Así lo advirtió Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Organizaciones sociales marcharon hoy hasta las sedes de la ANSES en reclamo de un bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de no otorgar el bono de fin de año a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) generó malestar y preocupación entre los sectores más vulnerables.

“Si no pagan el bono, en diciembre va a haber mucha conflictividad”, dijo Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien hoy se movilizó junto a otras organizaciones sociales.

Si bien la marcha principal tuvo lugar desde el Obelisco a la ANSES, hubo manifestaciones frente sedes del organismo previsional en las principales ciudades del país.

Grabois también opinó acerca de las versiones sobre un posible recorte de la AUH: “Sería catastrófico e inviable, no va a pasar. No es sustentable con la gobernabilidad argentina; habría una revuelta de magnitud inimaginable donde va a emerger la resistencia verdadera, la que sale de las bases populares y no de Twitter ni Facebook"

“Estamos peor que en el 2014”, sostuvo el dirigente social durante una entrevista en Salvemos Kamchatka, de Radio La Bici, y agregó que la situación se ve agravada por “un fenómeno” que “no es medible en plata, y que es la legitimación de un discurso represivo, excluyente, xenófobico y discriminatorio”.

Para Grabois, las reformas en materia previsional, laboral y tributaria configuran incluso un panorama de mayor preocupación.

En este sentido, consideró que la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria para ajustarla por inflación es “pésima” porque constituye “un robo de 100 mil millones de pesos a la economía popular”.

Sobre reforma laboral, el dirigente social apuntó contra la cúpula de la CGT al calificar como un “error” el haber aceptado una negociación con el Gobierno para llevar el proyecto al Congreso.

“Hay cosas que afectan a los trabajadores asalariados, que son perjudiciales y que de ninguna manera la CGT tendría que haber aceptado”, enfatizó.

La oposición es particularmente notoria frente a la reforma previsional, que trepa a más de 80% de los encuestados; mientras que un 54,3% está en contra de la laboral. La percepción mayoritaria es que las reformas fueron hechas “a la medida” de los grandes empresarios.

Un estudio de la consultora Analogías sondeó la opinión de la población de Capital Federal y el Gran Buenos Aires sobre las reformas en materia previsional, laboral y tributaria que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 18 de noviembre sobre un total de 3.520 casos, determinó un amplio rechazo frente a tres proyectos que fueron hechos “a la medida” de los grandes empresarios, según el 52,1% de los consultados.

El desacuerdo más fuerte se percibe en relación a la reforma previsional. El 80,6% no está de acuerdo con modificar la fórmula de aumento de las jubilaciones para bajar el déficit fiscal, frente a un 10% que apoya la idea, mientras que un 9,4% “no sabe”.

De hecho, el 63,3% de los ciudadanos del área metropolitana cree que los jubilados estarán peor si se aplica la reforma propuesta. Incluso entre quienes definen la gestión de Macri como “buena”, un 42% estima que los jubilados empeorarán su situación.

A su vez, desconfían de que el Gobierno tenga entre sus prioridades tanto una mejora de los haberes como de las prestaciones del PAMI: alrededor del 60% señala que no se trata de áreas prioritarias para el Gobierno Nacional. Inversamente, un 52% afirman que el Gobierno sí encuentra prioritario, por ejemplo, el pago de la deuda externa.

Un 48% estima que la jubilación debería continuar actualizándose con la fórmula vigente que surge de la Ley de Movilidad Previsional. La cifra trepa al 54% entre los mayores de 60 años, donde se concentran los jubilados.

Reforma laboral

El rechazo también es contundente en cuanto a la reforma laboral, que asciende al 54,3%. El desacuerdo es particularmente alto entre los jóvenes y en adultos de 30 a 44 años, donde se ubica entre el 60% y el 65%.

Asimismo, el 81,2% de los encuestados se muestra en contra de la idea esgrimida con frecuencia de que una reducción de los aumentos salariales es necesaria para conservar los puestos de trabajo.

El estudio de Analogías consultó, además, sobre la forma en que actúa el sindicalismo frente a la reforma laboral: Un 55,7% desaprueba el accionar de la CGT.

La opinión aparece más dividida al momento de evaluar cómo debería posicionarse la central sindical: un 44,8% piensa que debería apoyar algunas cosas y oponerse a otras, contra un 32% que le pide una actitud más intransigente de “oponerse a todo”. Sólo un 9,8% cree que la CGT debe apoyar íntegramente la reforma.

La postura que se tenga frente al Gobierno resulta el principal determinante de la respuesta: mientras que entre quienes califican el desempeño de Macri como “muy bueno”, sólo el 3,1% esperan que la CGT “se oponga a todo”, la cifra va creciendo a peor imagen del Presidente, llegando al 79,9% entre quienes lo califican como “muy malo”.

El 40% le pide a la CGT que convoque a un paro nacional para hacer frente a la reforma laboral, contra un 51% que desaprobaría esta medida. El apoyo a la eventual medida de fuerza es casi nulo (8%) en el público más oficialista, pero trepa al 36% entre quienes tienen imagen regular del Gobierno y roza el 80% en los opositores.

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Se aplicará en dos tramos a partir de diciembre para los usuarios de Edenor y Edesur. El aumento para los hogares y comercios que consuman más de 150 kilovatios hora durante el mes será mayor. Este nuevo aumento se suma al del gas, que subirá del 45 al 58%.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, determinó un tarifazo eléctrico del 39% en el primer tramo de diciembre y de 18% en el segundo de febrero de 2018. De esta forma los usuarios de Edenor y Edesur deberán pagar facturas con un aumento total del 57%.

La suba para los hogares y comercios que consuman más de 150 kilovatios hora durante el mes será mayor, según los datos revelados por la administración de Mauricio Macri en la Audiencia Pública que se llevaba adelante este viernes en el Palacio de las Aguas Corrientes de esta capital.

En tanto, fuera del área metropolitana, el tarifazo será de hasta el 38% en diciembre y febrero próximos, según anunció hoy el subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en el marco de la audiencia.

El funcionario justificó los mayores aumentos en Capital y el Conurbano bonaerense en la “normalización” del valor agregado de distribución (VAD), tal como se hizo en los últimos años en las compañías eléctricas provinciales.

Las empresas distribuidoras del interior del país venían actualizando el VAD al ritmo de la inflación, aunque ahora tendrán un incremento 14 puntos superior al índice de precios, que se estima que cerrará en 24% en 2017.

El tarifazo eléctrico se suma al del gas, que se estableció en 45% para los hogares y en 58% para los comercios. Desde diciembre de 2015, cuando asumió Macri, el servicio subió más de un 600%.

Por seis votos contra uno, el jurado descartó la anulación del jury y separó a Freiler de su cargo. Fue acusado de no poder justificar su patrimonio a pesar de que en una investigación penal por enriquecimiento ilícito había sido sobreseído. Cambiemos pudo avanzar con el proceso gracias a una maniobra “irregular e ilegal”.

Como quería Mauricio Macri, el camarista Eduardo Freiler fue finalmente destituido por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.

El veredicto fue leído esta mañana sin la presencia de Freiler, quien estuvo representado durante la audiencia por su abogado José María Olivares.

Por seis votos contra uno, el jurado descartó la anulación del jury, como había pedido el camarista, y lo separó por presunto mal desempeño y por no haber podido justificar su patrimonio ni sus gastos.

Los votos que determinaron la destitución fueron los de Inés Cantisani, Mario Márquez, Walter Barrionuevo, Silvia del Rosario Giacoppo, Hugo Marucci y Raúl Piaggio, mientras que la diputada nacional Diana Conti se pronunció en disidencia al entender que el juicio político estaba viciado de nulidad por irregularidades cometidas por el Consejo de la Magistratura durante la investigación.

Los fiscales en el proceso de remoción, el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) y el abogado Miguel Piedecasas, sostuvieron que Freiler no pudo explicar cómo obtuvo cerca de 16 millones de pesos, según un análisis de sus ingresos y gastos desde 2012 hasta octubre de 2016.

El camarista ya había sido sobreseído por enriquecimiento ilícito, pero los consejeros del macrismo decidieron avanzar igual, sobre todo por sus fallos contrarios a los intereses de la Casa Rosada.

Como el oficialismo no lograba sumar los votos necesarios para acusarlo, avanzó con una denuncia contra el senador Ruperto Godoy por ocupar el Consejo de la Magistratura sin ser abogado, un requisito que no aparece en la ley. Por una sentencia de Cámara que no estaba firme, le impidieron a Godoy participar de la votación. Su reemplazante, que ya había sido elegido, tampoco pudo votar porque el oficialismo demoró la jura.

Antes de ser destituido, Freiler consideró esta maniobra como “irregular e ilegal” y advirtió que la intención del Gobierno, con este tipo de persecuciones, es “disciplinar al Poder Judicial”.

Relevamientos en distintas provincias indican que la canasta navideña tendrá aumentos de entre el 30 y el 40%, mientras que los juguetes ya registran subas de hasta un 50%.

Según la Unión de Comerciantes Minoristas de La Plata, la canasta navideña que comenzaron a ofrecer en la región capital de la provincia de Buenos Aires llegaron con un incremento del entre el 30% y el 40%, mientras que se estiman aumentos similares en Córdoba, Mendoza y San Luis.

El relevamiento de la entidad platense señaló que esta suba corresponde a los productos de primeras marcas, aunque las segundas marcas tampoco quedan al margen de la escalada de precios, ya que presentan incrementos de entre un 18% y un 25%.

Mientras tanto, los juguetes aumentaron un 30% promedio en relación al año pasado, según un sondeo de la consultora Consumidores Libres.

Entre los artículos infantiles que más subieron de precio, se encuentran los rompecabezas básicos, que pasaron de 120 a 180 pesos (50%); y el Monopoly,  de 350 a 500 pesos (42,8%).

También registran fuertes aumentos las muñecas Barbie, que están un 35% más caras; las bicicletas rodado 12, un 33,3%; los disfraces, 31,1%; y las mesas de metegol, un 30,6%.

Los camiones y ambulancias experimentaron aumentos de precios que promediaron el 26% y el Duravit de 60 piezas subió un 23%. El juego de mesa conocido como Batalla Naval aumentó en un año un 25% y la pelota de cuero sintético número 4 tuvo un alza del 20%.

Al ritmo de estos precios, así como de los tarifazos en los servicios públicos y los combustibles, el gobierno de Mauricio Macri anunció que no pagará el bono de fin de año a los estatales, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, por lo que se avecina unas fiestas sumamente duras para los sectores más vulnerables de la población.

El acuerdo fue firmado por todas las provincias, a excepción de San Luis, que no aceptó las condiciones planteadas por el Gobierno nacional. Incluye la aceptación del cambio de la movilidad jubilatoria, que pasa a ser por inflación más un plus no especificado.

El Gobierno de Mauricio Macri anunció esta tarde que el Gobierno logró firmar con casi todos los gobernadores del país el pacto fiscal que ajusta los gastos de las provincias y que se complementará con las reformas regresivas que se tratarán en el Congreso en materia laboral, previsional y tributaria.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, junto a los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego), el jefe de Gabinete, Marcos Peña, explicó que el pacto “permitirá avanzar en una agenda legislativa que refleje este acuerdo”.

Entre los puntos más polémicos, se encuentra el cambio de la movilidad jubilatoria, que ahora se calculará por el índice de precios. El documento que firmaron los gobernadores dice que deberán “garantizarse aumentos por encima de la evolución de la inflación”, pero en ningún lugar se especifica con qué mecanismos se complementará el ajuste.

Más allá de este plus indefinido, el Gobierno logró lo que quería: cambiar una fórmula de movilidad con una indexación que será más baja que la actual al utilizar el índice de precios general. Con el cambio se calculaba una caída nominal de los haberes de ente el 9 al 13 por ciento el año próximo, lo que implicaría un recorte de unos 100.000 millones de pesos.

“Suscribieron todas las provincias, a excepción de San Luis, que puede sumarse a los firmantes”, acordaron “desistir de causas de coparticipación” contra la Nación, agregó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La administración puntana, a cargo de Alberto Rodríguez Saá, mantiene 14 juicios por fondos coparticipables y pretende continuar adelante, dado que hay diferencias por el fallo que la Corte le dio a favor.

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó que “la provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y, como contraprestación, alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el 10 por ciento del impuesto a las ganancias”.

Macri no formó parte hoy de las duras negociaciones con los gobernadores, pero sí encabezó el acto de firma cuando el entendimiento ya había sido alcanzado.

“Sé que ha habido incomodidades, pero todos sabemos que tenemos una responsabilidad enorme y no podemos esperar porque hay cuestiones de pobreza y empleo que debemos resolver”, dijo el jefe de Estado, al sentarse a la mesa con los mandatarios provinciales, en un video que pareció haberse filtrado por unos segundos en el canal oficial de YouTube de la Casa Rosada y que rápidamente desapareció.

El presidente se refirió así a las febriles negociaciones que entabló su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores en la última semana después de que se diera a conocer las condiciones del Pacto Fiscal.

La ex presidenta y senadora electa salió a al cruce del titular principal del diario, que la involucró en coimas y sobornos en la televisación del fútbol. Dijo que si estuviera en otro país “iniciaría un juicio por real malicia y falso titular”, pero “estamos en Argentina sin Estado de Derecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos”.

“Cristina Kirchner aparece en el registro del pago de coimas de Fútbol para Todos”, tituló La Nación, consignando las declaraciones del detenido Alejandro Burzaco, ex director de Torneos y hermano de Eugenio Burzaco, actual secretario de Seguridad de Mauricio Macri.

Alejandro Burzaco testificó ante la justicia estadounidense por el FIFAgate e involucró a ex funcionarios, entre ellos Jorge Delhon, quien se suicidó tras conocerse la acusación. Declaró que bajo el nombre “Cristina” registraba la entrega de supuestas coimas dirigidas al programa Fútbol para Todos (FPT).

La ex presidenta y actual senadora electa por Unidad Ciudadana desmintió al diario a través de su cuenta de Twitter: “Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría”.

“Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos. Por eso, lo único que podés hacer es un tuit indicando que el titular del diario La Nación de la República Argentina, es FALSO. Las garantías y los derechos constitucionales te los debo…por ahora”, completó Cristina.

Pablo Paladino, otro de los señalados por Burzaco de recibir supuestas coimas por la televisación del fútbol negó las acusaciones y señalo que en FpT “no manejaban presupuesto” y que sólo se encargaban de la parte operativa de la televisación.

También señaló que las declaraciones de Burzaco “claramente son parte de un acuerdo”, ya que no tienen que ver con el hecho por el que está siendo juzgado en Estados Unidos.

“Atacan FpT para garantizar la privatización y que los argentinos no puedan ver más a la selección ni el superclásico. Es un manotazo de ahogado de un delincuente que sale a decir una barbaridad y se lleva la vida de un ser humano excepcional”, dijo Paladino sobre la acusación de Burzaco, que el próximo 21 de noviembre enfrentará el juicio oral.

Por eso, lo único que podés hacer es un tuit indicando que el titular del diario La Nación de la República Argentina, es FALSO. Las garantías y los derechos constitucionales te los debo…por ahora. pic.twitter.com/cp7igkl28W

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 16 de noviembre de 2017

(Por Fernando M. López)  El Gobierno de Mauricio Macri se lanzó con toda su rapacidad en contra del derecho de los trabajadores, con una reforma laboral que flexibiliza y precariza –como nunca en el último siglo- las condiciones de trabajo de todos los argentinos. En paralelo avanza sobre las paritarias para congelar salarios durante los próximos años. Son parte de un mismo juego donde el objetivo es garantizar las condiciones para una mayor expropiación del capital sobre el trabajo, o dicho de otro modo, una profundización del saqueo de los ricos a los bolsillos de los laburantes.

Claro que esto es posible gracias a un poderoso y burocratizado sector de la dirigencia gremial que, por acción u omisión, da vía libre a la succión sin límites de los recursos de aquellos a quienes dicen representar, que son cada vez más golpeados por un proceso inflacionario que no cede a causa de los tarifazos en los servicios públicos, el aumento sin control de los combustibles y la suba de los alimentos, entre otros productos de primera necesidad.

Así como la modificación al convenio colectivo de los trabajadores de Vaca Muerta, firmada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que lidera Guillermo Pereyra, fue la punta de lanza de una reforma laboral a la brasilera, hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló es cómplice de la avanzada contra las paritarias.

El mismo Caló que en el marco del último Coloquio de IDEA, antes de las elecciones legislativas, llamaba “compañero” al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y le daba la “bienvenida” a la flexibilización laboral, firmó con la Casa Rosada, la gobernadora Rosana Bertone y los empresarios electrónicos la eliminación de las paritarias para los metalúrgicos de Tierra del Fuego hasta el 2020.

“Hemos sido víctimas de un extorsión por parte del Gobierno nacional”, dijo el diputado nacional y secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, y aseguró que el gremio no tuvo otra alternativa. Hasta lo graficó con un “chiste”, el del “prisionero que era condenado a muerte, salvo que aceptara dunga, dunga”.

Según el gremialista, habían amenazado con “quitarle la protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego”, lo que hubiera puesto en riesgo más de 10.000 fuentes de trabajo directas y otras tantas indirectas, y presionado “con la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros ingresos”.

Habrá que ver cuánto poder adquisitivo perderán los metalúrgicos fueguinos durante los 24 meses de congelamiento salarial si la inflación continúa con el ritmo actual y se mantiene por encima del 20%. Pero acá lo cierto es que, más allá de las extorsiones y las amenazas, no hubo medidas de fuerza para resistir la embestida. Ni siquiera una movilización. Y eso que la UOM fueguina las había anunciado (marchas para el 14 y el 20 de noviembre, y un paro general antes de fin de mes). Todo quedó en la nada cuando llegó Caló con el “Acuerdo por la Producción y el Empleo” que le había dictado el “compañero” Triaca.

“El comportamiento de algunas organizaciones y dirigentes sindicales es muy claro. No sólo no están defendiendo los intereses de los trabajadores, siguen una misma línea de entrega de derechos”, afirmó en diálogo con Primereando el secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane.

El gremialista también rechazó el discurso oficial, amplificado por los grandes medios, con el que se justifican este tipo de medidas antiobreras y se avanza en “la precarización del derecho laboral, previsional e impositivo”.

“Nos vienen a decir que todos tenemos que ceder algo… Los trabajadores nos hemos pasado la vida cediendo. ¿Cómo se va argumentar que la Argentina no se desarrolla y que está en crisis por los derechos que tienen los trabajadores? Es una mentira, una verdadera vergüenza”, enfatizó.

Otro de los dirigentes gremiales que salió a rechazar la flexibilización del Gobierno fue el camionero Pablo Moyano, quien ayer apuntó contra los eternos dialoguistas de la CGT, los triunviros Juan Carlos Schimd, Héctor Daer y Carlos Acuña.

“Esperemos que los dirigentes que tienen los cuadros de Perón y Evita en sus oficinas se opongan a esta reforma que va contra los trabajadores”, ironizó y calificó la ley que pretenden imponer como “peor que la de Brasil y la de los 90”.

Mientras tanto, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, liderada por el bancario Sergio Palazzo, ya delinea un plan de lucha. El próximo lunes, de hecho, los gremios que integran la organización se reunirán en Luján para definir la fecha de una marcha contra las reformas macristas.

“El diálogo tiene que tener el límite de este mes y luego adoptar medidas de acción”, sostuvo el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, quien advirtió: “Son reformas que no solamente se descargan sobre los trabajadores, sino que luego de aplicadas van a significar una mayor caída del mercado interno y una menor posibilidad de tener empleo de calidad”.

Rigane confirmó que la idea de las dos CTA es sumarse a la macha de la CFT porque “no hay posibilidad de confrontar esta precarización que se plantea si no tenemos capacidad de unirnos en acción”.

“La unidad se hace imprescindible y hay que hacerla con todos y cada uno de los sectores que representan al movimiento obrero. Llegó la hora de qué dejemos de lado cualquier tipo de diferencia porque si llega a avanzar con esta iniciativa de precarización, difícilmente nos podamos reponer. Acá se avanza contra los trabajadores y jubilados, contra la actividad sindical, y contra los abogados laboralistas”, enumeró el secretario adjunto de la CTA Autónoma.

Por lo pronto, las organizaciones gremiales llevaron su reclamo ante el director general de la OIT, Guy Ryder, con quien se reunieron este miércoles en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se desarrolla en Buenos Aires.

Desde la CTA confirmaron, además, que participarán del Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de noviembre en Uruguay, donde las reformas del golpista brasileño Michel Temer y de su par argentino, Mauricio Macri, serán temas obligados.

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizan este miércoles una huelga con movilización “en defensa de la independencia” y “contra las reformas” en el Poder Judicial.

La protesta comenzó esta mañana con movilización a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, sede la Corte Suprema de la Nación, y también en otros puntos del país.

La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN)  señaló que “los problemas de la justicia no se solucionan con la extensión del horario” de atención ni adelantando un par de semanas la feria de enero, medidas que evalúa la Corte Suprema luego de los cuestionamientos del presidente Mauricio Macri el 30 de octubre pasado en su discurso en el Centro Cultural Kirchner.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se sumó al paro para pedir por la devolución de descuentos realizados por la Suprema Corte y mostrar su oposición a la eliminación de la feria, algo que el oficialismo viene barajando tanto en provincia como a nivel nacional.

La AJB, que se moviliza frente a la sede de la Suprema Corte en La Plata, manifiestó su “enérgico repudio” a las declaraciones del presidente Macri, “quien desarrolló una ingeniería comunicacional para convencer al conjunto de la sociedad que el principal obstáculo para que la Argentina avance es el alto costo laboral”.

“Apelando deliberadamente a datos falsos o tergiversados sobre supuestas condiciones de privilegio en materia de ingresos, vacaciones o licencias, Macri pretende legitimar la necesidad de la más profunda y regresiva reforma laboral llevada a cabo desde la última dictadura militar, a la vez que abre el camino para introducir cambios en la Justicia basados en la pérdida de derechos fundamentales de empleados y funcionarios”, agregó el gremio.

Para la AJB “las verdaderas causas de las crisis de la Justicia”, de las que el presidente no habla, son “la dependencia de gran parte de los jueces, fiscales y defensores respecto del poder político al que deben controlar e investigar; o las históricas restricciones presupuestarias, que condenan al colapso permanente a un Poder Judicial que apenas se mantiene a flote gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras”.

Jorge Triaca confirmó que los estatales no cobrarán el plus que habían recibido en 2016. Tampoco lo percibirían jubilados ni beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

El Gobierno de Mauricio Macri no sólo avanza con el recorte de derechos laborales y un ajuste en las jubilaciones que superará los 100 mil millones de pesos, sino que además elimina el bono de fin de año que podría dar un respiro a millones de familias para pasar las fiestas.

“El tema del bono no está planteado. La cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria”, dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al ser consultado sobre el plus para los trabajadores estatales.

El funcionario no dio precisiones, pero el bono tampoco correría para los jubilados ni los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El año pasado, el Ejecutivo había accedido a otorgar el plus a unos 7 millones de jubilados y beneficiarios de la AUH para descomprimir el malestar social por la escalada inflacionaria en el marco de las festividades de fin de año. La medida también abarcó a unos 130 mil empleados públicos.

Hasta el momento los únicos que recibirán el bono serán los trabajadores de la economía social, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que ya anunciaron que los 2000 pesos que percibirán por única vez “no alcanzan” y lanzaron un plan de lucha por la “emergencia alimentaria”.