema penitenciario provincial. Desde el Ejecutivo bonaerense minimizaron el hecho y designaron a un auditor por 90 días.

El mismo día que desde el Ministerio de Seguridad anunciaron el cambió de siete comisarios de la plana mayor de la Policía Bonaerense, el jefe del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Fernando Díaz, renunció a su cargo. Había sido designado en diciembre del año pasado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Quedará en ese importante puesto el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Pablo Baric, y como auditor general, Fernando Rozas. El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, dijo luego de  hacerse pública la citación a la indagatoria de Díaz, que estaba analizando el caso con su par de Nación, Germán Garavano, y que no tenía tomada una postura ni decisión al respecto.

Díaz declaró en octubre pasado en una causa en la que se lo acusa (junto a otros 37 funcionarios) de administración fraudulenta y está sospechado de participar de esa maniobra delictiva –irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta– durante su gestión como auditor general del Servicio Penitenciario Federal.

A pesar de estas cataratas de citaciones y declaraciones en la justicia, Díaz aseguró que su alejamiento de la dirección del sistema penitenciario se debe a “motivos personales”.

Díaz había sido nombrado por Vidal como máximo responsable del SPB en diciembre pasado, luego de la salida de Florencia Piermarini y tras el escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. En estos momentos, lo que se baraja es realizar una auditoria general, en donde quien quedará a la cabeza será Fernando Rozas, ex diputado provincial de Francisco De Narváez y colaborador del intendente de La Plata, Julio Garro, durante la última campaña. El plazo será de 90 días, y una vez terminado, ahí se eligirán a las nuevas autoridades. Mientras tanto será Juan Pablo Baric -actual subsecretario de Política Penitenciaria- quien quede a cargo.

Conocida la causa judicial que involucra a Díaz, lo que alarmó al organismo emblema de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, comandado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es que "desde la nueva designación de Díaz al frente del SPB se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal". Entonces, en base a esto, le pidieron formalmente mediante un escrito a la gobernadora y a Ferrari que separen del cargo al funcionario, según le confirmaron a Letra P.

Según el último informe de la Comisión Provincial de la Memoría, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 2074 víctimas describieron 6843 casos de torturas y/o malos tratos que incluyen malas condiciones de detención, aislamiento, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, impedimentos de vinculación familiar y social, traslados constantes, amenazas, robos de pertenencia, traslados gravosos y requisas personales vejatorias. El Servicio Penitenciario Bonaerense es tristemente célebre por eso. Vidal y Ferrari ahondarán nuevamente en esta problemática y prometerán seguir reestructurando el área.

En el Museo el Bicentenario, altos funcionarios de Cambiemos junto a los principales referentes de Barrios de Pie, la CCC y la CTEP lanzaron a horas de la tarde, el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que se ejecutará en todo el país. Información de primera mano para la campaña electoral.

Con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; además de Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y referentes de La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Caritas, se detallaron los pormenores del “Relevamiento de los Barrios Populares”.

Los integrantes de estos movimientos sociales actuarán como “Relevadores” de la encuesta impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en todo el país. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y, más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Conscientes del costo político que les genera a este tipo de organizaciones sociales caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa, han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones que salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones en contra de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

La ministra de Desarrollo Social, ante las organizaciones reunidas en la Casa Rosada, planteó: "Debemos trabajar juntos por este país que tiene una pobreza del 32 por ciento. Podemos tener diferencias pero si hay un interés superior va a primar ese interés y trabajaremos de la mano".

A la hora de cerrar el acto en la sede del Ejecutivo nacional, Marcos Peña puntualizó: "Hay chicos que no reciben la protección de la AUH y que el Estado no los ve. Mucha de la retórica de la política se cae a pedazos si hay chicos que el Estado no está viendo".

Los galenos nucleados en el Cicop retomaran la medida de fuerza desde el martes hasta el jueves próximo, en los 80 hospitales de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo por mejoras salariales y para pedir mayor presupuesto para la salud.

El Consejo Directivo de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) ratificó un paro de 72 horas, que incluirá el martes una marcha al Ministerio de Salud bonaerense junto a los estatales de ATE. En paralelo representantes gremiales mantendrán una reunión en ese edificio con la ministra de Salud, Zulma Ortiz, en la que reclamarán el pase a planta de los becarios, entre muchos otros puntos.

En tanto, luego de los tres días de paro, el Cicop debatirá el viernes en asambleas los resultados de la reunión con Ortiz y los alcances de la medida de fuerza para definir un día después la continuidad o no de su plan de lucha.

Así lo afirmó la ex alta funcionaria de Gobierno, Yamila Buryeile, quien estuvo al frente de esa destacada cartera hasta que fue echada de su trabajo por compartir una foto en un acto con un funcionario kirchnerista. Había votado a Macri y ayudó a la nueva gestión a identificar trabajadores que militaban en el FpV. “Echaban gente porque no les gustaba su cara o lo que ellos llaman su performance”, dijo indignada.

El 26 de septiembre pasado Yamila Buryeile fue notificada por su jefe (el subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria, Hugo Rossi) que se quedaba sin trabajo por haberse sacado una foto con el ex gobernador y actual senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en un viaje a esa provincia, consigno hoy Agepeba.

Según Rossi, que además es delegado de la Sociedad Rural en uso de licencia desde junio pasado, la foto “no cayó bien arriba”, en sentido al ministro de esa cartera, Ricardo Buryaile.

La imagen de la discordia data de una actividad organizada por la Confederación General Económica (CFE) en la provincia de la cual fuera oriundo el legislador kirchnerista y a la que Buryeile había asistido con el permiso del propio Rossi. “Me tuve que pedir el día y me saqué la foto con Zamora porque me regaló un poncho, pero a los pocos días mi jefe me citó y me dijo que no había caído bien arriba”, explicó a la revista Kamchatka la ahora ex secretaria privada de Rossi.

Sin embargo, las autoridades del edificio de Paseo Colón 982 desoyeron esas razones. Cuatro días después de la curiosa charla con Rossi y sin mayores precisiones, el responsable de Recursos Humanos, Eduardo Vian, le comunicó a la joven trabajadora que prescindirían de sus servicios a partir de ese mismo momento, aunque su contrato vencía en diciembre. Automáticamente, le impidieron ingresar a su oficina, de la cual, desde marzo, habían tratado de desplazarla sentando a su escritorio a una empleada del gusto y preferencia del subsecretario. Buryeile no pudo saludar siquiera a sus compañeros o retirar sus pertenencias.

Buryeile admite que es probable que su árbol genealógico se conecte con el mismo tronco del que proviene Buryaile, cuyo apellido es casi calcado.

A pesar de lo ocurrido, la lejanísima pariente del ministro nunca fue kirchnerista. “Yo voté a Cambiemos pero me doy cuenta que son una mierda”, asevera. Incluso, distingue a los funcionarios que precedieron a los radicales: “Eran de La Cámpora y te invitaban a repartir volantes pero te respetaban si no querías hacerlo porque, por lo menos, eran más persona”.

Recién operada por un desgarro de abdomen, Buryeile presentía que su desvinculación estaba al caer por el continuo maltrato de su jefe, un abogado de 32 años que, según su currículum, trabajó en el estudio Beccar Varela, asesoró a empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio y también a la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. Su ex secretaria asegura que allí pasó a planta permanente un día antes de asumir como subsecretario de Estado, sin olvidarse de solicitarle al Congreso la correspondiente licencia por el ejercicio de un cargo de mayor jerarquía.

En su CV cuenta incluso con el enunciado que refiere a su paso por el parlamento. “Me echaron por una foto con un kirchnerista pero yo voté a Cambiemos”, señala con énfasis la trabajadora despedida, al paso que muestra facturas que se utilizaron para rendiciones de caja chica y que muchas veces eran para uso personal del “perseguidor” macrista.

Arrepentida de la fidelidad que mostró para con la nueva conducción del área cuando, efectivamente, señalaba a los trabajadores que se identificaban con el gobierno anterior, reconoce que no puede precisar cuántos de los que ella “marcaba” se quedaron sin su puesto, pero asegura que se concretaron despidos con ese modus operandi. “Echaban gente porque no les gustaba su cara o lo que ellos llaman su performance”, indica, y advierte que dentro del ministerio rondan el silencio y el temor entre los empleados.