En el marco de la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, el Estado argentino fue denunciado ante la CIDH por “persecución” y “criminalización” de testigos y abogados, a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.

Ante la denuncia que Gendarmería realizara contra los testigos que habían responsabilizado a la Gendarmería Nacional, que comandan Mauricio Macri y Patricia Bullrich, por la desaparición de Santiago Maldonado, el Estado es nuevamente denunciado ante la CIDH por “perseguir” y “criminalizar”. La presentación ante el organismo de Naciones Unidas fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos. Son los mismo que meses atrás promovieron la primer medida cautelar contra el Estado en el marco de la desaparición del joven. En aquella ocasión, el Gobierno fue acusado de plantar hipótesis falsas, como que Maldonado estaba en Chile, o que había sido herido por un puestero de Benetton. Ambas hipótesis fueron desmentidas durante el proceso, que culminó con la instalación de que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, aún cuando la causa seguía caratulada como desaparición forzada.

Además, los abogados de Naturaleza de Derechos indican en su presentación que la CIDH ya había exigido al Gobierno de Macri que investigara "de manera exhaustiva las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario", orden que la Argentina ha incumplido. "El Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente ", señalaron.

Más adelante, los abogados advierten que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados), es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.

Además, Cabaleiro y González Quintana señalan que ante las denuncias, desde Cambiemos se trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten. Los abogados piden una intervención urgente, porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal, a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.

En las redes sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió expresar "preocupación" por la actucación de la policía durante la brutal represión a la protesta social ocurrida el pasado 18 de diciembre.

"Nuevas protestas culminaron con fuertes disturbios y más de 183 lesionados, entre ellos al menos 88 policías y 95 ciudadanos. Según la información disponible, 70 personas habrían sido detenidas y denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento verbal, insultos y amenazas en su contra durante su detención", describió el organismos de Derechos Humanos.

Además, recordó que entre los heridos hubo 26 trabajadores de prensa. "En reiteradas oportunidades la CIDH ha manifestado que la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente", siguió el organismos en un duro comunicado que volvió a compartir en las redes sociales.

No es la primera vez que la CIDH objeta al gobierno de Mauricio Macri: desde el año pasado exige que la líder social Milagro Sala, opositora a Cambiemos, sea detenida en prisión domiciliaria. Otro organismo internacional como el Comité contra la Tortura de ONU describió esa detención como "arbitraria".

Argentina: Más de 162 lesionados y 70 detenidos durante protestas contra la #ReformaPrevisional. Preocupa la actuación de la fuerza policial y Gendarmería https://t.co/Y2YZf7ZXpP

— CIDH (@CIDH) 26 de diciembre de 2017

Argentina: En democracia, los Estados deben actuar sobre la base de que una protesta no es una amenaza al orden público. Nos preocupa el uso inadecuado de la fuerza en protestas contra la #ReformaPrevisional https://t.co/Y2YZf7Im1f

— CIDH (@CIDH) 26 de diciembre de 2017

Con la lucidez discursiva que acostumbra, el ex Juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, dialogó con Luis D’Elia en la AM740, donde realizó un panorama general sobre la actualidad social y política de la Argentina.

El Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ve “un gravísimo deterioro del Estado de Derecho, a la cual se suman declaraciones absurdas de funcionarios”. A continuación, se refirió a la muerte del joven Rafael Nahuel, donde cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es la responsable de las fuerzas de seguridad, y declara que va a tomar como verdad cualquier cosa que digan las fuerzas de seguridad, cuando ella tiene el deber de vigilar y supervisar a las fuerzas de seguridad. Es responsabilidad de ella que las fuerzas de seguridad no se excedan”, explicó.

En la misma línea, Zaffaroni hizo referencia a los dichos de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que en una entrevista con Luis Novaresio defendió el accionar de las fuerzas de seguridad luego de la muerte de Rafael Nahuel: “Es bueno que de lo que no sabe no hable”, lanzó Zaffaroni. “Que no hable para decir semejantes barbaridades, como cuando dijo que en cualquier caso de violencia institucional opera una presunción en favor de lo que dicen las fuerzas de seguridad. No, la presunción de inocencia es de todo el mundo”, respondió anonadado. “Uno escucha esas cosas y ve que se habla de una legítima defensa con alguien muerto con un tiro por la espalda, de abajo para arriba ¿Qué querés que te diga?”, sentenció.

“Se está tratando de generar un enemigo interno. Me parece que no da pretender que los mapuches son los enemigos públicos número uno, me parece absurdo, creo que nadie lo va a creer pero de cualquier manera la intención no falta” y trazó una línea entre la sesión de tierras y la cuestión mapuche: “Sabemos que el enemigo se crea fundamentalmente por razones políticas generales por un lado, pero por otro lado lo que hay atrás de esto es una cuestión de sesión de tierras, de privación de las tierras ancestrales de los mapuches”, pronunció.

Al ser consultado por las sanciones que pueden caer sobre la Argentina, de no respetar la cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sobre Milagro Sala, Zaffaroni aclaró: “Lo que le puede suceder es una denuncia ante el Secretario General y por ende ante la Organización de Estados Americanos. En general los estados vienen respetando las medidas provisionales y vienen cumpliendo las sentencias”, dijo, y amplió: “Son pocos los estados que de alguna manera no han cumplido decisiones nuestras”.

Más adelante, Zafarroni resumió el momento actual de los trabajadores como “un momento de resistencia, un momento de regresión”, y a la vez que se pregunta “¿Cómo se va a parar esto?”, se contesta: “Lamentablemente creo que lo va a parar el fracaso del proyecto económico que tienen porque es inviable”. En consecuencia, pidió “tener mucho cuidado con estos abusos que están cometiendo desde el oficialismo”, y hablo sobre “cuidar a los pibes, enseñarles porque los pibes tampoco saben de esto, es la primera vez ellos se encuentran con esto, tuvieron unos 12 años que nunca paso nada de esta naturaleza”.

En diálogo con Radio Rebelde, Raúl Zaffaroni también opinó sobre las reformas en materia laborales, previsionales y fiscal que planea el Gobierno, y fue contundente: “Es el resultado de la ideología única que impone este totalitarismo corporativo que tiene pulsiones por el mundo y que ahora se traduce acá”, y enumero los motivos por los cuales Mauricio Macri quiere “hacer de la argentina una especie de Korea, que nunca lo van a lograr, porque nuestros obreros y obreras nunca van a aceptar estar cobrando 200 dólares por mes, pero bueno ellos quieren que así va a venir la lluvia de inversiones, la lluvia de explotación y trabajo esclavo”. Para finalizar, el ex Juez de la Corte Suprema anunció: “Nunca van a llover inversiones productivas porque nunca vamos a llegar al nivel de los países que producen trabajo esclavo.

El máximo organismo de derechos humanos de la OEA dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a sustituir la prisión preventiva de la diputada del Mercosur por el arresto domiciliario o alguna medida menos restrictiva para sus derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado argentino “garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala”, quien se encuentra en riesgo desde que la Justicia de Jujuy, a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, la privó del arresto domiciliario y la regresó al penal de Alto Comedero.

En este marco, dictó una medida provisional en la que insta al Gobierno de Mauricio Macri a que adopte “de manera inmediata” medidas de protección en favor de la dirigente social y diputada del Mercosur, como la restitución de la domiciliaria o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

No obstante, el máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consideró que “debe prevalecer el principio de la libertad del procesado mientras se resuelve sobre su responsabilidad penal”, algo que en el caso de Sala ha sido violado sistemáticamente desde el 16 de enero de 2016.

La medida tiene “un carácter no sólo cautelar”, sino “fundamentalmente tutelar” porque protege derechos humanos y busca evitar daños irreparables a las personas. El artículo 63.2 de la Convención Americana “obliga a los Estados a adoptar las medidas provisionales” que ordene el tribunal. Ahora Macri tiene hasta el 15 de diciembre para informar cómo cumplirá la resolución.

La decisión de la Corte IDH llegó tras una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró que las autoridades argentinas no cumplieron con la resolución en la que dispuso que se cumpla al menos el arresto domiciliario de Sala.

La líder de la Tupac Amaru fue trasladada el 31 de agosto al domicilio de La Ciénaga, que no era su vivienda y no se encontraba en condiciones para ser habitada, pero fue el sitio dispuesto por los jueces como el lugar para su arresto domiciliario. Allí permaneció durante un mes y medio: el 29 de septiembre la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó las decisiones de primera instancia que ordenaron la domiciliaria y el 14 de octubre agentes de la policía jujeña volvieron a llevar a Sala a la cárcel.

Le pidió al Gobierno nacional que cumpla con las medidas cautelares que el organismo estableció para cuidar "la integridad personal" de Milagro Sala. La dirigente de la Tupac Amaru está detenida hace dos años sin condena. Se suma a otros casos de dirigentes opositores a Cambiemos que son enviados a la cárcel de modo arbitrario.

La CIDH fue contundente en su rechazo a lo actuado por la Justicia de Jujuy: “Notable inhumanidad en los procedimientos ordenados por la ‘altísima magistratura’ que ejerce (el juez Pablo) Llermanos”. Y advirtió: “Se agravan el maltrato y hostigamiento” que padece Sala.

El de Milagro es el primer caso de persecución a opositores que comenzó con la llegada de Cambiemos al Gobierno en 2015. En este caso, fue llevado adelante por la administración de Gerardo Morales, gobernador radical y aliado del macrismo. En las causas hay graves irregularidades: por ejemplo, uno de los principales testigos contra Sala es empleado del propio Ejecutivo provincial. Además, Sala está en prisión sin condena y con acusaciones que se cierran y abren todo el tiempo. La ONU y la CIDH cuestionaron el caso.

El organismo lo instó a cumplir con la cautelar obligatoria y sacar a la parlamentaria del Mercosur de la cárcel de Alto Comedero, donde se encuentra en riesgo. “La Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la Comisión”, recordó Francisco Eguiguren.

Al cierre de su 165º periodo de sesiones en Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la medida cautelar en favor de Milagro Sala “es obligatoria” y exhortó al Gobierno de Mauricio Macri a cumplirla.

La medida cautelar dictada el 27 de julio pasado ordenó al Estado a liberar a la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, o bien otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad monitoreada.

La Justicia de Jujuy cumplió con la domiciliaria recién el 31 de agosto, vencido el plazo de la CIDH, pero el 14 de octubre revocó esa decisión y regresó a Sala al penal de Alto Comedero, donde se deterioró gravemente la salud de la dirigente social.

Hoy el organismo interamericano advirtió a la Casa Rosada su responsabilidad en el caso y lo instó a garantizar “que no se realicen actos que puedan ponerla en riesgo”.

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, puntualizó que el Gobierno argentino “es responsable” de la vida y la “salud física, psíquica y moral” de Sala.

“Si bien cuenta con autonomía, la Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la Comisión. Y lo que la Comisión dispone es de cumplimiento obligatorio”, subrayó Eguiguren.

De esta forma, contrastó la posición del Gobierno que intentó eludir su responsabilidad sosteniendo ante la CIDH esta semana que se trataba de “un problema de la provincia de Jujuy”.

Milagro, presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales, se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016. Desde entonces no sólo la CIDH reclamó su liberación inmediata, sino también el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y otros organismos internacionales.

El Gobierno argentino volvió a eludir su responsabilidad en el caso al sostener en Uruguay que el reencarcelamiento de la parlamentaria del Mercosur es “un problema de la provincia de Jujuy”. El organismo interamericano también escuchó al CELS, ANDHES y Amnistía Internacional. Ahora deberá tomar una resolución.

(Por Fernando M. López *) Preocupada por el incumplimiento de la medida cautelar dictada meses atrás en favor de Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA realizó anoche una reunión a puertas cerradas en el Palacio Santos, sede de Cancillería uruguaya, donde se desarrollan muchos de los encuentros del 165° periodo de sesiones del organismo.

A partir de esa cautelar, la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur había recibido la prisión domiciliaria. Sin embargo, a fines de septiembre, la Justicia de Jujuy decidió revocarla y, días más tarde, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó su regreso al penal de Alto Comedero. El 14 de octubre pasado, sin ninguna notificación previa, la policía irrumpió en la casa de Milagro y la trasladó a la cárcel esposada, descalza y en piyama.

Para escuchar las explicaciones del caso, la CIDH esperaba al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y a representantes del gobernador jujeño Gerardo Morales. Pero ninguno de ellos concurrió a la cita. En su lugar, se hizo presente una delegación del Ministerio de Justicia argentino.

También participaron integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES) y Amnistía Internacional (AI), organizaciones encargadas de impulsar los recursos internacionales por la libertad de Milagro.

“Nosotros advertimos que no sólo existe un incumplimiento de la medida cautelar, sino también un agravamiento de las condiciones de salud de Milagro Sala. Por lo tanto, le pedimos a la CIDH que tome en cuenta esto para la adopción de medidas”, contó Diego Morales, director de Litigio del CELS, quien al salir de la reunión fue entrevistado por Cynthia García, periodista y docente de la Facultad de Periodismo de la UNLP.

Los enviados de Mauricio Macri, por el contrario, intentaron lavarse las manos al caracterizar el caso como “un problema de la provincia de Jujuy”, pretexto que la Casa Rosada viene repitiendo sin cesar a lo largo de los 21 meses de presidio político de la dirigente social.

“Lamentablemente, el Gobierno federal no toma una posición de garante de las decisiones de la CIDH ni del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Se mantiene como un espectador de lo que hace la provincia de Jujuy”, dijo Morales y explicó que esto viola la propia Convención Americana.

De acuerdo al artículo 28 de la Convención, Macri debería “tomar de inmediato las medidas pertinentes” para que Jujuy acate la cautelar, aunque hasta ahora no ha demostrado ningún interés o esfuerzo en ese sentido.

El organismo presidido por Francisco Eguiguren –al igual que Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria-, determinó que la diputada del Parlasur tenía que ser liberada de manera inmediata o, en su defecto, concederle el arresto domiciliario o la libertad con fiscalización electrónica. Así lo estableció en la cautelar del 27 de julio, tras constar que en el penal de Alto Comedero “Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

El peligro es cada vez mayor desde que volvieron a encarcelarla. “El nivel de presión y hostigamiento es tremendo. Psicológica y físicamente está muy delicada”, alertó en Montevideo el Comité por la Libertad de Milagro Sala, mientras que uno de sus integrantes, el abogado Eduardo Tavani, aseguró que los organismos internacionales “son nuestra última esperanza”.

La CIDH, que ya definió como “un retroceso” el reencarcelamiento de la principal referente de la Tupac Amaru, podría tomar una resolución en los próximos días. Desde el CELS consideraron que hay dos opciones: una nueva intimación al Estado argentino o el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata.

Hostigamiento, persecución, ataques, intervención de sindicatos y criminalización de la protesta fueron algunos de los atropellos expuestos en el marco de la 165° audiencia del organismo interamericano, que se lleva a cabo en Uruguay.

Representes gremiales y abogados laboralistas denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Mauricio Macri.

Lo hicieron en Montevideo, Uruguay, donde se realiza la 165° período de sesiones del organismo. Se trata de un hecho histórico ya que es la primera vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar este tipo de atropellos.

“Denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinarnos, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos”, sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, uno de los sindicalistas que prestó testimonio sobre las amenazas que recibió durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal.

Suteba indicó que durante la audiencia los gremios docentes expusieron sobre “la represión sufrida” por los maestros durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso y “la no convocatoria a la paritaria y la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas”.

La organización indicó que estas situaciones se dan en un contexto de “aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el Gobierno nacional en contra de la clase trabajadora”.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal denunció “los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno”, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano.

Durante la audiencia también declararon abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios y “hacen que cierren las pymes”.

El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que esos cuestionamientos de parte del titular del Poder Ejecutivo apuntan a “eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los  jueces del trabajo y a los sindicatos”.

Según el dirigente, Cambiemos pretende avanzar “con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”.

A su turno, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) alertó sobre violaciones a los derechos laborales, los ataques a la prensa y la criminalización de la protesta. Carla Gaudensi, representante de ese gremio, detalló los atropellos a las libertades sindicales en Perfil y en la planta de Clarín de Zepita, los ataques de patotas a la redacción de Tiempo Argentino, y las gravosas consecuencias del manejo de la pauta oficial en Página 12, que incluyó la supresión del rol de Télam en el circuito de control.

Luego de la audiencia sobre la situación de retrocesos en los derechos laborales y sindicales puesta sobre la mesa por veinte organizaciones gremiales y abogados, organismos de derechos humanos, analizaron los discursos regresivos del Gobierno sobre el terrorismo de Estado, el fallo del 2×1 de la Corte Suprema y el debilitamiento de las políticas públicas en los procesos de juzgamiento de los crímenes.

Macri sostuvo que la flexibilización en los yacimientos no convencionales permitió “crecer” y “generar trabajo” en el sector. Sin embargo, los propios datos del Ministerio de Trabajo indican un empeoramiento de la situación. La CIDH escuchará este martes denuncias sobre violaciones de los derechos laborales en Argentina durante la gestión de Cambiemos.

Tras el resultado de las elecciones legislativas de este domingo, el presidente Mauricio Macri confirmó que avanzará con la reforma laboral que flexibilizará las condiciones de trabajo “sector por sector”.

“Tenemos que ver cómo crecer, cómo generar trabajo, cómo generar oportunidades para los argentinos. En ese camino está ver sector por sector, ya lo hemos tenido y ha sido muy exitoso en Vaca Muerta”, dijo en la conferencia de prensa de esta mañana en la Casa Rosada, y agregó que “no tienen que tenerle miedo a las reformas” porque “reformarse es crecer, es evolucionar, progresar, algo que va a generar entusiasmo, alegría, nos va a ayudar a vivir mejor, a estar más felices, compartir la sensación de protagonismo y progreso”.

Sin embargo, desde que se firmó a principios de año el nuevo convenio laboral para la explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta –con el aval del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- ocurrió todo lo contrario a lo que afirma el presidente.

Los propios datos de junio del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, advierten que en la rama “explotación de minas y canteras”, donde se encuentra el sector petrolero, hay 77.700 trabajadores registrados frente a los 80.082 que había en enero.

Si se toma la variación anual, hay 4.500 puestos de trabajo menos, lo que representa una contracción del 5,5%.

La flexibilización laboral y la violación de derechos de los trabajadores será uno de los temas que abordará esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su sesión en Montevideo, Uruguay.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALL), junto a otras organizaciones como el CELS y la CTA, denunciaron una serie de ataques del gobierno de Macri a los abogados, jueces laboralistas y sindicatos para “estigmatizar, desacreditar y criminalizar”.

Las organizaciones advertirán mañana ante la CIDH que estas maniobras “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Francisco José Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo estar “preocupado” por el nuevo traslado de Milagro Sala al penal de Alto Comedero, y se refirió a la detención ordenada por el Juez Pablo Pullen Llermanos como “un retroceso”.

En la misma línea, Eguiguren Praeli, adhirió que tomaron "conocimiento hace unos días de que se había revocado el arresto domiciliario, pero que la medida no se iba a concretar porque estaban pendientes algunos recursos. Ahora escucho lo que narran y es grave", sostuvo en relación a lo sucedido esta mañana, cuando hombres un operativo policial con despliegue de grupos especiales, se llevaron detenida a Milagro Sala, en un auto sin patente y bajo la orden del Juez Llermanos, quien ya no tiene jurisdicción en el caso, dado que la revocatoria del arresto domiciliario está todavía en manos de la Cámara de Casación de Jujuy.

A su vez, Francisco José Eguiguren Praeli, adhirió que la CIDH "fue clara al dictar la medida cautelar", afirmó que “si no hay voluntad de cumplir”, con las disposiciones del organismo por parte del Gobierno de Mauricio Macri y Gerardo Morales, “debemos ver qué pasos damos”. Al tiempo que no descarta que, “si se considera que no se acata una medida cautelar” la cuestión llegue a un estamento superior. “Cabe la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dado que “la Comisión fue clara al recomendar medidas alternativas de prisión, esto es un retroceso”.

Por otra parte, el diario Pagina12, agrega que antes del dictado de la cautelar, el propio Eguiguren se entrevistó con Gerardo Morales y también con la referente de la Túpac Amaru en la cárcel. Del 23 al 27 de octubre el organismo un de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en dicha materia, deliberará en Montevideo, donde está a previsto de antemano tratar nuevamente allí, tanto el caso de Milagro Sala, como el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.