El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilizaciÃģn
El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilizaciÃģn de la central Única de trabajadores, el PIT-CNT. El sindicato denunciÃģ que la iniciativa significa una pÃĐrdida de derechos “brutal” para los sectores mayoritarios. La reforma presentada por el Ejecutivo se encuentra en su etapa final, debido a que ya fue aprobada en el Senado, ante lo cual la coaliciÃģn oficialista busca consensos para conseguir que pase por el voto de los diputados.
“Perjudicial para las grandes mayorÃas”
“Cada vez queda mÃĄs claro que la reforma es perjudicial para los intereses de las grandes mayorÃas del pueblo trabajador”, advirtiÃģ el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la iniciativa que propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 aÃąos en un proceso gradual que no abarca a toda la poblaciÃģn. Abdala hablÃģ mientras miles de uruguayos, que se habÃan concentrado en la explanada de la Universidad de la RepÚblica, en el centro de Montevideo, avanzaban hacia la sede del Palacio Legislativo.
La convocatoria tenÃa como objetivo llevar un mensaje de protesta a los diputados, que tienen el texto en discusiÃģn y planean llevarlo al recinto la prÃģxima semana, despuÃĐs de que a fin de aÃąo recibiera media sanciÃģn por parte del Senado. Abdala considerÃģ “muy buena” la movilizaciÃģn y la definiÃģ como “una acciÃģn bien importante de la clase trabajadora”.
El dirigente alertÃģ que la reforma “a contingentes masivos de la clase trabajadora le genera menos derechos, quitÃĄndole condiciones que no tienen nada que ver con las tradiciones del paÃs”, y dejÃģ en claro que “la seguridad social es un mecanismo para la protecciÃģn de la gente, y no la resuelve la economÃa del mercado”. Este proyecto “implica un retroceso, mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la poblaciÃģn vamos perdiendo derechos; la mayorÃa de la poblaciÃģn no comparte esta reforma jubilatoria”, insistiÃģ Abdala, segÚn el sitio Caras y Caretas.
Una reforma “brutal y criminal”
La huelga, que empezÃģ a las nueve de la maÃąana y se extendiÃģ por cuatro horas, contÃģ con la adhesiÃģn de la Intersocial Feminista y la mayorÃa de los sindicatos del paÃs, incluyendo a los del transporte, las telecomunicaciones, la construcciÃģn y la salud pÚblica. En ciertos casos la adhesiÃģn se hizo con paralizaciÃģn de actividades por todo el dÃa, mientras que en otros, como el de la UniÃģn Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, se dio sin suspensiÃģn de las actividades laborales.
Abdala seÃąalÃģ que la reforma afecta, mÃĄs allÃĄ de la poblaciÃģn en general, “a otros sectores como los pequeÃąos empresarios, que tienen sus intereses vinculados a la demanda interna, al mercado interno”. “La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revoluciÃģn tecnolÃģgica deberÃa convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible” y ademÃĄs “rebaja las jubilaciones”, insistiÃģ segÚn el diario El PaÃs.
Desde el escenario el secretario de OrganizaciÃģn del PIT-CNT, Enrique MÃĐndez, calificÃģ de “brutal y criminal” a la iniciativa oficialista, que, advirtiÃģ, rompe con “un pacto social construido durante dÃĐcadas”. MÃĐndez repasÃģ que la seguridad social “es una conquista de la clase obrera, una lucha que el campo popular dio frente a las injustas condiciones desiguales de la economÃa del mercado que tienen como leitmotiv buscar el lucro indiscriminado sin pensar en las vulnerabilidades sociales”.
Para el dirigente de los trabajadores de la industria lÃĄctea, el objetivo del gobierno de Luis Lacalle Pou es imponer el proyecto “como sÃntesis brutal al proceso de ajustes que viene tomando” y manifestÃģ: “Toma como bastiÃģn hoy esta reforma de jubilaciones y pensiones para seguir golpeando a los sectores populares y mÃĄs vulnerables de nuestra sociedad”.
Por la Intersocial hablÃģ LucÃa Padula, quien juzgÃģ que con la iniciativa el gobierno “sigue demostrando que su administraciÃģn favorece a los malla oro (clases adineradas) y pretende que todas las crisis las paguen los trabajadores y trabajadoras y sectores mÃĄs vulnerables de la sociedad”. El Ejecutivo “carece de perspectiva de gÃĐnero, ignora las disidencias, a personas en situaciÃģn de discapacidad y a las niÃąeces, dejando afuera varias aristas de la seguridad social que no se resumen en las pensiones y jubilaciones, que es a lo que estÃĄ dedicado los mÃĄs de 300 artÃculos de este proyectoâ, alertÃģ Padula.
El 15 de septiembre del aÃąo pasado, el PIT-CNT llevÃģ a cabo el Último paro general de 24 horas, en el que reclamÃģ subas en los salarios y mÃĄs presupuesto para vivienda y educaciÃģn. El pasado ocho de marzo hubo un nuevo paro general, aunque en esa oportunidad fue solo de mujeres, en el marco del DÃa Internacional de la Mujer.
La postura del gobierno
La iniciativa fue defendida, en cambio, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para quien la reforma que pretende aprobar el gobierno no es perjudicial para los trabajadores. “Si no, no estarÃa de acuerdo”, expresÃģ en declaraciones a Canal 10.
Mieres sostuvo que “extender la edad de jubilaciÃģn es inevitable”, y cuestionÃģ al PIT-CNT y al Frente Amplio por criticar el proyecto sin presentar uno alternativo. “Nunca hubo un documento alternativo. Oponerse a algo es un bollo”, agregÃģ el ministro, utilizando una expresiÃģn que en Uruguay significa que algo es sencillo.
AdemÃĄs de reiterar que los cambios en el sistema son “necesarios”, Mieres reseÃąÃģ que el Ejecutivo recibiÃģ a 80 delegaciones “de todo tipo” para el armado del proyecto. “Es mucho mÃĄs que el famoso diÃĄlogo que generÃģ el Frente Amplio en el 2008”, comparÃģ.
La movilizaciÃģn coincidiÃģ con el anuncio del oficialismo de que aceptarÃĄ once cambios en el texto salido del Senado, la mayorÃa propuestos por el Partido Colorado, integrante de la alianza gobernante, y aceptados tras la visita que la ministra de EconomÃa, Azucena Arbeleche, hizo el miÃĐrcoles a las comisiones de Diputados.
Algunas modificaciones tienen que ver con limitar las inversiones en el exterior de las administradoras de fondos, prohibir a futuros gobiernos cambiar la edad jubilatoria sin aval del Congreso y reducir la cantidad de aÃąos de residencia en el paÃs exigidas a los migrantes para poder acceder a una pensiÃģn.
De todas formas, Mieres aclarÃģ que se ratifican “las lÃneas generales del proyecto”, es decir que “la arquitectura general del proyecto no tiene modificaciÃģn y es lo que garantiza que tengamos un resultado de sostenibilidad fiscal y de equidad”, asegurÃģ. El ministro de Trabajo insistiÃģ en “el carÃĄcter integral de la reforma” y el norte que significa para el gobierno avanzar hacia el sistema previsional comÚn.
En cambio el diputado del Frente Amplio, SebastiÃĄn Valdomir, dijo que al tratarse de “enunciados” y no estar redactados, se hace difÃcil ofrecer algÚn tipo de anÃĄlisis al respecto. Valdomir planteÃģ que se presentaron nÚmeros que evidencian “los impactos que tiene extender la edad para jubilarse” en los seguros “por invalidez o por desempleo”, y recordÃģ que por la comisiÃģn desfilaron “colectivos de trabajadores que ya tienen muchos problemas para jubilarse a los 60 aÃąos”. En ese sentido, subrayÃģ “los impactos que tendrÃĄ para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 aÃąos”.
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