La fecha será definida el próximo lunes en un encuentro de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. “Vemos un panorama muy malo para los trabajadores”, dijo el bancario Eduardo Berrozpe al explicar que los cambios no “no van a generar más empleo y van a significar una mayor caída del mercado interno”.

Mientras el triunvirato de la CGT, integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, prefiere no lanzar medidas de protesta contra reforma laboral de Mauricio Macri, el sector liderado por el bancario Sergio Palazzo se presta a discutir un plan de lucha para enfrentar la flexibilización y la quita de derechos.

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT se reunirá el próximo lunes convocó a un encuentro en el gremio de farmacéuticos de la localidad de Luján para definir medidas de acción y determinar la fecha de una marcha, a la que también podrían sumarse las dos CTA, el Movimiento Obrero Santafesino, el Movimiento Sindical de Trabajadores de la Patagonia y organizaciones sociales.

“El diálogo tiene que tener el límite de este mes y luego adoptar medidas de acción”, dijo el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, al asegurar que desde la CFT ven “un panorama muy malo para los trabajadores”.

“Son reformas que no solamente se descargan sobre los trabajadores, sino que luego de aplicadas, en caso de prosperar, van a significar una mayor caída del mercado interno y una menor posibilidad de tener empleo de calidad”, analizó el gremialista.

El dirigente bancario aseguró que los efectos de este tipo de medidas tienen antecedentes en la Argentina y “están corroborados durante las últimas dos décadas del siglo pasado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que no generan empleo, sino desempleo”.

Precisamente, este martes llegará a la Argentina el máximo referente de la OIT, Guy Ryder, para encabezar la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se desarrolla hasta el 16 de noviembre, y donde no se pasará por alto las regresivas reformas de Macri.

“Es mucho más que la flexibilización laboral, porque está el robo que se concreta contra los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y las familiares, los que necesitan planes sociales para superar difíciles circunstancias. La agresión está sin límite”, señaló Berrozpe al hablar de las modificaciones en materia previsional.

En este marco, también apuntó contra la reforma tributaria, que “sólo favorece a los sectores más concentrados y económicamente más poderosos”.

“Tememos por el déficit fiscal aumentado en una proporción peligrosa durante esta gestión. Estas medidas son para ofrecer garantías a los acreedores de que nos vamos a ajustar el cinturón para poder cumplir los compromisos de este endeudamiento con el que se sostiene un plan económico, que no es viable y no puede sostenerse por sí mismo”, subrayó el gremialista.

El economista consideró que la Argentina va por mal camino con un nivel de endeudamiento de 35.000 millones de dólares por año y recordó que el default de 2001 “lo pagó la pobre gente que tenía depósitos en los bancos”. También apuntó contra el paquete impositivo que envió el Gobierno al Congreso.

Hasta los economistas de la ortodoxia neoliberal creen que las políticas económicas de Mauricio Macri llevan al país a estrellarse contra el paredón.

“Podemos hablar sobre los costos sociales de bajar el déficit hoy, pero si no lo bajás la Argentina va a tener un problema para pagar la deuda en el futuro”, advirtió José Luis Espert y consideró que el actual “nivel de toma de deuda es una irresponsabilidad”.

“¿Cómo te vas a endeudar todos los años entre 30.000 y 35.000 millones de dólares? La Argentina no lo va a poder pagar si sigue así. La Argentina tiene que cortar esto”, sostuvo anoche el economista en el programa Animales Sueltos de América TV.

En este marco, Espert apeló a la historia reciente y recordó que el default de 2001 “lo pagó la pobre gente que tenía depósitos en los bancos”, por lo que insistió: “Esto que está haciendo Macri es absolutamente irresponsable”.

El economista neoliberal también se refirió al paquete impositivo del Gobierno, al que calificó como “absurdo” y “ridículo” porque “no tiene nada que ver con los problemas” del país.

“Estás en una trayectoria insostenible de déficit, de endeudamiento, de atraso del tipo de cambio, de déficit comercial y lanzás un paquete de impuestos para evitar que engordemos por la bebida azucarada o para que no vivamos borrachos por el vino”, ironizó.

La reforma laboral ni siquiera se discutió en el Congreso, pero el presidente Mauricio Macri ya logró borrar de un plumazo las paritarias de los metalúrgicos fueguinos al menos hasta el 2020. Lo hizo gracias a un acuerdo entre la cámara empresaria, la gobernadora Rosana Bertone y la UOM.

El jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, fue uno de los primeros diigentes sindicales en mostrarse permeable a una reforma flexibilizadora en materia laboral, incluso antes de las elecciones legislativas, y ahora puso la firma para dejar sin paritarias a los trabajadores de su sector en Tierra del Fuego.

El convenio, que se denomina “Acuerdo por la Producción y el Empleo”, fue suscripto con la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales de Electrónica (AFARTE), el Ministerio de Producción de la Nación y la gobernadora fueguina Rosana Bertone.

De esta forma, las empresas no aumentarán las remuneraciones durante 24 meses, plazo que comenzará a regir a partir del 30 de junio de 2018.

“No nos gusta ni no nos agrada, pero priorizamos la necesidad de continuar con la industria tal como viene hasta el momento”, justificó el secretario adjunto de la UOM de Río Grande, Marcos Linares, y agregó que firmaron para que “no haya ni despidos ni suspensiones en ese mismo período”.

La eliminación de las paritarias de los metalúrgicos fueguinos se produce tras la presentación del borrador de la reforma laboral del Gobierno de Mauricio Macri, que es resistida por todas las centrales obreras ya que flexibiliza los contratos de trabajo, recorta las indemnizaciones, incrementa la jornada laboral y elimina las horas extras, entre otras modificaciones regresivas.

“Para la doctrina social de la Iglesia el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona y es el gran ordenador de la vida”, dijo el flamante titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojeda, cuando le preguntaron sobre la reforma que impulsa Mauricio Macri.

La Iglesia Católica dejó en claro hoy que no se mantendrá indiferente a los intentos del Gobierno de Cambiemos de imponer una reforma flexibilizadora que avanza sobre los derechos de los trabajadores.

Al asumir como titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, advirtió que la “deuda social es enorme” y recordó que, “para la doctrina social de la Iglesia, el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona y es un ordenador de la vida”.

“Toda la sociedad es responsable de que se puedan conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales”, completó tras ser consultado sobre la reforma del presidente Mauricio Macri.

La nueva conducción de la Iglesia Católica local, que se muestra más comprometida con lo social en sintonía con el papa Francisco, llevará esta postura a la reunión que mantendrá en las próximas semanas con el Gobierno.

“Estamos dispuestos a trabajar y aportar desde nuestra mirada de pastores”, sostuvo Ojeda y remarcó que el Episcopado “es muy sensible ante esta cuestión” de la reforma laboral.

También hubo críticas al Gobierno por el avance del narcotráfico. “El decomiso de mucha droga no indica necesariamente que esté aflojando”, explicó el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, quien acompañó al presidente de la CEA durante la conferencia, y añadió: “La droga sigue matando a nuestros jóvenes y niños. Es un drama frente al cual tenemos que estar muy atentos todos”.

Sobre una eventual visita del Papa a la Argentina, Ojeda dijo que la agenda del Papa “es muy intensa” y que  “está comprometido con la Iglesia universal”

“Francisco está permanentemente invitado al país. Él sabrá cuándo y en qué momento vendrá”, concluyó el nuevo titular del Episcopado, que reemplazó a monseñor José María Arancedo.

Luego de anunciar un ajuste de 100.000 millones de pesos por el cambio de fórmula de actualización de jubilaciones, se conoció que ANSES gastará la millonaria suma de $348 millones en un call center.

Cambiemos aprobó las licitaciones de CityTech SA, por un total de 157,3 millones de pesos, y Atento SA por otros 190 millones de pesos, para llevar adelante un call center, “destinado a la realización de llamadas entrantes por un período de DOCE (12) meses o hasta agotar OCHOCIENTAS CUARENTA MIL (840.000) horas productivas”. El total del contrato es $347,5 millones (Ver documento completo).

Paralelamente y a tono con lo pedido por el Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri anunció hace semanas en el Centro Cultural Kirchner, un paquete de reformas que implicará el cambio en la fórmula que calcula las jubilaciones para que los próximos aumentos se fijen por la evolución de la inflación. De movida, esto representará un ajuste en los haberes de jubilados y pensionados de $118.668 millones.

La planta porteña de Freddo, heladería ligada al vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, fue tomada por sus trabajadores luego de una serie de despidos y un proceso de precarización que incluye un “irrisorio” aumento paritario de entre el 5 y el 10 por ciento.

“Acá ya se está aplicando la reforma laboral, la plata no nos alcanza”, dijo Viviana Godoy, delegada de los empleados de Freddo, heladería perteneciente al fondo de inversión Pegasus, del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana.

Más de 350 trabajadores decidieron parar y tomar hoy la planta productora de la empresa en Capital Federal para denunciar 25 despidos que se ejecutaron en las últimas semanas y para rechazar un aumento paritario de entre el 5% y el 10%, que calificaron como “irrisorio”.

“De una manera extorsiva, la empresa quiere cambiar los puntos del convenio y se niega a darnos un aumento coherente”, sostuvo Godoy a AM 750 y explicó que esto “es la punta de una flexibilización” para “contratar gente que va a hacer nuestro mismo trabajo por menos plata”.

También repudió las medidas intimidatorias de la empresa, que descontó “el premio de presentismo” a los empleados que participaron de las asambleas en las que se decidió la medida de fuerza.

Tras la rotunda posición de las dos CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT también rechazó en términos generales el proyecto de la Casa Rosada. Sindicatos bonaerenses decidieron movilizarse a Gobernación el próximo 23 de noviembre y desde la carpa de los trabajadores de PepsiCo llamaron a una marcha “unitaria” en todo el país.

El titular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el bancario Sergio Palazzo, dijo hoy que “el Consejo Directivo de la CGT hace bien en rechazar esta reforma”, porque “es tremendamente negativa, le pegan en la espina al derecho laboral”.

Al igual que las CTA lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, la corriente que conduce Palazzo manifestó desde un primer momento su oposición total y absoluta al proyecto de Mauricio Macri que destruye derechos conquistados por los trabajadores.

“Es mucho más que una serie de modificaciones a las leyes laborales. Estamos frente a un verdadero intento de fijar las bases para un cambio de paradigma en las relaciones laborales que, en el largo plazo, constituye una profundización de la ofensiva ininterrumpida del capital sobre el trabajo iniciada en nuestro país a mediados de los años ’70”, subrayó el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos.

Mientras tanto, los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña dijeron ayer no estar de acuerdo con la reforma de Macri, “sobre todo en las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que son cambios fundamentales como lo es el cambio de la filosofía del derecho laboral argentino, que es un derecho consolidado como un derecho tutelar que protege al trabajador y trata de nivelar las asimetrías que existen con el empresario”.

No obstante, reconocieron que el diálogo con el Gobierno no está cerrado y que la negativa del consejo directivo no incluye algunos ítems conversados con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como el blanqueo laboral, capacitación permanente y agencia de salud.

En tanto, los gremios bonaerenses nucleados en ATE, CTA y ATSA decidieron movilizarse el próximo 23 de noviembre a la Gobernación provincial para manifestar su rechazo a la reforma laboral de Macri y al ajuste de María Eugenia Vidal.

Por su parte, convocados por los trabajadores de PepsiCo, se reunieron delegados, dirigentes sindicales y referentes de la izquierda en la carpa montada frente al Congreso de la Nación para discutir medidas de acción contra la reforma.

Exigieron a la CGT que “abandone la tregua que sostiene con el Gobierno, que no negocie nada contra los intereses de los trabajadores y que convoque a un paro y plan de lucha contra el Gobierno y las patronales que insisten en implementar total o parcialmente esta reforma que nos conduciría al siglo XIX”.

Al mismo tiempo, se debatió sobre la necesidad de “hacer un llamado a las CTA y a todos los que se oponen a la reforma, para salir a enfrentarla de forma urgente mediante una gran movilización unitaria”.

Casación confirmó el juicio oral para el extitular de la UIF a instancias de Clarín. Una reacción por la causa de la millonaria estafa del grupo monopólico a los jubilados, que hoy “duerme” en los cajones de los tribunales.

(Por Fernando M. López *) La persecución a los exfuncionarios kirchneristas que figuran en la “lista negra” del presidente Mauricio Macri y del Grupo Clarín no cesa. Tras las arbitrarias detenciones de Julio de Vido y Amado Boudou, el embate judicial se centró en el expresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

El multimedia celebró ayer la decisión de Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó dos recursos de nulidad del juicio oral en contra del extitular de la UIF por presunta violación de las normas de confidencialidad del organismo, uno presentado por el propio Sbatella y el otro por la fiscal Paloma Ochoa.

Se trata de un proceso excepcional, ya que ningún fiscal tomó la función acusatoria. Sólo se sustenta en el pedido de Clarín, que se constituyó como querella. De hecho, de los tres integrantes de la Sala IV, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Hernán Borinsky, este último votó en disidencia al entender que “se encuentra en juego la posible violación al principio ‘ne procedat iudex ex officio’ y la exigencia de acusación como componente de una de las formas sustanciales del juicio”.

“Esto forma parte de un apriete generalizado, de una política de intimidación al conjunto de los que de alguna manera tuvimos responsabilidades públicas, pero más que todo es un escarmiento para el futuro”, dijo Sbatella en diálogo con el diario Contexto, y abundó: “Están queriendo demostrar que si uno se mete con ellos hay revancha; es un mensaje a las nuevas generaciones”.

Clarín inició la causa contra el extitular de la UIF en 2010, luego de una denuncia penal del funcionario por la millonaria estafa del grupo monopólico a jubilados y pensionados. La maniobra, de la que también participaron el Banco Patagonia, la empresa Consultatio y el JP Morgan, consistió en la venta de acciones por encima de su valor de mercado a las AFJP en 2007, que poco después de la transacción cayeron en un 74,3%.

La operatoria fue advertida por el arrepentido exvicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, y dada a conocer originalmente en el diario Crítica de la Argentina, que dirigía Jorge Lanata, hoy operador periodístico de Héctor Magnetto.

“Al impulsar la denuncia desde la UIF, aparecí en algunos medios explicando que, gracias a esa maniobra, los dueños de Clarín habían duplicado su patrimonio, algo que se sabía desde 2008 por Lanata y Arbizu. Pero para Clarín esas expresiones mías significaron una violación del secreto”, señaló Sbatella.

El juez federal Luis Rodríguez recién procesó al extitular de la UIF por presunto “abuso de autoridad y violación de secretos” en 2016, medida que fue apelada hasta llegar a Casación. Se trata del mismo magistrado que pidió en octubre pasado el desafuero de De Vido y ordenó su detención.

Ahora Sbatella recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, la última instancia que le queda para evitar el juicio oral en su contra.

En el máximo tribunal se encuentra parte de la causa contra Clarín por la millonaria estafa a los jubilados, la que promovió Alejandra Gils Carbó cuando era fiscal de la Cámara Comercial. Hasta ahora “duerme” en un cajón. La que impulsó Sbatella por “estafa y asociación ilícita” también está frenada desde hace mucho tiempo. “Seguramente irá a la prescripción porque nadie la mueve”, estimó el exfuncionario.

El dirigente peronista consideró que la persecución política que vive en el país es “delirante” y que detenciones irregulares como las de De Vido y Boudou ponen en peligro “las instituciones de la República”.

“Es una cosa delirante lo que estamos viviendo. Los jueces dicen ‘mejor los meto presos antes de que Clarín me meta una causa’. Hay estigmatización, las penas y los procesos infamantes están prohibidos en la Argentina. Actúan como los peores fascistas”, advirtió Alberto Fernández.

El dirigente peronista habló este jueves luego de la convocatoria de Eugenio Zaffaroni, Estela de Carlotto, Horacio González y Mempo Giardinelli en defensa de la democracia y el Estado de derecho, que reunió ayer en el Congreso a referentes políticos y sociales, legisladores, gremialistas, defensores de los derechos humanos y representantes de la cultura.

En diálogo con Gustavo Sylvestre por Radio 10, Fernández criticó duramente al Gobierno de Mauricio Macri y al Poder Judicial por las últimas detenciones de ex funcionarios kirchneristas sin pasar por juicio o condena y consideró que están en riesgo “las instituciones de la República”.

“No solo (Amado) Boudou o (Julio) De Vido están en peligro, sino todos”, sostuvo y agregó que “no podemos hacernos los distraídos” ante estos atropellos.

Desplazado de la embajada argentina en Quito por tratar de “mugrientos” a los ecuatorianos, Juez tendrá un cargo junto al ministro de Defensa, Oscar “El Milico” Aguad. “A partir de hoy tengo más chances de ser gobernador”, aseguró en una entrevista radial.

La Cancillería argentina no pudo seguir eludiendo los insistentes reclamos de Ecuador para que reemplazara al embajador en Quito, Luis Juez, fuertemente repudiado por sus declaraciones xenófobas.

Si bien en el comunicado oficial se fundamentó que Juez no seguirá su función diplomática “a raíz de un ofrecimiento para sumarse a los equipos del Poder Ejecutivo de la Nación”, lo cierto es que su desplazamiento se produce luego de tratar de “mugrientos” a los ecuatorianos.

“Me fui a cambiar la camisa porque no quiero que me digan este mugriento agarró los hábitos ecuatorianos”, había dicho el embajador el pasado 22 de octubre, cuando regresó a la Argentina para votar en las elecciones legislativas.

Ocultando las protestas del gobierno de Lenin Moreno por esas declaraciones, el comunicado de Cancillería realza la figura de Juez al sostener que “llevó a cabo su gestión con éxito, representando los intereses argentinos para ampliar y profundizar la relación bilateral ante la hermana República del Ecuador desde que asumiera la misión en 2016”.

En una entrevista con radio Mitre, el ahora ex embajador confirmó que asumirá un cargo en el Ministerio de Defensa, conducido por Oscar “El Milico” Aguad, y que comenzará a trabajar por su candidatura en Córdoba: “A partir de hoy tengo más chances de ser gobernador. Hoy Cambiemos tiene una chance y espero llegar lo mejor posible”.