Para el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, el decreto del presidente Mauricio Macri para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interna es âun nuevo engendro para el derrumbe institucional”.
Así lo afirmó el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat quien vaticinó que "Van a sancionar al Estado argentino por incumplir las resoluciones de tutela de los DD.HH."
El abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, Eduardo Barcesat, habló sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el joven del que no se tiene noticia hace casi un mes, el rol de la Gendarmería en el caso y la responsabilidad del Estado nacional.
En diálogo con Radio Universidad, Barcesat disparó: "Este gobierno tiene políticas anti derechos humanos", al tiempo que criticó el accionar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Vamos a denunciarla junto a otros integrantes del poder ejecutivo, incluido el presidente Macri”.
Y agregó: "No tengo antecedentes anteriores de un caso como éste. Todo el tiempo que transcurrió nos obliga a ser pesimistas y buscar la responsabilidad penal, ya que no apareció con sus facultades físicas aptas".
"En este caso, igual que con Milagro Sala, hay una repulsión hacia la actividad de la Justicia y hay una actitud de pretender ningunear a los organismos regionales. Todo esto nos va a llevar, en el ámbito regional e internacional, a la aplicación de sanciones al Estado argentino por incumplir las resoluciones de tutela de los derechos humanos", advirtió.
En última instancia, consignó: “Con el 2×1 hubo una movilización masiva y en el caso de Santiago, también. Esto demuestra que un sector del pueblo Argentino tiene conciencia de las implicancias de este derrumbe de las políticas de DD.HH.”.
El Gobierno nacional intenta por todos los medios desplazar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Incluso, el diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli reconoció que podrían hacerlo por decreto. El Colectivo Ni Una Menos, víctimas de la violencia institucional y especialistas, entre otros, cuestionaron con dureza al Ejecutivo.
"Llama la atención la amenaza de que se manejará el MPF por decreto y se desplazará a sus funcionarios y funcionarias", aseguró por su parte el colectivo Ni Una Menos. Que además reconoció el trabajo de Gils Carbó: "Lleva a cabo numerosas acciones concernientes a la defensa y el cuidado de los derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas del país".
Entre las críticas a la decisión del macrismo se encuentra la de especialistas en el tema. En ese contexto, el constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que "es un atropello". "Estamos asistiendo a un derrumbe institucional", describió.
En el mismo sentido se expresaron familiares de víctimas de la violencia institucional: "Estamos ante un nuevo intento que pretende desconocer las reglas que regulan el normal funcionamiento de las instituciones y de la democracia", señalaron.
Por último, también se expidieron en apoyo a Gils Carbó los curas villeros: “Como curas en los barrios somos testigos de los enormes aportes y servicios que brinda el programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), por ejemplo, y del poco apego a la misma de grandes sectores del Poder Ejecutivo".
