La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

Así lo dijo Cristina Marín, abogada del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, al referirse al asesinato de Rafael Nahuel durante la represión de Prefectura. Criticó al juez Gustavo Villanueva y aseguró que “los detenidos fueron golpeados y torturados”.

Integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu acordaron con el juez Gustavo Villanueva frenar el desalojo de la comunidad en Villa Mascardi, al menos por cuatro días, para iniciar un proceso de diálogo luego del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

En diálogo con FM Alas de El Bolsón, la abogada Cristina Marín, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, explicó que “la intención del diálogo es para que cese la represión a nuestras comunidades”.

“No queremos más muertos. Deseamos poder llevar adelante, en conjunto con el Estado, políticas públicas que tengan que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios. Lo cual es bastante difícil con un Gobierno que tira más para los empresarios y para los ricos”, sostuvo.

Marín recordó que ya había habido una instancia de diálogo previa pero que “las fuerzas policiales la rompieron” cuando desataron la represión del día jueves, cuando detuvieron a mujeres y niños, y la del sábado, que terminó con el asesinato de Nahuel.

“El juez dijo que se tendría que haber cumplido con eso. No sé quién tiene la culpa de esta situación, pero el Estado se va a tener que hacer cargo. Estamos hablando de una muerte", denunció la abogada.

Con respecto a los detenidos, Marín informó que “son Fausto Jones Huala y Lautaro González”, quienes socorrieron a Nahuel al ser baleado por la espalda: “Ellos creían que estaba vivo, y su intención fue llevarlo hasta la ruta para que lo atendiera un médico. Y ahí es a donde a ellos los detienen. En un principio estaban incomunicados y les estaban haciendo pericias a ellos, para ver si ellos no tenían que ver con la muerte. Pero acá lo que hay que investigar es ver quién disparó el arma; y las armas son disparadas por la policía. Los chicos, con lo único que se defendían, eran con piedras, no había otra herramienta”.

También criticó al juez Villanueva, que “estuvo negando que había detenidos, cuando nosotros -internamente- ya sabíamos que había. Lo que no sabíamos era cuántos”.

“Mientras estuvieron detenidos fueron golpeados y torturados para que dijeran quiénes más estaban arriba. Fueron torturados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería”, detalló Marín.

La familia de Santiago Maldonado emitió un comunicado luego de conocerse el informe de la autopsia, que confirmó que el joven que estuvo desaparecido durante 78 días murió por "asfixia por inmersión". "Continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva", aseguraron.

Además, recordaron que la muerte de Santiago se dio en el contexto de una brutal represión de la Gendarmería: "El 1 de agosto hubo una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal conducida y apoyada por las autoridades políticas", aseguraron. Mientras, cuestionaron al poder judicial por lo que consideraron "desvíos y entorpecimientos". Por último, volvieron a exigir "contar con el apoyo de investigadores especializados e independientes".

Entre hoy y mañana, será el velatorio y entierro de Santiago en la localidad de 25 de Mayo. A continuación, el comunicado completo de la familia Maldonado:

En el día de la fecha se nos ha informado los resultados de los peritajes pendientes de la autopsia de Santiago.

De ellos, se infiere que la causa de su muerte fue asfixia por sumersión, a la que coadyuvó un cuadro de hipotermia.

Asimismo, se estimó el tiempo de sumersión del cuerpo en las aguas por tres métodos diferentes: el primero estimó que el cuerpo estuvo más de 53 días en el agua; el segundo más de 60, y el tercero más de 73 días.

Sin embargo la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce y por eso continuaremos exigiendo una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva.

Superada la relevante etapa médico-legal, el Juez Federal Dr. Gustavo Lleral dispuso a nuestro pedido, nuevas medidas de prueba a llevarse a cabo las próximas semanas.

Al mismo tiempo que exigimos Justicia y saber la verdad, prestamos permanente colaboración en la causa para averiguar cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición y muerte de Santiago.

Ratificamos que continúan vigentes las siguientes certezas:

a) que el 1 de agosto hubo una salvaje represión por parte de una fuerza de seguridad estatal conducida y apoyada por las autoridades políticas;

b) que se produjeron desvíos y entorpecimientos en la causa de parte de la Justicia Federal de Chubut y el Poder Ejecutivo Nacional;

c) que es necesario contar con el apoyo de investigadores especializados e independientes para lograr conocer la VERDAD, obtener JUSTICIA y evitar la IMPUNIDAD en el caso de la muerte de Santiago.

Velorio e inhumación de Santiago:

Agotada la labor pericial sobre el cuerpo de Santiago, sus restos serán velados en la calle 6, esq. 29 de la ciudad de 25 de Mayo, mañana sábado 25 de noviembre, entre las 16 y las 22 hs. El domingo 26, el velorio continuará entre las 08.00 y las 11.00 hs, momento en que será trasladado al Cementerio Parque Paraíso para el responso e inhumación.

El velorio estará abierto a la comunidad y el entierro será reservado para los familiares y amigos. En ambos casos, se ruega asistir sin teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video a los efectos de preservar la intimidad de la familia.

Finalmente, expresamos nuestro profundo agradecimiento por las muestras de solidaridad y apoyo recibidas sin las que esta lucha hubiera sido imposible.

Familiares de Santiago Maldonado

El violento operativo, del que también participaron efectivos de Gendarmería y Prefectura, se realizó en el Lof Lafken Winkul Mapu, ubicado a orillas del lago Mascardi. Hubo heridos y mujeres detenidas, según denunciaron desde la comunidad.

Tras una orden dictada por el juez Gustavo Villanueva, fuerzas federales reprimieron y desalojaron a una comunidad mapuche que había recuperado su territorio hace apenas dos meses en la zona de Villa Mascardi, a la altura del kilómetro 2006 de la Ruta 40.

“Entró la Policía Federal para hacer una caza de mapuches. Estábamos asentándonos en la recuperación de territorios, en los cuales hay mucho interés capitalista”, contó Peñi Pinito, integrante del Lof Lafken Winkul Mapu, quien denunció la existencia de heridos y mujeres detenidas.

El operativo fue desplegado las 5:30 de la mañana a orillas del lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche. Además de la Federal, participaron efectivos de Gendarmería y Prefectura.

Pinito explicó que “no tomamos territorios privados” y que reclaman “lo que es nuestro, la tierra para poder sembrar y tener nuestros animales”.

El hermano de la víctima, Sergio Maldonado, apuntó contra la Gendarmería y repudió “la complicidad de “ministros, políticos, jueces, abogados, periodistas y gente que se cansó de decir barbaridades”.

“Hace 100 días un grupo de gendarmes te llevaron, ocultaron y te devolvieron sin vida a los 78 días avalados por ministros, políticos, jueces, abogados, periodistas y gente que se cansó de decir barbaridades. Pero seguiremos pidiendo Verdad y Justicia Siempre”.

Así lo manifestó hoy en las redes sociales Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien hace una semana, al cumplirse tres meses de la desaparición forzada y muerte del joven, encabezó una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo.

Santiago fue visto con vida por última vez el 1º de agosto, cuando la Gendarmería reprimió ilegalmente en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, bajo las órdenes de Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El 17 de octubre el cuerpo del joven apareció flotando en el río Chubut. Los peritos forenses buscan determinar ahora cuál fue la causa de muerte.

En una reciente entrevista brindada al diario El País, Sergio aseguró que el cuerpo “se puso” en el río, ya que la conservación de las huellas dactilares y la ropa que estaba en perfecto estado indican que no pudo estar 78 días sumergido.

En la última conferencia de prensa que brindó la familia junto a su abogada, Verónica Heredia, se reforzó que el caso se trata de “una desaparición forzada seguida de muerte”, a pesar de que el Gobierno y los grandes medios, como el diario Clarín, operan para instalar la idea de un ahogamiento y dar por cerrada la investigación.

Investigadores sociales, artistas y militantes intervinieron los carteles publicitarios de la estación Facultad de Medicina, de la Línea D del Subte. Lo hicieron para visibilizar la responsabilidad de la multinacional italiana en la represión de Gendarmería que puso fin a la vida del joven.

A 60 metros de la morgue judicial donde se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, Benetton llenó la estación Facultad de Medicina, de la Línea D del Subte, con carteles de una campaña publicitaria para promocionar un perfume.

En vísperas de la marcha que colmó la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el joven, a tres meses de su desaparición forzada y muerte, un colectivo de investigadores sociales, artistas y militantes decidió intervenir los afiches para que se leyera “United Killers of Benetton” (Asesinos Unidos de Benetton).

“Esta intervención surgió porque nos pareció siniestra la cercanía de esta campaña publicitaria, tan colorida y festiva, a 60 metros de donde está todavía hoy el cuerpo de Santiago Maldonado”, explicó una de las integrantes del colectivo al diario Página/12, y añadió: “En las últimas semanas el actor Benetton fue totalmente invisibilizado por los medios de comunicación. El conflicto de los mapuches por el que reprimió la Gendarmería el 1 de agosto ocurrió en territorio de Benetton. Es un territorio en conflicto, eso no se puede negar. Es un territorio que Benetton adquirió de una manera bastante irregular; implicó una expropiación de territorios que reclaman históricamente las comunidades mapuches de la zona”.

La multinacional italiana posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia que hoy son reclamadas por el pueblo mapuche, en particular la llamada “Estancia Leleque”, de unas 96 mil hectáreas donde habita la comunidad de Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde los mapuches vieron cómo los gendarmes se llevaban a Santiago en medio de la represión ordenada por el Gobierno de Mauricio Macri.

La estancia fue usurpada durante el genocidio de la llamada “Campaña del Desierto” y luego apropiada por la británica Argentine Southern Land Company hasta llegar a manos de la familia Benetton.

“La plaza houssay, el subte, las facultades, la morgue, pueden ser territorios de encuentro y libertad, o al menos no deben ser territorios de impunidad de quienes se creen dueños de nuestras vidas”, explicó Cecilia, otra integrante del colectivo, a la agencia ANRed.

La familia Maldonado y su abogada, Victoria Heredia, consideraron “imposible” que el cuerpo del joven haya estado 78 días en el río Chubut y señalaron que los propios prefectos del rastrillaje declararon que “no hay pozos” en el lugar. La semana próxima empiezan los peritajes a los celulares de los gendarmes. También podría ser incluido el de Pablo Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich.

“Estamos ante una causa que es desaparición forzada de persona seguida de muerte”, dijo hoy la abogada Victoria Heredia en conferencia de prensa y agregó que “todas las pruebas y todos los hechos” acreditan que “se continúe investigando este tipo penal”.

La letrada habló en la sede de Amnistía Internacional junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada de Santiago, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de octubre.

La querella consideró “imposible” que el cuerpo de Santiago haya estado 78 días en el río Chubut, como lanzó ayer el diario Clarín al sostener que el joven “muy probablemente se ahogó al caer a un pozo de 3 metros de profundidad”, de acuerdo a un supuesto informe preliminar de Prefectura.

Heredia señaló que este jueves declaró el prefecto Leandro Ruata, a cargo de los rastrillajes, así como dos buzos de la fuerza, y “los tres dijeron que en ese lugar no hay pozos”.

“El único pozo que tenían relevado está a 5 kilómetros río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago. La altura del agua en ese lugar es de 1,30 m a la fecha. El 18 de septiembre era de un metro y el 1° de agosto de 30 cm. Así que en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago. Esto nos suma más preguntas que el Estado debe responder, por eso nosotros vamos a seguir insistiendo con la desaparición forzada seguida de muerte”, remarcó la abogada.

Además, adelantó que “la semana que viene arrancan los peritajes a los teléfonos” de los gendarmes y no descartó que pueda ser incluido el celular de Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, presente el día de la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, donde desapareció el joven.

Cuando Sergio Maldonado tomó la palabra dijo que a su hermano “lo asesinaron” y cargó contra el Gobierno nacional: “Está claro que la Gendarmería actuó mal y queremos que respondan todos desde la ministra de Seguridad para abajo”.

Por otro lado, si bien reconoció que el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, cumplió al encontrar el cuerpo, Sergio cuestionó que saliera a decir antes de las elecciones que Santiago no tenía lesiones. “La verdad, debería haber esperado al informe final antes de hablar”, sostuvo y repudió a los que especulan y opinan cuando “aún faltan informes forenses”.

La familia también denunció una campaña de hostigamiento en las redes sociales, que se sumó a la hostilidad de “algunos periodistas” y a repetidos “seguimientos que nos hizo Gendarmería en El Bolsón, Esquel y Bariloche, de los que escuche los audios, no me lo contaron”.

Así lo dijo el fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, quien explicó que lo que resta determinar es “qué responsabilidad” tuvo la fuerza federal en la muerte de Santiago. Ya se pidió el peritaje de todos los teléfonos celulares de los gendarmes que estuvieron en la comunidad mapuche de Cushamen durante la represión del 1° de agosto.

A pesar de que el Gobierno de Mauricio Macri intenta desvincular a la Gendarmería de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, mientras se profundizan las operaciones de medios hegemónicos como Clarín en ese mismo sentido, lo cierto es que la Justicia no descarta ninguna hipótesis en la investigación del caso.

El fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, dijo hoy que todavía “es apresurado” descartar la participación de Gendarmería en la muerte del joven que estuvo desaparecido 78 días, después de la represión de esa fuerza federal en la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen, y cuyo cuerpo apareció hace una semana en el Río Chubut.

“La Gendarmería participó en el hecho y de eso no cabe la menor duda, pero ahora vamos a ver qué responsabilidad le cupo en la muerte de Santiago Maldonado”, subrayó el funcionario judicial.

Bellver resaltó que incluso la fiscal Silvina Ávila, que interviene en la causa por la desaparición forzada de Santiago, pidió que se periten los teléfonos celulares de los gendarmes para “ver qué responsabilidad tuvieron” en la muerte del joven a partir del rastreo de su ubicación por GPS.

“Se está investigando, no puedo descartar ni afirmar nada”, expresó Bellver y estimó que se podrían incorporar “nuevas figuras delictivas” a la carátula, la de “homicidio preterintencional”, que implica que el agresor actuó con la intención de provocar lesiones a otra persona pero finalmente le provocó la muerte o “abandono de persona”.

El especialista Enrique Prueger, de 30 años de trayectoria, aseguró que "si el cuerpo tiene huellas dactilares, como se informó, no puede tener más de 20 días en el agua". "La corriente mueve el cuerpo todo el tiempo, a razón de 20 kilómetros por hora, además la fauna ataca el cuerpo. Todo eso descompone, desarma el cuerpo. Y en este caso está intacto", siguió. De esta manera, cree que el cuerpo fue plantado en el lugar.

En diálogo con el portal AGENCIA PACO URONDO, el perito no tiene dudas: "Una de las primeras partes del cuerpo que se macera y se destruye son las huellas dactilares", dijo. "Es imposible que haya estado en el agua 78 días. Llamen a los bomberos de Esquel o Bariloche y que te digan cómo encuentran los cuerpos que están más de una semana en el agua. Son cuerpos muy degradados", describió.

Además, Prueger afirmó que "es imposible que (Santiago Maldonado) haya muerto en esa fecha (1 de agosto, cuando fue la represión). Imposible. Por eso te digo que si el juez hubiera tenido en claro la data de muerte ya lo hubiera informado y se aclaraba todo".

El aporte del especialista pone dudas sobre la versión de Gendarmería que sostiene que el joven se ahogó en el río Chubut en el marco de la represión del primero de agosto. No tiene dudas de que el cuerpo no pudo estar tantos días en el agua. De esta manera, alguien debería haber plantado el cuerpo tiempo después. ¿Quién? La misma hipótesis señalan los mapuches que aseguran que pasaron muchas veces por el lugar donde finalmente apareció el cadáver. En el caso de ellos, no tienen dudas: el cuerpo lo puso ahí o Gendarmería o gente cercana al empresario Benetton.

Esta semana, los peritos que están analizando el cuerpo de Maldonado ofrecerán un informe preliminar donde se empezarán a despejar algunas dudas. Y, tal vez, se incorporen nuevos interrogantes.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, montó un "operativo distracción" para poder votar a escondidas y así evitar la presencia de la prensa que estaba desde temprano aguardando su llegada.

La ministra se presentó a su lugar de votación apenas abrieron las mesas para poder pasar desapercibida, montó en el lugar un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que la escrachen. De esta forma pudo votar en la escuela del barrio de Palermo a las 8:05 de la mañana, la funcionaria de seguridad utilizó otra puerta para entrar al establecimiento y de esta manera esquivó a la prensa que esperaba en la puerta principal para consultarle sobre el caso Maldonado.

La "operativo distracción" consistió en que los autos de su custodia se estacionaron frente de la entrada de la escuela con la intención de simular que se encontraba la ministra.

Tambien se supo que más temprano manifestantes habían arrojado panfletos con la cara de Santiago Maldonado.