El diputado nacional y presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, advirtió que dentro del articulado del proyecto de ley, el artículo 85 pretende establecer fuertes multas y penas de prisión a quienes "busquen divulgar datos de los sujetos beneficiados del blanqueo de capitales".

"El gobierno quiere impedir que el pueblo se entere de quiénes blanquean capitales", advirtieron desde el bloque de diputados y añadieron que "el artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32".

En otro tramo del comunicado, Recalde sostiene que "además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse."

En el mismo sentido, el comunicado puntualiza que dentro del proyecto de ley que se está discutiendo en la cámara bajase detalla lo siguiente:

"Los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.

Sobre este párrafo particular, el diputado nacional Héctor Recalde sostuvo que "lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere", concluyó.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, encabezó una reunión junto a diputados de la bancada y concejales kirchneristas de Lanús en la que analizaron a fondo la situación del intendente de ese distrito Néstor Grindetti, a quien se le atribuye participación en sociedades off shore en el marco del Panamá Papers.

El encuentro, organizado por el diputado Edgardo Depetri, contó con la presencia de sus pares Juliana Di Tullio, Darío Martínez, Mayra Mendoza, Carlos Castagneto, Fernanda Raverta, Juan Manuel Huss, Josefina González, Eduardo Seminara y Héctor Tomas, además de los concejales Mariano García y Gustavo Magnaghi.

Los dirigentes kirchneristas acordaron "trabajar en conjunto" para dar impulso a la denuncia que presentó a principios de abril el abogado Eduardo Barcesat contra Grindetti, quien está acusado de ser dueño de dos empresas offshore y cuentas en Suiza.

La denuncia, que tramita en el Juzgado Correccional y Criminal Federal 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, asocia a Grindetti al lavado de activos a través de firmas offshore, y destaca que su nombre figura en los archivos de la empresa Mercier International, vinculada a una sociedad registrada en Panamá con cuentas en Suiza.

El diputado nacional y jefe de la bancada de FPV-PJ, Héctor Recalde, se refirió a la ley anti despidos que logró la media sanción en la cámara alta y que luego de 8 días de ser retenida en el senado, están discutiendo los diputados de todo el arco político.

Recalde se refirió a cómo está planteado el consenso en torno a la aprobación del proyecto con el resto de las fuerzas políticas, al respecto, destacó que "hay avances con el bloque justicialista. Nosotros queremos que cesen los despidos ya, al mismo tiempo elaboremos una ley que perfeccione la del senado, que contemple el tema de las Pymes, el primer empleo, pero cada día nos enteramos de mayores cesantías. Nuestra demora nos hace responsables."

En cuanto a la postura del bloque que preside, remarcó que "la posición del FPV-PJ que yo presido es que se sancione la ley tal como está, y mismo día elaboramos otro, sancionamos y que vaya al Senado" y añadió "no queremos la dilación que significa todo un nuevo trámite, tardamos ocho días en que venga del Senado a acá, ¿en el mientas tanto cuantos despidos va a haber?", precisó preocupado el legislador nacional del FPV.

En tanto, detatalló la necesidad de que el Frente Renovador liderado por Sergio Massa, acompaña la iniciativa. Durante la semana, el propio presidente de la nación, Mauricio Macri, le había pido públicamente a Massa en conferencia de prensa que no "ayude" al kirchnerismo.

"Garantizemos que no haya cesantías ahora, y después hagamos retroactivo. Ahora depende del Frente Renovador, con el bloque de Diego Bossio estamos cerca de los 129, pero no llegamos", advirtió Recalde.

En tanto, el presidente del bloque dio cuenta de los despidos en el sector estatal que se produjeron esta semana,"ayer se cesanteaba en el Anses, esta semana se censateó en la Subsecretaría de la Juventud, cada día que pasa hay un nuevo trabajador en la calle."

El proyecto de ley que protege a los trabajadores por 6 meses desde su aprobación, es ampliamente rechazado por las cámaras empresarias, al respecto Recalde, explicó que el sector quiere tener más libertad de disposición de los empleos.

"Escuchaba a un empresario de una cámara metalúrgica que decía que hay que bajar el costo laboral. Yo me reuní con CAME, con Cornide, con el planteo de excluir a las Pymes, pero prefieren que las excluyan del tarifazo, apuntemos a eso. No hay que sacarle derechos a los trabajadores de las Pymes, hay que darle más derechos a las Pymes, punto.", afirmó y recalcó que "hoy el gobierno tiene recursos, con los REPRO, con los créditos para que renueven maquinarias, con moratorias, facilidades de pago. Ahora no van a prorrogar la moratoria para la jubilación por ejemplo, van a quedar 1,5 millones de personas sin poder jubilarse en un año."

La ley anti despidos, será discutida los próximos días en la cámara baja. El presidente de la nación, Mauricio Macri, aseguró que en caso de ser aprobada, vetaría la ley.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se investigue a la ex presidenta y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otras trece personas, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó ayer Fariña, quien volvió a los términos de su primera declaración televisiva de la cual se había desdicho también por televisión.

Tras la extensa declaración de ayer de Leonardo Fariña, "valijero" de Lázaro Báez, en la que el hombre mencionó a la ex presidenta y a su esposo Néstor Kirchner en supuestas maniobras de lavado de dinero y fuga de divisas que se organizaron alrededor de la financiera SGI.

Marijuán sucede en medio de las revelaciones conocidas como Panamá Paper, en las que se vincula a cuentas offshore del presidente Mauricio Macri, quien fue imputado esta semana.

El juez Sebastián Casanello no había encontrado vinculaciones del caso con la política y acusó a Báez de lavar dinero proveniente de un ocultamiento de gastos de Austral Construcciones realizado mediante facturas falsas. Es decir, lavado originado en evasión impositiva.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en Diputados, Héctor Recalde aseguró que la imputación "no tiene sustento jurídico" y detalló que "escuchar a un hombre que dice que está arrepentido y hace dos años que está preso, da lugar a sospechas", en referencia a la declaración de Fariña.

La oficina anticorrupción tiene la obligación de investigar los hechos de corrupción en la que se implica a funcionarios del erario público.

Quien conduce el área, es la funcionaria macrista, Laura Alonso, quién tras el escándalo en el que está implicado el presidente de la nación Mauricio Macri, sostuvo frases poco felices, del estilo "constituir una sociedad off shore no es delito en si mismo".

Alonso recibió una catarata de críticas y denuncias por mal desempeño del cargo.

En este contexto, el presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, presentó hoy un proyecto de ley tendiente a modificar la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA), para que el organismo quede en manos de un funcionario designado por la primera minoría opositora y que además cumpla con la condición de ser abogado.

La iniciativa establece que “la conducción, representación y administración de la Oficina Anticorrupción será ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado a propuesta del bloque parlamentario con mayor cantidad de legisladores por parte de la oposición (primera minoría) con rango y jerarquía de secretario”.

Asimismo, establece la designación de un subsecretario en representación de la segunda minoría de la oposición, y dispone que ambos funcionarios deberán “poseer título universitario de abogado, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados y una reconocida trayectoria democrática y republicana".

“Este es un detalle no menor que creemos que fue un error, pues se buscó adecuar el cargo a una persona, en vez de seleccionar a un profesional idóneo que cumpliera los requisitos que ya estaban establecidos legalmente”, explicó Recalde.

En los fundamentos, el diputado afirma que debería seguirse un criterio similar al de la Auditoria General de la Nación (AGN), que por la reforma constitucional de 1994 tiene a la cabeza a un representante propuesto por el principal partido de la oposición.

Además, señala que en las causas donde puedan investigarse hechos ocurridos en un gobierno que actualmente sea oposición, deberá intervenir el subsecretario, para evitar que ninguna fuerza termine autoauditándose.

Mediante un comunicado los diputados nacionales del bloque FpV-Pj mostraron preocupación por el aumento en las tarifas y la ola de despidos.

"Los diputados nacionales del FpV-PJ expresamos nuestra preocupación ante el tremendo aumento de tarifas que está implementando la administración de Mauricio Macri, que se suma a la ola de despidos tanto en el sector público como el privado, y pedimos al gobierno nacional que rectifique la política de ajuste brutal que está llevando a cabo sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad", detalla el escrito.

En el mismo sentido, advirtieron que "cuando dijimos que si Macri devaluaba cuando llegaba a la Presidencia se venía un ajuste feroz, con despidos, aumentos de tarifas y destrucción de salarios, nos acusaron de orquestar una campaña del miedo. Queda claro ahora que nosotros no mentimos. El que le mintió y le miente al pueblo argentino es este gobierno", sentenció el comunicado que lleva la firma del presidente del bloque, Héctor Recalde.

En esa línea, uno de los párrafos recuerda que en los primeros días de diciembre, antes de sumir, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich afirmó: “No va a haber aumentos en los boletos, vamos a mantener los subsidios”. En el debate presidencial, Macri aseguró: “No vamos a devaluar, ni ajustar, ni sacar los subsidios. No tenemos previstos tarifazos. No vamos a echar a nadie de su trabajo”.

Pero a la vez, los diputados nacionales detallaron cuál es el resultado de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri: "el costo de la energía eléctrica se quintuplicó y el del transporte se duplicó, la tarifa del gas se triplicará y la del agua se quintuplicará, a la vez que se están despidiendo mil trabajadores por día."

A la vez, se refirieron a desmantelamiento del plan espacial nacional que contemplaba Arsat-1, -2 y Arsat-3.

"La verdadera campaña del miedo es la de Macri. La sufren los trabajadores que temen por el progresivo deterioro de los salarios y la amenaza de perder el empleo. También las pymes, principales generadoras de fuentes de trabajo en la Argentina, que con el exponencial aumento de tarifas y la apertura importadora quedan al borde de la quiebra", enfatizaron los legisladores nacionales.

Por último, anticiparon que presentaran un proyecto de ley ar declarar la emergencia laboral, que contemple la suspensión de despidos por un año e impulsaran iniciativas para que las tarifas no constituyan, lo que denominaron "un saqueo a los bolsillos de los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios".