El 54% considera que el proyecto del Gobierno va a afectarlo en su trabajo. La cifra trepa al 63% entre los más jóvenes. En cuanto a la reforma previsional, casi la mitad cree que las jubilaciones deben continuar actualizándose con los criterios fijados por la Ley de Movilidad Previsional vigente, contra un 26,8% que acepta el ajuste por inflación.

Una encuesta de Analogías reveló la percepción de los habitantes del Gran Buenos Aires sobre las reformas impulsadas por el Gobierno de Mauricio Macri, tanto en lo laboral, previsional como tributario.

El estudio, realizado entre el 5 y 7 de noviembre en los 28 municipios que integran el área metropolitana de Buenos Aires, relevó 2.120 casos de forma telefónica.

La primera impresión entre los vecinos del Conurbano respecto a las reformas es que benefician en una medida mucho mayor a los grandes empresarios. Alrededor del 50% tiene esta opinión y la cifra se eleva entre los jóvenes y adultos de hasta 44 años, así como en el segmento de mayor nivel de estudios.

La reforma laboral parte de un contexto adverso en lo que refiere a percepción de la situación laboral personal: un 41,5% cree que ésta empeoró durante el último año, contra sólo un 19,9% que afirma haber mejorado.

El 54% de los entrevistados considera que la reforma laboral propuesta por el Gobierno va a afectarlo en su trabajo, con una cifra que sube al 63% entre los más jóvenes.

En tanto, un 48,4% de los vecinos del Gran Buenos Aires no cree que la reforma laboral vaya a acelerar la llegada de inversiones, como sostiene el Gobierno, mientras que un 37% tiene expectativas al respecto.

En cuanto a la reforma previsional, un 45,7% de los entrevistados considera que las jubilaciones deben continuar actualizándose con los criterios fijados por la Ley de Movilidad Previsional vigente, contra un 26,8% que cree que deben ajustarse por inflación exclusivamente.

Por otro lado, el 50,4% de los habitantes del GBA desconfía sobre la posibilidad de que la CGT defienda a los trabajadores y jubilados en caso de que la reforma los perjudique.

Finalmente, el 52,7% se opone al proceso de endeudamiento del sector público (Gobierno y Banco Central) porque asegura que complica la actividad económica, mientras que un 48,7% se muestra en desacuerdo con que el FMI audite las cuentas de la economía argentina.

El desacuerdo trepa al 84% entre votantes de Unidad Ciudadana y al 67% entre los del FIT. En tanto, resulta más bajo aunque también mayoritario en votantes de Massa (58,1%) y Randazzo (57,6%) y sólo se vuelve minoritario (22,3%) entre los que optaron por Cambiemos en las elecciones de Octubre.

Ocurrió en Salta. Patricia Brandán era epiléptica y madre de cinco hijos. Atravesaba una grave situación económica desde que la privaron de su pensión, por lo que decidió suicidarse tomando un cóctel de medicamentos.

A pesar de la promesa realizada meses atrás de reponer las pensiones por discapacidad, el Gobierno de Mauricio Macri sigue incumpliendo incluso con las medidas judiciales que le ordenan dar marcha atrás con las quitas.

Desesperada ante esta situación, una mujer salteña de 42 años, Patricia Brandán, se quitó la vida tomando un cóctel de medicamentos.

Epiléptica y madre de cinco hijos, Patricia estaba deprimida desde que dejó de percibir su pensión por discapacidad y el agravamiento de su situación económica, según contaron sus familiares.

La mujer, que vivía en la localidad de Metán, había desaparecido la semana pasada y fue encontrada por equipos de rastrillaje todavía con vida, pese a la ingesta de los fármacos. Si bien fue trasladada al hospital San Bernardo, los médicos no pudieron revertir el cuadro de intoxicación.

Aunque el deceso se produjo el sábado pasado, la historia fue conocida nacionalmente en las últimas horas.

En medio del escándalo financiero de los Paradise Papers, la vicepresidenta trató de defender a Luis Caputo, uno de los ministros involucrados con oscuras guaridas fiscales.

Tras conocerse que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami vinculada a Delaware y las Islas Caimán, la vicepresidente Gabriela Michetti dijo que es “una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio”.

Así trató de defenderlo al ser consultada por el diario El Tribuno, de Jujuy, donde además consideró que “no hay por qué cuestionar ese tema de las sociedades offshore”.

“Asesorar a alguien para que trabaje con sociedades offshore no necesariamente es ilícito, lo que sí es ilícito es no declararlas”, agregó Michetti en otra de sus insólitas frases, sin tener en cuenta que la participación de Caputo en Noctua Partners no era conocida hasta que quedó en evidencia en las nuevas filtraciones de paraísos fiscales denominada Paradise Papers, a las que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hoy se reveló, además, que otro de los ministros involucrados es Juan José Aranguren, ministro de Energía y ex titular de Shell, quien habría sido el director de una sociedad offshore creada en Barbados para proveer gasoil a América Latina.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, esta sociedad “ganó 13 contrataciones para proveer al Estado”, según la información que reveló la periodista Mariel Fitz Patrick, integrante del ICIJ.

A la hora de defender a funcionarios o medidas antipopulares del Gobierno del que forma parte, Michetti no deja de sorprender.

El mes pasado, la vicepresidenta justificó la decisión de Aranguren de liberar el mercado interno de combustibles asegurando que era “a favor de los ciudadanos, no en contra”.

Michetti explicó en esa oportunidad que el Estado “se corre de ser el garante del precio” del combustible, porque si esto no ocurría iba a ser “perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura”.

Lo cierto, tras la aplicación de la medida, es que los ciudadanos fueron los principales afectados, ya que las petroleras esperaron hasta después de las elecciones legislativas para imponer un tarifazo de entre el 9% y el 12%.

Aranguren fue director de una sociedad offshore radicada en Barbados que era subsidiaria de la empresa Shell. Su nombre aparece junto al del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en las filtraciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Ya son dos los CEOministros de Mauricio Macri relacionados al entramado de sociedades offshore. Tras el escándalo que salpicó al titular de Finanzas, Luis Caputo, vinculado con una gerenciadora de fondos de inversión de Miami ligada a Delaware y a las Islas Caimán, trascendió que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue director de una sociedad radicada en Barbados que era subsidiaria de la empresa Shell.

Durante el gobierno de Cambiemos, esta sociedad “ganó 13 contrataciones para proveer al Estado”, según la información que reveló la periodista Mariel Fitz Patrick, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Si bien el ministro ya no forma parte de la sociedad creada en 1996, la firma sigue operando para mantener negocios con el país. En mayo de 2016, Aranguren fue denunciado penalmente por beneficiarse con el tarifazo de gas.

Además de ambos ministros macristas, el ICIJ dio a conocer el nombre del Alan Faena, con sociedades en Islas Caimán e Islas Vírgenes que utilizó para distintas inversiones inmobiliarias en Puerto Madero. También el financista Ignacio Jorge Rosner, titular del fondo de inversión OP Investments, interesado en el Grupo Indalo.

Asimismo, aparecen el secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, y el Secretario de Estado de EEUU, Rex Tilerson, asi como George Soros, Paul Allen (Cofundador de Microsoft), Apple, Nike, Glencore Argentina y Carlos Slim, Goldman Sachs, BNP, HSBC, entre otros.

Líderes latinoamericanos como el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, también conocido como el “Rey de la soja” y el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, son otros de los nombres del escándalo.

Por otro lado, se publicaron los nombres de celebridades como Madonna, Bono, la actriz británica Keira Kinghtley y el corredor de Formula 1, el británico Lewis Hamilton. También trascendió el nombre del paraguayo Juan Ángel Napout ex presidente de Conmebol y ex vicepresidente de FIFA, que se encuentra preso en Estados Unidos.

El dirigente político y social recibió una pena de cuatro años de prisión en suspenso y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas. “Este no es un problema de D’Elía, es un problema de todos los que somos opositores”, dijo y llamó “a luchar por una Argentina para todos”.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero, condenó a Luis D’Elía a cuatro años de prisión en suspenso y una inhabilitación de 8 años para el ejercicio de las funciones públicas, pena que no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme.

Al titular del partido MILES se lo juzgó por la toma de la Comisaría 24 de La Boca, a raíz de una pueblada que pedía justicia por el crimen del militante barrial Martín “El Oso" Cisneros, asesinado por el narcotraficante Juan Carlos Duarte, quien actuó luego de que la policía liberara la zona.

“Me condenan cuando todos los que estuvieron en ese lugar saben que yo esa noche trabajé para que el conflicto terminara con un convenio, para que se relajaran los ánimos y todo terminara en paz”, explicó D’Elía tras ser condenado y responsabilizó directamente al presidente Mauricio Macri.

“Macri, vos estás usando el poder judicial como fuerza de choque del Ejecutivo. Este no es un problema de D’Elía, es un problema de todos los que somos opositores en la Argentina, de tu lista negra de 562 argentinos. Pero te decimos claramente: no hay condena que nos pare. ¡A luchar, a luchar, a luchar por una Argentina para todos!”, expresó ante los medios al salir de los tribunales de Comodoro Py.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que el defensor de D’Elía, Adrián Albor, planteó que todos los delitos estaban prescriptos y no correspondía ningún tipo de pena.

Los fundamentos de la sentencia conocida esta tarde contra el dirigente político y social serán leídos recién el 5 de diciembre próximo.

La lista arranca con el presidente Mauricio Macri, investigado en distintas causas, entre ellas la del Correo Argentino a cargo de Ariel Lijo, el mismo juez que detuvo a Boudou sin siquiera procesarlo. Gabriela Michetti, Juan José Aranguren, Gustavo Arribas y muchos otros miembros del gabinete están imputados, procesados o asumieron bajo estado judicial.

(Por Jonathan Heguier *) La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones.

Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa.

Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y "por las relaciones que conserva en el poder". "La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-", afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación.

En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.

Con este mismo procedimiento de la "doctrina De Vido-Boudou", la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial

. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguiera esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente.

MAURICIO MACRI

El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento.

El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la "doctrina De Vido-Boudou" no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido.

Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia.

GABRIELA MICHETTI

Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos del fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer.

JUAN JOSÉ ARANGUREN

El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre.

La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la denuncia, un funcionario "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas "Condor Cliff" y "La Barrancosa".

GUSTAVO ARRIBAS

El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina "De Vido-Boudou" sino que realizó un sobreseimiento exprés.

Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman.

LUIS CAPUTO

El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal.

El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.

LUIS ETCHEVEHERE

El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay.

El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones.

CARLOS MELCONIAN

El ex presidente del Banco Nación fue denunciado bajo su gestión en 2016 por darle subsidio al presidente de la Sociedad Rural, ahora ministro de Agroindustria. El establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de los Etchevehere en Entre Ríos, recibió un subsidio de parte del Banco nación por $ 900.000.

FEDERICO STURZENEGGER

El titular del Banco Central asumió imputado. Fue por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De la Rúa. Hasta la Corte Suprema confirmó el procesamiento por el Megacanje. El 28 de septiembre de 2016 su sobreseimiento quedó firme cuando el Fiscal federal Germán Moldes no lo apeló. Debió pasar años detenido con la "doctrina De Vido-Boudou".

PATRICIA BULLRICH

La ministra de Seguridad está imputada en la causa por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal y pidió informes a la Justicia de Esquel y al Ejecutivo. Macri y Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio, también imputados.

ALFONSO PRAT-GAY

El ex ministro de Hacienda y Finanzas estaba denunciado por evasión fiscal en el marco de una presunta operación ilícita vinculada al banco HSBC cuando asumió. Recién en 2016 anunció que la jueza Straccia dictó su sobreseimiento en la causa.

SUSANA MALCORRA

La ex Canciller también estuvo imputada, junto al Presidente y la vicepresidenta por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares.

MARIO QUINTANA

El vicejefe de Gabinete fue imputado en la causa del 'dólar futuro' iniciada tras una investigación de El Destape. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y a él. Quintana "habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares", dice la denuncia.

También Quintana en el caso Fly Bondi. El fiscal Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar "si guarda relación con la empresa aérea". El fiscal ya había imputado a Mauricio Macri, su padre y funcionarios por el caso Avianca.

SERGIO BERGMAN

El ministro de Medio Ambiente está denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por su actuación previa a los incendios forestales que azotaron a las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El rabino habría contratado helicópteros "a dedo".

La causa recayó por sorteo en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

GUILLERMO DIETRICH

El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las "low cost", un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.

OSCAR AGUAD

El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.

ANDRÉS IBARRA

El ministro de Modernización estaba denunciado en la Justicia federal por el acuerdo suscripto con Corea del Sur que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico, un proyecto desactivado en el Senado. Fue sobreseído a los cuatro meses de la denuncia. Había sido denunciado en diciembre de 2016.

PABLO AVELLUTO

El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero.

El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió "defraudación a la administración pública”.

JULIO MARTÍNEZ

El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos a EE.UU. que reveló El Destape.

El fiscal federal Franco Picardi lo imputó junto a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.

(*) Periodista de El Destape.

El titular de la cartera de Modernización afirmó que el Gobierno busca lograr “un Estado austero y eficiente”. De esta forma dejó abierta la posibilidad de una nueva ola de cesantías en la administración pública nacional.

A tono con las reformas ajustadoras que anunció esta semana el presidente Mauricio Macri, el ministro Andrés Ibarra se prepara para retomar los despidos.

Consultado al respecto por radio La Red, el titular de la cartera de Modernización respondió que “puede haber altas y bajas según la evaluación de desempeño, según la dinámica de cada organismo”.

Ibarra agregó que desde el Gobierno buscan “un Estado austero y eficiente”, lo que consideró “clave para que la economía se potencie”.

Antes de las elecciones legislativas, el discurso del ministro de Modernización era totalmente diferente. “El Gobierno nunca producirá una ola de despidos de trabajadores estatales”, decía en plena campaña de Cambiemos.

Pero los comicios ya pasaron, el oficialismo obtuvo el triunfo y ahora Ibarra, conocido en la administración pública como “el señor manos de tijera”, puede volver a recortar sin limitaciones, como lo hizo durante su primer año de gestión.

El ministro de Educación de la Nación informó que invertirá 13 millones de pesos en un “nuevo edificio para el jardín de infantes N° 22”. Pero de nuevo no tiene nada. No sólo se envió la misma gacetilla realizada en 2015 por la gestión de CFK, sino que la obra ya fue inaugurada el año pasado por el intendente Jorge Ferraresi.

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal y actual de Mauricio Macri, dice que va a hacer lo que ya está hecho.

“Avellaneda recibirá más de 13 millones de pesos para construir nuevos jardines de infantes”, sostiene una gacetilla enviada ayer desde la cartera educativa nacional y agrega que esa cifra es “para la creación de un nuevo edificio para el jardín de infantes N° 22 “Nancy Vanrell, que albergará a más de 150 niños y niñas”, y para “la ampliación del jardín de infantes N° 903”.

La información repite al pie de la letra lo que decía una gacetilla de 2015, difundida durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, sobre la misma inversión de 13 millones para los mismos edificios escolares.

Incluso, la obra del Jardín Nº 22 ya fue inaugurada por el intendente Jorge Ferraresi el 12 de agosto de 2016. El establecimiento cuenta con seis aulas, sanitarios, oficinas, un salón de usos múltiples y un patio de juegos.

No es la primera vez que el Gobierno de Cambiemos se atribuye cosas que no hizo. Siguiendo con el caso de Avellaneda, a mediados de año, el propio Macri presentó como un logro de su gestión una obra de infraestructura para la planta depuradora de Dock Sud que había sido planeada, licitada e incluso iniciada durante el gobierno de CFK.

Investigadores sociales, artistas y militantes intervinieron los carteles publicitarios de la estación Facultad de Medicina, de la Línea D del Subte. Lo hicieron para visibilizar la responsabilidad de la multinacional italiana en la represión de Gendarmería que puso fin a la vida del joven.

A 60 metros de la morgue judicial donde se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, Benetton llenó la estación Facultad de Medicina, de la Línea D del Subte, con carteles de una campaña publicitaria para promocionar un perfume.

En vísperas de la marcha que colmó la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el joven, a tres meses de su desaparición forzada y muerte, un colectivo de investigadores sociales, artistas y militantes decidió intervenir los afiches para que se leyera “United Killers of Benetton” (Asesinos Unidos de Benetton).

“Esta intervención surgió porque nos pareció siniestra la cercanía de esta campaña publicitaria, tan colorida y festiva, a 60 metros de donde está todavía hoy el cuerpo de Santiago Maldonado”, explicó una de las integrantes del colectivo al diario Página/12, y añadió: “En las últimas semanas el actor Benetton fue totalmente invisibilizado por los medios de comunicación. El conflicto de los mapuches por el que reprimió la Gendarmería el 1 de agosto ocurrió en territorio de Benetton. Es un territorio en conflicto, eso no se puede negar. Es un territorio que Benetton adquirió de una manera bastante irregular; implicó una expropiación de territorios que reclaman históricamente las comunidades mapuches de la zona”.

La multinacional italiana posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia que hoy son reclamadas por el pueblo mapuche, en particular la llamada “Estancia Leleque”, de unas 96 mil hectáreas donde habita la comunidad de Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde los mapuches vieron cómo los gendarmes se llevaban a Santiago en medio de la represión ordenada por el Gobierno de Mauricio Macri.

La estancia fue usurpada durante el genocidio de la llamada “Campaña del Desierto” y luego apropiada por la británica Argentine Southern Land Company hasta llegar a manos de la familia Benetton.

“La plaza houssay, el subte, las facultades, la morgue, pueden ser territorios de encuentro y libertad, o al menos no deben ser territorios de impunidad de quienes se creen dueños de nuestras vidas”, explicó Cecilia, otra integrante del colectivo, a la agencia ANRed.

El nieto recuperado y diputado electo por Unidad Ciudadana le señaló a Macri que “el Estado es responsable porque hubo una represión ilegal” de esa fuerza federal y repudió el “acoso constante a la familia” Maldonado.

Tras confirmar su participación en la marcha de esta tarde a Plaza de Mayo en reclamo de justicia por Santiago Maldonado, el diputado electo Horacio Pietragalla cuestionó al Gobierno por su defensa de Gendarmería, la fuerza que llevó a cabo la brutal represión del 1 de agosto que terminó con la vida del joven de 28 años.

Al igual que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente Mauricio Macri afirmó en las últimas horas que “es imposible que este Gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie” y exculpó a la fuerza federal como si la investigación hubiese concluido.

“Es claro que nadie piensa que el Gobierno nacional mandó a desaparecer a alguien. Lo que sí decimos es que el Estado es responsable porque hubo una represión ilegal de Gendarmería”, señaló Pietragalla.

En ese sentido, el nieto recuperado agregó que pronto “vamos a tener una respuesta, que es lo que va a decir el cuerpo de Santiago”, pero “nada desliga la responsabilidad de Gendarmería”.

Pietragalla también repudió el “acoso constante a la familia” Maldonado. “Pedimos respeto, verdad y justicia”, subrayó en diálogo con AM 750.