Mientras que en el interior del Palacio Legislativo se debatía el proyecto de reforma jubilatoria impulsado por el gobierno, afuera una multitud rodeó el edificio para manifestarse en contra de la iniciativa. “Paramos para no perder derechos”.

El ambiente llegó a su clímax cuando los percusionistas subieron las escaleras del palacio entre las calles Colombia y Guatemala. Un gran número de personas siguió el tamborileo hasta que llegaron a la puerta y todos juntos comenzaron a cantar “el pueblo unido jamás será vencido”.

A partir de ahí, las escaleras quedaron inundadas de gente con banderas con los colores de los sindicatos que participaron de la concentración. El sitio tuvo la presencia protagónica de los integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que mostraron una pancarta en la que se leía “Por un plebiscito que garantice una seguridad social del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

“No es lo que el pueblo necesita”

Momentos después, se dio inicio al acto y a la oratoria. Amira Fagúndez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, dijo que la reforma no atiende la precarización laboral de los jóvenes, los cuidados y la salud mental: “Esta ley de seguridad social que se está votando en este momento en el Parlamento, con esta coalición de gobierno, no está pensando en el futuro de la sociedad y de todas esas personas que tienen que dejar de estudiar, que tienen que acceder a laburos recontra precarios”, afirmó. En ese sentido, añadió que el proyecto “no es lo que el pueblo necesita” y convocó a continuar con los reclamos en el acto del 1° de mayo por el Día de los Trabajadores.

El siguiente en hablar fue Sixto Amaro, secretario general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que calificó la reforma como “nefasta”. Señaló que no hay una sola organización social y gremial que apoye el proyecto y aseguró que la coalición “lo va a votar en contra de la mayoría de los uruguayos”. “Hay jubilados que pasan hambre, eso tenemos que discutir, de eso no nos han dado una sola respuesta”, agregó.

El acto lo cerró Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, quien señalo: Nuestro rechazo a la reforma jubilatoria tiene que ver con una defensa del valor más preciado que puede tener el ser humano, un bien que es irrecuperable, que es el tiempo. Cuando nos hacen trabajar más nos están robando más tiempo de vida. Nos están sacando tiempo para vivir la vida, amar, estudiar, cuidar, disfrutar, para ser humanos. No podemos estar subordinados al mercado, tenemos que estar amando la vida con todo lo que eso implica, eso es una base de rechazó a la reforma jubilatoria”.

Fuente: nodal

La revista británica The Economist señala que los escándalos de corrupción y la inseguridad han salpicado a Luis Lacalle Pou y dañado la reputación del país.

La famosa revista británica The Economist publicó recientemente un editorial que sostiene una drástica caída de la imagen de Uruguay en América Latina, a pesar de sus cualidades que resaltan entre los países de la región.

En el inicio de la nota, The Economist, refiere que entre “ la económicamente disfuncional Argentina, el políticamente polarizado Brasil y la económicamente disfuncional Argentina, Uruguay parece un país modelo”.

Sin embargo, nadie se salva de las acusaciones de perversión gubernamental. El medio indica, sin piedad, que los escándalos de corrupción y aumento del crimen han lastimado al presidente Luis Lacalle Pou y dañado la reputación del país. Como sugiere la nota: “Uruguay está perdiendo su reputación como caso de éxito de América Latina”.

Desde allí, comienza a describir polémicas en el entorno del mandatario uruguayo empezando por la condena a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias, asociación para delinquir y revelación de secretos de Estado del ex jefe de seguridad de él, Alejandro Astesiano.

Según la fiscalía a cargo de Gabriel Fossati el ex custodio cobró US$ 10 mil por hacer solo una gestión ilegal de las muchas que se sospecha participó: la venta de actas de nacimiento falsas a rusos y a ucranianos para que pudieran obtener pasaportes uruguayos.

En ese sentido, The Economist recrimina a Lacalle Pou su “fingida”ignorancia de las actividades ilícitas de su ex custodio. Según el medio,“en los veinte años que se conocen, el Sr. Astesiano ha tenido varios enredos con la ley, que incluyen investigaciones policiales sobre denuncias de fraude y robo”.

La dificultad administrativa que afrontó Lacalle Pou fue de tal magnitud que en febrero, se vio obligado a despedir a los jefes de policía asociados con Astesiano.

Más escándalos

El artículo también señala las renuncias de ministros y funcionarios durante el gobierno del presidente como la dimisión del ahora ex titular de Turismo Germán Cardosa en 2022 tras acusaciones de presuntas irregularidades relacionadas con asignaciones directas de publicidad y otras compras públicas sin licitación.

La del viceministra de Relaciones Exteriores Carolina Ache en ese mismo año quién tuvo que dejar su cargo por estar presuntamente involucrada en la emisión de un nuevo pasaporte a Sebastián Marset, un presunto capo de la droga que pudo escapar, gracias a la ayuda uruguaya de la captura en Dubai.

En enero de este año, el ahora ex ministro de Medio Ambiente Adrián Peña renunció después de que se supo que había afirmado falsamente que tenía una licenciatura en Dirección de Empresas que dijo haber tenido durante al menos siete años.

The Economist, también sostiene que el país se ha convertido en un centro del crimen internacional ya que “las pandillas envían armas de asalto y municiones entre Argentina y Brasil a través de Uruguay, según InSight Crime, un equipo de investigación. Las flotas pesqueras ilegales se están aprovechando de los controles laxos en el puerto libre de Montevideo, la capital”.

Sumado eso, se detiene a analizar la creciente inseguridad en el país que en la última década, la tasa de homicidios de Uruguay casi se duplicó, a 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2022.

Estos escándalos sacuden al partido conservador y podría dañar sus posibilidades electorales.

Fuente: Con información de Urgente 24

El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilización

El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilización de la central única de trabajadores, el PIT-CNT. El sindicato denunció que la iniciativa significa una pérdida de derechos “brutal” para los sectores mayoritarios. La reforma presentada por el Ejecutivo se encuentra en su etapa final, debido a que ya fue aprobada en el Senado, ante lo cual la coalición oficialista busca consensos para conseguir que pase por el voto de los diputados.

“Perjudicial para las grandes mayorías” 

“Cada vez queda más claro que la reforma es perjudicial para los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador”, advirtió el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la iniciativa que propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años en un proceso gradual que no abarca a toda la población. Abdala habló mientras miles de uruguayos, que se habían concentrado en la explanada de la Universidad de la República, en el centro de Montevideo, avanzaban hacia la sede del Palacio Legislativo.

La convocatoria tenía como objetivo llevar un mensaje de protesta a los diputados, que tienen el texto en discusión y planean llevarlo al recinto la próxima semana, después de que a fin de año recibiera media sanción por parte del Senado. Abdala consideró “muy buena” la movilización y la definió como “una acción bien importante de la clase trabajadora”.

El dirigente alertó que la reforma “a contingentes masivos de la clase trabajadora le genera menos derechos, quitándole condiciones que no tienen nada que ver con las tradiciones del país”, y dejó en claro que “la seguridad social es un mecanismo para la protección de la gente, y no la resuelve la economía del mercado”. Este proyecto “implica un retroceso, mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la población vamos perdiendo derechos; la mayoría de la población no comparte esta reforma jubilatoria”, insistió Abdala, según el sitio Caras y Caretas.

Una reforma “brutal y criminal”

La huelga, que empezó a las nueve de la mañana y se extendió por cuatro horas, contó con la adhesión de la Intersocial Feminista y la mayoría de los sindicatos del país, incluyendo a los del transporte, las telecomunicaciones, la construcción y la salud pública. En ciertos casos la adhesión se hizo con paralización de actividades por todo el día, mientras que en otros, como el de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, se dio sin suspensión de las actividades laborales.

Abdala señaló que la reforma afecta, más allá de la población en general, “a otros sectores como los pequeños empresarios, que tienen sus intereses vinculados a la demanda interna, al mercado interno”. “La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revolución tecnológica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible” y además “rebaja las jubilaciones”, insistió según el diario El País.

Desde el escenario el secretario de Organización del PIT-CNT, Enrique Méndez, calificó de “brutal y criminal” a la iniciativa oficialista, que, advirtió, rompe con “un pacto social construido durante décadas”. Méndez repasó que la seguridad social “es una conquista de la clase obrera, una lucha que el campo popular dio frente a las injustas condiciones desiguales de la economía del mercado que tienen como leitmotiv buscar el lucro indiscriminado sin pensar en las vulnerabilidades sociales”.

Para el dirigente de los trabajadores de la industria láctea, el objetivo del gobierno de Luis Lacalle Pou es imponer el proyecto “como síntesis brutal al proceso de ajustes que viene tomando” y manifestó: “Toma como bastión hoy esta reforma de jubilaciones y pensiones para seguir golpeando a los sectores populares y más vulnerables de nuestra sociedad”.

Por la Intersocial habló Lucía Padula, quien juzgó que con la iniciativa el gobierno “sigue demostrando que su administración favorece a los malla oro (clases adineradas) y pretende que todas las crisis las paguen los trabajadores y trabajadoras y sectores más vulnerables de la sociedad”. El Ejecutivo “carece de perspectiva de género, ignora las disidencias, a personas en situación de discapacidad y a las niñeces, dejando afuera varias aristas de la seguridad social que no se resumen en las pensiones y jubilaciones, que es a lo que está dedicado los más de 300 artículos de este proyecto”, alertó Padula.

El 15 de septiembre del año pasado, el PIT-CNT llevó a cabo el último paro general de 24 horas, en el que reclamó subas en los salarios y más presupuesto para vivienda y educación. El pasado ocho de marzo hubo un nuevo paro general, aunque en esa oportunidad fue solo de mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

La postura del gobierno

La iniciativa fue defendida, en cambio, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para quien la reforma que pretende aprobar el gobierno no es perjudicial para los trabajadores. “Si no, no estaría de acuerdo”, expresó en declaraciones a Canal 10.

Mieres sostuvo que “extender la edad de jubilación es inevitable”, y cuestionó al PIT-CNT y al Frente Amplio por criticar el proyecto sin presentar uno alternativo. “Nunca hubo un documento alternativo. Oponerse a algo es un bollo”, agregó el ministro, utilizando una expresión que en Uruguay significa que algo es sencillo.

Además de reiterar que los cambios en el sistema son “necesarios”, Mieres reseñó que el Ejecutivo recibió a 80 delegaciones “de todo tipo” para el armado del proyecto. “Es mucho más que el famoso diálogo que generó el Frente Amplio en el 2008”, comparó.

La movilización coincidió con el anuncio del oficialismo de que aceptará once cambios en el texto salido del Senado, la mayoría propuestos por el Partido Colorado, integrante de la alianza gobernante, y aceptados tras la visita que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hizo el miércoles a las comisiones de Diputados. 

Algunas modificaciones tienen que ver con limitar las inversiones en el exterior de las administradoras de fondos, prohibir a futuros gobiernos cambiar la edad jubilatoria sin aval del Congreso y reducir la cantidad de años de residencia en el país exigidas a los migrantes para poder acceder a una pensión.

De todas formas, Mieres aclaró que se ratifican “las líneas generales del proyecto”, es decir que “la arquitectura general del proyecto no tiene modificación y es lo que garantiza que tengamos un resultado de sostenibilidad fiscal y de equidad”, aseguró. El ministro de Trabajo insistió en “el carácter integral de la reforma” y el norte que significa para el gobierno avanzar hacia el sistema previsional común.

En cambio el diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, dijo que al tratarse de “enunciados” y no estar redactados, se hace difícil ofrecer algún tipo de análisis al respecto. Valdomir planteó que se presentaron números que evidencian “los impactos que tiene extender la edad para jubilarse” en los seguros “por invalidez o por desempleo”, y recordó que por la comisión desfilaron “colectivos de trabajadores que ya tienen muchos problemas para jubilarse a los 60 años”. En ese sentido, subrayó “los impactos que tendrá para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 años”.

Fuente P12

La decisión de la nueva gestión de la Aduana de fiscalizar la carga de Paraguay redujo a cero los casos de carga de droga detectada en Buenos Aires, pero el narco hallo buen clima de negocios en el Uruguay de Lacalle Pou.

En el puerto de Buenos Aires, antes del cambio de autoridades en la Aduana que se concretó en junio del año pasado, comprobaron que contenedores paraguayos con destino a Europa, contenían cocaína oculta entre cargas de carbón, arroz, cueros, pinturas, maíz, madera y hasta hubo un caso en la estructura del contenedor.

Antes de Junio se conocieron importante casos: fueron encontrados 23 toneladas de cocaína en cajas de pinturas que fueron secuestradas en Alemania y tenía a Israel como destino, 11 toneladas bajo la fachada de cueros a Bélgica, 697 kilos en una doble pared de un contenedor a Portugal y 543 kilos en un contenedor de Maderas con rumbo a España.

“A partir que asumen las nuevas autoridades de la Aduana se comenzó a escanear todos los transbordos de origen Paraguay con destino final Europa y África, se aumentó el control documental del peso y la integridad de los precintos de origen. Asimismo, se intensificó el intercambio de información con Paraguay y Uruguay”, reveló una fuente al tanto del proceso.

La decisión de extremar los controles hizo que no se registraran nuevos contenedores con droga en el puerto de Buenos Aires, pero aumentaron los casos en Montevideo. En junio del año pasado, se encontraron 5 toneladas de cocaína que eran dirigidas a Bélgica en un contenedor de arroz, en septiembre 1822 kilos en un contenedor de azúcar y en noviembre 653 kilos fueron secuestrados en Uruguay en un contenedor de carne, también rumbo a Bélgica.

En Uruguay vinculan este “libre paso” de drogas al puerto de Montevideo a la falta de controles del gobierno de Luis Lacalle Pou. Incluso, no descarta que esté involucrado el ex jefe de seguridad del presidente uruguayo, Alejandro Astesiano, detenido por contrabando y acusado de espiar opositores, empresarios y hasta a la ex esposa de Lacalle Pou.

Cabe recodar que el Puerto de Montevideo estuvo envuelto un escándalo político tras un intento del gobierno de darle la licitación a un empresa belga por medio siglo. “El poder político no es ajeno a lo que pasa en el puerto y la mitad del espacio aéreo de Uruguay no tiene radares, pasan como quieren”, comentó a LPO una fuente uruguaya que sigue de cerca este tema.

Con la instrumentación de nuevos controles, empezaron a saltar casos río arriba. En diciembre del año que acaba de terminar, la Aduana de Paraguay informó el secuestro de 1647 kg. de cocaína en un contenedor con destino a Portugal que iba a transbordar en el Puerto de Montevideo.

El poder político no es ajeno a lo que pasa en el puerto de Montevideo y la mitad del espacio aéreo de Uruguay no tiene radares, pasan como quieren.

La firma registraba un antecedente de septiembre del 2021 cuando en Portugal secuestraron 700 kg de cocaína en la pared de un contenedor de la firma Agroforestal Tacuatí SA. En ese entonces, la Dirección General de Aduanas de la Argentina abrió una Investigación Preliminar en la PROCUNAR para investigar si hubo conexiones en Argentina sobre el hallazgo en Portugal, que quedó a cargo del juez federal, Diego Amarante.

El caso motivó el interés de Departamento Narcotráfico de la Aduana argentina y de agencias internacionales por la novedad en el ocultamiento de la carga. Desde la Argentina incluso alertaron a Paraguay sobre Agroforestal Tacuati SA y otras firmas vinculadas, pero las autoridades paraguayas prefirieron enfocarse en la empresa de transporte, informaron a LPO fuentes oficiales. Sin embargo, un año después la misma firma quedó involucrada en otro caso de narcotráfico lo que terminó de descartar conexiones en Argentina. En este último caso, la droga estaba oculta en la carga de granos.

Estas revelaciones no son aisladas. Están vinculadas al ojo que puso Estados Unidos a las empresas de Horacio Cartes, el socio de Mauricio Macri, sancionadas por el Departamento de Estado por lavado, contrabando y vínculos con el terrorismo.

LPO