Sólo horas después de que se anuncie con bombos y platillos el acuerdo para frenar los despidos, el titular de la Cámara alimenticia Copal, Daniel Funes De Rioja le bajó el precio. “Es una apelación, no una obligación”, dijo.

“Es una apelación, no una obligación. Lo que se acordó es mantener los puestos de trabajo y trabajar para crear nuevos. Pero lo firmado no tiene carácter legal ni consecuencias”, disparó el titular de la Cámara Alimenticia Copal, Daniel Funes De Rioja, en declaraciones al portal Letra P.

Las palabras de Funes De Rioja llegaron minutos después de rubricar, junto al Gobierno y la CGT, un acta acuerdo que establece que las empresas despedirán trabajadores, al menos, hasta marzo de 2017.

El abogado representa a la totalidad de las firmas de la industria alimenticia, por lo cual su definición es relevante dada la masa de empleados que maneja el sector.

“Tiene que quedar claro que esto que figura en el acta es para despidos incausados (sin causa), el texto que no tiene alcance legal, o sea, no es obligatorio. Aunque sí entendemos que lo que pretende el Gobierno es que acompañemos y ayudemos a crear puestos de trabajo”, añadió.

Horas antes de las declaraciones de Funes De Rioja, en conferencia de prensa desde Casa Rosada, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y el vice jefe de Gabinete, Mario Quintana, aseguraron que, en el marco de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, se llegó a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017. Y agregaron: "Hemos avanzado en concordar con ellos mantener los puestos de trabajo hasta marzo de 2017, lo hemos planteado en conjunto con empresarios y gremios, poniendo especial énfasis en la generación de empleo", afirmó.

Pero para Funes, “lo firmado tiene el mismo carácter que el acuerdo rubricado por el bono de fin de año: el que lo podía pagar lo pagaba y el que no, no”, concluyó.

Además de Quintana y Triaca, en la mesa de diálogo ubicada en el Museo del Bicentenario se sentaron a firmar el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el triunvirato de la CGT que nuclea a Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Por los empresarios estuvieron Adrián Kaufmann Brea (UIA-Arcor), Juan Chediak (Cámara Argentina de la Construcción), Daniel Llambías (Adeba), Jorge di Fiori (Cámara Argentina de Comercio), Claudio Cesario (ABA) y Luis Etchevehere (Sociedad Rural Argentina).

Un acuerdo similar había firmado el Gobierno con un grupo de empresarios en mayo pasado, en medio del debate por la ley antidespidos, que Macri finalmente veto. Aquel entendimiento, que también se limitó a una expresión de buenas voluntades, regía por 90 días.

Mientras todo el gabinete  prepara un retiro espiritual para hacer un balance del primer año de Cambiemos en el poder, los trabajadores del sector público luchan contra los despidos y un deterioro de las condiciones laborales. A su vez, en el sector privado las expectativas son cada vez peores: retraso del pago de los salarios y la continuidad de los despidos.

El informe periódico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analiza las protestas y los conflictos gremiales en la Argentina, confirmó que en septiembre pasado los problemas laborales aumentaron un 30 por ciento con respecto a agosto, y ya son más del doble de los producidos en julio.

Pero a todo esto el gobierno de Mauricio Macri alega que este primer año de gestión no es más que “de aprendizaje”. Es por ello que Cambiemos realizará una evaluación de sus ministros, al igual que las empresas suelen hacer con sus gerentes, en un retiro espiritual que se realizará en Chapadmalal entre el 1 y 2 de diciembre.

Lo que seguramente no se va a analizar en el encuentro de ministros son los conflictos laborales que atraviesan los trabajadores, principalmente de los sectores de la administración pública, la educación y la salud. Además, en el sector privado la situación se agrava con el retraso del pago de los salarios y la continuidad de los despidos.

“Nuevamente ha aumentado la conflictividad, sobre todo en el sector público. Los casos se caracterizaron por el reclamo de reapertura de las paritarias, a lo que se incorporó el rechazo al bono como compensación”, señaló el director del CEPA, Hernán Letcher, según publica este lunes Página/12.

Las protestas de los trabajadores públicos tuvieron un crecimiento de 333 por ciento con respecto de julio, y del 38 por ciento respecto al mes de agosto. Esto refleja que en el tercer trimestre de 2016 la conflictividad laboral en el Estado tuvo un fuerte ascenso, en su mayor parte vinculado al pedido de recomposiciones salariales.

Por un lado, esto está relacionado con las dificultades de financiamiento de las provincias y los recortes nacionales. También hay razones de política gremial: como se sabe, los sindicatos de trabajadores del Estado (incluidos los docentes y los judiciales) más combativos son parte de las dos CTA, que ha rechazado el bono de fin de año acordado por la CGT y el Gobierno, en el entendimiento de que una suma fija que se cobrará por única vez no alcanza para recuperar lo que perdieron los sueldos a lo largo del año.

En este sentido, el CEPA recordó que en el sector público todavía no se resolvió la situación de los empleados del Estado nacional; actualmente sólo seis provincias anunciaron el pago de un bono para los estatales provinciales (solo una, Misiones, indicó el monto, que sería de 1850 pesos), mientras que en el orden municipal, los intendentes ofrecen entre 300 y 400 pesos.

Entre los trabajadores de las empresas privadas como Molinos Cañuelas, Cresta Roja, Bimbo, Techint, Siderca Campana y Brighstar, Tarcol, Guilford y General Motors, el incremento de los conflictos fue algo menor que entre los públicos. Las razones de sus protestas estuvieron repartidas entre los reclamos salariales y los referidos a despidos y suspensiones, con un peso similar (de 39 y 37 por ciento, respectivamente).

La situación laboral también va de la mano con una recesión económica que no permite el crecimiento de los trabajadores, sino por el contrario genera una pérdida mensual del valor de los salarios. El consumo continúa planchado y el jefe de Gabinete de Cambiemos, Marcos Peña, ya prefiere ubicar a la “reactivación de la economía” recién en febrero del año próximo, algo tan improbable como lo fue este año.

La inflación es otro indicador que vuelve a demostrar la falta de inversión. En octubre pasado, según los datos del IPC Congreso, alcanzó el 2,9 por ciento, superando en sólo 10 meses el 35 por ciento y una interanual de 43,9 por ciento. Las expectativas para los empresarios son desastrosas, pero peor lo son para los miles de trabajadores que ven cómo día a día pierden con las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas exigieron en las puertas del Congreso de la Nación que se sancionen la ley que insta a la creación de un millón de puestos laborales y fija un salario social complementario. Si vetan la iniciativa prometieron un diciembre plagado de protestas.

Trabajadores formales e informales, desocupados y distintas organizaciones colmaron la Plaza de los Dos Congresos en defensa del proyecto de Emergencia Social y Alimentaria, que ya tiene media sanción del Senado, y que podría ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves en una sesión especial.

Participaron de la marcha, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA. “Si Macri la veta, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre”, advirtieron.

La iniciativa establece un aumento del 15 por ciento en las asignaciones por hijo y por embarazo, insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha la creación de un millón de puestos de trabajo, y fija un salario social complementario para que los trabajadores informales que perciben bajos ingresos lleguen a cobrar un monto similar o superior al salario mínimo, vital y móvil.

La movilización estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, celebró los “200 mil trabajadores que marcharon al Congreso” y agregó que “hay un 40 por ciento de compañeros que no tienen salario”.

“Lo que estamos reclamando es el salario social complementario. Queremos estar registrados en el Ministerio de Trabajo. (…) Este es el primer paso de un largo camino. Los monopolios, que tienen un profundo odio de clase, van a tratar de romper nuestra unidad, pero nosotros la vamos a sostener porque estamos profundamente unidos en el amor al pueblo”, subrayó.

Otro de los oradores del acto fue Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, quien aseguró que “los diputados tienen la responsabilidad histórica de aprobar esta ley antes de fin de año, un año que ha sido el peor para los trabajadores”.

“Acá no queremos más planes sociales, queremos nuevos derechos, trabajo y un piso de dignidad para los que peor la pasan”, sostuvo y advirtió que si Mauricio Macri veta la emergencia social, como hizo con la ley antidespidos, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre repudiando a un presidente que no se pone al pie de los que menos tienen”.

A su turno, Carlos Alderete, titular de la CCC, agregó: “Quiero la paz, pasar el fin de año con mi familia, mis compañeros, pero con un pedazo de pan en la mesa. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar”.

El encargado de cerrar la protesta fue Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, quien trató de recoger el guante de las críticas a su central por no convocar a un paro general luego del ajuste salvaje y los cientos de miles de despidos.

“No tenemos un balde en la cabeza, lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera necesario. Queremos la democratización de la economía y el fin de la desigualdad. Cuando paz, pan, trabajo, tierra y techo sean una realidad, entonces estaremos viviendo en una Argentina feliz”, remarcó.

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan desde este mediodía hasta el Congreso Nacional para reclamar la sanción de una ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados esta semana, y comienzan a poblar las inmediaciones del parlamento.

A las 13, adherentes de numerosos gremios comenzaban a poblar las inmediaciones de la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, mientras los movimientos sociales se congregaban en el cruce de Belgrano y 9 de Julio, para confluir luego en la Plaza de los Dos Congresos.

La CGT convoca a la marcha junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a la que se sumaron entidades empresarias del sector pyme, la Federación Agraria Argentina (FAA), Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros grupos.

Desde tempranas horas de la mañana se restringió el tránsito parcialmente en la avenida Entre Ríos, frente al palacio legislativo, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, para el armado del escenario desde el cual se realizará el acto central.

A partir del mediodía comenzaron a llegar a la zona las delegaciones del interior del país. El Frente Popular Darío Santillán concentró a las 12 en Constitución y marchó por la avenida 9 de julio hacia el Obelisco, donde junto con otras agrupaciones comenzó a movilizar hacia el Congreso. Mientras tanto, trabajadores estatales de los sindicatos de UPCN y Obras Sanitarias se congregaban en Belgrano y Sáenz Peña, en tanto en las cercanías de la esquina de Belgrano y Entre Ríos se nucleaban afiliados de los gremios de Dragado y Balizamiento, Marítimos, Marina Mercante y de los Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios del Movimiento Universitario Sur realizaban una muestra de trabajos solidarios y una juntada de firmas frente al Congreso.

Hacia las 16, momento en que está previsto el comienzo del acto, que cerrará con su discurso Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, los sectores ocuparán lugares previamente acordados: la central obrera se ubicará sobre la mitad de la plaza hacia Yrigoyen y los movimientos sociales se ubicarán hacia Rivadavia.

Quienes anunciaron su rechazo a la movilización fueron los tres partidos integrantes del Frente de Izquierda, aduciendo que sería "lavarle la cara" a una "burocracia" que "pactó para no hacer un paro nacional en 2016" y a otros sectores "que siguen la agenda del Papa Francisco", en clara referencia a la CTEP.

Uno de los tres secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, sostuvo hoy que la central gremial continuará "teniendo paciencia hasta que el Gobierno encuentre la forma de llegar a la reactivación económica el año próximo" pero advirtió que si esto no ocurre "inevitablemente habrá una confrontación".

"Todo lo que hemos negociado (con el gobierno) es para tender un puente, un paliativo para llegar al año que viene con una reactivación económica, pero si no funciona, inevitablemente habrá una confrontación", aseguró el dirigente al reconocer que la central sindical "ya no tiene la misma reacción que antes porque la cosa no está funcionando".

En declaraciones a radio Nacional, Schmid, quien cerrará hoy el acto con el que finalizará la movilización hacia el Congreso que la CGT junto con movimientos sociales realizará esta tarde en respaldo de la sanción de una ley de emergencia social, afirmó que la central obrera "ha sido muy cuidadosa y muy prudente al expresar las tensiones que se están acumulando en este primer año de gobierno", ante una situación que "se está tensionando al extremo".

También aseguró que el acuerdo entre el gobierno y los empresarios "no ha funcionado" al recordar la cifra de 127.595 despedidos desde enero a septiembre de 2016, según cifras oficiales, y dejó en claro que la movilización de hoy contiene "otros reclamos, como el fin de los despidos y suspensiones".

Consultado sobre el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias que será debatido en la Cámara de Diputados antes de fin de año, dijo que a la CGT no le "satisface" porque el gobierno "no habló" con la central gremial, a pesar de que "es la que pone la plata".

"No conocemos el proyecto y no conocemos el alcance. Hay que llamar a todo el mundo", reclamó Schmid.

Tras la media sanción en el Senado y con la marcha que movilizará a la CGT y organizaciones sociales como motor, desde Cambiemos temen que sea aprobada en diputados. Macri ya evalúa vetarla como ocurrió con la Emergencia Ocupacional. Las organizaciones sociales advierten que en caso de que eso ocurra "habrá reacción".

El proyecto de ley de Emergencia Social que fue aprobado anoche en el Senado y girado a la Cámara baja, podría ser vetado, al menos parcialmente.

Esa versión, que cada vez toma más fuerza provocó malestar entre los dirigentes sociales, que ya advirtieron que podría generar una “reacción social”. Mañana habrá una marcha que, según esperan las agrupaciones, será masiva.

Aunque el proyecto aún tiene que continuar su trámite en Diputados, desde el Ejecutivo ya le confirmaron a la prensa que habría un veto parcial. En la Casa Rosada se oponen a la creación de un millón de planes de trabajo bajo el programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.

Esta semana hubo reuniones entre el presidente de la Cámara de diputados, el macrista Emilio Monzó, con dos importantes dirigentes de peso del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, donde también estuvo presente el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca. Allí plantearon algunas diferencias sustanciales con la propuesta original.

El proyecto que obtuvo media sanción del Congreso ayer fue elaborado en conjunto por los movimientos sociales y presentado por tres senadores, Juan Manuel Abal Medina (FpV), Teresita García (FpV) y Jaime Linares (GEN). La propuesta fue aprobada y girada a Diputados. De no haber modificaciones clave en el proyecto, y si es aprobado, podría ser vetado parcialmente por el presidente Mauricio Macri.

En las últimas horas las organizaciones sociales ya se mostraron en alerta por el posible veto de Macri.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, señaló en declaraciones a Radio 10 que “se alterará la paz” si es vetado, y aseguró que “habrá una reacción” de las organizaciones sociales y sindicales.

“Sería una irresponsabilidad del Gobierno, más en las fiestas, en las que tenemos que tratar de estar en paz, la responsabilidad de esto es del Ejecutivo”, remarcó.

La Corriente Federal de los Trabajadores además reclama el cese de los despidos, la declaración de la emergencia social y manifiesta su preocupación por la escalada de los conflictos laborales y sociales.

Tras la multitudinaria concentración convocada por la dos CTA frente a Plaza de Mayo contra las políticas regresivas del Gobierno nacional, en donde se llamó a la CGT a la unidad de acción del movimiento obrero, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) manifestó su “honda preocupación por la escalada de conflictos laborales y sociales generados por la política económica neoliberal”.

La Corriente, integrada por los gremios más combativos de la CGT reunificada, exigió a través de un comunicado el “cese inmediato de los despidos, la declaración de la emergencia social y un cambio urgente en la política económica”.

“Esta crisis no responde a ninguna herencia, es hija de las medidas que el actual gobierno viene aplicando hace diez meses. Devaluación, quita de retenciones, apertura de importaciones, endeudamiento externo e interno, tarifazos y despidos, han hundido al país en una gravísima recesión”, subrayó la organización cegetista.

“Hay varios rumores. Si en 2017 este Gobierno no pierde las elecciones, van a profundizar con las privatizaciones y la flexibilización laboral”,

La CFT se movilizará el viernes 18 de noviembre junto a las organizaciones sociales y de la economía popular contra “el despido de 300.000 trabajadores”, así como contra “el hambre, la miseria y la represión a la que están sometiendo a los sectores más humildes”.

“Insistimos en que es imprescindible acordar un programa para superar esta crisis, junto con un plan de acción común a todo el movimiento sindical. En ese camino la CGT a la que pertenecemos debe convocar a un paro general exigiendo ese cambio imprescindible de política económica”, remarcaron los gremios combativos de la CGT.

Antes de la convocatoria del 18, habrá otras marchas y medidas de fuerza, en este caso de los gremios que pertenecen a las CTA Autónoma. El próximo 10 de noviembre, se realizará una “Jornada Nacional de Lucha” con paros, movilizaciones y clases públicas en todo el país.

Desde esa agrupación sindical también se solidarizan “con todos los trabajadores del país que luchan por salvaguardar su legitimo derecho a vivir con dignidad”.

“Lo hacemos muy especialmente con los compañeros de Aerolíneas Argentinas, quienes como en los años 90 sufren los embates privatizadores del gobierno de los CEOs. Los trabajadores de APLA, no solo luchan por mantener sus puestos de trabajo y el poder adquisitivo de sus salarios”, sino que “están luchando por defender la soberanía nacional y un servicio público esencial”, indicó desde un comunicado la CFT.

El segundo dirigente de la jerarquía del Partido Justicialista habló de la posición del sindicalismo ante las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri en lo que va de 2016. Pidió más firmeza para defender las conquistas de los trabajadores.

El exgobernador bonaerense Daniel Scioli apuntó contra el triunvirato que lleva las riendas de la CGT y señaló que "tendría que ponerse más firme con el Gobierno" en el reclamo por la recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores.

"Soy respetuoso de la CGT y de la representatividad que tiene el triunvirato que la conduce. Ahora, siento que en esta instancia tendría que ponerse más firme con el Gobierno. No en los términos de discutir "paro sí, paro no", sino que se recupere el poder adquisitivo que se perdió", destacó el excandidato presidencial del Frente para la Victoria.

En una entrevista publicada este domingo por el diario Página/12, Scioli volvió a marcar las contradicciones entre las promesas de campaña asumidas por su entonces adversario electoral Mauricio Macri y las políticas que implementó una vez que desembarcó en la Casa Rosada.

En este sentido, anunció que la semana que viene va a presentar un documental sobre el balotaje presidencial, a un año de aquel recordado duelo de campaña, y destacó que será a modo de "agradecimiento a la militancia" que lo acompañó en su candidatura.

Al evocar el desenlace de esa campaña, que finalmente consagró a Macri, reconoció que "el uso de la palabra ´cambio´" fue "muy potente" e incidió de manera decisiva en el resultado, pero advirtió que pasado casi un año de gestión de Cambiemos, "el cambio viene siendo un retroceso en el nivel de vida".

Tras el pomposo anuncio, fruto del Diálogo Social, el Gobierno sale a desmarcarse. Fue el vicejefe de Gabinete el que salió a decir que "no es obligatorio" y no pasa nada con los que no quieran pagarlo. Algo parecido al compromiso antidespidos que no comprometió a nadie.

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, remarcó que el bono de fin año acordado la semana pasada entre empresarios y sindicalistas en la Mesa del Diálogo, el Trabajo y la Producción convocada por el gobierno nacional "no es obligatorio" y sostuvo que su entrega a los trabajadores "se tiene que negociar sector por sector" ya que hay "realidades diversas".

"El bono es parte de esta primera reunión de diálogo y se enmarca en las paritarias libres, que son una institución. Las realidades de cada sector son diversas y el bono no es obligatorio", dijo Quintana anoche en Canal 26 en referencia a esa suma extraordinaria de -al menos- 2 mil pesos.

El funcionario nacional destacó que "en este año de transición no queremos que el salario sea la variable de ajuste", al tiempo que indicó que el bono sería para "compensar el salario real 2016".

"'El grupo de los 6 (G-6, grandes empresas) ha firmado el bono unánimemente. La mesa puede vaciarse de sentido si lo que se acuerda no se respeta", advirtió.

No obstante, evaluó que las autoridades están convencidas de que "el bono se va a pagar, con salvedades como Comercio, que cerró la paritaria anual con un aumento que compensa la inflación. Comercio cerró una paritaria en que no está el bono pero sí la compensación".

Quintana agregó que se busca "el equilibrio fiscal" y que se debe ser "prudente a la hora de asignar el gasto. La prioridad se la dimos a la inversión social y la obra pública".

Asimismo, indicó que "parte del déficit es por los subsidios a energía".

También desmintió que hubiera recortes presupuestarios en Educación y en Ciencia y subrayó: "Tenemos un presupuesto como nunca hemos tenido en 12 años".

Esa agrupación sindical criticó a la conducción de la CGT por su posicionamiento frente al Gobierno y reiteró la necesidad de implementar un plan de lucha contra el ajuste. Consideran insuficiente el bono de fin de año.

La Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) manifestó el malestar de los sindicatos que en el Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT) promovieron la convocatoria a un paro, que consideran insuficiente el bono de fin de año de mil pesos para jubilados que perciben la mínima y hogares con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el acuerdo de negociar por sector un adicional para todos los trabajadores para el que se fijó la cifra de dos mil pesos como referencia. Esos gremios –entre los que se cuentan también Camioneros– entienden que el triunvirato que integran Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña cedió ante el Gobierno al desactivar la medida de fuerza.

“Tras los confusos anuncios sobre bonos insuficientes, que tienen demasiadas exclusiones y de ninguna manera se corresponden con los reclamos reales de los trabajadores, se pretende vender que se ha establecido el diálogo”, remarcó ayer la CFT en un documento que dio a conocer tras un plenario en el que estuvieron sus principales referentes. Del encuentro participaron, entre otros, Sergio Palazzo (bancarios), Héctor Amichetti (gráficos) y Mario Almirón (docentes privados). En el texto se remarcó también que ese diálogo está limitado a un “esquema de gobierno que beneficia a los muy ricos en perjuicio de los pobres, los sectores medios, las cooperativas, los emprendimientos familiares y las Pymes”.

A favor de la implementación de un plan de lucha contra el ajuste que puso en marcha Mauricio Macri, la CFT recordó lo expuesto en el documento “De mal en peor” que la CGT redactó antes del congreso en el que se concretó la reunificación: “El esquema económico impulsado por el Gobierno muestra la peor cara hacia los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos, hay un aumento de la pobreza, una brusca caída del consumo y perspectivas económicas y sociales que ensombrecen aún más el horizonte”.

La CFT señaló que esa realidad no ha cambiado. Por eso afirmó que “la CGT debe convocar a un paro nacional para poner límite a una gestión de gobierno irresponsable, exigiendo que cesen los despidos y suspensiones, que se reabran las paritarias, que se derogue el impuesto al salario, que se proteja al trabajo argentino restringiendo la apertura de importaciones”.