Referentes del sector apoyaron el reclamo del estudiantado porteño. “Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas” afirmó Taty Almeida.

Organizaciones de derechos humanos respaldaron este lunes a las y los estudiantes porteños que participan de tomas en colegios en reclamo de mejoras en las viandas, soluciones de infraestructura y en rechazo a las prácticas laborales, y se solidarizaron con ellos y con sus familias por las amenazas y “estrategias de criminalización” ejercidas por el Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta.

“Aquí estamos para apoyarlos, chicos, sus reclamos son justos. Me siento conmovida al ver que no bajan los brazos a pesar de las amenazas. Por ustedes, los lápices siguen escribiendo”, dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante una conferencia de prensa realizada en la casa de la Abuelas de Plaza de Mayo ubicada en el barrio de Monserrat.

De la conferencia participaron también, entre otras organizaciones, HIJOS, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Los 12 de la Santa Cruz, Buena Memoria, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Nos solidarizamos con los estudiantes criminalizados por el Gobierno de la Ciudad, que hizo una denuncia ante la justicia acusándolos de permanecer en lugares sin autorización”, dijo.

Explicó que “en la escuela no rigen las normas de un club, rigen las reglas de no discriminación y del reconocimiento de los derechos de la comunidad educativa”.

“Ahora dicen que el problema es de la justicia que tiene que avanzar en la investigación de los delitos. Qué bonita forma de escuchar y encontrar soluciones”, ironizó Almeida.

En tanto, Morales también se refirió a la “estrategia inadmisible” de Rodríguez Larreta de “presionar a las familias económicamente, enviándole una carta documento para que paguen, cada una, un millón doscientos mil pesos” por supuestos daños al patrimonio escolar.

“El objetivo de este proceso de criminalización es silenciar el reclamo”, advirtió y definió la estrategia del Ejecutivo porteño como “jurídicamente inviable y políticamente lamentable”.

Luego, tomaron la palabra varias estudiantes, entre ellas Valentina, de la escuela Rogelio Yrurtia del barrio Parque Avellaneda, actualmente tomado.

“Recibimos múltiples amenazas; la policía quiso entrar al establecimiento y hubo personas infiltradas que no querían identificarse, decían que venían a revisar cosas de electricidad o plomería”, detalló.

Por su parte, Malena, del colegio Manuel Belgrano del barrio de Barracas, describió uno de los reclamos estudiantiles: “Estamos 11 horas cátedra en el establecimiento y las viandas tienen un valor nutricional muy bajo; nos cansamos de reclamar que vienen en mal estado; exigimos una mesa de diálogo, queremos formar parte de las decisiones”.

“Los mensajes de odio que da la ministra de Educación (porteña) en los medios de comunicación incita a la violencia”, planteó.

Luego intervino Agustina, de la escuela normal Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, ubicada en Palermo, y sintetizó que, en su caso, el “principal reclamo son las pasantías mal implementadas”.

“A muchos les dijeron que iban a hacer un curso y terminaron lavando platos”, graficó.

Después, tomó la palabra Elsa Lombardo, abuela y tutora de su nieta, que cursa 4° año en el colegio Federico García Lorca, de Paternal.

Una noche de la semana pasada, a las 21, llegó un patrullero con dos policías a la casa de Elsa, preguntaron por ella y le mostraron una cédula por una contravención por la toma del Lorca, pero se negaron a entregarle la notificación.

“La consigna fue: si no se presenta en la fiscalía en tres días, la llevaremos por la fuerza”, contó la mujer.

En la conferencia de prensa también estuvieron representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys-CTA.

“Mañana realizaremos una medida de fuerza para acompañar al movimiento estudiantil y decirle al Gobierno de la ciudad que invierta en las escuelas”, afirmó Angélica Graciano, secretaria general de UTE.