La familia Maldonado y su abogada, Victoria Heredia, consideraron “imposible” que el cuerpo del joven haya estado 78 días en el río Chubut y señalaron que los propios prefectos del rastrillaje declararon que “no hay pozos” en el lugar. La semana próxima empiezan los peritajes a los celulares de los gendarmes. También podría ser incluido el de Pablo Noceti, mano derecha de Patricia Bullrich.

“Estamos ante una causa que es desaparición forzada de persona seguida de muerte”, dijo hoy la abogada Victoria Heredia en conferencia de prensa y agregó que “todas las pruebas y todos los hechos” acreditan que “se continúe investigando este tipo penal”.

La letrada habló en la sede de Amnistía Internacional junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada de Santiago, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de octubre.

La querella consideró “imposible” que el cuerpo de Santiago haya estado 78 días en el río Chubut, como lanzó ayer el diario Clarín al sostener que el joven “muy probablemente se ahogó al caer a un pozo de 3 metros de profundidad”, de acuerdo a un supuesto informe preliminar de Prefectura.

Heredia señaló que este jueves declaró el prefecto Leandro Ruata, a cargo de los rastrillajes, así como dos buzos de la fuerza, y “los tres dijeron que en ese lugar no hay pozos”.

“El único pozo que tenían relevado está a 5 kilómetros río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago. La altura del agua en ese lugar es de 1,30 m a la fecha. El 18 de septiembre era de un metro y el 1° de agosto de 30 cm. Así que en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago. Esto nos suma más preguntas que el Estado debe responder, por eso nosotros vamos a seguir insistiendo con la desaparición forzada seguida de muerte”, remarcó la abogada.

Además, adelantó que “la semana que viene arrancan los peritajes a los teléfonos” de los gendarmes y no descartó que pueda ser incluido el celular de Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, presente el día de la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen, donde desapareció el joven.

Cuando Sergio Maldonado tomó la palabra dijo que a su hermano “lo asesinaron” y cargó contra el Gobierno nacional: “Está claro que la Gendarmería actuó mal y queremos que respondan todos desde la ministra de Seguridad para abajo”.

Por otro lado, si bien reconoció que el juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, cumplió al encontrar el cuerpo, Sergio cuestionó que saliera a decir antes de las elecciones que Santiago no tenía lesiones. “La verdad, debería haber esperado al informe final antes de hablar”, sostuvo y repudió a los que especulan y opinan cuando “aún faltan informes forenses”.

La familia también denunció una campaña de hostigamiento en las redes sociales, que se sumó a la hostilidad de “algunos periodistas” y a repetidos “seguimientos que nos hizo Gendarmería en El Bolsón, Esquel y Bariloche, de los que escuche los audios, no me lo contaron”.

El organismo lo instó a cumplir con la cautelar obligatoria y sacar a la parlamentaria del Mercosur de la cárcel de Alto Comedero, donde se encuentra en riesgo. “La Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la Comisión”, recordó Francisco Eguiguren.

Al cierre de su 165º periodo de sesiones en Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la medida cautelar en favor de Milagro Sala “es obligatoria” y exhortó al Gobierno de Mauricio Macri a cumplirla.

La medida cautelar dictada el 27 de julio pasado ordenó al Estado a liberar a la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, o bien otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad monitoreada.

La Justicia de Jujuy cumplió con la domiciliaria recién el 31 de agosto, vencido el plazo de la CIDH, pero el 14 de octubre revocó esa decisión y regresó a Sala al penal de Alto Comedero, donde se deterioró gravemente la salud de la dirigente social.

Hoy el organismo interamericano advirtió a la Casa Rosada su responsabilidad en el caso y lo instó a garantizar “que no se realicen actos que puedan ponerla en riesgo”.

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, puntualizó que el Gobierno argentino “es responsable” de la vida y la “salud física, psíquica y moral” de Sala.

“Si bien cuenta con autonomía, la Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos y está sometida a las decisiones de la Comisión. Y lo que la Comisión dispone es de cumplimiento obligatorio”, subrayó Eguiguren.

De esta forma, contrastó la posición del Gobierno que intentó eludir su responsabilidad sosteniendo ante la CIDH esta semana que se trataba de “un problema de la provincia de Jujuy”.

Milagro, presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales, se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016. Desde entonces no sólo la CIDH reclamó su liberación inmediata, sino también el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y otros organismos internacionales.

Cambiemos impulsó en el Congreso el desafuero de Julio de Vido y ahora pide que Cristina Kirchner no asuma su banca en el Senado por estar procesada. En el 2005, cuando se discutía el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados, el actual presidente decía que el represor tenía que asumir. “Esto es un disparate. La gente lo votó y no tiene ningún tipo de condena”, fundamentaba.

Si se trata de un diputado con causa por presunta corrupción que fue funcionario del gobierno anterior, como Julio de Vido, o de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la persiguen judicialmente, para el macrismo no deben estar en el Congreso.

Cambiemos impulsó ayer el desafuero de De Vido y luego fue detenido en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Horas después, la diputada electa Graciela Ocaña y otros dirigentes macristas pidieron que Cristina no asuma su banca en el Senado por estar procesada.

¿Qué decía el actual presidente Mauricio Macri sobre los legisladores con causas hace unos años atrás?

En 2005, cuando se cuestionaba el ingreso del genocida Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados por estar acusado de delitos de lesa humanidad, el líder PRO salía a defenderlo sin fisuras.

“En el caso Patti nosotros tenemos claramente una posición. Patti tiene que asumir. Esto es un disparate. Porque algunos quieran tomarse revancha, por cuentas del pasado, cuando la gente lo votó y no tiene ningún tipo de condena, y ahora él no puede asumir”, sostenía en ese momento y lo consideraba que si alguien utilizaba “sus votos para que Patti no asuma de vuelta estamos estafando a la ciudadanía”.

Patti, que luego fue condenado dos veces a perpetua por crímenes de lesa humanidad y detenido en una cárcel común, logró con el Gobierno de Cambiemos que el Poder Judicial le otorgara la prisión domiciliaria en un country de Escobar.

En un comunicado, se enumeraron cada una de las “noticias falsas” sobre el “testigo E que publicó en los últimos días el diario de Héctor Magnetto, “avaladas por el Gobierno” de Mauricio Macri.

En medio del dolor por la muerte de Santiago Maldonado, sus familiares debieron salir nuevamente a rechazar las operaciones de aquellos que intentan desvirtuar la investigación de la causa.

En un comunicado en el sitio www.santiagomaldonado.com, se enumeran las “noticias falsas” del periodista de Clarín, Claudio Andrade, sobre el “testigo E” que se habría quebrado para dar el dato de dónde estaba el cuerpo del joven de 28 años, y las vincula al Gobierno de Mauricio Macri.

“Desde el primer momento, el Gobierno nacional sembró pistas falsas, como la del ‘puestero de Epuyen’, introducida por Gonzalo Cané, secretario Coordinador de los Poderes Judiciales, o la supuesta declaración del testigo E o el llamado misterioso que habría aportados datos claves”, subrayó la familia.

En este sentido, el comunicado remarca que el juez Gustavo Lleral “desmintió las versiones difundidas por algunos medios hegemónicos y avaladas por el Gobierno”.

“No declaró ningún testigo E ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Si hubiese tenido un dato certero no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos, lo habría ido a buscar directamente”, fueron las palabras del juez que citó la familia Maldonado.

Se trata del Servicio Geológico Minero Argentino, cuyos directivos intimaron a sus trabajadores a retirar los carteles que pusieron en el lugar con la imagen de Maldonado. “Es insólito el posicionamiento político y las afirmaciones que hacen con respecto a los resultados de la autopsia, más grave aún que la intimación”, remarcó la delegada Andrea Turel.

El presidente y el secretario ejecutivo del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), Julio Ríos Gómez y Carlos Cuburu, enviaron un comunicado a los trabajadores del organismo para exigirles que saquen todos los carteles sobre Santiago Maldonado.

Ambos directivos, puestos en funciones por Mauricio Macri en marzo de 2016, fundamentaron  en el texto que el peritaje forense sobre el cuerpo de Maldonado concluyó que “no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado tanto en lo hechos materiales como en su eventual encubrimiento”, algo totalmente falso ya que el propio juez de la causa, Gustavo Lleral, aclaró que todavía faltan estudios complementarios para saber la causa y la data de muerte del joven.

“Luego de dos meses de especulaciones políticas salvajes y del uso electoralista sin fundamentación alguna del caso y la persona de Santiago Maldonado, la ciencia ha hablado”, agrega el comunicado de la Unidad Ejecutiva de la Segemar.

En este marco, Gómez y Cuburu acusaron a los trabajadores de actuar “sin ningún tipo de prueba científica y solamente por instinto, aseverando hechos e injuriando personas”, en alusión a la responsabilidad de la Gendarmería en la represión del 1 de agosto y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que los funcionarios quieren “censurar el pedido de Justicia” por Maldonado y remarcaron que hace tiempo que en el organismo se vive un estado de persecución sindical.

“Es insólito el posicionamiento político y las afirmaciones que hacen con respecto a los resultados de la autopsia, más grave aún que la intimación a retirar los carteles”, advirtió Andrea Turel, delegada general de la junta interna de Segemar, en diálogo con el diario Página/12.

Como parte de la persecución gremial, la delegada denunció que los directivos del organismo no permitieron realizar un taller de violencia laboral que ya estaba pautado y les prohibieron a los trabajadores asistir a la actividad en horario laboral.

Así lo dijo el fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, quien explicó que lo que resta determinar es “qué responsabilidad” tuvo la fuerza federal en la muerte de Santiago. Ya se pidió el peritaje de todos los teléfonos celulares de los gendarmes que estuvieron en la comunidad mapuche de Cushamen durante la represión del 1° de agosto.

A pesar de que el Gobierno de Mauricio Macri intenta desvincular a la Gendarmería de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, mientras se profundizan las operaciones de medios hegemónicos como Clarín en ese mismo sentido, lo cierto es que la Justicia no descarta ninguna hipótesis en la investigación del caso.

El fiscal de Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, dijo hoy que todavía “es apresurado” descartar la participación de Gendarmería en la muerte del joven que estuvo desaparecido 78 días, después de la represión de esa fuerza federal en la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen, y cuyo cuerpo apareció hace una semana en el Río Chubut.

“La Gendarmería participó en el hecho y de eso no cabe la menor duda, pero ahora vamos a ver qué responsabilidad le cupo en la muerte de Santiago Maldonado”, subrayó el funcionario judicial.

Bellver resaltó que incluso la fiscal Silvina Ávila, que interviene en la causa por la desaparición forzada de Santiago, pidió que se periten los teléfonos celulares de los gendarmes para “ver qué responsabilidad tuvieron” en la muerte del joven a partir del rastreo de su ubicación por GPS.

“Se está investigando, no puedo descartar ni afirmar nada”, expresó Bellver y estimó que se podrían incorporar “nuevas figuras delictivas” a la carátula, la de “homicidio preterintencional”, que implica que el agresor actuó con la intención de provocar lesiones a otra persona pero finalmente le provocó la muerte o “abandono de persona”.

Hostigamiento, persecución, ataques, intervención de sindicatos y criminalización de la protesta fueron algunos de los atropellos expuestos en el marco de la 165° audiencia del organismo interamericano, que se lleva a cabo en Uruguay.

Representes gremiales y abogados laboralistas denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a los derechos de los trabajadores por parte del gobierno de Mauricio Macri.

Lo hicieron en Montevideo, Uruguay, donde se realiza la 165° período de sesiones del organismo. Se trata de un hecho histórico ya que es la primera vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar este tipo de atropellos.

“Denunciamos que esto tiene como objetivo disciplinarnos, acallar la voz de los trabajadores para no reclamar nuestros derechos”, sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel, uno de los sindicalistas que prestó testimonio sobre las amenazas que recibió durante la paritaria docente con el gobierno de María Eugenia Vidal.

Suteba indicó que durante la audiencia los gremios docentes expusieron sobre “la represión sufrida” por los maestros durante la instalación de la Escuela Pública Itinerante frente al Congreso y “la no convocatoria a la paritaria y la intromisión de fuerzas de seguridad en escuelas”.

La organización indicó que estas situaciones se dan en un contexto de “aumento del desempleo, hostigamiento, persecución, intervención y estigmatización; algunos de los mecanismos empleados desde el Gobierno nacional en contra de la clase trabajadora”.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal denunció “los despidos masivos y la campaña de estigmatización del empleado público que promueve el Gobierno”, tal como lo informó su secretario general, Daniel Catalano.

Durante la audiencia también declararon abogados del fuero laboral, a quienes el propio presidente Mauricio Macri los había tildado de “mafiosos” que impulsan juicios y “hacen que cierren las pymes”.

El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostuvo que esos cuestionamientos de parte del titular del Poder Ejecutivo apuntan a “eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los  jueces del trabajo y a los sindicatos”.

Según el dirigente, Cambiemos pretende avanzar “con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”.

A su turno, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) alertó sobre violaciones a los derechos laborales, los ataques a la prensa y la criminalización de la protesta. Carla Gaudensi, representante de ese gremio, detalló los atropellos a las libertades sindicales en Perfil y en la planta de Clarín de Zepita, los ataques de patotas a la redacción de Tiempo Argentino, y las gravosas consecuencias del manejo de la pauta oficial en Página 12, que incluyó la supresión del rol de Télam en el circuito de control.

Luego de la audiencia sobre la situación de retrocesos en los derechos laborales y sindicales puesta sobre la mesa por veinte organizaciones gremiales y abogados, organismos de derechos humanos, analizaron los discursos regresivos del Gobierno sobre el terrorismo de Estado, el fallo del 2×1 de la Corte Suprema y el debilitamiento de las políticas públicas en los procesos de juzgamiento de los crímenes.

Macri sostuvo que la flexibilización en los yacimientos no convencionales permitió “crecer” y “generar trabajo” en el sector. Sin embargo, los propios datos del Ministerio de Trabajo indican un empeoramiento de la situación. La CIDH escuchará este martes denuncias sobre violaciones de los derechos laborales en Argentina durante la gestión de Cambiemos.

Tras el resultado de las elecciones legislativas de este domingo, el presidente Mauricio Macri confirmó que avanzará con la reforma laboral que flexibilizará las condiciones de trabajo “sector por sector”.

“Tenemos que ver cómo crecer, cómo generar trabajo, cómo generar oportunidades para los argentinos. En ese camino está ver sector por sector, ya lo hemos tenido y ha sido muy exitoso en Vaca Muerta”, dijo en la conferencia de prensa de esta mañana en la Casa Rosada, y agregó que “no tienen que tenerle miedo a las reformas” porque “reformarse es crecer, es evolucionar, progresar, algo que va a generar entusiasmo, alegría, nos va a ayudar a vivir mejor, a estar más felices, compartir la sensación de protagonismo y progreso”.

Sin embargo, desde que se firmó a principios de año el nuevo convenio laboral para la explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta –con el aval del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- ocurrió todo lo contrario a lo que afirma el presidente.

Los propios datos de junio del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, advierten que en la rama “explotación de minas y canteras”, donde se encuentra el sector petrolero, hay 77.700 trabajadores registrados frente a los 80.082 que había en enero.

Si se toma la variación anual, hay 4.500 puestos de trabajo menos, lo que representa una contracción del 5,5%.

La flexibilización laboral y la violación de derechos de los trabajadores será uno de los temas que abordará esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su sesión en Montevideo, Uruguay.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALL), junto a otras organizaciones como el CELS y la CTA, denunciaron una serie de ataques del gobierno de Macri a los abogados, jueces laboralistas y sindicatos para “estigmatizar, desacreditar y criminalizar”.

Las organizaciones advertirán mañana ante la CIDH que estas maniobras “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

Tras la comunicación del presidente con la madre de la víctima, los Maldonado consideraron que fue un llamado interesado para obtener un beneficio electoral. “Es muy bajo. Me dan asco. No puedo creer que usen esto políticamente”, subrayó Sergio.

El Gobierno nacional se encargó de difundir a través de los medios hegemónicos que el presidente Mauricio Macri había hablado con la madre de Santiago, Estela Maldonado, luego de confirmarse la identidad del cuerpo hallado el martes en el río Chubut.

Lo hizo el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, quien incluso señaló en el canal TN el “empeño” del Gobierno en colaborar con la investigación.

De inmediato, Sergio Maldonado salió al aire en el mismo canal de Grupo Clarín y dijo que “no hay que ser tan hipócrita, tan basura”.

“La llama a mi vieja dos días antes de las elecciones, es muy bajo, me dan asco. No puede creer que usen las cosas políticamente con un cuerpo, me parece patético”, añadió el hermano de Santiago.

La cuñada del joven, Andrea Antico, también relacionó el llamado del mandatario con las elecciones legislativas del próximo domingo, y agregó: “No podemos creer que Macri sea tan cararrota. Después de ochenta días, recién llama hoy, en este momento”.

“Él se tendría que haber preocupado mucho antes, no ahora para dar el pésame y decir que va a hacer todo lo posible para que se esclarezca el caso. Tendría que haberlo hecho desde el día uno, no el día que tuvimos que ir a reconocer a Santiago a la morgue”, lamentó la mujer en diálogo con C5N.

Se la entregaron en el Instituto Patria los curas en opción por los pobres, que llamaron a votar en contra de las “políticas de corte neoliberal conservador” de Cambiemos. “Un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como este”, habían dicho en una carta ante las elecciones legislativas.

El Grupo de Curas en Opción por los Pobres se reunió hoy con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reglarle una imagen de la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina.

“En el fragor de la campaña era imposible encontrar el momento de entregarla, así que aprovechamos que hay veda electoral para una pequeña ceremonia de entrega de la imagen de la Virgen y después, compartiendo unos sandwiches, tener una charla libre y espontánea de diferentes cosas”, explicaron los sacerdotes tras reunirse con la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana.

Los curas tomaron una sólida posición de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo al llamar a votar en contra de las “políticas de corte neoliberal conservador” de Cambiemos.

En una carta publicada a fines de septiembre, el Grupo advirtió que en las elecciones del próximo 22 de octubre se dirimen “dos modelos antagónicos de país”, uno “injusto y dependiente, que concentra la riqueza en una minoría”, y otro “con la gente adentro, distributivo, soberano e inclusivo”.

“Sin ningún temor o prejuicio sostenemos firmemente que un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como este, que multiplica las ayudas fraudulentas a sus amigos, facilita las ganancias de los ricos y condena a los pobres a la marginalidad y lo hace a la luz del día con mentiras y desparpajo”, subrayaron en el texto.

Para los curas en opción por los pobres, “un gobierno que maltrata así a su población y vive construyendo falsedades es un gobierno que le da la espalda a los preferidos de Dios”.

“Matar de hambre, desamparo o indiferencia al pobre es un pecado. Votar un gobierno que asfixia a los pobres, creemos que también lo es”, enfatizaron.