Macri sostuvo que la flexibilización en los yacimientos no convencionales permitió “crecer” y “generar trabajo” en el sector. Sin embargo, los propios datos del Ministerio de Trabajo indican un empeoramiento de la situación. La CIDH escuchará este martes denuncias sobre violaciones de los derechos laborales en Argentina durante la gestión de Cambiemos.
Tras el resultado de las elecciones legislativas de este domingo, el presidente Mauricio Macri confirmó que avanzará con la reforma laboral que flexibilizará las condiciones de trabajo “sector por sector”.
“Tenemos que ver cómo crecer, cómo generar trabajo, cómo generar oportunidades para los argentinos. En ese camino está ver sector por sector, ya lo hemos tenido y ha sido muy exitoso en Vaca Muerta”, dijo en la conferencia de prensa de esta mañana en la Casa Rosada, y agregó que “no tienen que tenerle miedo a las reformas” porque “reformarse es crecer, es evolucionar, progresar, algo que va a generar entusiasmo, alegría, nos va a ayudar a vivir mejor, a estar más felices, compartir la sensación de protagonismo y progreso”.
Sin embargo, desde que se firmó a principios de año el nuevo convenio laboral para la explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta –con el aval del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- ocurrió todo lo contrario a lo que afirma el presidente.
Los propios datos de junio del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, advierten que en la rama “explotación de minas y canteras”, donde se encuentra el sector petrolero, hay 77.700 trabajadores registrados frente a los 80.082 que había en enero.
Si se toma la variación anual, hay 4.500 puestos de trabajo menos, lo que representa una contracción del 5,5%.
La flexibilización laboral y la violación de derechos de los trabajadores será uno de los temas que abordará esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su sesión en Montevideo, Uruguay.
La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALL), junto a otras organizaciones como el CELS y la CTA, denunciaron una serie de ataques del gobierno de Macri a los abogados, jueces laboralistas y sindicatos para “estigmatizar, desacreditar y criminalizar”.
Las organizaciones advertirán mañana ante la CIDH que estas maniobras “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.
