A través de un decreto, el presidente dispuso que el Ministerio de Energía ponga en marcha “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de las centrales que están en manos del Estado.

El presidente Mauricio Macri autorizó al CEOministro de Energía, Juan José Aranguren, a privatizar total o parcialmente las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.

También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA.

A través del decreto 882/2017, el presidente dispuso que el ex CEO de la Shell ponga en marcha “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de esas centrales.

Además, se oficializó el cambio de nombre y ampliación de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), desde la cual durante los últimos años se promovió el desarrollo y amplió la capacidad del sistema interconectado nacional, que presta servicio eléctrico en todo el país. A partir de ahora, esa compañía estatal se llamará Integración Energética Argentina S.A. y absorberá a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (Ebisa), que comercializa la energía producida por Yacyretá.

El decreto también establece que la nueva sociedad anónima se desprenda de los activos del Estado en las centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López, de los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, así como la participación accionaria de la ex Enarsa en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima.

Por último, se determinó el cambio de nombre de las represas radioeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ubicadas sobre el Rio Santa Cruz, que pasarán a llamarse Cóndor Cliff y Barrancosa.

El mandatario expresó su postura contraria al pedido que realizan los familiares de la víctima y negó que se trate de una desaparición forzada, como si el caso ya estuviera resuelto.

A tres meses de la represión de Gendarmería que terminó con la vida de Santiago Maldonado y a horas de que los familiares de la víctima encabecen una nueva marcha a Plaza de Mayo en reclamo de justicia, el presidente Mauricio Macri señaló que “no vamos a aceptar que digan que esto es una desaparición forzada”.

Si bien la justicia aún no determinó la causa de la muerte del joven ni la responsabilidad de la fuerza federal, para el presidente, “es tan inocente un gendarme como un ciudadano común”.

“Desde el primer día les dije al Jefe de gabinete, a Patricia Bullrich y a Germán Garavano, que la verdad debería estar arriba de la mesa”, sostuvo y añadió que “les dije que si acá hubo responsabilidad de la Gendarmería, seríamos los primeros en señalarlo y así fue. Se les tomó declaración a los setenta gendarmes que estuvieron allí y le dimos la información al juez".

“Es imposible que este gobierno democrático participe en hacer desaparecer a nadie y no vamos a juzgar a la Gendarmería porque no hay ninguna prueba”, agregó el mandatario en una entrevista al canal LN+.

Luego indicó que “enfrente encontramos un conjunto de organizaciones que afirmaba que era una desaparición con testigos que después se demostró que eran falsos. Era una avalancha frente a nosotros. No podíamos afirmar contundentemente que estamos seguros que Gendarmería no había participado ni tampoco condenarla”.

"Esto nos debe servir de experiencia para no agredirnos y utilizar la vida de una persona para hacer política", finalizó como si el caso Maldonado ya estuviera resuelto.

"Es tan inocente un gendarme como un ciudadano común", dijo @mauriciomacri en #HablemosDeOtraCosa pic.twitter.com/tFP3jNP23U

— La Nación Más (@lanacionmas) 1 de noviembre de 2017

El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso baja gradualmente los impuestos a las ganancias corporativas, pero deja intactas las personales, con lo cual Cambiemos sigue sin cumplir con una de sus principales promesas de campaña.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que la propuesta de reforma tributaria mejorará “los impuestos que cobramos”, ya que se trata de un sistema “más amigable con los contribuyentes, más equitativo y más igualitario”.

No obstante, los grandes beneficiados, al igual que con el borrador de la reforma laboral”, serán los sectores corporativos.

El proyecto reduce gradualmente los impuestos a las ganancias corporativas del 35% al 25%, mientras que el impuesto a las ganancias personales, que afecta principalmente a los trabajadores y que Cambiemos había prometido eliminar durante la campaña de 2015, quedará intacto.

El proyecto incluirá una modificación del mínimo no imponible para el pago de contribuciones patronales, por la cual las empresas no pagarán aportes de los salarios de hasta 12.000 pesos.

También habrá modificaciones en el IVA para las empresas. Se creará un régimen de devolución acelerada de saldos de ese impuesto para inversiones de largo plazo..

Dujovne anunció que la reforma impositiva será enviada al Congreso en “no más de dos semanas” al tiempo que reveló que se reunirá con legisladores de todos los bloques para informarles sobre los principales lineamientos. “Esperamos que la oposición acompañe este esfuerzo”, sostuvo.

El ministro dijo que el Gobierno se plantea dos objetivos: bajar el déficit y también bajar la presión impositiva para ganar competitividad. “Lo primero que debemos decir es que se trata de algo gradual, de cinco años, para la reducción de nuestros impuestos. Muchos países vecinos lo han implementado, como Chile y Uruguay con este tipo de gradualidad”, explicó.

Entre otros cambios, se buscará eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) y se introducirá un impuesto a la ganancia de capital realizada con la venta de inmuebles no destinados a casa-habitación.

Además, se reducirán los impuestos internos que gravan productos electrónicos y para los vehículos de gama media, y se aumentarán los impuestos a las bebidas alcohólicas y bebidas con azúcar agregado.

Por último, se modificará el impuesto a los combustibles para que este dependa de la cantidad de dióxido de carbono emitido. El impuesto afectará al principio a combustibles líquidos y de 2020 en adelante se aplicará también sobre gas natural, GLP y carbón.

El Gobierno entregó a los gremios el borrador del proyecto que quita derechos a los trabajadores. Entre los puntos más controvertidos está la eliminación de las horas extras y la reducción de indemnizaciones ante el despido de un empleado registrado.

El presidente Mauricio Macri había dicho ayer desde el Centro Cultural Kirchner que la reforma laboral permitiría “favorecer el empleo” con “más y mejores” puestos de trabajo “para millones de argentinos”.

Sin embargo, en el borrador que dio a conocer el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a los gremios de la CGT se ve claramente todo lo contrario.

“Favorece la destrucción del empleo, y sin consecuencias. Es una ley hecha a medida de los empresarios, una transferencia directa del salario a la rentabilidad”, remarcó al diario Página/12 el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, tras analizar el borrador de la reforma

Una de los principales se da con la modificación del artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo (20.744) incluyendo una aclaración de que para calcular la indemnización “quedarán excluidos de la base salarial, el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios, y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual”.

De esta manera, queda clara la intención del macrismo de achicar la base salarial para de esta manera beneficiar a los empleadores en detrimento del trabajador que recién ingresa a un puesto laboral.

“Modifica toda la ley de contratos de trabajo, incluso algunos aspectos que ni Alfredo Martínez de Hoz se animó a tocar”, opinó Cremonte al sostener que “ni la dictadura se animó a tanto”.

Además, se acota de dos años a uno el plazo para que un trabajador pueda iniciar un juicio laboral después de desvincularse de la compañía y elimina la responsabilidad en la tercerización o subcontratación de algunos rubros como las tareas de limpieza, seguridad y mantenimiento, entre otras.

También hay una fuerte polémica por las horas extras. La intención del Gobierno con la reforma es que se dejan de pagar el doble y el dinero sea sustituido por un “compensatorio”, a través del cual el trabajador podrá recuperar ese tiempo no asistiendo al trabajo.

El proyecto también crea la figura del trabajador autónomo o independiente, precarizando el empleo ya que estarán por fuera del vínculo laboral, y permite el blanqueo de trabajadores en negro con condonación de deuda para los empresarios y un nuevo esquema de pasantías disociadas de las obligaciones de un contrato de trabajo.

Luis Miguel Etchevehere reemplazará al terrateniente formoseño Ricardo Buryaile, quien será enviado como embajador ante la Unión Europea. Lo anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y adelantó que en las próximas semanas habrá modificaciones en algunas estructuras del Estado.

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, asumirá como ministro de Agroindustria, en reemplazo de Ricardo Buryaile, quien será representante del Gobierno ante la Unión Europea.

Etchevehere profundizará la gestión en favor de las patronales rurales que comenzó el terrateniente formoseño y hombre fuerte de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Fue elegido para que encabece esta segunda etapa de promoción del desarrollo del sector agroindustrial”, señaló el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

De esta manera, quien en 2014 fue denunciado por parte de RENATEA de mantener bajo trabajo esclavo a cerca de 50 personas sin energía eléctrica, agua potable y baños en sus campos de Entre Ríos, ingresa al Ministerio de Agroindustria, “para este reformismo permanente de renovar la energía de cada etapa de la gestión”.

Además, el Jefe de Gabinete explicó las razones del pase de Buryaile a la Unión Europea: “Le pedimos que sea embajador ante la Unión Europea, que es una tarea muy importante para nosotros en esta etapa de negociación con el Mercosur. Le hemos pedido que cumpla esta tarea, que él pueda liderarla personalmente, sobre todo porque uno de los temas más sensibles pasa por el tema agropecuario”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que en los próximos días haya más cambios en el Gobierno, Peña explicó que "en términos de modificación de estructura es probable que en las próximas semanas podamos presentar algunas iniciativas que estamos trabajando y que comunicaremos junto a (Andrés) Ibarra”, Ministro de Modernización de Cambiemos.

La entrada de Luis Etchevehere a Agroindustria se suma a la ola de medidas que en el día de ayer fueron anunciadas por Macri en el CCK y posterior pedido de renuncia al ex Ministro de Salud, Jorge Lemus, quien anoche fue reemplazado por el radical Aldo Rubinstein, quien era su viceministro.

La asociación presidida por Estela de Carlotto reclamó que la elección del reemplazante de la procuradora general sea transparente y abierta a la ciudadanía para asegurar la autonomía del Ministerio Público Fiscal y su independencia respecto del Gobierno.

Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su “consternación” frente a la renuncia de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación. “Tuvo un rol fundamental en el avance del proceso de Justicia, vinculado a crímenes de lesa humanidad, así como también en la búsqueda de nuestros nietos apropiados y en la democratización del acceso a la justicia para todas y todos los argentinos”, destacó el organismo de derechos humanos en un comunicado.

En el texto las Abuelas señalaron que “Gils Carbó se vio obligada a dejar su cargo luego de un sostenido hostigamiento por parte del gobierno nacional”, lo que “no hace más que dar signos contrarios a las políticas a favor la promoción de Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“En la problemática que nos lleva 40 años luchando, debemos destacar la creación, durante la gestión de Gils Carbó, de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Este ha sido un aporte sustancial para que esas causas se resuelvan con celeridad, logrando así el incremento de análisis de ADN por año. Además, se formó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, también fundamental para la investigación de estos delitos”, enumeró la entidad que preside Estela de Carlotto.

Como hitos de la gestión de la procuradora, que dejará su cargo el 31 de diciembre, las Abuelas remarcaron creación del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO), de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y de la Procuraduría contra la Trata de Personas y Explotación de Personas (PROTEX).

“Es por todo lo mencionado que desde Abuelas hemos manifestado siempre nuestro apoyo a la funcionaria y que nos preocupa que con su capacidad, compromiso y experiencia haya decidido dar un paso al costado. En este sentido, remarcamos que quien reemplace a Gils Carbó deberá tener un marcado compromiso con los Derechos Humanos para continuar estas políticas”, expresaron.

De cara al proceso de selección del reemplazante de Gils Carbó, el organismo demandó un proceso de elección transparente y abierto a la ciudadanía, que garantice la autonomía del Ministerio Público Fiscal y su independencia respecto al Gobierno.

“Es imprescindible que una vez propuesto el funcionario (…) se convoque a consultas públicas a la sociedad, a fin de no repetir nombramientos irregulares y fuera de los mecanismos establecidos”, señaló el comunicado, tras poner como ejemplo el antecedente del irregular nombramiento por decreto de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que “hoy forman parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expidió a favor de un fallo como el del 2X1”.

“Cualquier intento de modificar la ley de movilidad jubilatoria debe pasar por el Congreso. Ahí estará Unidad Ciudadana para impedirlo”, confirmó Leopoldo Moreau. Otros diputados electos se manifestaron en el mismo sentido bajo el hashtag #ConLosAbuelosNo

Mauricio Macri anunció hoy que, entre las reformará que prevé su Gobierno estará la del sistema de jubilaciones y pensiones. La medida fue aplaudida con entusiasmo por la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que lo escuchaba en el Centro Cultural Kirchner, ya que el organismo internacional de crédito viene exigiendo esa reforma desde el año pasado.

Luego del discurso presidencial, el jefe de Gabiente, Marcos Peña, explicó que, como ese debate durará dos o tres años, impulsarán que el ajuste previsional se actualice por inflación de manera trimestral y no por la fórmula actual cada seis meses. Como la inflación del año que viene está prevista en un 10%, los haberes jubilatorios sufrirían un recorte del 12%.

No obstante, los diputados electos por Unidad Ciudadana, adelantaron que darán la batalla: “Cualquier intento de modificar la ley de movilidad jubilatoria debe pasar por el Congreso. Ahí estará Unidad Ciudadana para impedirlo”, dijo Leopoldo Moreau.

“Son 100 mil millones menos para jubilados. Dividido por 8 millones, da $12.500 menos por año. Mil pesos menos por mes. 12,5% de pérdida”, detalló el legislador electo, que además cuestionó el intento de bajar los salarios de los trabajadores y recortar en las universidades.

En las redes sociales fueron varios los diputados de Unidad Ciudadana que adelantaron su voto en contra con el hashtag #ConLosAbuelosNo.

“El 22 de octubre el pueblo nos votó para ser oposición. No vamos a permitir que los jubilados sean la variable de ajuste”, dijo Fernando Espinoza al referirse al intento del gobierno nacional de eliminar la ley de movilidad jubilatorios sancionada en 2009.

En la misma línea, la diputada electa Vanesa Siley cuestionó que “el FMI sugiere y el Gobierno, disciplinado, planea poner en marcha la profundización del ajuste”.

“Unidad Ciudadana es la garantía para evitar que Macri modifique ley de movilidad jubilatoria”, sostuvo Siley y aseguró que el kirchnerismo defenderá “a los abuelos en el Congreso”.

El ex juez federal, que condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, dijo que “es un día negro para la República” y consideró que la procuradora será “reemplazada por una voz en contra de los derechos humanos”.

Carlos Rozanski se solidarizó hoy con la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien se vio obligada a renunciar tras una dura persecución política y judicial por parte del Gobierno de Mauricio Macri.

“Es un accionar mafioso desde el comienzo, ni siquiera han cuidado las formas”, sostuvo el ex juez federal de La Plata, y agregó: “Es un día negro para la República”.

Para Rozanski, cuando la procuradora deje su cargo el próximo 31 de diciembre, será “reemplazada por una voz en contra de los derechos humanos”.

También advirtió que el macrismo tiene como estrategia “disciplinar al poder judicial” porque su “misión” es “llevar adelante un plan económico exactamente igual que el de la dictadura”.

“Hay una identificación clarísima con la época de la dictadura, tiene que ver con una comunidad ideológica”, completó en diálogo con FM Cielo de La Plata.

Rozanski presidió hasta diciembre del año pasado el Tribunal Oral N° 1 de La Plata, donde condenó a prisión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich y a otros represores. Tras denunciar una “manifiesta intención persecutoria” del Consejo de la Magistratura, decidió renunciar y acogerse al régimen jubilatorio.

“Para que la procuradora, con el tipo de persona que es, termine renunciando es porque verdaderamente esta actitud mafiosa se acentúa”, señaló el ex magistrado y aseguró que los organismos internacionales de derechos humanos “están preocupados”.

El titular del Instituto Patria afirmó que la causa de Bonadío contra Cristina “es una barbaridad jurídica” y se refirió a los antecedentes que inhabilitan al magistrado para ejercer su cargo. Entre ellos, mencionó la acusación por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Tras la declaración de Cristina Fernández de Kirchner ante el juez federal Claudio Bonadío por el Memorándum de Entendimiento con Irán, Oscar Parrilli consideró que la causa contra la ex presidenta “es una barbaridad jurídica”.

“Se nota la animosidad de Bonadío ya que firmar un convenio con un país no es un acto delictivo”, dijo el titular del Instituto Patria y habló de los antecedentes del magistrado que lo inhabilitan para ejercer la Justicia, ya que está acusado por haber encubierto el atentado de la AMIA, es el juez que más juicios políticos tiene en el Consejo de la Magistratura y no ha dado cuenta de su patrimonio.

“El Gobierno trata de tener una oposición sumisa y sujeta a los designios y arbitrariedades del Poder Ejecutivo. Por eso genera cortinas de humo permanentemente, para que sigan aumentando las tarifas, los salarios por debajo de la inflación, la apertura de importaciones indiscriminada”, subrayó Parrilli en una entrevista realizada en Radio Rivadavia.

Acerca de la causa que investiga la actuación de los funcionarios en la situación del yacimiento de Río Turbio, el ex secretario de la Presidencia afirmó que “con Julio De Vido no esperaron que la Justicia avance”.

“Él nunca se negó a una indagatoria, nunca eludió a la justicia. El bloque del FPV-PJ no bajó al recinto porque denunciaron que era una arbitrariedad tremenda”, sostuvo y agregó que “en este caso no rige la presunción de inocencia, se presume que De Vido es culpable”.

“En el caso de Macri ha sido al revés: asumió procesado y le cerraron las causas por Panamá Papers. ¿Y el caso de Aranguren y el del hermano de Macri que lavó 35 millones de dólares?”, se preguntó.

“Cuando se trata de los diputados de Cambiemos que están imputados dicen que hay que esperar a que la Justicia avance y a Julio De Vido lo meten preso por las dudas”, comparó Parrilli y remarcó que “todos los argentinos deben estar preocupados porque esta no es la Justicia que quieren”.

“La historia demostrará que la gran injusticia que se cometió con De Vido forma parte de la persecución mediática y judicial contra la ex presidenta, dirigida y orquestada por Macri y sus jueces sumisos”, finalizó el ex funcionario kirchnerista.

Una reflexión sobre el desafuero y encarcelamiento de Julio De Vido, el segundo preso político en la Argentina de Macri.

(Por Federico Bernal *) El juez Luis Rodríguez -el mismo que decidió privar de la libertad al diputado nacional Julio De Vido-, lleva la causa 5.611/2016 contra Juan José Aranguren en la que se lo acusa (e investiga) de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por dicha causa, el CEO-ministro fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en junio del año pasado. Hablamos del camarista que ordenó al mencionado juez se "promueva su desafuero para proceder a una limitación de su libertad personal" (textual del fallo; pág. 3). Citamos el argumento central para esta absoluta violación al Estado de Derecho y las mínimas garantías constitucionales de las personas, según consta en el fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala 2) que ordena el desafuero y la detención de De Vido (el subrayado es nuestro): "… se impulse el desafuero del nombrado [Julio De Vido] al considerar…  los riesgos que su libertad supone , y sin poder descartar la fuga, alude además a la  posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real ". Nos preguntamos a propósito: ¿Por qué no se echó mano a semejantes suposiciones para el caso de Juan José Aranguren, imputado como se dijo en la causa 5.611/2016? El ex ministro de Planificación es el segundo preso político en la Argentina de Macri. El gran botín: Cristina Fernández de Kirchner. Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

La causa en manos de Rodríguez -originada en la denuncia de los diputados del FpV, Doñate y Tailhade- fue ampliada en 2016 por la compra de gas a Chile. Pues bien, este Observatorio demostró una semana atrás (ver bibliografía) que, como consecuencia de no haber mantenido las tasas de crecimiento del 2016 (lo mínimo esperable del tarifazo y los nuevos precios del gas en boca de pozo), el gas "no producido" entre enero y agosto de 2017 fue importado en un 95% de Shell (vía Chile y a través de 22 embarques de GNL contratados a la empresa). En otras palabras, prácticamente la misma cantidad de gas que no se produjo el Estado lo compró a la empresa de la que el ministro fue CEO y accionista (durante buena parte del año pasado). El monto involucrado: cerca de 400 millones de dólares en apenas ocho meses.

Como sea, con la denuncia penal contra Aranguren -recordemos, vigente y por la que fue imputado- no apareció ningún fiscal ni juez ordenando al señor Luis Rodríguez pidiendo la renuncia de este funcionario al presidente Macri y su posterior detención. Claro, el diputado De Vido puede "presionar e influir posibles testigos", pero un ministro de la nación en ejercicio de sus funciones no. Más de la anarquía jurídica: "A partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real", De Vido podría "entorpecer" la investigación en marcha. Pero Aranguren nada, a pesar de ser la máxima autoridad energética de la República Argentina, a pesar de haber sido doce años CEO de Shell desde donde saltó al cargo que hoy ostenta; Aranguren nada de nada, con un ministerio que en agosto de 2016 fue allanado por orden del juez Rodríguez:

Aranguren nada de nada, insistimos, habiendo sido accionista de la referida empresa incluso siendo ministro (simultaneidad mantenida entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016), con el agravante además de desconocerse el destino de la supuesta venta de esas acciones y, más importante todavía, si podrá recomprarlas una vez finalizada su gestión.

Y del allanamiento a Shell como testigo… El juez Rodríguez, a fines de agosto del año pasado, citó como testigo al actual CEO de Shell, Teófilo Lacroze (ver imagen de abajo). Pero claro, Aranguren en calidad de ministro y con los lazos que él mismo reconoce tener con Shell y frente a lo cual aceptó excusarse de intervenir en cuestiones vinculadas con su anterior empleador, Aranguren no tiene influencia con ese testigo real y confirmado (no ya testigo "posible", como se supone con el caso De Vido).

En palabras del comunicado del Centro de Información Judicial sobre la citación al CEO de Shell (subrayado nuestro): "El juez Luis O. Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, citó a prestar declaración testimonial al Sr. Presidente de SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA, Teófilo LACROZE. La audiencia fue fijada para el próximo 8 de septiembre, en el marco de la causa n° 5611/2016  donde se investiga si el actual Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, habría incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública , en relación con las decisiones adoptadas durante su gestión tendientes a beneficiar a la empresa Shell, entre ellas, la compra de gas a la República de Chile y el beneficio económico que habría obtenido al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC".

Interrogante del millón: entre el 29 de agosto que se formuló la citación a Lacroze y el 8 de septiembre que se fijó para la audiencia, ¿por qué ni a Stornelli ni al fiscal Germán Moldes ni a Martín Irurzun (ambos jueces también promotores del desafuero y la detención de Julio De Vido) se les cruzó por la cabeza que Aranguren -ex CEO de Shell y entonces accionista de la compañía- podría influenciar al testigo y CEO de Shell por las compras de gas a Chile, gas que a su vez le es vendido al país vecino por la mismísima Shell?

En suma, De Vido, uno de los ex funcionarios más perseguidos, atacados y vigilados por la prensa oficialista como por la administración Macri va preso para evitar "entorpecer" una de las causas contra él abiertas y en marcha. Pero el señor Aranguren, en una denuncia penal vigente contra su persona y por la que fue imputado, ampliada el año pasado, con su ministerio allanado, que involucra a la empresa que presidió durante más de una década y de la que además fue accionista en paralelo a su rol de ministro, empresa que desde la asunción de Mauricio Macri cuadruplicó -entre 2016 y 2017- su negocio de GNL con la Argentina, empresa de la cual se adquirió la casi totalidad del gas no producido por la insólita caída de las tasas de producción para los primeros ocho meses de este año por cerca de 400 millones de dólares, en fin, con todos estos elementos de prueba y sospecha parece impensado que Aranguren pueda llegar a "entorpecer" nada ni "presionar e influir posibles testigos", siquiera al actual CEO de Shell citado por el propio juez interviniente en la causa.

Otro capítulo escrito del Libro Negro de la Tercera Tiranía…

En TN, la inefable Elisa Carrió, anticipaba la archiconocida estrategia de ir por la presa mayor y su rutilante triunfo con la privación ilegítima de la libertad de Julio De Vido: "Vamos a ver cómo obra el Senado frente a un pedido de desafuero de la Justicia [a Cristina Fernández de Kirchner]… y creo que se lo van a dar… creo que va a pasar lo de De Vido".

Con la detención de De Vido consumada, y consultado en este sentido, el Jefe de Gabinete disparó: "Esa sensación de impunidad que se generó de que no se puede investigar al poder se está revirtiendo". El caldo de cultivo para ir por la gran presa dejó de cocinarse a fuego rápido; ahora hierve.

Milagro Sala fue y sigue siendo la primera prueba piloto; el ex ministro de Planificación Federal -segundo preso político en la Argentina de Macri-, es la escalada antes del gran paso de ir por la ex Presidenta.

Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

Horas, en definitiva, que ya escriben uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional, flamante contenido del Libro Negro de la Tercera Tiranía. Si su primera versión llevaba firma y prólogo de un dictador impuesto a través de un golpe de Estado, su edición del siglo XXI llevará la de un dictador impuesto por el fraude democrático.

(*) El autor es asesor del diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Dirige el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).