El Municipio de Morón, que conduce Ramiro Tagliaferro, entregó leches en polvo vencidas a los vecinos de Castelar sur. Se trata de productos encargados por el ex ministerio de Salud, que Cambiemos degradó en una Secretaría.

En distintos Hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires hay faltantes de sangre para transfusiones. Además, el ministro de Salud de Vidal, Andrés Scarsi, atiende desde el BAPRO de CABA.

La Salud atraviesa un delicado estado en la Provincia comandada María Eugenia Vidal. En los últimos días, en muchos hospitales del territorio bonaerense, se registraron faltantes de sangre. Desde el sitio Real Politik, agregan que el inconveniente radica en que no se han adquirido eficientemente los insumos para procesar las unidades de sangre.

En el hospital Italiano de La Plata, se han suspendidos transfusiones, lo que provocó gravísimos trastornos en la zona, ya que el policlínico es de importancia estratégica porque recibe pacientes trasplantados derivados de otras instituciones. Vale aclarar, que en el caso de los pacientes y sus familiares, literalmente es una cuestión de vida o muerte, que el gobierno pareciera no detenerse a resolver.

Algo similar ocurre en el Instituto Biológico en el que, a pesar de los esfuerzos por regularizar su situación administrativa, continúa existiendo una insuficiente asignación de presupuesto para afrontar su función más básica: la producción de medicamentos. Los laboratorios de los hospitales están teniendo serios problemas para realizar testeos de rutinas por falta de insumos. Esto ocurre, por ejemplo, en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero y en el San Martín de La Plata, por solo citar dos de los múltiples casos.

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia, Andres Scarsi, atiende desde una oficina de Capital Federal perteneciente al Banco Provincia, donde deriva los importantes asuntos del ministerio a sus asesores. En casi todos los casos, chicos que no superan los 30 años y que recientemente conocieron la ubicación del edificio del ministerio en la ciudad de La Plata, a la que acuden con sus choferes.

A su vez, se han implementado dos sistemas informáticos que versan sobre las contrataciones directas del ministerio de Salud, el GEDEBA y el SIGAF, que no han tenido el resultado esperado. De este modo, mientras se suspenden operaciones de altísima complejidad por falta de insumos para procesar las unidades de sangre, el ministro Andrés Scarsi pareciera ocupar todo su tiempo en darle vía libre a las compras por convenio marco de sus vehículos de alta gama.

El gremio que nuclea a los trabajadores de Salud de Buenos Aires, anunció que adhiere al paro nacional del próximo 15 de febrero, “para poder enfrentar con éxito las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional".

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), confirmó a través de un comunicado que llevará adelante su primer paro de 2018 el jueves 15 de febrero, en consonancia con el paro nacional de estatales que se realizará ese día. El gremio que representa a profesionales de la salud bonaerense, reiteró su "visión crítica de la falta de unidad y para remarcar la necesidad de confluir en acciones y actividades comunes para poder enfrentar con éxito las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional".

Así lo decidió el Consejo Directivo Provincial de CICOP, que votó el paro y la participación de este sindicato en la marcha general a Plaza de Mayo junto a los gremios nacionales que pararán también este jueves, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y que participará de la movilización del 21 de febrero.

Además, desde el gremio recalcaron que aún no fueron convocados a discusiones paritarias y alertaron sobre "otras problemáticas no resueltas". En ese sentido, adelantaron que llevaran a cabo un congreso provincial para definir "cómo seguir la lucha sindical".

El faltante de medicamentos afecta a 70 mil de las 120 mil personas que, se estima, viven con VIH/SIDA en la Argentina. María Cecilia Loccisano, esposa del ministro Jorge Triaca, estaría entre las responsables.

La peor cara del ajuste. Entre anuncios de toma de deuda en decenas de miles de millones de dólares y tarifazos a los trabajadores, el Gobierno dejará de repartir durante febrero tres medicamentos para el tratamientod de VIH. El ministerio de Salud aún no envió a las provincias las drogas necesarias para el tratamiento de los 70 mil pacientes con VIH que se atienden en el sistema público. Dejó seriamente expuesta a su subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que se excusó del faltante de medicamentos bajo el pretexto de un “error administrativo”. A su vez, el sábado 20 de enero la cuenta oficial del ministerio de Salud publicó en twitter: “En los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos Dolutegravir 50 mg, Darunavir 600 mg, Efavirenz 600 mg y Abacavir-Lamivudina 600-300 dándole continuidad a la provisión de los mismos”. Lo cierto es que los medicamentos no aparecen y de cara a febrero el panorama es difuso.

 

Este jueves tras una reunión en el ministerio de Salud que mantuvo la agrupación Red Personas Viviendo con VIH junto a representantes de la cartera que comanda Adolfo Rubinstein, el abogado de la organización, Gastón Llopart, dijo a C5N que desde el Gobierno no hay respuestas al faltante de drogas. Esta vez, admiten un "error logístico" que Llopart descree, ya que "eso ocurre cuando el Ministerio compra la medicación y la tiene que entregar". En la misma línea, señaló que desde la agrupación se sienten “profundamente decepcionados”, por haber “creído en la honestidad intelectual de los funcionarios del ministerio de Salud", y en el mismo tono disparó: "Nos han mentido en la cara”. Por su parte, Llopart marcó su preocupación y denuncio el faltante de medicamentos en la provincia de Buenos Aires: “Hay problemas en los servicios de infectología, hay pocos o directamente no hay infectólogos”, alertó.

Además, de cara a febrero las provincias de San Luis, Santa Fe y La Pampa denunciaron una “discontinuidad en la entrega de antivirales” por parte del Estado nacional, lo que según las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, está vinculado a un “retraso en los procesos de adquisición y compra”. Para el caso de los niños, la situación es especialmente preocupante. Desde el Frente se estima que 9 de cada 10 niños con VIH/sida no pueden acceder a los medicamentos antirretrovirales que pueden salvarles la vida. La mitad de ellos morirá antes de cumplir 2 años si no recibe tratamiento.

Un informe especial de Primereando TV te muestra el estado de abandono en que se encuentra la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Mira el video con imágenes y testimonios sobre la situación de la salud en tiempos de ajuste.

Otros de los dramas que atraviesa la Provincia es el deterioro de la salud pública, un informe de Primereando TV te muestra como se llegó a esta situación de abandono en un contexto donde se incremento la demanda debido a la crisis económica por la que atraviesa miles de bonaerenses.

En la provincia de Buenos Aires hay 79 hospitales públicos, el achicamiento del presupuesto en salud por parte del gobierno de María Eugenia Vidal redunda en problemas de infraestructura, falta de profesionales, medicamentos e insumos. El gobierno debería escuchar los reclamos ya que la salud debiera ser un derecho para el que lo necesite, hoy la situación por la que atraviesa la salud pública es critica y no se observan respuestas por parte de los funcionarios del área que intenten cambiar esta realidad.

Mientras Vidal había lanzado su propio programa y el Gobierno dejaba arrumbados los kits Qunita, el Tribunal Oral Federal 1 emitió una resolución para que el Ministerio de Salud de la Nación distribuya los kits sin la bolsa de dormir y la cuna.

El Tribunal Oral Federal 1 emitió una resolución por la cual ordenó que el Ministerio de Salud de la Nación proceda a distribuir los kits del Plan Qunita. Estarán todos los elementos excepto la bolsa de dormir y la cuna.

El Tribunal Oral dispuso la inmediata redistribución de los kits en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de considerar incurso al ministro de Salud, Jorge Lemus, en el delito de desobediencia (art.239 del Código Penal).

Hay más de 27.000 kits que están inmovilizados. El Tribunal tomó como base “el interés sanitario de los niños y niñas del país”, así como las directivas que emanan de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, instrumento que posee rango Constitucional conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución.

"En este sentido el Tribunal ponderó que la resolución previa del juez Bonadio –aceptada por la Dirección de Asuntos Judiciales y la Oficina Nacional de Contrataciones del Estado- satisfacía la obligación que pesa sobre el Estado Argentino de atender el “interés superior del niño”", destacó el diario Tiempo Argentino.

El kit incluye un juego de sábanas -con un acolchado, y un toallón -; indumentaria para el recién nacido (dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos pantalones, dos pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y un necesaire) y para la mamá. También un bolso cambiador con artículos de higiene para la madre y el recién nacido -termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y preservativos-; un porta bebé y otros elementos de uso cotidiano, como chupete, babero, mordillo, sonajero y juguetes para los primeros meses; un libro de cuentos y una guía de cuidado para la mamá y el bebé.

El fallo contradice el dictamen en contrario defendido por el Ministerio de Salud macrista, que sostenía la necesidad de revocar la licitación 4/2015 por razones de ilegitimidad.

(por Ignacio Cantala) Macri impulsaría por decreto la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. El proyecto oficial cuenta con el apoyo de los sindicatos y las empresas de medicina prepaga y supone una reducción de derechos a la población, vulnera el sistema público y pone en riesgo las arcas provinciales. El rol de los gobernadores y algunos senadores para detener el impulso privatizador en la Salud.

La nueva oleada de reformas que el gobierno de Macri impulsa en el ámbito de la Salud implica una serie de graves riesgos para las provincias y una enorme pérdida de derechos para los ciudadanos, según advierten los especialistas.

Las dos medidas principales del gobierno nacional que estructuran su política de salud se encuentran en el Decreto de creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y el proyecto de ley enviado al Senado para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AGNET). Otro otro elemento fundamental de la política sanitaria macrista lo constituye el desmantelamiento de las principales políticas nacionales de carácter territorial, preventivo y de atención primaria destinadas principalmente a los sectores de menores recursos. En este aspecto, puede observarse la desarticulación de programas como REMEDIAR, promotores territoriales de salud, prevención del dengue, la demora y falta en la entrega de medicamentos o el escaso interés en impulsar los hospitales SAMIC. A esta lista debe sumarse el convenio de patentes express firmado con los EEUU que pone en riesgo a la industria y laboratorios nacionales.

Respondiendo a la lógica liberal, el gobierno de Cambiemos ha asumido la Salud desde el paradigma de los negocios. Por ello, su principal preocupación es como reducir el “gasto” público y al mismo tiempo como aumentar la rentabilidad de los otros actores del sistema: las obras sociales sindicales y la medicina prepaga.

La CUS está impregnada de neoliberalismo. En primer término, porque la propuesta viene impulsada por el Banco Mundial y la OMS (Organización Munduial de la Salud) cuya autonomía es casi inexistente respecto de los principales Estados que conforman el Banco y debido al rol financiador de la industria farmacéutica.

Las derrotas de los gobiernos de corte nacional y popular en América Latina detuvieron el impulso que desde la OPS (Organización Panamericana de la Salud) construía una alternativa al esquema de la CUS. En verdad, la alternativa es oponer al negocio la noción de derechos. Traducido a política pública ello supone garantizar el acceso y la atención en detrimento de la privatización de prestaciones y la reducción del gasto.

La trama sindical. Negocios y paritarias como ejes de la política sanitaria

La CUS fue puesta en marcha con el reparto de 30.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución. Según el decreto, el Estado aporta 8.000 millones de pesos por única vez para la puesta en funcionamiento de la CUS. Otra suma importante, cerca de 3.000 millones de pesos fue asignada a las Obras Sociales sindicales. Otros 4.500 millones de pesos se asignarán mediante un mecanismo aún no conocido y el 50% del total del Fondo se destinó a la compra de bonos de la deuda mediante un fideicomiso.

Desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional la relación con los Sindicatos está determinada por el flujo de fondos. Las suntuosas cantidades que recibirán las obras sociales debido al CUS pusieron a los sindicatos como un actor de peso para impulsar la aplicación de este nuevo esquema de salud.

El cuadro de reformas se completa con el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET). Entre otras facultades, el proyecto propone que la agencia determinará la canasta de prestaciones cubiertas (reduciendo acceso a derechos vigentes), será la única autorizada para incorporar cuestiones al PMO –Programa Médico Obligatorio-, además establece que sus resoluciones respecto de tratamientos y prestaciones serán de carácter vinculante para la justicia. Ya se escucharon voces respecto de la inconstitucionalidad de ese punto.

Las Provincias las grandes perdedoras

El tratamiento de la AGNET en el Senado dejó al desnudo los factores de poder que están detrás de la aprobación de la norma. Por un lado, el gobierno nacional con su impulso privatizador junto a los sindicatos y prepagas, pues la agencia supondrá una reducción de sus costos y por lo tanto un incremento de sus rentabilidades. Del otro lado, los gobernadores y los sectores que defienden el rol del Estado como garantía del ejercicio efectivo de acceder a la Salud.

Fueron estos sectores, quienes pusieron en alerta a los gobernadores, al recordarles que no estando previsto el modo en que se sustentará la CUS quienes deberán aportar los recursos para afrontar el pago de las prestaciones serán las arcas provinciales. Gráficamente la operación supone mangueras que derivan recursos del sistema público al sector privado.

Muchos gobernadores, algunos protagonistas de la década del 90 y conocedores del impulso neoliberal por descentalizar funciones a las provincias pero no los recursos, comenzaron a apoyar una propuesta alternativa en la cual la Agencia asume un carácter federal y sus funciones están asociadas a la investigación, la innovación y el control, pero fundamentalmente destinada a fomentar el derecho y acceso a la salud.

Los intereses contradictorios entre gobernadores y sindicatos explican, en parte, porqué la AGNET no avanzó en el tratamiento en el Senado.

Sin ley, hay Decreto

La discusión paritaria con el intento oficialista de imponer un techo del 20% a los convenios para cumplir sus metas de inflación y reducir el “costo” laboral también se introdujo en la negociación de la política sanitaria.

En los últimos días ha crecido el rumor de que el Gobierno Nacional impulsará la creación de la Agencia por la vía del Decreto. El republicanismo y el respeto a la división de poderes constituyen un ideario declamado por el gobierno nacional, pero no creído por los integrantes de su mesa chica. La concreción de un negocio no puede subsumirse al respeto institucional.

La AGNET se incorporó al combo de seducción y cooptación de voluntades para cerrar paritarias no superiores al 20%. Operadores de la Casa Rosada muestran gráficos a los sindicalistas destacando como impactaría en la reducción de su “gasto” en la obra social la tarea que desarrollará la Agencia.

Por su parte, Senadores de todos los bloques ya han expresado su preocupación, pues se estaría avasallando las facultares legislativas. “Se trata de un proyecto que está siendo discutido en el seno del parlamento y el Poder Ejecutivo no puede imponernos su mirada con un decreto” afirmó un Senador a este cronista. En off confirmó que voltearán el decreto cuando llegue a la Comisión Bicameral si la intentona se concreta.

Para Cambiemos, la AGNET es fundamental para consolidar las reformas en Salud. Sin la Agencia, la CUS estaría incompleta. Es la Agencia la que se encargará de quitar derechos, reducir el gasto público e incrementar la rentabilidad de los otros subsectores del sistema de salud.

La ruta del dinero ya definió el rumbo del sindicalismo en este asunto. Además, el proyecto oficialista les reserva dos asientos en el Directorio de la Agencia. A esta altura ya no resulta paradójico que la fórmula de cómodos sillones y garantía de rentabilidad resulte más atractiva a los sindicatos que la defensa de los derechos de los trabajadores en su acceso a la salud.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) inició en el día de ayer un paro por 48 horas en reclamo de la convocatoria a paritarias para discutir un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales. Te mostramos el video.

La medida de los trabajadores de la salud es en reclamo de paritarias libres y sin techo y el fin de la precarización laboral. Asimismo, los trabajadores denuncian que la gobernadora María Eugenia Vidal no da ningún tipo de respuestas luego de meses de reclamos.

Según hicieron saber desde el gremio durante ambas jornadas "sólo habrá atención a pacientes internados" y "emergencias por guardia" en los 80 hospitales públicos bonaerenses.

El Presidente de CICOP, Fernando Corsiglia, en diálogo con Radio La Plata sostuvo que "es inentendible como después de cuatro meses, de dos semanas de medidas, y de expresar lo que sucede en los hospitales, que todos conocemos incluyendo a los funcionarios, no se tome una decisión distinta a la que se ha tomado", haciendo alusión a que no fueron convocados para discutir paritarias en 2017, ni el cierre de 2016.

Además señaló que la intensión del gobierno es mantener la tensión los trabajadores, "quieren hacer ver que no existimos, que no tenemos representatividad, que somos un minúsculo grupo en los hospitales y centros de salud, algo bastante alejado de la realidad", advirtió el presidente de CICOP

Con respecto a las estadísticas que marcan la migración del sector privado al público en salud, Corsiglia afirmó que "a partir de 2016 la demanda ha sido mayor de lo que veníamos teniendo, hay mucha gente que ha ido perdiendo su trabajo formal, por lo tanto su obra social y concurre mucho más a los centros de salud y al hospital". Este aumento de la demanda no se ve acompañado de una política en salud acorde, ya que no se cuenta con insumos ni personal suficiente lo que hace que "las condiciones de trabajo sean peores".

Además reflexionó sobre lo que ocurre con profesionales del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense que prefieren hacer guardias en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, por un salario mucho mayor y condiciones laborales que son beneficiosas, esa migración de trabajadores "va a generar que no tengamos condiciones para trabajar en la Provincia".

Para concluir Corsiglia hizo referencia al escaso conocimiento de los funcionarios designados en el área: "quien está cargo no pudo conformar equipos de gestión". En lo que respecta a la ministra, Corsiglia manifestó que "probablemente haya mucho mayor interés cuando aparezca la posibilidad de hacer algunos negocios, como privatizar servicios estatizados como el de limpieza y el de cocina".

Fuente: Radio La Plata

Como en el resto de la provincia de Buenos Aires, el faltante de elementos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la detección de embarazos prematuros suma un nuevo capítulo de abandono en la salud pública. No hay condones para la venta comercial ni para realizar campañas de prevención.

Desde la Secretaria de Juventud de la municipalidad de Pehuajó denunciaron el faltante de preservativos, test de embarazos y pastillas anticonceptivas desde noviembre del año pasado, lo que dificulta llevar a cabo la ejecución de campañas de prevención y concientización.

En esa línea, desde el hospital municipal se informó que no están mandando anticonceptivos inyectables (ACI) y lo que es peor aún, el faltante en las farmacias es moneda corriente.

La respuesta brindada por las autoridades de región Sanitaria Segunda al ser consultados por el faltante de preservativos, test de embarazos y pastillas anticonceptivas, fue sencilla: “no contamos con los insumos y no sabemos cuándo lo recibiremos”. Ante estas incoherencias, desde la municipalidad de Pehuajó, responsabilizan a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Respecto a este problema, el intendente de esa localidad bonaerense, Pablo Zurro, manifestó a medios televisivos haber recibido “catorce tarros de repelente para una población de 40 mil habitantes en un partido de 453 mil hectáreas”.  La situación es preocupante y se teme la propagación de enfermedades sexuales y el aumento de embarazos adolescentes.

Se trata de Néstor Pérez Baliño, quien había asumido elcargo en diciembre de 2015. Se informó por el Boletín Oficial que cuenta con la firma del Presidente de la Nación y del Ministro sanitario.

Pérez Baliño dejó de ser secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. Así fue informado en el Boletín Oficial mediante el decreto 22/2017 que cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro del área, Jorge Lemus.

"Acéptase, a partir de la notificación del presente, la renuncia presentada por el Dr. Néstor Abel Pérez Baliño al cargo de secretario de la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud", dispone el artículo 1° de la resolución.

Luego, se agradece "al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo".

El médico cardiólogo Pérez Baliño, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), había sido designado en el puesto en diciembre de 2015, aunque anteriormente ya había ocupado otros cargos en la cartera sanitaria de la Ciudad y de la Nación.