En el marco de una causa por supuesto desvío de fondos, el juez a cargo del juzgado de Control N°4 de Jujuy, Isidoro Cruz, ordenó la detención de Eduardo Fellner.

La Justicia de Jujuy pidió la detención del ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, acusado de un supuesto desvío de fondos en la construcción de viviendas sociales por parte de la agrupación Tupac Amaru, cuya líder lleva más de dos años encarcelada por la sucesión de causas que le armó la justicia del gobernador Gerardo Morales.

Además, el juez solicitó el arresto del ex ministro de Tierra y Vivienda Luis Cosentini, el extitular del Instituto de Vivienda jujeño Lucio Abregú, y los integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial Héctor Carrizo y José Mercado, como así también el de la escribana Claudia Trenque, vinculada a la Tupac Amaru.

Tras la orden de Cruz, fuerzas policiales fueron a buscar a Fellner. Según Página 12 el ex gobernador no estaba en el domicilio al que se dirigieron.

La provincia que comanda Gerardo Morales de Cambiemos vuelve a ser noticia a raíz de la violencia institucional que sufre. Esta vez golpearon a estudiantes que acampaban frente a la Gobernación.

Anoche una concejala del PTS-FIT, un docente, un abogado y a cuatro de estudiantes que acampaban frente a la Gobernación fueron detenidos por la policía jujeña mientras acampaban frente a la Gobernación en contra el cierre de centros de enseñanzas para jóvenes y adultos. Según Página 12, les abrieron una causa por “usurpación de propiedad” y los liberaron de madrugada.

Andrea Gutierrez, la concejala detenida relató: “Fue brutal. Al abogado lo agarraron entre ocho efectivo y los golpearon para meterlo en la camioneta. Al docente le lastimaron la rodilla y las cuatro horas que estuvo detenido pidió ser llevado a un hospital y se lo negaron”. Además, Gutierrez, quien al tiempo de la brutal represión por parte de la policía había ido a visitar a los manifestantes, agregó que el operativo “fue desmedido” y sin que “nos mostrasen ningún tipo de orden”, añadió. A su vez, precisó que el despliegue tuvo tres camionetas, cinco patrulleros y personal de Infantería que con escudos y palos rodeó el acampe en el que habían solo seis personas. “fue algo salvaje”, calificó la mujer en diálogo con Radio 10.

El Gobierno está preocupado por la falta de respuestas a los problemas sociales y económicos del país. Eso explica que busque instalar diferentes temas en la opinión pública, desde la pena de muerte (caso Chocobar), el aborto y ahora, el cobro a los extranjeros que asisten a las universidad pública o se atienden en los hospitales. Todas las estadísticas muestran que se trata de un tema irrelevante.

En el caso de la educación, sólo el 2% de los casi 2 millones de estudiantes de todas universidades públicas es extranjero (38 mil). En ese sentido, el ex ministro de Educación durante la última etapa kirchnerista Alberto Sileoni, advirtió: "Es un falso debate, se busca una discusión que distraiga de los verdaderos problemas que hay en el país". Y agregó: "Este es un gobierno que cierra escuelas, reprime, suprime, desmantela, borra programas y que pone sobre la mesa discusiones distractivas”.

En el caso de la salud ocurre una situación similar. El falso debate sobre la gratuidad del sistema sanitario argentino comenzó luego de que el gobierno de Gerardo Morales decidiera en Jujuy cobrarle a los extranjeros. Sin embargo, los propios datos oficiales de la provincia muestran que es irrelevante el número de migrantes que se atienden en las unidades sanitarias locales. En 2016, de 47 mil pacientes internados, sólo 132 (¡el 0,3%!) era extranjero.

Al respecto, Milagro Sala ironizó sobre el gobernador radical: "Es un proyecto que va a terminar perjudicando a todos y extraña que Gerardo Morales haga eso si él dijo ser descendiente de bolivianos. Está yendo contra su propia familia”, chicaneó. “La salud y la educación tiene que ser para todos sin excepción”, pidió la dirigente de la Tupac, que se encuentra irregularmente presa hace más de dos años.

Se trata del jefe comunal de Libertador General San Martín de Cambiemos, Oscar Jayat, quien en el informe de gastos de su distrito pagó una cuantiosa suma de dinero a una empresa que se dedica al servicio de “agencia de acompañantes y otras actividades”.

Concejales de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) pidieron la interpelación del intendente Jayat tras detectar en el informe de gastos del municipio de Libertador General San Martín pagos de $557.024 a una empresa que se dedica al servicio de “agencia de acompañantes y otras actividades”.

La empresa, según denunció la edil de Unidad Ciudadana Patricia Gutiérrez, está inscripta a nombre de la tarotista Ely Laura Saavedra, quien inició actividades el primero de enero de 2016, días después de la asunción de Cambiemos, registrada como “servicios personales que incluyen actividades de astrología y espiritismo, agencias matrimoniales, investigaciones genealógicas, contratación de acompañantes y lustrabotas”.

“Ya el sólo hecho de contratar una agencia de acompañantes desde el ejecutivo nos preocupa de sobremanera, porque se estaría avalando la prostitución y las redes de trata que oprimen a las mujeres”, agregó el concejal Luis Guerra, del FIT.

Miguel López, del mismo bloque, planteó que “este nuevo escándalo es parte de un régimen de políticos tradicionales alejados de la realidad que vive el pueblo trabajador en la provincia, que sufre la precariedad laboral, un enorme déficit habitacional, siendo Jujuy una de las provincias más pobres del país”.

Sobre el pedido de interpelación al intendente y socio político del gobernador Gerardo Morales, Guerra explicó que, “como sostiene la carta orgánica del Concejo Deliberante la sesión extraordinaria puede ser solicitada por tres concejales, cuestión que ya se ha realizada”.

“Ahora la decisión de la convocatoria está en manos del presidente del Concejo Rolando Flores. Esta administración se llenó la boca hablando de transparencia y a cada paso lo único que crece son las sospechas e irregularidades. Mínimamente, (Jayat) deberían sentarse a responder las preguntas que tenemos para hacerles y dar explicación al pueblo acerca de qué se hace con los fondos públicos y qué tipo de empresas se contratan”, subrayó el concejal.

La Policía provincial arremetió con balas de goma, palazos y gases para desalojarlos del corte que realizaban sobre la ruta 34, a la altura del Puente San Pedro, donde exigían el pago de haberes adeudados y la reincorporación de más de 300 despedidos. Hubo heridos y detenidos.

Las fuerzas policiales del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reprimieron hoy a los trabajadores azucareros que desde anoche protestaban con un corte de ruta.

El desmedido accionar de los efectivos, que utilizaron balas de goma, palos y gases lacrimógenos contra los manifestantes, dejó varios heridos y detenidos.

Los trabajadores del Ingenio La Esperanza cortaban la ruta 34, a la altura del Puente San Pedro, para exigir el pago de haberes de noviembre, primera quincena de diciembre, aguinaldo y la reincorporación de 338 despedidos.

Las cesantías habían sido avaladas a fines de noviembre por el gobierno de Morales para la venta del ingenio por parte del grupo inversor colombiano Omega Energy Internacional.

El juez Pablo Pullen Llermanos dispuso la domiciliaria de la dirigente social, pero incumpliendo lo que determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Nación. En lugar de cumplir la prisión preventiva en su vivienda del barrio de Cuyaya, Sala volverá a una casa con custodia policial y otras restricciones ilegales.

A horas de que se venciera el plazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Justicia de Jujuy ordenó el traslado de Milagro Sala desde la cárcel de Alto Comedero a la casa de la localidad de El Carmen.

El organismo de la OEA había dictado el 23 de noviembre una medida provisional para que el Estado argentino adopte antes del 15 de diciembre medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro, como la restitución del arresto domiciliario o algún régimen menos restrictivo para sus derechos.

Dos semanas después, la propia Corte de Suprema de Justicia argentina exigió “dar cabal cumplimiento con lo decidido por la Corte IDH”, y aclaró que, en el caso del arresto domiciliario, “deberá llevarse a cabo en su residencia o donde habitualmente vive” la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur.

Esto es precisamente lo que incumple el juez jujeño Pablo Pullen Llermanos al trasladar a Sala a la casa de El Carmen en lugar de llevarla a su domicilio real en el barrio de Cuyaya, en San Salvador de Jujuy.

Durante el breve periodo en que la dirigente estuvo bajo prisión domiciliaria –del 31 de agosto al 14 de octubre– debió hacerlo en El Carmen con fuerte custodia de Gendarmería y una serie de restricciones violatorias de la Ley de Ejecución Penal. El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, llegó a describir la casa como una “mini Guantánamo” por los alambres de púas, los gendarmes dentro y fuera del lugar, y las restricciones impuestas incluso a los familiares de Milagro.

“El Estado argentino sigue incurso en responsabilidad internacional, no solamente desobedeciendo a la Corte Interamericana, sino también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, subrayó Luis Paz, uno de los abogados defensores de la parlamentaria detenida desde el 16 de enero de 2016 por orden del gobernador Gerardo Morales.

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El Tribunal Oral Criminal presidido por el juez Antonio Llermanos decidió absolver a la dirigente por el delito de amenazas, por el que había sido acusada por dos policías de la seccional 56 de Alto Comedero. La abogada de Milagro Sala,  Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró: "Esta causa no debería haber llegado nunca a juicio; los tres años que ha tenido sometido a este proceso penal no tuvieron ningún sustento", describió.

Se trata de una más de las causa que la Justicia de Jujuy lleva contra la dirigente de la Tupac Amaru. Desde esa organización denuncian que detrás del armado de investigaciones se encuentra el gobierno del radical Gerardo Morales.

Si bien no se conocen los fundamentos del fallo, el juez Llermanos rechazó el pedido de 4 años de la fiscalía por supuestas amenazas a dos policías. "Quedó demostrado que no existieron esas amenazas, lo han dicho los testigos", insistió Gómez Alcorta en su exposición final.

Más allá de la absolución, Milagro Sala seguirá en prisión sin condena mientras se la investiga por otros supuestos delitos. Ayer, la Corte Suprema exigió que se la detenga en su domicilio, tal como lo pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, la Justicia no hizo lugar a esos reclamos.

Lo autorizó el juez Pablo Pullen Llermanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiterara que el Gobierno es el responsable por la “salud física, psíquica y moral” de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur.

Milagro Sala fue internada esta mañana en la clínica Los Lapachos de San Salvador de Jujuy para realizarse distintos estudios médicos.

“La autorización finalmente la dio el juez Pablo Pullen Llermanos, tras haberla trasladado arbitrariamente al penal de Alto Comedero el 14 de octubre, incumpliendo la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tras varios reclamos de la defensa de la dirigente social que había manifestado a los médicos del Poder Judicial la tramitación de la internación en la clínica, tal como lo autoriza la ley de Ejecución Penal 24660 y que fue rechazada por el juez Isidoro Cruz la semana pasada, en otro acto de hostigamiento hacia Milagro”, indicaron desde la organización Tupac Amaru.

La salud de la parlamentaria del Mercosur se deterioró desde que le revocaron la prisión domiciliaria y la regresaron a la cárcel, donde incluso se autolesionó como consecuencia del creciente hostigamiento en su contra por parte de los jueces que responden al gobernador jujeño Gerardo Morales.

La CIDH trató la semana pasada en Montevideo, Uruguay, el incumplimiento del Estado argentino de la cautelar obligatoria en favor de Sala, que ordena liberarla de manera inmediata o, en su defecto, concederle el arresto domiciliario o la libertad con fiscalización electrónica.

Tras lamentar la revocatoria de la domiciliaria, el organismo interamericano advirtió que el Gobierno de Mauricio Macri es el responsable por la “salud física, psíquica y moral” de principal referente de la Tupac Amaru.

Milagro Sala habló tras la lesión que se autoinfringió en medio de las duras condiciones de detención que padece en el penal de Alto Comedero y la negativa a trasladarla a una clínica por sus problemas de salud.  “Yo así no quiero seguir viviendo”, dijo tremendamente angustiada la presa política de Gerardo Morales.

La dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala, sostuvo hoy que “es inhumano” el hostigamiento que sufre desde que volvieron a encarcelarla en el penal de Alto Comedero de Jujuy por orden de Pablo Pullen Llermanos, uno de los jueces funcionales a los dictados del gobernador Gerardo Morales.

Milagro, que fue privada de la prisión domiciliara en violación de lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se autolesionó anoche tras el rechazo del juez Isidoro Cruz al hábeas corpus presentado por la defensa y a su traslado a una clínica por sus problemas de salud.

“No se conforman con tenerme presa”, dijo la dirigente desde el penal, en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales, y agregó con dolor: “Estoy muy mal, vengo pidiendo la internación hace más de veinte días en el Sanatorio Los Lapachos porque me siento mal de salud y el juez no permite mi internación. No me quieren dar ninguna pastilla por el colon irritable, mis compañeras me tuvieron que dar una pastilla para el dolor de cabeza”.

“No hay justicia –continuó-. Me siento muy impotente, cada día esto se pone peor. ¿Qué quieren ahora, ponerme unas cadenas y hacerme pasear por la plaza Belgrano? ¿Qué más quieren de mí?”

Sala, presa política de Morales desde el 16 de enero de 2016, explicó que se lastimó porque “yo así no quiero seguir viviendo” y pidió “que alguien intervenga” por ella y por el resto de las integrantes de la Tupac Amaru detenidas, porque “ningún juez ni ningún fiscal” las escuchan.

“No puede ser que haya dos resoluciones de la CIDH y que no le hagan caso. Se cagan en todo y siguen avanzando. No aguantamos más todo lo que nos están haciendo”, completó angustiada.

Por último, la dirigente también hizo referencia a las próximas elecciones legislativas y denunció que el gobierno de Morales está repartiendo mercadería y electrodomésticos para conseguir votos.

“Si quieren recibir mercadería que reciban, pero cuando estén en el cuarto oscuro sepan muy bien a quién van a votar, porque este gobierno es el que nos está cagando de hambre”, concluyó.

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de esa provincia, en el marco de la escalada de persecución y hostigamiento contra la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, presa política del gobernador Gerardo Morales desde el 16 de enero de 2016. Sus abogados apelarán la medida.

La Cámara de Apelaciones de Jujuy notificó esta tarde a la defensa de Milagro Sala la revocación de su prisión domiciliaria, dictada el 31 de agosto último por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos para acatar una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resolución de la Cámara también dispone el reingreso de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. Milagro cumple prisión domiciliaria en una casa de la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de su domicilio real, con una fuerte custodia perimetral de la Policía provincial y de la Gendarmería.

La revocación de la domiciliaria ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la CIDH, mientras que la defensa de la dirigente social informó que la medida no se debería hacer efectiva ya que se apelará ante Casación, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal, que prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada.

“Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”, señalaron desde la Tupac Amaru.

La defensa fue notificada recién hoy a las 19 horas y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.

Según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, “los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos”, pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin.

Por último, los abogados de Milagro advirtieron que, en caso de que la parlamentaria sea trasladada al penal de Alto Comedero, “el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país”.