La Justicia de Jujuy recibió este martes un pedido explicitó del máximo tribunal donde pide que se cumpla con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo de Derechos Humanos emitió un comunicado en repudio a la represión ordenada por el presidente y la ministra de Seguridad contra los manifestantes que marchaban en contra de la reforma previsional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Gobierno nacional que conduce Mauricio Macri por el despliegue de seguridad que devino en represión a los manifestantes que repudiaban la reforma previsional el lunes y el jueves pasado en las puertas del Congreso y afirmó que se hizo un "uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza".
A raíz de la represión que ordenó el Ministerio de Seguridad nacional que lidera Patricia Bullrich, por orden del jefe de Estado el 14 y el 18 de diciembre, el organismo de derechos humanos emitió un comunicado para manifestar su "preocupación por la actuación de la fuerza policial en protestas y agresiones a periodistas en Argentina".
La organización consideró que el Ejecutivo hizo un "uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza" y remarcó que "en democracia, los estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público".
La CIDH repudió también que "la criminalización de la movilización y la protesta social sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente".
Al final, hicieron alusión a la violencia de la que fueron víctimas los trabajadores de prensa y explicaron que "el Estado debe garantizar que periodistas puedan realizar su labor informativa cubriendo protestas y manifestaciones, sin detenciones, amenazas o agresiones".
Fuente: El País Digital
Bajo el supuesto lema "deskirchnerizar a los derechos humanos", la escritora explica que Macri intentará "romper la hegemonía del kirchnerismo en ese altar donde construyó su poder" en una nota publicada en La Nación
Di Marco contó que uno de esos ataques irá dirigido al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que tiene como cara visible al periodista Horacio Verbitsky. El ataque al CELS significaría una nueva persecución contra Verbitsky, quien reveló el polémico blanqueo de dinero de Gianfranco Macri, hermano del Presidente.
"El macrismo está en busca de su propio paradigma, en una cancha que le es ajena. El eje K de las políticas reparatorias setentistas no será abandonado, sino integrado a un mirador más amplio: el de la inclusión, el encuentro, el diálogo y la convivencia. Claudio Avruj presentará el 10 del mes próximo el nuevo plan: se trata de una política de Estado pensada hasta 2020", afirmó.
También busca vincular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independente que funciona en el marco de la OEA, con el kirchnerismo. La afirmación queda refutada si se recuerda que el secretario de DDHH bonaerense, Santiago Cantón, fue titular de la CIDH, integrada por miembros de todos los países de la región.
Lo que impulsó este cambio de estrategia es una serie de encuestas y focus group que mostraron algo que ya empezaba a verse en las calles: la creciente preocupación en la sociedad por saber qué pasó con Santiago Maldonado y si finalmente la Gendarmería es la responsable de su desaparición.
La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, viajó a Uruguay donde se reunió con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pidió “que se conforme un grupo de expertos independientes, que puedan ser veedores y garantizar esta una independencia que hoy entendemos que no está garantizada. Hoy no sabemos ni cuando, ni dónde, ni por qué murió Santiago”.
“Este viaje fue porque entendemos que la CIDH debe acompañar a la familia a encontrar la verdad y la justicia. Hoy lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente, pronta. Esta investigación debe llevarse adelante y nosotros tememos que esta investigación no se realice", describió Heredia.
"Por eso venimos a pedirle a la CIDH que ya que el Estado no cumplió con la medida cautelar que era proteger la vida, la integridad y todos los derechos de Santiago, ahora garantice que la investigación pueda llevarse adelante”, siguió la abogada.
El juez Gustavo Lleral mantuvo la carátula “desaparición forzada ahora seguida de muerte”, lo que mantiene la sospecha sobre la Gendarmería, fuerza que reprimió brutalmente a la comunidad mapuche el 1 de agosto, cuando desapareció Santiago Maldonado. En los próximos días habrá que esperar los resultados de la autopsia que se realizó al cuerpo del joven.
"Seguimos insistiendo que estamos frente a una nueva manera de desaparición forzada que es en democracia y mediatizada. Estamos denunciando cómo hoy los medios de comunicación, reproducen, magnifican un hecho de la gravedad de Santiago. Pareciera que no necesitamos 30 mil desaparecidos, que con uno se disciplina al resto de la sociedad con efectos del terror que genera una desaparición”, resumió Heredia.
Estela de Carlotto acusó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanosa al Gobierno de Macri de querer "desandar el camino" en materia de verdad y justicia en el país.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo acusó al gobierno de Mauricio Macri de querer "desandar el camino" en materia de verdad y justicia en Argentina, en tanto los representantes oficiales acusaron de "malintencionadas" algunas declaraciones del grupo, en una audiencia ante la CIDH este martes.
En una tensa audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebra su 165 período de sesiones en Montevideo, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que desde el gobierno argentino "se promueve desandar el camino recorrido en 40 años de lucha".
De Carlotto, cuya organización ha logrado recuperar la identidad de 124 personas, hoy adultas, desaparecidas cuando eran niños por la dictadura argentina, pidió que el gobierno de Macri "garantice la plena continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina".
El secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que el Ejecutivo es víctima de una "campaña de desprestigio" que pretende asimilarlo a la dictadura.
Además, cuestionó lo que calificó de "malintencionada declaración de negacionismo" de sus críticos y afirmó que "memoria, verdad y justicia es política de Estado" en Argentina.
En declaraciones posteriores a la prensa, De Carlotto señaló: "Nunca los hemos comparado con una dictadura".
La CIDH en tanto, recomendó a las partes que trabajen en conjunto en favor del objetivo de esclarecer y hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983).
El organismo supranacional de Derechos Humanos cuestionó al Estado argentino por re-encarcelamiento de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru. “Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso”, analizó su titular Francisco Eguiguren.
En contra de cualquier ley, la Justicia de Jujuy volvió a detener a Sala en el Penal de Alto Comedero. La CIDH había exigido que la líder social estuviera detenida con "prisión domiciliaria".
En diálogo con Radio 10, Eguiguren aclaró que la CIDH tomó "conocimiento hace unos días de que se había revocado la disposición del arresto domiciliario, que no se iba a ejecutar porque estaban pendientes recursos de apelación”. Además, aclaró que la decisión de la CIDH sobre Sala es una exigencia para los gobiernos provincial y nacional. Hasta el momento, nadie de la administración de Cambiemos se expidió sobre el tema.
El pedido lo hizo el fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal. Pidió revocar el fallo que condenó a Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, como supuesta instigadora de un escrache con huevos al gobernador de Jujuy Gerardo Morales.
En su texto, De Luca afirmó que durante el proceso judicial no se pudo demostrar que Sala fuera la autora intelectual del hecho. Además, recordó que la dirigente social no estuvo presente en el lugar donde se produjo el escrache en 2009. El 28 de diciembre de 2016 fueron condenados además de Sala otros dos integrantes de la Tupac, como Graciela López y Gustavo Salvatierra. El fiscal pidió revocar las condenas de los tres.
Sala se encuentra detenida en la cárcel de Alto Comedero, Jujuy, desde enero de 2016. Organismos de Derechos Humanos denunciaron su encarcelamiento ante organismos internacionales, que se expidieron contra la decisión de la Justicia provincial y reclamaron al Estado argentino por la liberación de la dirigente de la Tupac. En las próximas semanas, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán el país por ese caso. La CIDH es uno de los organismos que pidió por la libertad de Sala.
