La distribuidora Eden invirtió 2.000 millones de pesos para crear una nueva estación transformadora, la obra cuenta con el apoyo de la Provincia y de Nación.

El norte de la provincia de Buenos Aires cuenta con una obra que se está realizando con el objetivo de beneficiar a más de 25.000 hogares. Se trata de la nueva estación transformadora: un proyecto a cargo de la distribuidora Eden, perteneciente al Grupo DESA.

La construcción, que demandará una inversión total de más de 2.000 millones de pesos, forma parte del plan estratégico de la empresa, el cual también incluye otros 50 trabajos aproximadamente que están vinculados con la mejora de la infraestructura para las operaciones de la compañía.

Cabe destacar que la nueva estación transformadora de alta tensión se ubicará en la zona norte de San Nicolás y servirá para optimizar la calidad del servicio que reciben tanto los habitantes de esa localidad como las personas que residen en La Emilia. la inauguración de estas instalaciones traerá como consecuencia un impacto positivo en las empresas locales.

“Es una obra histórica que va a permitir la reconfiguración de la red existente, mejorando la oferta de potencia para la radicación de industrias y que también impacta en la calidad de servicio de los barrios”, destacó Gustavo Testolin, gerente de Ingeniería de Eden, acerca de los beneficios que traerá este trabajo para la comunidad.

Asimismo, el ejecutivo manifestó que San Nicolás ya cuenta con dos estaciones transformadoras que abastecen a la ciudad. No obstante, gracias a esta nueva inversión, se logrará ampliar la oferta en 80 MVA y esto se suma a las salidas de líneas de media tensión, con el fin de garantizar la prestación con mayores niveles de confiabilidad.

La inauguración está prevista para finales de 2023. Una vez que se ponga en marcha, se logrará cumplir con el objetivo que posee la empresa junto a diversas entidades públicas de amplificar la red de distribución en alta y media tensión en la región norte del territorio bonaerense.

En este sentido, cabe destacar que el plan estratégico del Grupo DESA cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Energía de la Nación, el Municipio de San Nicolás. Además, está elaborado con la contribución del Foro Regional Eléctrico (FREBA).

Entre otras mejoras, esta inversión de más de 2.000 millones de pesos implica una actualización tecnológica en las instalaciones de transporte y distribución.

Las obras forman parte de su plan estratégico y servirán para contribuir al fortalecimiento de redes interurbanas que conectan cooperativas y ciudades dispersas.

Fuente: Infobae

El plan es lanzar a más tardar en junio una licitación para sumar hasta 3000 MW de potencia térmica. La expectativa es recibir propuestas para instalar alrededor de cinco ciclos combinados de mediana envergadura. Cuáles son los nodos que se quieren reforzar. También habrá espacio para encarar proyectos de pequeña capacidad en nodos críticos como Tierra del Fuego.

El área energética del gobierno avanza en el diseño técnico de la licitación con la que pretende sumar hasta 3000 megawatt (MW) de potencia termoeléctrica al parque de generación. Al igual que con la creación de una nueva empresa pública para gestionar las represas hidroeléctricas del Comahue a partir de agosto, como reveló este lunes EconoJournal, el Ejecutivo corre contrarreloj y son pocos los actores privados que creen que el concurso para instalar nuevas centrales abastecidas con gas natural estará concluido antes de las elecciones de octubre. Los que miran el vaso medio lleno advierten, sin embargo, que aunque no se lleguen con los plazos, es mejor dejar un proceso licitatorio lanzado para que el próximo gobierno opte por finalizarlo o darlo de baja. 

Nodos críticos

“El Estado está ordenando la criticidad de los nodos de inyección de energía para determinar cuáles son los prioritarios en los que se puede y debe reforzar potencia”, explicó un alto ejecutivo que está a la espera de que la Secretaría comunique la letra chica de la licitación. 

Fuentes privadas al tanto de la iniciativa explicaron que la compulsa tendrá distintos renglones que definirán qué cantidad de potencia se buscará instalar en cada nodo crítico. Se sabe que habrá un capítulo especial para Tierra del Fuego, la única provincia que no participa del sistema interconectado nacional (SADI). “Como hay limitantes en la red de transporte de alta tensión, hay que hacer los cálculos para saber dónde podemos sumar nuevas centrales. La lista (por Tierra del Fuego) precisa de una nueva central de entre 50 y 100 MW para garantizar la seguridad del suministro”, reconocieron en un despacho oficial. 

Vaca Muerta y el NEA

Otro renglón estará dirigido a incrementar la potencia termoeléctrica en Neuquén, el principal pulmón gasífero del país. Cammesa está determinando qué capacidad de transporte disponible existe hoy a lo largo del año. Las cuatro líneas que transportan energía desde el complejo hidroeléctrico del Comahue hasta Buenos Aires tienen un remanente, al menos durante varios meses del año, por lo que el gobierno quiere promover la construcción de un nuevo ciclo combinado de mediana escala (de entre 400 y 600 MW). Incluso no se descarta que se presente alguna oferta para generar electricidad directamente en yacimiento con gas en boca de pozo, aunque no será fácil encontrar algún campo en Vaca Muerta que se encuentre cerca del tendido de 500 kV del SADI. 

En lo conceptual, hay consenso dentro del área energética acerca de promover la construcción de un ciclo combinado en la región del NEA. Es conveniente, interpretan en el gobierno, avanzar primero con la electrificación de la región en lugar de esperar la penetración de las redes de distribución de gas. La central estaría emplazada en Formosa o Chaco y no en las provincias mesopotámicas. La gran duda es cómo asegurará el Estado el abastecimiento de gas para el nuevo complejo térmico dado que la región está alejada del tendido troncal de gas. La reversión del gasoducto Norte para llevar gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país es una condición necesaria para viabilizar operativamente el proyecto.  

El pliego licitatorio que prepara Cammesa también prevé reforzar la región de Cuyo y de la Costa Atlántica. En este último caso no se descarta promover la instalación de centrales más pequeñas de más rápido ingreso en el sistema (de entre 100 y 200 MW), similar a las que se licitaron bajo el paraguas de la resolución 21/2016. 

Un apartado especial estará destinado a la región del Gran Buenos Aires (GBA), que depende de tres o cuatro usinas térmicas estratégicas para cubrir los picos de demanda.

Interesados

Central Puerto, que ya controlaba la usina homónima que está ubicada frente al Río de la Plata en el ingreso norte al centro porteño y este año adquirió Central Costanera en el sur de la ciudad, es el principal candidato a participar de ese renglón. 

La empresa liderada por Guillermo Reca —socio en el capital de otros empresarios locales como Eduardo Escasany y la familia Miguens-Bemberg— tiene en su inventario una turbina de gas de más de 500 MW que había comprado para un proyecto en el litoral que nunca terminó de materializarse. Pampa Energía, YPF Luz y MSU Energy son otros de los players que muy probablemente participen de la compulsa.

Fuente: Econojournal

El exministro de Energía dijo que es un bien escaso y que la población tiene que pagar por eso

El diputado del bloque UC-FPV-PJ, Walter Abarca, presentó dos proyectos de ley que buscan resguardar el derecho del acceso a la prestación del servicio público de electricidad a todos los usuarios bonaerenses.

Una de las iniciativas propone ampliar la tarifa de electricidad social en la provincia de Buenos aires, mientras que la otra busca eliminar los tres tributos provinciales en la facturación del servicio eléctrico.

La presentación de los proyectos se da en un contexto de fuerte descontento de la ciudadanía ante los tarifazos de los servicios públicos. Además, se conoció en los últimos días que las cuatro eléctricas que operan de la Provincia de Buenos Aires (Eden, Edea, Edes y Edelap) pertenecen al mismo grupo económico, cuyo dueño es el financista Rogelio Pagano. La conformación de este monopolio privado viola las normas vigentes del marco regulatorio provincial.

En cuanto a la propuesta sobre la Tarifa Social, se amplía el límite de consumo para acceder a la misma hasta 300 Kwh, que actualmente es hasta 150 kwh. Además, se busca reducir en un 40% el valor de la energía para los usuarios residenciales de escasos recursos. Entre los beneficiarios, se encuentran jubilados, pensionados, entidades de bien público, personas con discapacidad, entre otros, a los que se suman los Veteranos de Guerra y monotributistas.

Por otro lado, se solicita la derogación de todos los tributos provinciales que hoy en día se abonan en cada factura de luz por sobre el gasto del consumo puro de energía. De esta se estiman bajas de entre un 13 y 23% en la facturación, lo que sumado al 40% menos que tendrían los beneficiarios de la TEIS, tendría como resultado facturas con promedio de 50-60% de los valores actuales.

El autor de la iniciativa, Walter Abarca, explicó que la propuesta “es de un profundo contenido social” ya que “todos debemos tener el derecho de acceder a servicios sociales necesarios que garanticen nuestra salud y alimentación”. En ese sentido, aseguró que “la energía es un derecho humano básico”. “Desde nuestro rol como oposición vamos a defender a los más vulnerables, a los jubilados, a los que menos tienen” agregó.

El último incremento autorizado por la gobernadora Vidal alcanzó el 32 por ciento, dividido en dos tramos: un 20 por ciento a partir del 31 de enero de 2017 y un 10 por ciento a partir del pasado 1 de febrero. Desde diciembre de 2015 la tarifa de luz acumula un extraordinario aumento de 1700 por ciento.

“Hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios sino había tarifas reales” fueron las palabras de la gobernadora en junio de 2016 para justificar el inicio de los tarifazos. Mirá el video:

A pesar de los aumentos en los servicios eléctricos, el Estado nacional condonó a diferentes empresas una deuda por 19.000 millones de pesos. Entre las beneficiadas con la medida también se encuentran algunas compañías provinciales y nacionales. Estará incluido en el presupuesto 2017.

El Gobierno le condonará deudas por unos 19.000 millones de pesos a las empresas distribuidoras de electricidad, entre las que se encuentran Edenor y Edesur, en medio de la fuerte alza de tarifas a los usuarios.

Así lo dispuso la administración de Mauricio Macri en el artículo 15 del Presupuesto 2017 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será votado a fin de mes por el Senado para convertirse en ley.

Con la cancelación de deuda por la compra de energía, se compensará a las distribuidoras Edenor, Edesur y algunas compañías provinciales por el congelamiento de tarifas de 2014 y 2015, acordado con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cammesa le perdonará deudas por 1.229 millones de pesos a Edenor; 429 millones a Edesur; 1.798 millones a Edelap; 5.429 millones a la cordobesa Epec; 1.035 millones a la chaqueña Secheep; 1.393 millones a la correntina DPEC; 1.339 millones a la mendocina Edemsa; y 1.282 millones a la santafesina EPE.

La empresa proveedora de energía eléctrica, Edesur, está en estado de crisis en el suministro de servicio y en conflicto con los trabajadores.

El sindicato Luz y Fuerza, está llevando adelante un reclamo en la puerta de la sede de Lomas de Zamora para pedir por la reincorporación de 14 trabajadores a los que no se les renovó el contrato a principio de año y por 174 contratos de las trabajadoras de call center que fueron despedidas.

Primereando dialogó en exclusiva,  con el secretario gremial de organización de la seccional Temperley,  Carlos Tuya quien sostuvo que "la empresa suspendió por 60 días los despidos en el call center aunque el sindicato no fue informado" y agregó: "No están cumpliendo con las actas de contratación que fueron firmadas en el año 2014 donde se comprometían a pasar a los trabajadores de empresas contratistas a la  planta permanente del Estado, el proceso de pase se trabó con la nueva gestión de gobierno".

En ese sentido, el representante gremial,  advirtió que "el conflicto fue iniciado por la empresa, ellos buscan mostrar que hay una mala prestación en el servicio para tener la justificación para aumentar las tarifas".

A la vez, aclaró que están en estado de alerta y movilización permanente, y que mantendrán la vigilia, aunque alertó: "Tenemos la información de que el lunes nos van a desalojar con las fuerzas policiales".

Para dimensionar la magnitud del conflicto que atraviesa el sector, se debe tener en cuenta que la empresa de energía Edesur cuenta con 125.000 usuarios afectados en su área de concesión.

Si cada usuario representa una vivienda y se lo multiplica por una familia tipo,  el cálculo arroja que hay  medio millón de personas sin suministro eléctrico.

Esto puede ser representado como un apagón total en los siguientes municipios, Avellaneda que cuenta con 340.985 habitantes, Lanús con 453.500, Berazategui con 324.244, Florencio Varela con 426.005, Esteban Echeverría con 300.959 y Ezeiza con 163.722.

Esta situación a diferencia de lo denunciado por la empresa sobre sabotajes por parte de los trabajadores, se debe a propios sabotajes que realiza la misma al no tener un plan de inversión,  ni de mantenimiento adecuado.

En la zona de atención comercial y técnica de la empresa como lo son Quilmes y Lomas de Zamora, no cuentan con materiales para el mantenimiento y la reposición del servicio ante fallas en la red.

En relación a las obras para la mejora de la red de distribución, cabe destacar que en el 2015  Edesur y Edenor llevaban a cabo unas 800 obras en todo el territorio de concesión.

En este año ambas distribuidoras presentaron un proyecto con unas 300 obras y actualmente llevan finalizadas 80 obras y  50  en ejecución.

De los 125 mil usuario que afecta esta situación, 110 mil corresponden a cortes en la red de baja tensión.

Estos datos proporcionados por trabajadores de la empresa  no se condicen con el argumento oficial, sobre la falta de generación de energía para sostener la demanda en la población.