El magistrado Pablo Yadarola presentó un escrito por el origen de los chats. La denuncia cayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa por el escándalo de los chats de jueces, fiscales y funcionarios respecto a un viaje a Lago Escondido no deja de generar polémica en la escena política y judicial argentina. La última ocurrió horas atrás cuando, a la par de la denuncia del gobierno nacional, el juez Pablo Yadarola, uno de los involucrados, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayó en el juzgado de Julián Ercolini, otro de los apuntados. En paralelo, la fiscal de Bariloche imputó a los implicados por el viaje.

Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, presentó este fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal a raíz de la divulgación en internet de conversaciones de un grupo de Telegram en el cual el propio juez, junto con otros tres magistrados, un fiscal y un ministro porteño, elaboraron una estrategia para mentir sobre un viaje a la estancia del terrateniente británico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín.

Para mayor sorpresa, el escrito presentado por Yadarola recayó – por sorteo – en el juzgado de Ercolini, otro de los jueces involucrados en el escándalo de los chats de Lago Escondido. Según consigna Diarioar, el 4 de diciembre, una vez que los audios y los chats quedaron al descubierto, el juez Ercolini se excusó apelando a la figura de “ausencia momentánea del juez” y le pidió al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma, al menos momentáneamente, la investigación de la causa.

Entre las primeras medidas, Martínez de Giorgi solicitó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el rastreo de la dirección IP desde donde se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono de Marcelo D´Alessandro. Cabe aclarar que el material era ofrecido en un portal web por u$s600 y contenía 900 conversaciones y 4099 contactos del ministro en Télegram.

Además del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diálogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.

La presentación de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la estrategia que en el chat figura como “contraofensiva” en la cual se proponía revertir la carga de la acusación alegando un presunto espionaje ilegal, elaborar facturas truchas para evitar ser acusados de recibir dadivas e influir en la investigación radicada en Bariloche para que la fiscal y la jueza den por cerrada la causa.

En las últimas horas la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios, y empresarios de medios que fueron al encuentro a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. En la lista de imputados también figuran Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.

Pese a la intención de los imputados de crear una estrategia coordinada para mentir sobre su estadía en Lago Escondido, la fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. Además, certificó la presencia de los directivos de Clarín.

Días atrás, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra el juez federal Julián Ercolini, Carlos Mahiques (integrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2) y Pablo Cayssials (titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso). Además, apuntó contra el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D Alessandro.

Así expresó su disconformidad el diputado nacional, respecto a la actitud del procurador bonaerense, quien se excusó de asistir a la Subcomisión Bicameral de Inteligencia.

Las predicciones del diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau sobre la posibilidad de inasistencia del procurador bonaerense al Congreso para responder preguntas sobre la investigación de la mesa judicial bonaerense, finalmente se cumplieron.

En ese marco, Moreau aseguró que el procurador “no tiene coronita” luego de que se excusara de asistir a la Subcomisión Bicameral de Inteligencia, y remarcó que el funcionario judicial debe concurrir al Congreso para declarar por escrito sobre la existencia de la denunciada mesa judicial.

“Conte Grand no tiene coronita. La violación a la Ley de Inteligencia, que es nacional y que él invoca, la puede poner en el ámbito de su provincia, pero no en el ámbito nacional porque es una Ley del Congreso y no puede alegar esa prerrogativa para no asistir”, señaló y agregó: “No lo estamos convocando como fue el caso de (Carlos) Stornelli, que fue un fiscal que estuvo escondido de la Justicia Federal. Lo estamos convocando a una investigación política institucional”.

El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso confirmó además que la Subcomisión de Inteligencia, que analiza la existencia de una mesa judicial bonaerense durante la gestión de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, volvió a citar a Conte Grand para el 27 de enero y dijo: “Esperemos que tenga la dignidad de asistir”.

Así lo declaró el comisario Casassa ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. El jefe policial participó de varios allanamientos.

El comisario y contador Hernán Casassa confirmó, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que él es la persona que habla y explica en dos audios cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand (a quienes ya mencionaba en la grabación) también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El jefe policial también vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje, y el uso dudoso de información para crear expedientes, según Página 12.

Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Ayer, el uniformado también entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.

El juez que investiga el armado de causas a dirigentes sindicales por parte de funcionarios del gobierno bonaerense anterior, le dio 48 horas a las empresas de celulares para que informen si los acusados tenían celulares a su nombre.

La justicia federal de La Plata le pidió al gobierno bonaerense que entregue los teléfonos celulares y la computadora que usó María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de la investigación a la mesa judicial, donde al menos 15 personas están acusadas de armarles causas a sindicalistas, el juez le requirió a la Gobernación “que indique si es posible identificar el/los número/s de teléfono fijo y/o móvil utilizados utilizados por María Eugenia Vidal en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y 31 de diciembre de ese mismo año, así como la CPU asignada a la nombrada y/o a su secretaría privada en la gobernación durante el lapso aludido”.

El magistrado solicitó lo mismo respecto a Marcelo Eugenio Villegas, exministro de Trabajo bonaerense; Roberto Gigante, exministro de Infraestructura; y Adrián Grassi exsubsecretario de Justicia.

“En todos los casos, se deberá solicitar que se proporcionen a este Juzgado los números de abonados telefónicos que puedan ser identificados, y que las CPU´s que se individualicen de acuerdo a los términos solicitados, sean entregadas o puestas a disposición de este órgano”, indicó el magistrado.

Asimismo, el juez les pidió a las empresas de telefonía celular que indiquen –en un plazo perentorio de 48 horas- si en el período comprendido entre el 1° de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de ese mismo año, poseían líneas telefónicas a su nombre y, en su caso, que informen los números de abonados correspondientes a: Adrián Grassi, Roberto Gigante, Juan Pablo Allan, Julio César Garro, Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, Diego Luis Dalmau Pereyra, Marcelo Eugenio Villegas y María Eugenia Vidal”.

Se trata de Martín de Vargas, quien se presentó en el edificio municipal para hacer un trámite pero le prohibieron el ingreso.

Ocurrió el lunes último, cuando el abogado Martín De Vargas fue a realizar una diligencia a la Municipalidad de La Plata, donde se presentó con el pase sanitario, pero no lo dejaron ingresar al edificio ubicado en las intersecciones de las calles 12 y 54.

“Van a averiguar y salen, y me dicen: tenés la entrada prohibida. ¿Cómo que la tengo prohibida? ¿Por qué los denuncié a Garro y a Vidal?”, comentó el profesional en declaraciones ofrecidas a diferentes medios platenses.

Él mismo relató que, ese día, había bastante gente en la fila para ingresar al municipio. De Vargas, entonces, comenzó a hablar con algunas de esas personas, dos de los cuales eran empleados de dos dependencias de la Municipalidad, quienes después tuvieron problemas por haber hablado con él.

Lo llamativo de la situación es que se trata de un edificio público, por lo que no se le puede prohibir el ingreso a ninguna persona.

De Vargas había denunciado, hace unos días, a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; a su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas; al intendente de La Plata, Julio Garro, y a los demás integrantes de la reunión en la que se los ve planeando una “Gestapo” y el armado de causas a sindicalistas.

En el marco de esa investigación, ayer la fiscal Ana Russo imputó a los 15 acusados y le pidió al juez federal que ordene peritar los teléfonos encriptados de Vidal, quien también está siendo investigada.