La utilización del atentado a la AMIA con fines políticos

Durante la conferencia de prensa en el Instituto Patria, Cristina Fernández de Kirchner presentó un video que detalla dónde estaba el juez Claudio Bonadío durante el atentado del 18 de julio de 1994, el historial de denuncias en su contra y sus vínculos políticos con el gobierno de Carlos Menem.

“Veintitrés años después, el juez Claudio Bonadio, como parte de la persecución política, mediática y judicial, impulsada por el presidente (Mauricio) Macri, acusa a la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), al ex canciller (Héctor Timerman) y a otros funcionarios por traición a la patria y encubrimiento por la firma del memorándum”, comienza el video presentado este martes, y luego pregunta: “¿Dónde estaba el acusador el día del atentado?”.

Además de recordar que el magistrado “era el subsecretario de asuntos legales del gobierno de Menem y respondía a Carlos Corach”, el material audiovisual repasa el historial de denuncias contra Bonadío en torno al atentado a la AMIA.

Bonadio decidió ayer, a pocos días de las elecciones legislativas, citar a declaración indagatoria a Cristina, Timerman, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y Angelina Abbona, entre otros, por el Memorándum de Entendimiento con Irán, pese a que nunca entró en vigencia y no se cumplió ninguna de las sospechas sobre las cuales el fallecido fiscal Alberto Nisman realizó la denuncia original.

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Falsa inauguración de Macri en Río Negro: cortó la cinta en un puente que no está terminado

Se trata de una obra que unirá la ciudad de Cipolletti con la capital neuquina. “Fue más una tomada de pelo que otra cosa”, remarcó el sindicalista Carlos Quintriqueo, que encabezó una marcha de estatales contra las políticas de ajuste, la libertad de Milagro Sala y la aparición de Santiago Maldonado.

El Gobierno de Cambiemos anunció hoy con bombos y platillos la “inauguración” del tercer puente biprovincial entre Rio Negro y Neuquén, pero en realidad la obra aún no está terminada. No fue más que un acto proselitista del presidente Mauricio Macri para decir que “se ha batido el récord de (producción) de asfalto de la historia argentina”.

"Macri ni siquiera estuvo en Neuquén, porque ‘inauguró’ el puente del otro lado (Río Negro). Y con el tiempo que estuvo, fue más una tomada de pelo que otra cosa”, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén, Carlos Quintriqueo.

El gremialista agregó que fue “un acto protocolar y de campaña”, porque "todos sabemos que la obra todavía no está terminada”.

Los estatales se movilizaron hoy en contra de las políticas de ajuste, los despidos y “cualquier intento de armonización o de intentar llevar la caja de jubilaciones en el orden nacional porque la política de Macri definitiva es volver a las AFPJ”.

También exigieron la libertad de Milagro Sala, la aparición con vida de Santiago Maldonado y el cese a las persecuciones de los pueblos originarios”.

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Quiebre en Cambiemos de Corrientes: una de sus fuerzas llama a cortar boleta por el candidato peronista

A pocos días de las elecciones a gobernador, la alianza ECO-Cambiemos perdió el apoyo del Partido Nuevo tras considerar que fueron “engañados” por Ricardo Colombi. La senadora provincial Nora Nazar anunció que ahora respaldarán la candidatura del peronista Carlos “Camau” Espínola.

La alianza ECO-Cambiemos acaba de quebrarse con la decisión del Partido Nuevo, encabezado por Raúl “Tato” Romero Feris, de cortar boleta en las próximas elecciones a gobernador de Corrientes.

La fuerza pidió públicamente a sus dirigentes y simpatizantes que voten por el peronista Carlos “Camau” Espínola, tras considerar que fueron “engañados” por el actual mandatario radical, Ricardo Colombi.

“Tenemos que hacer nuestro el sentimiento de esta decisión que tomamos con Tato Romero Feris y que es votar por Camau-Magno, aunque respeto a los que no están de acuerdo”, señaló la esposa de Romero Feris, la senadora provincial Nora Nazar, en un escándalo que sacude al oficialismo provincial a menos de una semana de las elecciones.

El pedido de corte de boleta implica que la lista 90 del Partido Nuevo sea utilizada sin la candidatura a gobernador del radical Gustavo Valdés, postulante designado por Colombi para competir el domingo 8 de octubre contra el peronista Espínola.

“Tenemos que ser la fuerza que podamos acompañar a que todo cambie en esta provincia”, agregó Nazar en relación a la fórmula que Espínola encabeza con Eugenio “Nito” Artaza para vicegobernador.

De esta manera, la esposa de Romero Feris pidió apoyar la postulación de Espínola y de su propio candidato a diputado, Magno Ramírez, a quien el Partido Nuevo había incorporado en la lista de ECO-Cambiemos para la Legislatura provincial.

Nazar argumentó que esta decisión de cortar boletas está sustentada “en el atropello que Ricardo Colombi comete en la Justicia provincial” que mantiene detenido a Romero Feris en su casa de la Capital provincial.

“La libertad de Raúl ´Tato´ Romero Feris depende del gobernador Colombi, porque la Justicia depende de Colombi. Es la tercera vez que los compromisos con ECO-Cambiemos están supeditados a la libertad de ´Tato´”, señaló la legisladora.

Más de 800 mil correntinos están habilitados para votar el domingo próximo para renovar la Gobernación de la provincia, que está en manos del radicalismo desde 2001 con sucesivos mandatos de los primos Arturo y Ricardo Colombi.

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Feriazo en Plaza de Mayo para reclamar contra el Gobierno

Los pequeños horticultores se instalaron frente a la Casa Rosada para vender su cosecha al precio de quinta y visibilizar la crisis que atraviesa el sector por los tarifazos, la importación de alimentos, la falta de acceso a la tierra y el descontrol de la cadena de comercialización.

Plaza de Mayo se convirtió en una gran feria de frutas y verduras, donde se venden más de 20.000 kilos de productos a precio de quinta, para repudiar la ausencia de políticas públicas para campesinos, pequeños productores y agricultores familiares.

“Salimos a protestar porque Mauricio Macri nos está matando con los tarifazos y con las importaciones de alimentos. Hoy está llegando cebolla de Holanda y tomate de Brasil, entonces es una situación insostenible. Hoy salimos a luchar los que ponemos el cuerpo en los cinturones verdes de las ciudades, miles de familias inmigrantes. Nos deslomamos todos los días y lo único que recibimos del Gobierno son políticas discriminatorias y xenófobas”, dijo una productora en alusión al decreto 70/2017 que facilita la expulsión de residentes extranjeros.

Uno de los objetivos del Feriazo en Plaza de Mayo es visibilizar el contraste de precio entre lo que reciben los horticultores por kilo de verdura y el que se paga en las verdulerías y supermercados.

“Los consumidores están pagando sobreprecios de entre 800 y 1000 por ciento. Los que se quedan con toda esa plata son los intermediarios”, señalaron los productores.

Durante la protesta también cuestionaron la paralización del monotributo social agropecuario gratuito al que acceden los pequeños horticultores, que les permite contar con obra social y jubilación, y reclamaron por el avance del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, así como la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar.

Más del 80% de los pequeños productores que trabajan, viven y producen los alimentos que consumen diariamente todos los argentinos no son dueños de la tierra. Esto los lleva a vivir en condiciones extremadamente precarias.

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El Indec reconoció la disparada de la deuda externa

El organismo dio a conocer datos que admiten que en el segundo trimestre del año la deuda externa argentina tuvo un aumento preocupante.

"Luis Caputo es el único que trabaja", había ironizado días atrás CFK en un acto para dar cuenta del desproporcionado endeudamiento que estaba encarando el Gobierno Nacional y era silenciado por los grandes medios.

Ayer fue el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el que admitió la situación. Es que según los registros del organismo estatal la deuda externa bruta total, tanto pública como privada, creció un 15,8% interanual a u$s 204.818 millones al cierre del segundo trimestre del 2017.

Además, la deuda pública externa del gobierno nacional alcanzó los u$s 127.559 millones, un 35,3% más frente al mismo período del año pasado.

El dato se desprendió de la publicación del informe sobre la balanza de pagos, un indicador que da cuenta de todas las transacciones económicas concretadas por el país con el resto del mundo.

Por otra parte, el déficit de cuenta corriente alcanzó los 5.954 millones de dólares en el segundo trimestre del año. El resultado fue apenas menor que durante los primeros tres meses.

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Media sanción a la prórroga de la ley que suspende los desalojos de las comunidades indígenas

El Senado aprobó por unanimidad la extensión por cuatro años más de la Ley 26.160 y la giró a Diputados. Sin esta norma, la mayoría de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas de sus tierras ancestrales.

Con representantes de más de cuarenta comunidades indígenas de todo el país acampando frente al Congreso, el Senado dio media sanción esta tarde a la prórroga de la Ley 26.160, que vence el próximo 23 de noviembre.

Por unanimidad (62 votos), la Cámara Alta decidió extender la vigencia de la norma por otros cuatro años, lo que permite suspender los desalojos en tierras habitadas por los pubelos originarios hasta tanto se termine el relevamiento catastral que desarrolla el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin esta ley, más del 65% de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas, ya que hasta ahora sólo 459 comunidades de un total de 1532 tienen un relevamiento total y efectivo.

El debate de la norma se desarrolló a casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, fuerza federal que arremetió a sangre y fuego contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Si bien Cambiemos era proclive a extender la ley sólo por dos años y medio, finalmente se impuso el reclamo de las comunidades, que exigían una prórroga por cuatro años, tal como se viene haciendo desde 2006.

“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.

Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios”.

Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), cuestionó la “demonización” del Gobierno de Mauricio Macri  contra los pueblos originarios.

“Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la legisladora a propósito del caso Maldonado.

El senador Fernando “Pino” Solanas también repudió las acciones del Gobierno contra las comunidades indígenas y pidió que no haya “más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado”.

“No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, remarcó.

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Macri deberá dar explicaciones ante la CIDH por sus ataques a los trabajadores

Será en una audiencia pública que se realizará el próximo 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. Allí también se tratará la embestida del Gobierno argentino contra abogados y jueces laborales.

Luego de una denuncia presentada por  la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos humanos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación, acompañada por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales, pone de relieve los ataques macristas a gremios, abogados y jueces laborales, destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo”.

En este marco, la CIDH convocó a ambas partes a una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay.

Los denunciantes indican que “las más altas autoridades del Estado Argentino” están violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “en forma sistemática y continuada”.

“Hay un grave ataque al ejercicio de la abogacía, al acceso de la justicia y a la independencia judicial”, señaló hoy Matías Cremonte, presidente de la AAL, y precisó que existen “cinco pedidos de juicio político solamente por el contenido de las sentencias y que hubo intervenciones injustificadas a los sindicatos”.

Macri aseguró más de una vez que existe una “mafia de los juicios laborales”, que daña a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos “los empleados pierden su trabajo”.

Tras estas embestidas verbales, el Gobierno pidió juicios políticos contra los magistrados Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de nueve trabajadores despedidos de la ex Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (AFSCA); y contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por haber intimado a las cámaras empresarias a que cumplieran con el aumento paritario de los empleados bancarios.

También se recusó a la jueza Dora Temis, quien intimó al gobierno de María Eugenia Vidal a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes bonaerenses.

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Desfinanciamiento del Banco Nación: advierten que es la antesala de la privatización

Tras denunciar que proyecto de Presupuesto 2018 reduce el capital social de la entidad financiera en 20.000 millones de pesos para transferirlos al Tesoro Nacional, la Asociación Bancaria señaló que el Gobierno de Macri busca generar “una situación de inestabilidad”, mostrar al banco como “ineficiente” y luego “privatizarlo”.

El proyecto de Presupuesto 2018 dispone en su artículo 89 reducir el capital social del Banco Nación (BNA) en 20.000 millones de pesos y transferir esa suma al Tesoro Nacional. El Gobierno de Mauricio Macri esgrime un sobre cumplimiento de la exigencia de la responsabilidad patrimonial computable, es decir que al BNA le sobra capital.

Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria Mendoza, informó que también se busca modificar el artículo quinto de la carta orgánica del Banco Nación: “Este artículo establece que el 50% de las utilidades del banco son para recapitalizar el mismo banco. El otro 50% de las utilidades son para formar un fondo que se destina, por un lado, al fomento de la pequeña y mediana empresa, y por otro para dar préstamos a municipios y a provincias”, explicó a radio La Mosquitera.

Esta modificación abriría la posibilidad de que las utilidades y los fondos del Banco Nación sean manejados discrecionalmente. “Quedaría a criterio del directorio del Banco Nación cuánto capitaliza el banco y qué hace con el resto de las utilidades, y hoy quiénes integran ese directorio son los CEO dueños de los bancos privados también. A esto se suma, que vemos una salida permanente de los depósitos del sector público a bancos privados”, advirtió Gimenez.

En el mismo sentido, el dirigente bancario agregó que los dueños de los bancos privados son quiénes van decidir cómo manejar la banca pública.

“Nos generan una situación de inestabilidad que ya vimos, generan un problema que es que el banco es ineficiente y después proponen como solución privatizarlo”, alertó el gremialista.

El secretario general de La Bancaria a nivel nacional, Sergio Palazzo, mantiene diálogo con legisladores desde hace una semana advirtiendo sobre esta situación.

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Macri avanza con la privatización encubierta de la salud pública

La Unidad Ejecutora de la “Cobertura Universal de Salud”, creada por decreto de necesidad y urgencia, tuvo su primera reunión. Una reforma dictada por el Banco Mundial para mercantilizar un derecho humano garantizado constitucionalmente.

(Por Fernando M. López *) Con una Confederación General del Trabajo (CGT) más interesada en la caja de las obras sociales que en la salud pública del conjunto de los argentinos, el Gobierno de Mauricio Macri logró dar este lunes el primer paso hacia la implementación de la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS).

“La CUS busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos”, sostuvo un comunicado oficial, luego de la reunión inaugural de la Unidad Ejecutora de la reforma, integrada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia Servicios de Salud y la CGT.

Pero en realidad se trata de un plan para mercantilizar el sistema sanitario nacional en función de grandes intereses privados, que no sólo afectará a los sectores que dice beneficiar sino también a los trabajadores de la salud pública.

“Buscan que las leyes de mercados sean las que rijan el sistema de salud, con una transferencia de fondos públicos a lo privado”, advirtió al diario Contexto Marta Márquez, vicepresidenta de la CICOP, quien calificó la reforma como “una puerta de entrada hacia la privatización”.

El Gobierno, la CGT y los medios hegemónicos que sirven de cadena de transmisión de la CUS dicen que la universalidad de la reforma pasa por permitir “a unas 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales”.

Y ahí reside, precisamente, la falacia de la CUS porque el acceso a la salud ya es un derecho universal y gratuito, garantizado por la Constitución Nacional para cualquier persona que habite suelo argentino, sin distinción de raza, religión, ideología política, o condición económica o social.

Lo que en rigor de verdad pretende imponer el nuevo sistema es una “canasta básica de prestaciones” médicas, que le permitirá al Estado nacional eludir su responsabilidad de brindar el grado máximo de salud con los conocimientos técnicos existentes, en línea con los programas de ajuste dictados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hasta la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el Movimiento por el Derecho a la Salud, integrado por organizaciones profesionales, gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, alertan que esta canasta básica es “un gran riesgo porque aumenta la brecha entre ricos y pobres”.

“Fiel a los criterios del Banco Mundial, la constitución de la canasta supondrá criterios-numeral contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. De hecho, sólo serán tratadas las más recurrentes. Asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud, hecho que ya puede observarse en países que llevaron adelante la reforma del sistema, tales como Chile, México o Colombia”, agrega el Movimiento.

Daniel Manoukian, médico generalista del Hospital Chos Malal de la provincia de Neuquén, da un ejemplo que grafica esta situación: “Se podría llegar a la paradoja de que a todas las mujeres se les haga gratuitamente la toma del Pap para determinar si tienen o no cáncer de cuello uterino, pero que la cobertura del CUS no alcance para tratarlo. Esto ha pasado en algunos países que ya han implementado esta receta del Banco Mundial”.

Entonces, lo que no entre en la “canasta básica de prestaciones” deberá ser costeado de manera privada, por lo que sólo tendrán acceso total a los servicios de salud quienes puedan pagar por ellos. Un negocio redondo.

Márquez llamó incluso a “no dejarse engañar” por la supuesta modernización que implicaría la CUS. “Se habla de la historia clínica digitalizada, de que todo el mundo se va a poder atender en cualquier lugar del país con una tarjeta inteligente… No son más que distintas maneras de disfrazar la restricción de un derecho”, aseguró a este diario.

La reforma fue impuesta por Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia (908/2016) firmado a mediados del año pasado. Allí se especifica que para financiar el CUS se destinarán, “por única vez”, 8.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) de la Superintendencia del Servicio de Salud (SSS), una cifra insignificante si se la divide por los 15 millones de beneficiarios (apenas 533 pesos por persona).

La CGT se metió de lleno en proyecto porque el presidente no sólo le prometió la devolución escalonada del FSR a las obras sociales, sino que además puso a Alberto Scervino al frente de la SSS, un hombre de José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y ex superintendente durante el menemismo.

Scervino fue expulsado del gabinete macrista luego de la marcha del último 22 de agosto, cuando uno de los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, anunció la posibilidad de otro paro general en contra de las políticas neoliberales de Cambiemos.

Fue una clara presión, nuevamente ejercida a través de los fondos de las obras sociales, que surtió el efecto esperado por Macri. De esta forma, la CGT desactivó cualquier debate interno que pudiera derivar en una medida de fuerza y se prestó para avanzar con la CUS, enviando como representantes al propio Lingieri y a Carlos Frigerio, dirigente cervecero.

(*) Artículo tomado del diario Contexto de La Plata.

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Con Macri ni la carne vacuna se salva de la apertura indiscriminada de importaciones

En un país ganadero como la Argentina, el Gobierno de Cambiemos autorizó la importación libre de carne desde Brasil. La noticia, que se conoció a través de una resolución del SENASA, generó preocupación entre los productores.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) otorgó certificaciones sanitarias a Brasil para permitirle las importaciones de carne vacuna a la Argentina.

El texto enviado a la Embajada brasileña en Buenos Aires indica que “se encuentra operativo para la importación de carne bovina fresca deshuesada a la República Argentina”, algo que encendió la alarma entre los productores ganaderos de nuestro país.

Desde el Gobierno de Cambiemos argumentan que esta apertura se debe a un acuerdo de reciprocidad, por el cual Argentina podrá realizar nuevas exportaciones hacia Brasil.

Sin embargo, no se trata de algo aislado. El presidente Mauricio Macri ya se comprometió a autorizar la importación de carne de cerdo de los Estados Unidos como contrapartida para la colocación de limones argentinos en ese país, algo que todavía no ocurrió.

Esta medida, sin precedentes en los últimos 25 años, se acordó durante la reciente visita de Mike Pence, el vice de Donald Trump, y generó el rechazo de los productores que advirtieron sobre riesgos sanitarios y la pérdida de unos 35 mil puestos de trabajo.

Además de la carne porcina, el Gobierno también analiza abrir las importaciones de carne vacuna estadounidense. La Cancillería y del Ministerio de Agroindustria reconocieron el mes pasado que el tema estaba en la agenda de trabajo con la administración de Trump.

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