El ex magistrado de la Corte Suprema dijo que la causa es “un disparate”, producto de “un revanchismo” que “en un futuro puede convertirse en una escalada de violencia”. También opinó el constitucionalista Eduardo Barcesat.

Eugenio Zaffaron afirmó que el juez federal Claudio Bonadio “se pasó de línea” al ordenar las detenciones de la senadora Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y dirigentes opositores por el Memorándum con Irán

El ex ministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que en el Senado, durante el último siglo, sólo se produjo el “tristísimo desafuero” del socialista Enrique del Valle Iberlucea por expresar sus opiniones políticas en relación a la Revolución Rusa de 1917.

“Creo que los senadores no van a hacer lugar a esto, si todavía tienen cierto sentido de autodefensa o de preservación. Para desaforar a un senador se necesitan razones muy serias. Lo que estamos teniendo aquí, sin embargo, es una aberración, esta cuestión de ‘traición a la patria’ sin guerra”, dijo Zaffaroni a AM 750 en alusión a las acusaciones que pesan sobre Cristina.

En este marco, consideró la causa como “un disparate” y a Bonadío “como cabeza del revanchismo”, “un revanchismo que a la larga podría generar un contra revanchismo” y que “en un futuro puede convertirse en una escalada de violencia”.

Quien también se manifestó en contra de la resolución de Bonadío fue el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

“No se puede avanzar en las detenciones sin sentencia. Estamos en una dictadura”, sostuvo Barcesat y acusó al presidente Mauricio Macri: “Está delante, adentro y detrás de todas las decisiones”.

Según el abogado, la reactivación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman  representa la “pérdida del Estado de derecho en Argentina” al considerar que “es una causa de delito imposible e inexistente”.

La senadora se referirá al pedido de desafuero y detención en su contra, dictado por el juez Claudio Bonadío. La conferencia comenzará a las 16:30 junto a legisladores del FpV. Más tarde habrá una movilización en respaldo de la ex presidenta y en defensa del Estado de Derecho.

La embestida del juez federal Claudio Bonadío contra Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y dirigentes opositores no quedará sin respuesta.

La senadora y ex presidenta convocó a una conferencia de prensa en el Congreso para las 16:30 junto a legisladores del Frente para la Victoria (FpV). Allí expresará su posición sobre el procesamiento con prisión preventiva y el pedido de desafuero por la firma del Memorándum con Irán dictado por Bonadío.

El nuevo jefe del bloque del FpV en Diputados, Agustín Rossi, anticipó que “la respuesta será en términos políticos, legales e institucionales, tratando de buscar todas las garantías” e instó al resto de la oposición a que “no mire para otro lado”.

“Creen que es contra nosotros pero es contra todos”, dijo y denunció que “hay una cacería” contra quienes cuestionan las políticas de Cambiemos.

“Es un plan ideado y orquestado por el Gobierno nacional que tiene en el ‘Partido Judicial’, su ariete más incisivo y que cuenta con la protección de los principales medios de comunicación”, lamentó el legislador.

Para Rossi, la decisión de Bonadio “es la estocada final” de un proceso en que, tanto el Gobierno de Mauricio Macri como un sector de la Justicia, “están jugando con la democracia”.

Luego de la conferencia de Cristina, alrededor de las 18 horas, distintos espacios sociales, gremiales y políticos marcharán a Plaza de Mayo para respaldar a la ex presidenta, repudiar que en democracia haya “presos sin condena” y exigir que se respete el Estado de Derecho.

La Tupac Amaru, coordinada por Alejandro “Coco” Garfagnini, llamó a concentrarse en Avenida de Mayo y 9 de julio, para avanzar desde allí hasta Casa de Gobierno bajo la consigna “Libertad a todos los presos políticos de Argentina”.

Por su parte, el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Social (CTEP), Juan Grabois, convocó a través de su cuenta de Twitter a movilizarse “contra la política de represión y la persecución a opositores que impulsa el Gobierno”.

Lo adelantó el diputado macrista Javier Pretto, al plantear la idea de un proyecto de ley que podría ser presentado antes de 2019 para incorporar nuevamente el régimen de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

El diputado nacional de Cambiemos por Córdoba, Javier Pretto, dijo que el sistema de seguridad social vigente cambiará drásticamente de escenario de aquí a los próximos dos años.

En ese marco, no descartó un proyecto de ley, antes de 2019, que incorpore nuevamente el régimen de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

“Sí, es posible. Se están analizando todas las posibilidades, las alternativas. Lo que sí se requiere es que sea una apuesta de todas las fuerzas políticas”, dijo el legislador macrista sobre un posible regreso de las AFJP.

El sistema privado de administración de aportes previsionales rigió desde mediados de la década del ’90 hasta el 9 de diciembre de 2008. No sólo significó un rotundo fracaso, sino una gran estafa a los jubilados y pensionados.

Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó con el negociado de las AFJP, la mayoría de los sectores políticos coincidían en que la capitalización privada constituía “un sistema de rapiña institucionalizado y la destrucción del tejido social solidario”.

Las AFJP no revirtieron la morosidad previsional, no ampliaron los aportes voluntarios, ni garantizaron la cobertura jubilatoria. Sólo sirvieron para desfinanciar al Estado, agravando el déficit fiscal y el endeudamiento externo, y saquear a jubilados y pensionados.

Mauricio Macri está cada vez más lejos de obtener los votos necesarios en Diputados para sancionar el proyecto que recorta unos 100.000 millones de pesos a jubilados y pensionados. Ni sus aliados más cercanos parecen estar dispuestos a cargar con el tremendo costo político de la medida.

El diputado nacional del Bloque Justicialista, Diego Bossio, adelantó hoy su rechazo a la reforma previsional, que modifica el cálculo de movilidad para ejecutar un fuerte ajuste sobre los haberes de jubilados y pensionados.

“Voy a votar en contra de los cambios en materia de jubilaciones que propone el Gobierno”, dijo desde su cuenta de Twitter el ex titular del Anses, quien hasta ahora se había subordinado sin chistar a todos los proyectos regresivos de Cambiemos.

“Debemos mejorar crecientemente la situación de nuestros jubilados. El déficit del sistema previsional sólo se corregirá con mayor crecimiento y aumentando la cantidad de trabajadores formalizados”, remarcó Bossio y agregó que el país necesita soluciones de fondo sobre las que está dispuesto a “trabajar, proponer y abordar consensos para encontrarlas”.

La reforma que obtuvo media sanción en el Senado establece una actualización trimestral de los haberes previsionales y asignaciones sociales que es calculada en un 70% por inflación y un 30% por variación salarial de los trabajadores registrados. La modificación implica un recorte estimado en unos 100.000 millones de pesos sólo en los haberes previsionales.

En Diputados, sin embargo, la iniciativa es rechazada de plano por el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda. Los legisladores massistas también anticiparon que votarán en contra del proyecto porque entienden que congela el poder adquisitivo de los jubilados.

Hasta la oficialista Elisa Carrio parece tener dudas y todavía no confirmó su apoyo a la reforma. Según La Política Online, medio cercano al macrismo, “los diputados de Cambiemos coinciden en que fue un error que la actualización de jubilaciones tengan efectos retroactivos. Pero están dispuestos a sancionarla así para que no vuelva al Senado. El miedo es que Carrió pida corregirla”.

Las 108 bancas de Cambiemos no son suficientes para alcanzar el quórum de 129 diputados, por lo que será vital el apoyo de parte del peronismo, que analiza proponer cambios en el proyecto para evitar pagar el costo político de votar el ajuste a las jubilaciones.

En ese caso, la reforma debería volver a la Cámara alta para ser tratada nuevamente, algo que va contra los planes del Gobierno de Mauricio Macri que esperaba sacarla antes de fin de año.

El Gobierno tiene un listado con los próximos cesanteados. En una primera etapa prevén 165, pero pretenden echar a un total de 707 trabajadores sólo en ese organismo y a más de 35.000 en el resto de la Administración pública nacional. Desde ATE Capital llaman a enfrentar el “vaciamiento”.

Hace apenas una semana, el ministro de Modernización de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, dejaba trascender a través del principal operador mediático de Cambiemos –Clarín– que el año terminaría con trabajadores estatales en la calle. Ahora se sabe por dónde comenzará el nuevo recorte que afectará a más de 35.000 familias.

ATE Capital denunció que en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ya hay un listado con 165 trabajadores que comenzarán a recibir las notificaciones de despedido en los próximos días, aunque advirtieron que se trata sólo de “la primera tanda”, porque Ibarra apunta a un total de 707 en distintas áreas del organismo.

“Justamente, nuestra directora nacional nos confirmó los despidos. Dijo que no se puede hacer nada, que hay una pequeña mesa de negociación en la que intentan achicar el número, pero que el golpe va a venir igual. Esas fueron sus expresiones”, indicó al diario Contexto de La Plata la delegada gremial Yara Girotti.

Los empleados protestarán hoy a partir de las 11 hs en la sede central del ENACOM, ubicada en Perú 103, y realizarán una asamblea con empleados de otras dependencias estatales para decidir un plan de lucha.

La concentración coincidirá con el paro nacional convocado por ATE y la CTA Autónoma, que incluye una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo contra los despidos y la reforma laboral, previsional y tributaria que intenta imponer el gobierno nacional.

“No vamos a entregar a ningún compañero”, aseguró Girotti tras señalar que el listado es “completamente arbitrario” y “sin consideración alguna por las madres solteras que son jefas de familia, compañeros que han sido padres o aquellos que tienen muchos años de antigüedad”.

“Hay áreas enteras que serán desmanteladas. Nos preguntamos cómo va a continuar el funcionamiento de esas reparticiones sin trabajadores. Mi sector de trabajo, por ejemplo, quedará diezmado”, completó la delegada de ATE Capital en alusión al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde se prevén “veinte despidos”.

El ENACOM, creado por el Decreto 267/15, fusionó y absorbió las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Fue el mismo decreto que desguazó la Ley de Medios para que el Grupo Clarín no sólo pudiera mantener sus privilegios monopólicos, sino extenderlos en detrimento de libertad de expresión de todos los argentinos.

“Cuando disolvieron la AFSCA se produjo la primera gran ola de despidos, y luego vivimos con el terror de las listas y de los rumores. Hoy, lamentablemente, llegó la confirmación. Quienes dirigen el Ente Nacional de Comunicaciones nos dicen en la cara que nos van a echar”, sostuvo Girotti.

La delegada añadió que el ISER también viene sufriendo el ajuste macrista por el lado de la educación pública desde que Miguel de Godoy se hizo cargo del ENACOM, primero con el recorte de treinta vacantes para la carrera de Locución –de un total de 120 de la anterior gestión–, y luego con la finalización de convenios con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La Cámara de Apelaciones de San Luis consideró en una causa laboral que las tareas cumplidas por el trabajador después de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo no pueden considerarse extraordinarias

Mientras el gobierno de Mauricio Macri intenta avanzar con una reforma de flexibilización laboral que atrasa un siglo, algunos jueces ya comenzaron a dictar fallos que atentan contra el derecho de los trabajadores.

Así acaba de ocurrir en San Luis, donde la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial consideró que no corresponde abonar como extras las horas trabajadas los días sábados después del mediodía, si no se ha superado la jornada laboral de 48 horas semanales.

“El trabajo efectuado en oportunidad del descanso semanal no es extraordinario y sólo genera el derecho al descanso compensatorio, pero no a un sobrecargo salarial, salvo que el trabajador se vea obligado a tomar por sí la referida compensación, hecho que generaría la obligación del empleador de abonar una paga adicional por su conducta arbitraria”, fundamentó el tribunal puntano.

Los jueces también explicaron que “la remuneración que percibe el trabajador que efectúe tareas en el transcurso del descanso hebdomadario, será similar, en principio, a la habitual, pues existiendo una excepción de carácter general y permanente que justifique el trabajo en tales días, la prestación se convierte en cumplimiento normal del contrato, no resultando procedente ningún recargo, a menos que exista una norma convencional o individual que lo dispusiera”.

De esta manera, se determinó que “las tareas cumplidas por el trabajador después de las 13 horas del sábado hasta las 24 horas del domingo no pueden considerarse extraordinarias por el solo hecho de trabajar en tales días normalmente destinados al descanso, máxime si aquél gozaba de los francos compensatorios y su jornada laboral no superaba las 48 horas por semana”.

Desde Mar del Plata, repudiaron la finalización de la búsqueda de posibles sobrevivientes. “Nos manipularon con la vida de nuestros familiares, fue cruel y perverso”, aseguraron y también se quejaron por la vergonzosa suma que pagó el Gobierno por el último viaje del submarino. Luego de las críticas, el presidente canceló un acto oficial y adelantó que grabará un mensaje.

El padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, calificó la decisión dar por finalizada la fase de búsqueda y rescate del submarino como “arbitraria e injustificada”, y repudió las “mentiras” del Gobierno y la Armada.

“Quiero entender que pasó de verdad, no creo ninguna hipótesis oficial, nos mienten todo el día. Vamos a hacer todo para descubrirlo”, dijo desde la base naval de Mar del Plata, y agregó: “Nos manipularon con la vida de nuestros familiares, fue cruel y perverso”.

Por su parte, Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, planteó la necesidad de que sigan buscando “a nuestros seres queridos, aunque sea para poder llevarles una flor”.

“¿Por qué no se habló de explosión desde el primer día?”, preguntó la mujer y subrayó: “Se rieron de nosotros”.

“Ellos merecen que los traigan, nosotros como familia merecemos que los traigan, tienen que volver. No vamos a bajar los brazos”, dijo otra familiar de los tripulantes y pidió que los países que prestan ayuda no se retiren de la zona.

La bronca de los familiares también se manifestó por los vergonzosos depósitos bancarios que hizo el Gobierno por el último viaje del ARA San Juan. “Ayer fui al cajero, esta navegación le pasaron 279 pesos por viático; quiero saber si eso es lo que vale la vida de mi esposo”, expresó indignada la esposa de uno de los tripulantes.

Mientras tanto, otra mujer le apuntó directamente contra Macri y su ministro de Seguridad, Oscar “El Milico” Aguad: “Macri no sabe nada. Antes de grabar un audio, que venga a dar la cara acá. Que venga el ministro Aguad a explicar por qué les pagaron 279 pesos por la navegación", exigió ante las cámaras de América 24.

El presidente suspendió esta mañana la inauguración del “Paseo de la República”, en la quinta de Olivos, y decidió grabar un mensaje sobre el submarino. En el Gobierno dijeron que lo hizo por respeto a los familiares de los 44 submarinistas, que cuestionan que se deje de buscar posibles sobrevivientes.

Las críticas contra Macri estallaron ayer cuando celebró en las redes sociales la presidencia de la Argentina en el G20, minutos después de que la Armada anunciara el cierre de la etapa de rescate de los submarinistas.

El mandatario asumió la presidencia pro tempore del foro internacional poco después de la media sanción en el Senado a su proyecto de reforma previsional, que le saca unos 100 mil millones de pesos a jubilados y pensionados para transferirlos a los sectores más concentrados.

En el mundo del revés de Mauricio Macri ninguno de sus discursos se ajusta a la realidad. En sus dos años de gobierno empeoró todos los indicadores sociales y ahora busca profundizar el ajuste con fuertes recortes a jubilados y pensionados, quita de derechos a trabajadores y baja de impuestos para grandes empresas nacionales y transnacionales. Sin embargo, sigue insistiendo con la “Pobreza Cero”.

“Mi gran compromiso como presidente es reducir la pobreza”, señaló el mandatario en el Centro Cultural Kirchner (CCK) al asumir la presidencia pro tempore del G20, el foro que reúne a países desarrollados y emergentes.

Macri pronunció estas palabras horas después de que el Senado le diera media sanción a su proyecto de reforma previsional, que en los hechos agravará la situación de pobreza y miseria de los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo.

La reforma aprobada ayer por Cambiemos y los senadores del PJ encabezados por Miguel Ángel Pichetto establece una actualización trimestral de los haberes previsionales y asignaciones sociales que es calculada en un 70% por inflación y un 30% por variación salarial de los trabajadores registrados. La modificación implica un recorte estimado en unos 100 mil millones de pesos sólo en los haberes previsionales.

El acto en el CCK contó con la presencia de gobernadores, ministros, miembros de la Corte Suprema, legisladores, embajadores de los países miembros del G20 e integrantes de las organizaciones internacionales que participan del foro.

El G20 está conformado por Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, China, India, Brasil, Argentina, México, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Indonesia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea como bloque económico.

En un duro pronunciamiento, apuntaron contra los proyectos en materia laboral, previsional y tributaria, que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”. También destacaron la escalada represiva en la Patagonia y acusaron al Gobierno por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

El Grupo de Curas en la Opción por los Pobres manifestó su preocupación en un mensaje titulado “Cambiamos futuro por pasado”, donde se advierte sobre “la acelerada disolución del Estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual ‘Estado Policial’”.

Los sacerdotes repudiaron “la militarización de la Patagonia” que lleva adelante el Gobierno de Mauricio Macri para defender los intereses de los inversores extranjeros por encima de la población y “los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”.

“La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley”, sostuvieron los curas al responsabilizar a la Casa Rosada por ambos casos.

En su pronunciamiento, también criticaron “la pérdida de derechos adquiridos” y “el saqueo el país y la exclusión de las mayorías” contempladas en las reformas laboral, previsional y tributaria que generan una “transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado”.

“Es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia, retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia”, subrayaron.

A continuación, la declaración completa:

Los acontecimientos que vive el país nos exigen decir una palabra en el nombre del Dios de la Vida. Creemos que no debemos callar y no rendirle culto a la cautela cuando se trata de la vida o la muerte de los pobres.

Nos preocupan la acelerada disolución del estado de derecho, de las garantías constitucionales y la instalación de un virtual “Estado Policial”. Es sumamente preocupante la militarización de la Patagonia en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros por encima de los derechos de la población y, dentro de ella, los derechos ancestrales de los pueblos indígenas protegidos por la Constitución Argentina. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias represivas ilegales de la Gendarmería, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de quien no ha sido probada actitud violenta alguna ni manipulación de armas, deben ser juzgados y castigados según la ley. La sangre de Santiago y Rafael clama al cielo y será un peso en la conciencia del Estado que solo se ha encargado de producir relatos fantásticos, difamaciones, mentiras y ha herido la dignidad y el buen nombre del pueblo mapuche y la familia Maldonado.

Más preocupante aún es la vuelta a un discurso autoritario y represivo que creíamos superado y protegido por la dinámica democrática que tanto nos ha costado construir después de la sangrienta dictadura cívico-militar del ’76. A la ya denunciada presión intimidatoria sobre los jueces y la Procuraduría y la permanente violación de la división de poderes que este gobierno ha impuesto como costumbre, se agrega la instalación de un poder represivo con atribuciones por encima de la justicia y los jueces. La ministra de seguridad dice que “va a creer a la versión de las fuerzas de seguridad” sin necesidad de probar nada y que “ya no tienen límites”. Según el diario Clarín, el presidente Macri afirmó que "hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse" “hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”.

La dictadura cívico-militar usó la misma lógica para desaparecer personas. El gobierno instala la hipótesis del enemigo interno, culpa de la violencia a grupos virtuales creados por el relato mediático y nos va llevando a un peligroso y perturbador límite entre la democracia y el caos autoritario, cuyo extremo puede llegar al terrorismo de estado. Es el regreso del relato de la doctrina de la seguridad nacional, condenada por el magisterio latinoamericano de la iglesia e instalado a través de las dictaduras militares de los ‘70, que reivindica un modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas, elimina derechos y se instala desde una matriz militar-represiva, más allá de que este sea un gobierno en apariencia democrático.

El saqueo del país y la exclusión de las mayorías a través de las falaces reformas laboral, previsional y tributaria, que no son más que la institucionalización del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de riqueza a las elites del capital concentrado, la pérdida de derechos adquiridos, la retirada del Estado de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales del ser humano, es lo que caracteriza a este gobierno depredador y para sostenerlo recurre a la represión como no habíamos visto en democracia retrotrayéndonos a los peores momentos de nuestra historia.

Es por eso que exhortamos a los legisladores y dirigentes sindicales a defender los derechos de trabajadores y jubilados, y a detener la depredación de los recursos previsionales destinados a las arcas de los prestamistas y al negocio privado de muchos funcionarios del Estado que mantienen la doble vara de gerentes de capitales privados, naturalizando el conflicto de intereses. Apoyamos de corazón la lucha de los espacios sindicales y las asociaciones de trabajadores que han manifestado en el Congreso para detener esta sangría de recursos y derechos de los argentinos.

Repudiamos la represión a los legítimos dueños de la tierra usurpada por millonarios extranjeros y los consiguientes negocios mineros o inmobiliarios y la sistemática mentira de los Medios de Comunicación cada vez más ajenos a la verdad, la sensatez y los aportes para la paz que tanto pregonan.

Nos solidarizamos con las ya numerosas víctimas de este gobierno irresponsable: los 44 tripulantes -cuyo paradero se desconoce todavía- del ARA San Juan, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los 10 muertos de Iron Mountain, Milagro Sala y sus compañerxs presxs políticxs, y tantos otros.

Tiene razón el oficialista senador Pichetto. “Los curas tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios”. Y justamente la vida ultrajada de Rafita, el desfalco a los abuelos y trabajadores que está previsto por este gobierno en el ajuste disfrazado de reforma, el robo de la Patagonia por los extranjeros amigos de Macri a nuestro pueblo mapuche y a todos los argentinos, son “cosas del Dios” que nos mostró Jesús, el amigo de los pobres y excluidos… Ese Dios que Pichetto quisiera que viva en la sacristía, pero está en el cerro esquivando las balas asesinas y en las calles con nuestro pueblo reclamando justicia social.

Esperamos del episcopado argentino un apoyo público a la defensa de los derechos de la población en peligro, una condena pública del manejo autoritario y elitista de las fuerzas de seguridad y la solidaridad con las víctimas de este modelo neoliberal condenado por el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia.

Curas en la Opción por los Pobres

Noviembre 2017

El titular de la CTA repudió la media sanción que el Senado le dio a la reforma previsional de Mauricio Macri y ratificó que quienes convaliden el ajuste deben dar la cara: “Necesitamos saber quiénes votan, cómo votan y porqué votan”.

A pesar de la multitudinaria marcha del sindicalismo opositor al Congreso en contra de la reforma laboral, previsional y tributaria, la Cámara alta avanzó anoche con el proyecto que recorta las jubilaciones y la ley de Responsabilidad Fiscal y el Consenso Fiscal.

“Lo que han hecho, además de ser ilegal es inmoral. Es decir, le meten la mano en el bolsillo a los jubilados que cobra la mínima, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de pensiones, los que están hundidos debajo de la línea de la pobreza, muchos viviendo en la miseria”, dijo Hugo Yasky al repudiar a los senadores que votaron a favor de la reforma previsional que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri.

Para el titular de la CTA de los Argentinos y diputado electo por Unidad Ciudadana, “recortan a los viejitos así no le meten la mano en el bolsillo a los que tienen ganancias, a los que especulan financieramente y, mucho menos, a los que se van a los paraísos fiscales”.

La reforma establece una actualización trimestral de los haberes previsionales y asignaciones sociales que se calculada en un 70% por inflación y un 30% por el índice Ripte, que es el promedio de los aumentos salariales de los trabajadores registrados. Esto impactará negativamente en el poder adquisitivo de estos sectores. Los jubilados de la mínima, por ejemplo, deberían cobrar en marzo del año que viene $8.200, pero con la nueva fórmula de movilidad no pasarán de los $7.660.

Como propuso en la marcha frente al Congreso, Yasky señaló que quienes convaliden el ajuste deben dar la cara: “Necesitamos saber quiénes votan, cómo votan y porqué votan. Hay una discusión que necesitamos poner a la luz”.

Todo el bloque de Cambiemos apoyó el recorte a los jubilados, junto a varios de los actuales miembros del PJ, como Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), que fue el primero en acompañar la iniciativa. En su discurso, antes de votar, justificó la postura en el acuerdo entre los gobernadores y la Casa Rosada.

También votaron a favor del congelamiento de las jubilaciones José Alperovich y Beatriz Mirkin (Tucumán), Walter Barrionuevo (Jujuy), Inés Blas y Dalmacio Mera (Catamarca), Salvador Cabral y Juan Manuel Irrazábal (Misiones), Julio Catalán Magni y José Ojeda (Tierra del Fuego), María Teresa González y José Mayans (Formosa), Pedro Guastavino, Sigrid Kunath (Entre Ríos), María Laura Leguizamón (Buenos Aires), Teresita Luna (La Rioja), Rodolfo Urtubey  y Juan Carlos Romero (Salta), Daniel Lovera (La Pampa) y Carlos Caserio (Córdoba), entre otros.

Fueron un total de 43 votos a favor, 23 en contra, 3 abstenciones (Juan Abal Medina, Jaime Linares y Alfredo Luenzo). En la sesión no estuvieron Carlos Reutemann, Carlos Menem y Alfredo Martínez.