Los gremios que rechazaron el aumento propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal para los empleados públicos: SOEME, ATE, CICOP y CTA, entre otros, ya buscan la manera de activar sus reclamos por varias vías.

Entonces los sindicatos pidieron una medida cautelar a la Justicia para que el Ejecutivo bonaerense reabra la discusión paritaria, al tiempo que ratificaron el paro de 48 horas previstos para el miércoles y jueves de esta semana que incluirá una movilización conjunta a la Casa de Gobierno.

La presentación judicial de los gremios se dio después de que el Ejecutivo diera por cerrada las negociaciones con los estatales regidos por la ley 10.430, luego de que UPCN y FEGEPPBA aceptaran un aumento de 15,06 por ciento, contenido en un acta con una cláusula que prevé reabrir las negociaciones en julio.

Desde el SOEME, que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, denunciaron que el gobierno de Vidal violó el derecho de fondo que protege a los trabajadores y elementales normas procedimentales con el objetivo de imponer un irrisorio aumento del 15% en dos cuotas.

“Estas vías de hecho son actos nulos de nulidad absoluta y esto queda demostrado por el simple hecho de que se dieron por cerradas las paritarias sin siquiera notificarnos fehacientemente de la última oferta ni del cierre de las negociaciones. Tampoco se establecieron los votos de cada una de las organizaciones gremiales que forman parte de la Ley 10.430 para determinar si existe la mayoría absoluta que exige la normativa vigente respecto a si la oferta realizada por la Provincia –un irrisorio aumento de poco más de 15%, en dos cuotas- tiene la aceptación de los trabajadores”, dijeron desde SOEME.

Tras 20 años de matrimonio, la flamante gobernadora María Eugenia Vidal y el flamante intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, decidieron separarse y blanquear una situación que habrían sostenido el último tiempo por imagen

El matrimonioPRO, que tiene tres hijos –Camila, María José y Pedro, de 15, 13 y 7 años respectivamente-, ya venía con un fuerte desgaste que mantuvieron en las sombras para no perjudicar sus carreras políticas.

En las últimas semanas, la Gobernadora dio muestras del desgaste que implica el viaje a La Plata y el compromiso con sus hijos, pero no mencionó a Tagliaferro.

Novios desde 1996, se casaron en 1998 y funcionaron como equipo desde entonces. Tagliaferro se desempeñó como diputado bonaerense, volvió al llano y ganó la intendencia de Morón.

Vidal pasó los últimos 5 años en cargos de alta exposición pública, como la Vicejefatura de Gobierno y, ahora, la Gobernación bonaerense.

Durante su participación en el programa televisivo de Mirtha Legrand, la mandataria bonaerense se refirió a la medidas de reforma sobre las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario que busca impulsar en el distrito el que, aseguró, "tiene una deuda enorme social.

En este sentido, afirmó que desde la gobernación "le estamos dando pelea a la policía" a partir de medidas en las que desplazaron "más de 600 efectivos que ya no están en ejercicio" y señaló que al mismo tiempo "hay que cuidar al policía porque hay muchos que hacen bien su trabajo".

"Hay muchos policías que no tenían chaleco ni placa. Si uno no respalda al que se le pide que dé la vida por uno, no se le puede pedir nada", afirmó Vidal, que ratificó que "todos los policías de subcomisario hacia arriba, tiene que presentar su declaración jurada. También los penitenciarios, ministros, y gobernadora, no hay nada que ocultar, cualquiera puede verlo, hay que publicarlo y todos tenemos que rendir cuentas".

La gobernadora bonaerense destacó el rol de la policía federal y aseguró que "si uno no respalda al policía que se le pide que dé la vida por uno, no se le puede pedir nada", en referencia a la situación de falta de equipamiento en la que encontró a la fuerza bonaerense y se mostró dispuesta a "dar pelea y a cuidar al policía que hace bien su trabajo".

En relación a las mayores preocupaciones que afectan a Vidal, la mandataria bonaerense sostuvo que "la inseguridad y la inflación me preocupan mucho" y señaló que este último desequilibrio "no empezó el 10 de diciembre, es un problema que lleva muchos años".

"Tengo confianza de que la inflación va a mejorar, se que para la gente es difícil pero les quiero pedir que apuesten y tengan paciencia, va a costar pero vamos a estar mejor", le exclamó Vidal a los bonaerenses.

Por Horacio Verbitsky

El Hada Buena y su ministro de Seguridad han logrado una mejora asombrosa de su policía, en respuesta a la inseguridad que angustia a la población. Los poco más de cinco mil habitantes de Carlos Tejedor, en el norte de la provincia de Buenos Aires, asistieron a un despliegue fulminante, que no escatimó hombres y recursos para esclarecer una seguidilla de graves crímenes, individualizar al jefe de la banda y secuestrar las armas que habría empleado. Esto implicó traspasar la propia jurisdicción, con desplazamientos de efectivos a los partidos vecinos de San Andrés de Giles y Pehuajó, aportes de dependencias técnicas, un trabajo rápido y preciso de Inteligencia y el empleo de tan moderna tecnología como la que deslumbra al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

A las 10.30 del 27 de febrero el subcomisario Luis Darío Manago, a cargo de la policía comunal de Carlos Tejedor, “toma conocimiento” de la comisión del delito y envía al lugar al subinspector César López Rouan. Su diligencia es tan notable que dos horas antes de recibida la orden y en compañía del oficial Mario Elía, comienza a transitar por la calle San Martín y al llegar a Irigoyen comprueban el primer delito, del que realizan todas las constataciones necesarias.

Tras las huellas de los malhechores detectan que el raid criminal continuó al amparo de la noche e incluyó a la cooperativa eléctrica de la calle Mitre; el supermercado Alcer; la distribuidora de bebidas de Oscar Mauro; la Escuela Normal, el local de repuestos Casa Pablo y el comité de la UCR. Todo ello fue documentado con fotografías en cada escena del crimen e inscripto en un plano de la planta urbana.

Luego de interrogar a varios testigos, uno de los cuales figura como denunciante, el sagaz policía dio intervención al titular de la Unidad Funcional 1 de Trenque Lauquen, el fiscal Omar Flores.

El subcomisario Manago también recurrió al delegado de investigaciones de Carlos Tejedor, principal Víctor Sánchez, con cuya participación se pudo esclarecer que la ola delictiva se había extendido a la ruta provincial 226, en dirección a Pehuajó, y secuestrar el cuerpo del delito. Por último, a pedido del fiscal, quien con la invalorable ayuda policial había identificado al delincuente serial y establecido donde se guarecía, la jueza de garantías Alicia Cardosi dispuso el registro de ese domicilio y del vehículo utilizado, que se realizó cuando apenas habían transcurrido cinco días de los hechos delictivos.

El sábado 5 doce efectivos policiales montaron un operativo espectacular en ese domicilio. Llegaron en dos patrulleros y un auto sin insignias. Seis guardias de infantería con sus garrotes cortaron el paso en la vereda mientras los otros ingresaron a la vivienda al grito de policía. Luego de una revisión minuciosa, secuestraron un aerosol. Los delitos investigados eran una serie de pintadas que decían “Monzó extorsionador”, “Monzó ladrón”, “Monzó puto”, “Monzó gato” o “Monzó loro”. Emilio Monzó fue intendente de Carlos Tejedor y desde hace tres meses preside la Cámara de Diputados de la Nación. Según Tejedor Noticias, en 1998, cuando Monzó era asesor del consejo bonaerense del menor durante la gobernación de Eduardo Duhalde, la dueña de la clínica On the Way denunció que le habría pedido una comisión sobre la deuda pendiente, pero el juez César Melazzo le dictó la falta de mérito.

El subinspector López Rouan dijo que al terminar su turno a las 4.55 vio a un hombre y una mujer efectuar la primera pintada con aerosol en un tapial y retirarse en un auto Gol blanco, con patente NLK152. En consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y antes de dar intervención a la Unidad Fiscal su jefe estableció que el auto pertenecía a Carlos Ismael Ballesteros, radicado en San Andrés de Giles. Manago le pidió al jefe de Policía de Giles que investigara al propietario y sus familiares, “labor que desempeñan, militancia política, etc”.

El inspector Cristian Doyle respondió de inmediato que varias veces se vio al auto “conducido por el hijo del titular, resultando ser el ciudadano Ballesteros Facundo, a quien se lo conoce que se desempeña en la militancia de la política conocida como La Cámpora”.

En un alarde de precisión agrega que Facundo está en Giles los fines de semana y pasa los demás días en La Plata. Doyle también investigó el perfil de Ballesteros en Facebook: “Se observa que tiene colocada una remera blanca con las inscripciones en letras de color negro que reza La Cámpora y el mismo posee en su mano izquierda un micrófono”. Los sabuesos que viajaron desde Tejedor hasta Giles, “siempre mediante la utilización de GPS”, también establecieron que Ballesteros había sido electo concejal.

Por conexidad adjuntaron fotos de un local del Partido Justicialista que lleva el nombre de Héctor J. Cámpora. La ley de Inteligencia nacional prohíbe obtener información sobre personas, por “su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias”.

El cuñado de Monzó, Juan Carlos Menafra, y el productor agropecuario Santiago David Ranciari también encontraron y descolgaron pasacalles similares en el cruce de las rutas 5 y 46 y en Pehuajó, sobre la ruta 226.

Además del aerosol, la policía secuestró una remera de La Cámpora con manchas de pintura. También tuvo la perspicacia de llevarse el telefonito del dueño de casa. El oficial a cargo intentó congraciarse: “Esto te lo opera Ritondo. Teníamos orden de tirar abajo la puerta y romper, pero tocamos timbre”, le dijo.

El procedimiento, por daño agravado, según el artículo 183 del Código Penal, tiene escasos precedentes. “En quince años como defensora oficial de San Isidro nunca vi una causa semejante”, dice la doctora María Dolores Gómez.

Si esta práctica se generalizara, los juzgados correccionales no darían abasto. Peor aún, si se suspendiera un juicio y el autor reincidiera con el aerosol, se revocaría la suspensión a prueba y como se habría cometido un nuevo delito debería cumplir la pena. O sea, dos pintadas y a una sana y limpia cárcel del SPB. La (in)experiencia de Gómez refleja la situación de toda la provincia: sobre 600.000 Investigaciones Penales Preparatorias al año, no más de 60 corresponden a pintadas tipificadas como daños, es decir 0,01 de los delitos investigados por el ministerio público y la policía.La mayoría por graffiti.

Ojalá el encomio y la diligencia del gobierno provincial y la policía en este delito sirviera para causas por crímenes más frecuentes y en protección de bienes jurídicos más relevantes: tienen para elegir entre el 99,99 por ciento restante. Sólo es cuestión de ir afinando la puntería. Sí, se puede, María Eugenia.

Nota completa en el siguiente link

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294484-2016-03-13.html

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, volvió a estallar en furia por el escándalo de los contratos truchos en el Astillero Río Santiago.

Esta semana,el funcionario del PRO marplatense, puso en alerta a la gobernadora por la imposibilidad de anticiparse a los daños que le pueden causar al gobierno las primeras denuncias de corrupción que salpican al gobierno provincial.

El funcionario macrista, Emiliano Giri, es hasta el momento el principal implicado en la red de corrupción donde además están implicados 5 funcionarios de la administración del ex gobernador Daniel Scioli.

El empresario marplantense acusado de corrupción fue mano derecha del actual intendente de la General Pueyrredón, Fernando Arroyo.

“Estamos gobernando a ciegas y así no hay manera de adelantarnos a los hechos para, de mínima, controlar los daños y, de máxima, ponerlos a nuestro favor”, aseguró una funcionario provincial muy cercano de a Vidal.

El escandalo en el astillero Río Tercero puso en la mira al ministro al propio ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que ya bien golpeado por la fuga de los presos a principio de la gestión del Pro en la provincia y no muestra capacidad para dar respuesta a situaciones que perjudican la imagen del gobierno de María Eugenia Vidal.

La gobernadora a ciegas estalló en furia, su equipo no la cuida y gobierna a oscuras.

"No hay crédito de largo plazo en tanto y en cuanto haya inflación alta. Ese trabajo de reconstrucción deberá ser paciente", expresó el funcionario que continúa en los Estados Unidos tras haber conseguido endeudamiento por 1.250 millones de dólares para la provincia.

Consideró Lacunza que el Gobierno de Mauricio Macri está marcando los primeros hitos para poder reconstruir ese crédito de largo plazo que debe ser con una moneda sana y con certidumbre, porque sino los que prestatarios no quieren asumir riesgos y los bancos tampoco pueden dar a tasa fija.

"No hay magia ni alquimia financiera para reconstruir el mercado de crédito más que bajar la inflación y dar certidumbre y en este camino está ya el Gobierno nacional", sostuvo el funcionario.

Lacunza coincidió con el ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, con que la inflación terminará este año en alrededor del 25% y sostuvo que intentar bajarla abruptamente podría generar "un parate más agudo".

Según Lacunza, la inflación "empezará a bajar en el segundo trimestre" para "volver al orden del 25% anual, que era la anterior".

"Va a ser un proceso gradual (para) ir a un dígito en un par de años, no se podría bajar más rápido para no hacer un parate más agudo", sostuvo.

Y pidió "no hay que anualizar" la inflación del verano porque está asociada a medidas transitorias, como el aumento de tarifas y el tipo de cambio en diciembre, que subió un 55 por ciento.

Prat-Gay había dicho que en la primera mitad del año la economía transitará "con la dificultad de una recesión heredada", pero para el segundo semestre volverá "a crecer" y habrá una "inflación del 1% mensual".

También había ratificado que la meta inflacionaria de este año será de entre 20 y 25 por ciento, aunque aclaró que esta estimación no alteraría las discusiones salariales porque "cada sector es libre de negociar sus paritarias".

Según detalló en un encuentro con empresarios e inversores chilenos, luego el Gobierno buscará situar la inflación de 2017 entre el 12 y 17 por ciento, en 2018 entre el 12 y el 8 por ciento y terminaría en 2019 entre el 3,5 y el 6,5 por ciento.

Se trata del sistema (Garantía Inmobiliaria Sociedad Anónima) que facilitará el método de contratación tanto para los inquilinos como para los propietarios, según indicó el diario Ámbito Financiero.

Fabián Acerbo, presidente del Colegio y uno de los creadores de la medida que revoluciona la forma de alquilar, sostuvo que se trata de un "seguro de caución, una herramienta que facilita el sistema de locación en la Provincia".

Será muy sencillo acceder a este beneficio. "El inquilino será su propia garantía y se invetigará su conducta crediticia en el Veraz", dijo Acerbo, al mismo tiempo que agregó que el seguro de caución estará a cargo del inquilino que deberá pagar por última vez el monto equivalente (el 4 pro ciento del total del contrato).

"Si el inquilino incurre en mora y no paga, será el sistema GISA el que pague el alquiler. Se respetarán los plazos pactados hasta el cumplimiento total del contrato del alquiler de 24 meses, y luego el sistema accionará contra el locatario", describió.

Las empresas privadas que decidieron este año salir a tomar deuda, luego de conocerse el preacuerdo alcanzado por el gobierno nacional y los acreedores de la deuda pública en cesación de pagos, observaron con preocupación el resultado obtenido por la provincia de Buenos Aires que ayer emitió un bono con vencimiento en 2024 por U$S 1.250 millones, a una tasa de interés de 9,37% anual.

"Hace una semana se esperaban tasas entre dos y tres puntos por debajo de los bonos soberanos que están en 8% y 9%, por eso los colocadores alentaron a salir. Lamentablemente ahora no vemos que cualquier emisión vaya a estar por debajo de esa tasa. Para ver valores más bajos habrá que esperar a que el capítulo con los fondos buitre se haya cerrado y todo esté saldado", dijeron hoy a Télam fuentes del sector privado.

El porcentaje resultó no sólo más elevado que lo que se esperaba, alrededor de 7,5% y 8,5%, sino que fue incluso más alta que la que pagaron el gobierno porteño e YPF hace un año atrás, cuando con días de diferencia colocaron deuda en el mercado externo, en momentos en que no se vislumbraba un arreglo del litigio en Nueva York.

A comienzos de febrero del año pasado, YPF salió al mercado y consiguió U$S 500 millones, con un bono a cinco años y a una tasa de 8,5% anual.

Una semana más tarde, el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, también acudió al mercado, donde colocó la misma suma que la petrolera nacional, con el mismo plazo, pero a un interés de 8,95%.

Un año más tarde, cambio de gobierno mediante, un equipo económico mas "amigable" con el mercado y un preacuerdo alcanzado con los fondos buitre y el resto de los holdouts en Nueva York, los bancos de inversión salieron a convencer a varias empresas argentinas de que éste era el momento de salir a buscar financiamiento o reestructurar sus deudas, asegurándoles que la tasa a pagar iba a estar entre dos y tres puntos por debajo de la pagada en aquellas colocaciones institucionales de febrero de 2015.

En este contexto de preacuerdo con los holdouts para salir del default, el director financiero del grupo IRSA, Matías Gaivironsky, dijo que se tomó la decisión de salir a refinanciar U$S 350 millones, ante "una mejora en la percepción que tiene el mundo de la Argentina y por lo tanto en el interés que hay de posicionarse en el país".

En el mismo sentido, otras compañías como Petrobas Argentina, Arcor, Banco Macro, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Raghsa, seguirán el mismo camino de IRSA para rescatar obligaciones negociables o refinanciar bonos que vencen el año próximo, con el objetivo de bajar el interés.

Sin embargo, la tasa pagada por la administración de María Eugenia Vidal encendió el alerta entre las compañías, y algunas estarían barajando la posibilidad de esperar un poco más antes de emprender el camino de los mercados.

No es el caso de IRSA que ya comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que el 17 de marzo próximo abre el periodo para colocar un nuevo título a siete años por U$S 350 millones, pero que podría ampliarse hasta U$S 470 millones, tal como lo autorizó la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, buscará rescatar Obligaciones Negociables que vencen en 2017 y en 2020, para lo cual la oferta estará abierta hasta el 31 de marzo.

Según informó la empresa, para los tenedores, muchos minoristas, hay condiciones más favorables si aceptan la oferta antes del 16 de marzo, como que el precio del bono a 2020 será de U$S 111, mientras que después del 17 de marzo bajará a U$S 107.

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó que el desempleo en la Provincia ronda el 12 por ciento y detalló que además hay un 40 por ciento de empleo informal.

El funcionario precisó que "posiblemente hoy el desempleo esté más cerca del 12 por ciento en líneas generales, sin hacer demasiada discriminación por sectores" y destacó que el trabajo informal en los grandes centros urbanos ronda "cerca del 40 por ciento".

El funcionario describió como "alto" el nivel de falta de trabajo en el ámbito bonaerense, situación que, dijo, deriva de los beneficiarios de planes sociales, que en el anterior Gobierno "no estaban considerados como desempleados".

El ministro Villegas, afirmó que los tres grandes objetivos que se propuso para su gestión son: "combatir el trabajo en negro y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad; generar los espacios protectorios a través de la correcta aplicación de las leyes respecto al trabajo infantil, esclavo e indecente; y sostener la productividad global del sistema, tratando de prevenir los conflictos laborales, a través de una política adecuada y de equilibrio entre empresas y sindicatos".

Villegas consideró también que "tenemos que trabajar fuertemente para sostener el nivel de empleo y al mismo tiempo mejorar su calidad en materia de registración, en condiciones de higiene y el saldo ocupacional".

En el mismo sentido, el ministro macrista aseguró que la provincia debe trabajar  "muy fuertemente tanto con la Nación como con los municipios en una mejor utilización de los recursos materiales y económicos con los que cuenta nuestro país"

Para concluir, Villegas aseguró que "la provincia debe articular con municipios para transformar muchas ayudas sociales, o planes sociales actuales, en trabajo genuino".

El gobierno de la provincia de Buenos Aires salió tomar deuda en dólares a una tasa anual de 9,375% con un bono a siete años, urgido ante la megaemisión de deuda que realizará el Gobierno de Mauricio Macri en el marco del acuerdo con holdouts.

Los inversores elevaron propuestas por hasta u$s 4.000 millones aunque finalmente el ministerio de Economía bonaerense tomó sólo u$s 1.250 millones debido a la elevada tasa.

El consorcio de bancos contratados por el Gobierno de la provincia para coordinar esta emisión son el HSBC, Citi y JP Morgan.

Así, ayer finalizó el road show del equipo del Ministerio de Economía provincial, con reuniones mantenidas el viernes pasado en Londres, el lunes en Nueva York y el martes en Boston y Los Angeles. Junto al ministro Hernán Lacunza participaron de la gira el subsecretario de Finanzas, Guido Sandleris, y el director provincial de Deuda y Crédito Público, Mariano Moschione.

Según publicó este miércoles Ámbito Financiero la provincia de Buenos Aires se preparaba para emitir un bono a siete años por un monto entre los u$s 750 millones y los u$s 1.000 millones y con un rendimiento entre un 9% y un 9,5%.