Ante la ausencia de una propuesta decente por parte del gobierno de la Provincia y de cara a la marcha federal educativa del jueves próximo, los maestros buscan visibilizar su reclamo.

Los gremios de maestros nucleados en Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciarán este lunes nuevas acciones para “visibilizar” el conflicto que mantienen con la administración de María Eugenia Vidal en el marco de las negociaciones paritarias.

Tras la entrega de un petitorio de reclamos en el que exigieron la semana pasada “diálogo directo” con Vidal, los sindicatos del FUDB plantearán nuevas actividades provinciales, regionales y distritales.

En tanto, mañana habrá una convocatoria a todos los consejeros de Udocba para determinar los pasos a seguir ante la falta de convocatoria por parte del gobierno provincial.

Si bien no hay detalles de las medidas los gremios buscan visibilizar las condiciones de la educación pública y el impacto de la inflación en los bolsillos de los docentes. Además, focalizarán sus esfuerzos con un mensaje a los legisladores de la Provincia.

Por el momento se descarta que haya un paro de actividades para esta semana, sin embargo, la marcha federal del jueves próximo tendrá como mensaje el llamado de atención para Vidal y la administración provincial.

Por su parte, el gremio que lidera Roberto Baradel se encuentra ultimando detalles para lo que será la Marcha Federal Educativa, el próximo 23, en el marco de la Ctera; movilización a la que se podrían sumar el resto de los sindicatos.

La gobernadora Vidal y el Movimiento Evita trabajan en un acercamiento concreto de esa agrupación a la estructura del gobierno bonaerense. En las últimas horas, el diputado Manuel Mosca y el referente del Evita, Fernando ‘Chino' Navarro apuntalaron ese objetivo en un viaje a Londres con eje en políticas de seguridad.

Según algunas fuentes no se descarta un posible ingreso del Evita al gobierno. Se ilusionan con tener a ese armado como aliado para la ejecución de las políticas sociales. Pero la clave pasaría por encontrar una manera de contener la protesta social en la provincia.

Aunque la negociación todavía es incipiente, las conversaciones entre Federico Salvai (jefe de Gabinete) y Mosca con el ‘Chino' Navarro (el interlocutor del Evita) son cada vez más fluidas. Por estas horas ya existe una línea de trabajo concreta para lograr ese objetivo.

Por ahora, desde el gobierno evitan adelantar como se materializaría ese desembarco. Un ministerio podría entrar en la negociación. Otra opción podría ser lugares en las listas del año próximo. "Lo que notamos es que están dispuestos a escuchar la oferta. Hay interés en las dos partes", dicen.

Quienes ponderan la llegada del Evita se ilusionan con la posibilidad de ampliar la base de sustentación del armado de Vidal en el Conurbano y tener un aliado para ejecutar las políticas sociales. La idea es aprovechar la buena interacción entre el Evita y la cartera que en Nación dirige Carolina Stanley.

Desde el gobierno consideran que genera atracción la figura de Emilio Pérsico y la del propio ‘Chino' Navarro. Pero también la del diputado nacional Leonardo Grosso y la diputada provincial Patricia Cubría. "Nos atrae la posibilidad de construir un espacio progresista dentro de Cambiemos", afirman.

Sería el refresh que Vidal puede mostrar de cara al futuro en la provincia. Pero también es un mensaje a la oposición. Por eso, quienes están en las negociaciones saben también que acercar al Evita es dar una señal de fortaleza importante hacia el peronismo.

En ese sentido, creen que la entrada del Evita sería la llave para que otros actores que provienen del peronismo se acerquen al gobierno.

Fuente: La Política Online

Por Federico Basualdo

Subsidios para los amigos y deudas para todos

El vertiginoso aumento de las tarifas de los servicios públicos pone en crisis el entramado productivo y la economía de los hogares bonaerenses. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 las tarifas residenciales de Edenor y Edesur aumentaron en promedio un 1600%, en tanto que los aumentos de las distribuidoras bajo jurisdicción provincial (EDES, EDEN, EDEA Y EDELAP) oscilan entre 600% y 900%. Para mitigar el daño generado, el presidente Macri y sus aliados proponen pagar la tarifa en cuotas y la gobernadora María Eugenia Vidal plantea disminuir la carga tributaria sobre las tarifas finales de los usuarios. Estas aparentes soluciones descargan sobre los bolsillos de los usuarios la garantía de la rentabilidad de las empresas. El Presidente propone financiar el pago de tarifas en cuotas y con un alto interés y la mandataria provincial eliminar impuestos, al tiempo que endeudó a la provincia en 4.500 millones de dólares para financiar el déficit de su administración.

La programación tarifaria para el sector eléctrico que acordaron las empresas distribuidoras de la provincia y el gobierno local, se suma al ajuste de subsidios del precio mayorista de la energía, establecido desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y a los aumentos otorgados a las transportistas.

La Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las empresas de la provincia de Buenos Aires se realizó en 2016, y estableció un horizonte de cinco años para el ajuste tarifario, las inversiones, la calidad del servicio y la atención a los usuarios. Las tareas fueron realizadas por un Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI), integrado por funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, y funcionarios del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). La falta de difusión sobre los aspectos técnicos de la revisión imposibilita conocer, por ejemplo, la metodología y el cálculo de la rentabilidad otorgada a las empresas, el horizonte de incremento del Valor Agregado de Distribución, y la existencia o no de una cláusula de ajuste inflacionario. También sería interesante conocer el destino de los fondos percibidos por las distribuidoras en concepto de “recupero tarifario”, a cuenta del aumento no retribuido por los amparos presentados en la justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que durante ese período las empresas prestatarias dejaron de abonar a CAMMESA (es la compañía que, bajo control estatal, administra el mercado eléctrico mayorista) la energía suministrada.

En la actualidad, todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires se encuentran controladas por un mismo grupo económico. Durante los últimos dos años, Desarrolladora Energética S.A. (DESA), controlada por Rogelio Pagano, desembolsó en dos operaciones casi simultáneas cerca de 450 millones de dólares para quedarse, en noviembre de 2016, con las distribuidoras EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) y EDEN (norte y centro), y en una segunda instancia, en marzo de 2017, con EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La Plata). Ambas operaciones se realizaron en paralelo al proceso de revisión tarifaria, y las mismas fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Defensa de la competencia (CNDC). La falta de colaboración del ENRE y el OCEBA con el análisis de las operaciones quedó en evidencia en los dictámenes correspondientes de la CNDC. En un hecho sin precedentes, en el último dictamen, referido a la compra de EDEA y EDELAP, queda expuesta la negativa de las autoridades del Organismo de Control a colaborar dado que consideran no tener competencia en el tema, señalando al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante, como la autoridad competente. El marco regulatorio eléctrico de la provincia otorga amplias facultades al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ninguna de ellas señala que debe reemplazar las funciones del regulador.

A pesar de la falta de colaboración, no es necesario el asesoramiento de los organismos reguladores para destacar que la concentración de las cuatro distribuidoras provinciales en manos de un mismo grupo económico redunda en una flagrante violación de la normativa vigente. Sin embargo la CNDC recomendó al Secretario de Comercio de la Nación aprobar ambas operaciones. Su flamante presidente, Esteban Manuel Greco, es un conocido consultor de empresas del sector energético. En los dictámenes sobre las compras de DESA, este consultor insiste en la utilización de técnicas de benchmarking para subsanar la potencial lesión a la competencia ocasionada por dichas operaciones. Casualmente, el benchmarking es uno de los servicios que ofrece la consultora de la que fue socio hasta 2015, año en que asumió como presidente de la CNDC.

En 2017 se cumplió el primer ejercicio económico de DESA como grupo consolidado. Con una participación parcial de EDELAP y EDEA, DESA obtuvo ingresos por 8.880 millones de pesos, y ganancias por 773 millones de pesos. Al igual que otros conglomerados del sector, el grupo registra una importante actividad financiera producto de la cual en 2017 presenta costos financieros por 1.667 millones de pesos. En buena medida, la actividad financiera del grupo se explica por el nivel de endeudamiento que registra.

En mayo de 2016, en el marco de su estrategia de expansión, DESA tomó un préstamo a 18 meses con UBS Securities LLC, para financiar la compra de EDES y EDEN. El total del préstamo fue de U$S 124 millones, al 13% anual. A su vez, en julio de 2017 DESA obtuvo un préstamo por 475 millones de dólares por parte de un consorcio de bancos extranjeros, a un interés de 9,5% anual, y por un plazo de tres años. Según declara la empresa en su balance 2017, dichos fondos fueron utilizados para cancelar el préstamo con UBS Securities LLC, y para adquirir participaciones minoritarias en distintas sociedades controladas por el grupo.

Llamativamente, otro importante acreedor del grupo es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, CAMMESA, la cual está controlada por el Estado nacional. Al 31 de diciembre de 2017, DESA le debía a CAMMESA 7.081 millones de pesos. Con mejor suerte que con la banca extranjera, DESA obtuvo inmejorables ventajas para la refinanciación de su deuda con el Estado. Del total de los fondos, el grupo logró refinanciar 3.624 millones en 90 cuotas con un interés de 10% anual; y 1992 millones, en 20 cuotas sin interés. Si bien con la deuda restante aún no llegaron a ningún acuerdo, resulta evidente que el plan de pagos ofrecido por las autoridades de la empresa administradora del mercado eléctrico, representa un subsidio estatal a las inversiones del grupo DESA en el sector energético de la provincia de Buenos Aires. CAMMESA dejó de subsidiar el precio de la energía para subsidiar la expansión y las ganancias de los grupos económicos.

La precariedad regulatoria, o más bien la regulación funcional de los organismos nacionales y provinciales que intervienen en el sector energético, apunta a fijar las condiciones para que la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires deje de ser un servicio público y pase a ser un negocio cautivo para las empresas. Los organismos de control actúan, al compás del Poder Ejecutivo nacional y provincial, como garantes de la transferencia de ingresos desde los hogares bonaerenses y los distintos sectores de la economía a las empresas de energía, al tiempo que garantizan y subsidian la concentración de las empresas del sector en un puñado de grupos económicos, erosionando notablemente el interés general.

Fuente: El Cohete a la Luna

El episodio ocurrió en el Hospital de Niños de La Plata. Luego del corte de luz y la demora del generador para restablecer la energía, los doctores suspendieron la intervención quirúrgica.

En un nuevo hecho que refleja la crisis en el sistema de salud y el pésimo servicio prestado por la prestadora de electricidad, los cirujanos que intervenían en una operación de corazón tuvieron que alumbrar con sus celulares ante la falta de iluminación. Según informaron, tuvieron que actuar de forma urgente y cerrar el esternón porque el generador no devolvió la energía a tiempo.

No es la primera vez que sucede un caso así en un hospital público que depende del gobierno de María Eugenia Vidal. Hace unos meses, un hombre de 75 años falleció en el Hospital Rossi de La Plata, un día después de haber superado una operación en medio de reiterados cortes de luz en la sala de cirugía, que también llevaron a los médicos a alumbrar con sus celulares.

El nuevo hecho de profunda gravedad lo dio a conocer los delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) en el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica de La Plata. “Se produjo un corte generalizado de energía eléctrica alrededor de las 10:30 mientras varias especialidades quirúrgicas se encontraban trabajando, como por ejemplo una operación de corazón a un paciente que estaba con el esternón abierto como indica el procedimiento y que hubo que cerrarlo de manera urgente y sin resolver la patología para preservar su vida" relataron.

Y explicaron que "los generadores eléctricos tardaron aproximadamente siete minutos en encender y esto obligó a los profesionales a continuar operando bajo la luz de celulares, corriendo riesgo vidas. Algunas especialidades, como el servicio de cirugía cardiovascular, teniendo a un paciente con una esternotomía a cielo abierto, debió suspender el procedimiento y dar por finalizada la cirugía sin resolver la patología".

"La misma suerte sufrió el servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, donde algunas bombas y respiradores dejaron de funcionar", añadieron

Finalmente expresaron que “una vez más, el esfuerzo de todos los trabajadores del hospital hizo que no se produjera una tragedia. Solicitamos a las autoridades provinciales que tomen cartas en el asunto y dejen de poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. ¡Con los niños no!".

Todos los hospitales públicos bonaerenses se encuentran sin brindar la atención básica. Desde el gremio de los galenos exige al Gobierno el llamado a paritarias. Además aseguran que “faltan canales de diálogo” y que el sector se encuentra en crisis.

Los médicos de los 80 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires llevan adelante un paro provincial en todos los nosocomios bonaerenses y centro sanitarios, ante la falta de resolución en la negociación paritaria de los profesionales de la Salud.

La medida tiene como objetivo reclamar al gobierno de María Eugenia Vidal una pronta reunión para definir el porcentaje de incremento salarial para el sector. Recordemos que desde el gremio vienen alertando diferentes situaciones donde reflejan una crisis del sistema sanitario de la Provincia. Es el caso de la subejecución Presupuestaria, ligada a los problemas en infraestructura que tienen los 80 hospitales de la Provincia.

Para el Presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud (Cicop), Fernando Corsiglia, el sector atraviesa una "crisis" y se suma a la "falta de canales de diálogo" para solucionar el conflicto.

"Decidimos reiniciar medidas de fuerza con un paro de 24 horas el día jueves 3 de mayo, llevando adelante acciones locales y regionales, y también volver a parar 24 horas la semana siguiente", aseguró Fernando Corsiglia, secretario General del gremio.

El dirigente también confirmó que habrá una movilización luego de la conferencia de prensa que brindarán en el Policlínico San Martín, de la ciudad de La Plata.

"El sentido de esta medida es reclamar al gobierno provincial la convocatoria a paritaria, el abordaje de la grave crisis del sistema de salud provincial y la falta de respuesta de las autoridades al respecto", concluyó Corsiglia.

Así lo manifestó el titular de la principal fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires admitió que el crimen creció en todo el territorio bonaerense por culpa del hambre. También  dijo que "hay gente que antes no delinquía y ahora lo hace por un apremio económico".

El jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, evidenció la crisis social, política y económica en la Provincia de Buenos Aires. En declaraciones a diferentes medios de comunicación, aseguró que el delito creció porque "la gente no tiene para comer".

En medio de la ola de crímenes en el Gran Buenos Aires y del reclamo de los intendentes peronistas a la Provincia por la ausencia de políticas de seguridad, Perroni analizó la problemática e identificó a la crisis social como una de las razones del aumento de la delincuencia.

"Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tiene necesidad de comer se vuelque al delito", sostuvo Perroni en declaraciones a Radio La Red. "Hay gente que antes no delinquía y ahora lo hace por un apremio económico. El tema de la falta de inclusión lleva a esa situación", analizó el jefe de la Policía Bonaerense.

Perroni indicó que la Provincia trabaja en las "zonas calientes" para "bajar el robo, el hurto y el asalto", que son los delitos que más comunes en el Conurbano.

Las declaraciones del jefe policial tienen lugar en el marco de la serie de crímenes que sacudieron en las últimas semanas al Gran Buenos Aires y de las acciones conjuntas de intendentes y legisladores peronistas para exigirle respuestas a María Eugenia Vidal.

El texto realizado por varios economistas del PJ fustigó las principales iniciativas impulsadas por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y en el país. La suba del dólar, el endeudamiento y la fuga de capitales, entre otros son las variantes que analiza el informe.

La Comisión de Economía del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires -integrada por los economistas Roberto Feletti, Silvina Batakis, Débora Giorgi, Mercedes La Gioiosa, Arnaldo Bocco, Antonio Mezmezián, Axel Kicillof, Martín Pollera y Cristian Girard- presentó su Documento de Trabajo N° 3 en el que analizó la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri.

En el informe se destaca un párrafo especial al endeudamiento en la Provincia. Dicen los economistas de este equipo: “Durante el primer año de la gestión de Cambiemos, la deuda de la provincia de Buenos Aires, medida en dólares, creció un 31,9%, pasando de U$S 9.362 millones en diciembre de 2015 a U$S 12.353 millones en diciembre de 2016. Luego, transcurridos los primeros tres trimestres de 2017 la deuda se ubicaba en U$S 15.002 millones. Según el último dato publicado por el gobierno provincial el incremento alcanzó el 60% desde el cambio de gestión. La gobernadora María Eugenia Vidal hizo crecer la deuda pública de la provincia de Buenos Aires en aproximadamente U$S 5.700 millones, en términos netos, en los dos primeros años de su mandato, batiendo récords dudosamente elogiables, como haber sido Buenos Aires la provincia que más deuda emitió”.

El análisis incluye otro dato llamativo: “Este endeudamiento récord se registró aún a pesar de haber recibido transferencias desde Nación por casi $90.000 millones ($38.000 millones en 2016 y $51.000 millones en 2017). De hecho, la Provincia de Buenos Aires tuvo una presencia tan activa en los mercados de deuda internacionales, que llegó a ubicarse en el puesto Nº22 en el ranking de emisión global elaborado en base a datos de Bloomberg”.

“La intervención record en el mercado de divisas que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri no sólo es inédita sino que es insustentable”. En sólo dos meses el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para evitar una disparada del dólar, vendió “US$4.000 millones, es decir $82.000 millones. Esa cifra dilapidada en 2 meses equivale a 8 veces los recursos que el Presidente quiere que los gobernadores resignen de sus distritos para compensar los subsidios tarifarios que el gobierno nacional eliminó”.

La presión sobre el dólar también se acentúa por “las políticas de apertura de la economía y los déficits comerciales experimentados en 2017 y el que se proyecta para el 2018”. “El rojo comercial de 2017 cerró con un déficit de U$S 8.471 millones, superior al provocado por el Efecto Tequila en 1994. Las importaciones crecieron casi 20% y apenas logramos exportar menos del 1% respecto de 2016”, destaca el informe.

Así lo señaló una nueva encuesta de la consultora Analogías, que se realizó en los últimos días de abril. El relevamiento da cuenta del debate que tiene lugar en el Congreso: la oposición quiere aprobar una ley que ponga límite al tarifazo oficialista. El presidente Mauricio Macri anunció que vetará cualquier intento en ese sentido.

El estudio se realizó en Capital Federal y localidades del Gran Buenos Aires: los números preocupan al Gobierno por la contundencia de las cifras. Sólo el 23% está de acuerdo con el actual nivel tarifario. Esos números explican también la grieta que se abrió en la propia alianza Cambiemos con la medida.

Por otro lado, la encuesta confirma que la gente no cree que la rebaja de impuestos impacte sobre las boletas de los servicios públicos. El 80% aseguró que impactará "poco o nada". Las cifras son similares a ambos lados de la General Paz.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el 57% afirmó que la rebaja propuesta por María Eugenia Vidal es en realidad "una puesta en escena para pagar un menor costo polìtico". El 28%, lo consideró una "preocupación genuina".

Tras los anuncios de la Gobernadora por la quita de los impuestos provinciales en las boletas de los servicios públicos, llegó un nuevo aumento que golpea a la economía de los bonaerenses.

Los vecinos de la provincia de Buenos Aires que tengan a AySA, principalmente en el primer y segundo cordón del Conurbano tendrán un aumento promedio de un 26% en sus tarifas. Mientras que en La Plata y Bahía Blanca, la suba llega a un 40%.

De esta manera, los bonaerenses volverán a tener que sufrir las consecuencias de un nuevo aumento. Ésta vez se trata del servicios de agua potable, tras el anuncia de AySA y ABSA de llevar adelante un "reajuste tarifario".

Se trata de un "aumento diagramado" en las audiencias públicas de febrero que se llevaron adelante en La Plata y Bahía Blanca, donde se programó un incremento de hasta un 40% promedio en el servicio de agua potable y servicios cloacales.

Desde la empresa se informó que con la readecuación, la tarifa promedio de un usuario residencial será de 208 pesos por mes y por servicio, el de agua y el de saneamiento, que significará una factura de 416 pesos, en tanto que la tarifa mínima va a ser de 130 por mes y por servicio.

La eliminación de los subsidios debía entrar en vigencia el 1 de mayo de acuerdo a la Disposición 19 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 2017, pero la empresa solicitó que esa reducción del 25% en los valores tarifarios aplicables a usuarios de categoría residencial sea descontada gradualmente.

Una de las zonas más afectadas por el temporal fue Quilmes, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Las organizaciones sociales denunciaron el abandono por parte de Vidal y el intendente PRO, Martiniano Molina, ante la falta de limpieza de los arroyos.

Según informó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), "debido a la cantidad de basura, grasa y todo tipo de desechos acumulados sobre los arroyos sin limpieza, sumada a la falta de obra pública para facilitar el escurrimiento de las aguas hacen que las intensas lluvias de estos días provoquen lo que todos incluido el gobierno municipal sabíamos que iba a pasar, cientos de vecinos quilmeños hoy están con el agua dentro de sus casas o aislados en sus casas a causa de la acumulación de agua en las calles".

Según denunciaron los vecinos de la zona, las condiciones sanitarias son alarmantes ya que las aguas se convirtieron en verdaderos basurales.

Pero el drama tuvo un capítulo extra: los vecinos evacuados fueron trasladados a un centro de atención que no tenía luz. La diputada nacional del Frente Para la Victoria, Mayra Mendoza, le reclamó al Intendente un grupo electrógeno para los afectados: "¿Un grupo electrógeno es mucho pedir para la Municipalidad de Quilmes? No tenés idea de lo que sufre la gente inundada", disparó en Twitter.

Los barrios afectados por el temporal fueron El Sol, La Matera, Las Cañitas, Los Eucaliptus, Villa Lujan, 9 de Agosto, La Cava de Itati, San Cayetano, Villa Alcira, La Sarita, La Cañada, Santa María, Finescor, La Ribera de Quilmes y Bernal.

Fuente: Política Argentina