¿Al servicio de la gobernadora María Eugenia Vidal? Ella reconoce que el refuerzo de patrullajes es solo “maquillaje” y dice que su política de seguridad se basará en mil agentes “invisibles”, quienes actuarán en el Conurbano. También alardea con la purga dentro del SPB. En ámbitos políticos y académicos especializados formulan críticas, pero las más audaces provienen de los “territorios”, de voces reservadas pero autorizadas de la seguridad privada, que conocen a las fuerzas y tienen información de primera mano.
Por Víctor Ego Ducrot (*) / Sospechamos que las amenazas sufridas por Vidal son pura ficción, aseguraron fuentes vinculadas a empresas de seguridad privada, de gran experiencia y sobre todo con decenas de miles de agentes armados prestando servicios. Y señalamos: esas cortinas de humo formarían parte de un operación comunicacional más amplia y por ahora muy exitosa, tendiente posicionar a la mandataria provincial como emergente de una nueva derecha “progresista”, discurso que se complementa a la perfección con la imagen de persona “como una más del pueblo”, tal cual se explayó este miércoles en el programa “Morfi, todos a la mesa” que emite el Canal 11 de TV.
El personaje desplegado por Vidal hoy en la tele, y en muchas otras apariciones, en casi todas, desde su posicionamiento en las primeras planas de la política nacional, es útil para figurar una ida de trabajo: el ascenso al gobierno de una fuerza representante de las clases ricas por primera vez sin golpes de Estado, matanzas ni proscripciones, en elecciones libres y sin emboscarse en un caballo de Troya, como lo hizo durante la experiencia Carlos Menem, disparó otro fenómeno consecuente, el surgimiento de una nueva derecha “progresista”, desde la que la gobernadora sueña con convertirse en la heredera de Mauricio Macri, quien no tiene posibilidad alguna de simular ser “uno más del pueblo”.
Pero ello quedará para otro análisis. En este, lo destacable es que Vidal usó ese programa para complementar sus apariciones vinculadas a una supuesta reforma del sistema carcelario provincial. Para ella “corrió por izquierda”, postulando que ni el peronismo ni el radicalismo terminaron con una ley de la dictadura y subrayando que su decisión se basa en reclamos de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y otras organizaciones de Derechos Humanos; y este miércoles, en Canal 11 TV, apeló a dos datos que, a priori y fuera del contexto adecuado, pueden ser compartidos: a que el aumento del patrullaje como único recurso “es maquillaje” – la misma consideración puede aplicarse al fetiche de las cámaras de seguridad – y a la necesidad de desarrollar un buen trabajo de inteligencia criminal, de ahí la figura de los mil federales invisibles.
Especialistas observan en forma crítica los recientes anuncios oficiales sobre Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), conforme consta en un artículo publicado este miércoles por el diario Contexto, de La Plata: “Este siempre fue un tema de debate, lo que se suele decir ‘purgas’. Esas personas siguen manteniendo sus redes de contacto, desde donde organizar hechos de corrupción. La cuestión de la remoción de la cúpula es de lo que más se habla, pero tiene que ir acompañada de cambios estructurales. No es una cuestión de sacar ‘manzanas podridas’. Por supuesto, si hay un hecho de corrupción, tiene que ser sancionado. Cuando se intenta aplicar alguna medida, las fuerzas de seguridad toman represalias o maneras de intervenir en las decisiones políticas. Pasó muchas veces. Aunque no haya remociones, hay prácticas extorsivas. Pero en un caso tan drástico como una cúpula, resulta demasiado ambicioso”, consideró el sociólogo y especialista Iván Galvani.
En el mismo medio, el ex director provincial de Políticas Carcelarias, Juan Escatolini destacó: “No creo que sea una tarea simple la que está encarando la gobernadora, y creo yo que es una tarea un tanto tardía. Todos sabíamos quién era Díaz y ya pasaron diez meses de gestión. El SPB es una corporación y opera en las sombras. Recordemos el caso del MOPOL (Movimiento de Policías y Penitenciarios), que solían acuartelarse y realizar operaciones de todo tipo. Cada vez que se desarrolla este tipo de medidas, el MOPOL reaparece y son peligrosos. Es una fuerza civil armada, y sabemos lo que eso puede significar”.
En tanto, las fuentes consultadas del entramado empresario de seguridad privada sostienen que el fondo de la cuestión pasaría por reagrupar a los carceleros purgados y a los federales “invisibles” en un nuevo mapa y una nueva conducción de la trama de complicidades que explican el fondo último de la agenda de “inseguridad”; trama integrada por agentes de las fuerzas de seguridad –la bonaerense ocupa un lugar destacado pero también hay involucrados de las policías Federal y Metropolitana, de Gendarmería, de Prefectura y de la Aeroportuaria, y si Vidal logra que las FF.AA. se sumen aportando logística, el círculo quedará cerrado – , fiscales, jueces, elementos parlamentarios y de los Ejecutivos nacional, provinciales y municipales, y bandas narcos y del crimen organizado en general. En esa compleja red, que alcanza a la Aduana, a la venta ilegal de armas y de drogas, pero también al delito por menudeo – más de dos millones de teléfonos celulares robados por año, por ejemplo – radica la verdadera jefatura de la “inseguridad”.
En términos generales, es la misma trama que fue puesta en evidencia por el Informe Candela del Senado provincial, de 2012 e impulsado por el entonces vicegobernador Gabriel Mariotto, en torno al crimen de la niña Candela Sol Rodríguez. Sin embargo en la propia Cámara que gestó el documento se admitía por aquél entonces que, desde el Ejecutivo bonaerense, en especial desde la poderosa Secretaria de Seguridad que conducía el abogado de origen en el SPB, Ricardo Casal, todo fue sepultado en las sombras.
Las fuentes reservadas consultadas para este artículo deslizan que el SPB es una pieza clave dentro del sistema de complicidades, una mando “desde el adentro” del crimen, y que muchos elementos superiores de la administración provincial que silenció las investigaciones del Senado, siguen entre los pliegues de la conducción actual, a partir de acuerdos entre ellos y la estructura de gobierno de Cambiemos.
Algunos de los consultados no niegan que ciertas empresas de la seguridad privada pueden estar participando de ese proyecto, pero “no nos chupamos el dedo, sabemos que por lo menos 100 agentes encubiertos de la DEA y de otras yutas estadounidenses están detrás de todo esto. ¿Por qué?”, dijeron y se interrogaron.
La respuesta a la pregunta que se formularon las fuentes se encuentra en los propios manuales de los servicios de inteligencia de Washington: las llamadas guerras de baja intensidad, de control de los eufemísticos “nuevos desafíos”, como el narcotráfico comandado por esos propios servicios, y la teoría de los “Estados fallidos” demandan esas intervenciones armadas, entre delito y represión en una sola síntesis, para ejercer el control de la conflictividad social.
Hay mucho escrito al respecto, por ejemplo el libro “Recolonización o Independencia”, de 2004, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, de mi autoría en conjunto con la querida y admirada colega Stella Calloni. Y más precisiones aún se pueden encontrar en los Documentos de Santa Fe, capitales para lo que en su momento se denominó Consenso de Washington y vigentes en su esencia para este nuevo escenario regional de contraofensiva exitosa del diseño neoliberal.
En medio de estos juegos siniestros de luces y sombras, de informaciones y desinformaciones, sufre la sociedad, víctima del delito, pero sobre todo de sus jefaturas ocultas.
(*) Doctor en Comunicación por la UNLP. Profesor Titular de Historia del Siglo XX (Cátedra II) FPyCS UNLP. Periodista. Escritor. Director de AgePeBA.
