Nora Cortiñas recibirá el título Doctora Honoris Causa de la Universidad Atlántida Argentina

Será el viernes que vienen en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, en el marco de una jornada de actividades organizada por sa casa de estudios y la Municipalidad de La Costa.

La Universidad Atlántida Argentina (UAA) hará entrega del título Doctora Honoris Causa a Nora Morales de Cortiñas, este viernes 6, a las 18:00, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, Partido de La Costa.

El evento forma parte de una jornada de actividades que es organizada por el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de la UAA y la Municipalidad de La Costa.

La jornada se desarrollará en el marco de la clase inaugural de la Diplomatura Universitaria en Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad. 

Nora Cortiñas tiene 92 años y es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, lleva más de 40 años de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, siendo referente en el compromiso social por la memoria colectiva.

Psicóloga social, se desempeñó como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además, ha dictado cursos en universidades, centros de estudios y asociaciones de profesionales, organizaciones civiles sindicales y vecinales.

También, desde el viernes 6 hasta el 13 de mayo se podrá visitar en el Espacio Multicultural Mar de Ajó una muestra documental denominada “Un oscuro tiempo de injusticia. El rol del Poder Judicial en la última dictadura”.

La actividad es impulsada por el Archivo Provincial de la Memoria perteneciente a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

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Vuelven a exigir la inmediata renuncia de Bullrich, Noceti y Otranto

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora, señaló a ambos funcionarios y al juez como principales responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. “Hay total impunidad en la actuación de este Gobierno”, dijo y calificó a Elisa Carrió como “una desalmada”.

Mientras se intenta determinar si el cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado, organismos de derechos humanos insisten con el pedido de renuncia e investigación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su mano derecha, Pablo Noceti, quien comandó la represión del 1 de agosto en la comunidad mapuche de Cushamen, donde fue visto por última vez el joven de 28 años. También apunto contra el juez desplazado de la causa, Guido Otranto.

“Apareció un cuerpo que antes no estaba ahí. Si es el de Santiago y lo tenía la Gendarmería, el juez Otranto, Noceti, Bullrich y la fiscal (Silvina Avila) sabían entonces. Hay total impunidad en la actuación de este Gobierno. No se puede tolerar que después de haber vivido la dictadura pasemos por esto. Esto es una acción de terrorismo de Estado”, dijo Nora Cortiñas, integrante de Mares de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La defensora de los derechos humanos consideró que “todos hoy tienen que renunciar” y que, “de hecho, ya tendrían que haber renunciado”, como viene exigiendo la familia de la víctima desde un primer momento.

“A uno le da vergüenza y dolor. Tenemos que tener una democracia que sea ejemplo. Nos costó mucho encaminar el país y ahora se retrocedió. Los espacios de memoria, verdad y justicia se fueron achicando y algunos cerrando. Tanta lucha merece que sigamos el camino de la búsqueda de la justicia total”, completó en diálogo con radio Futurock.

Cortiñas también se refirió a las vergonzosas declaraciones de la candidata a diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, quien anoche trazó un paralelismo con Walt Disney al hablar de las condiciones de conservación del cuerpo que apareció ayer en el río Chubut.

“La mujer esta es una desalmada. No sé cómo se propone para un cargo de gobierno ¿Cómo nos va a gobernar una persona que no tiene sentimientos? Es de dudar el voto que va a poner la gente”, subrayó la integrante de Madres.

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Organismos de DDHH criticaron el llamado de la Iglesia a la “reconciliación” por la dictadura

Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas fueron algunos de los referentes que cuestionaron la propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina y ratificaron su compromiso con la "memoria, verdad y justicia".

Los principales referentes de organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente la iniciativa de la Iglesia de convocar a una "reconciliación" sobre lo ocurrido durante la última dictadura y ratificaron su compromiso con la "memoria, verdad y justicia".

La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó el llamado de la Conferencia Episcopal Argentina como un "disparate" y sostuvo que "es herir susceptibilidades, es abrir una brecha más que cerrarla".

"Acá no hay odio, no hay rencor, no le deseo el mal a nadie. Nosotros queremos justicia porque acá hubo un genocidio", aseguró Carlotto en declaraciones a Radio El Mundo y evaluó que la iniciativa puede estar "fomentada por algunas familias afectadas por la dictadura que están en un espacio equivocado".

En este sentido, abundó: "¿Para hablar con los familiares de quién? ¿De los que tenían uniforme y un arma y salían a matar porque les pagaban para eso? ¿Cómo vamos a ir a dialogar? ¡Hay que cumplir con la democracia! Por eso pedimos: memoria y justicia".

De manera oficial, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo también manifestó a través de un comunicado su "profunda preocupación por la idea de ´reconciliación´ entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado".

"No hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa", indicó la entidad.

Además, Abuelas sostuvo que "una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones" porque "con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro" de las personas desaparecidas y precisó: "A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como ´adopciones´ lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas".

Por otro lado, la asociación criticó el protocolo que, según trascendió, presentará la Conferencia Episcopal para acceder a los documentos sobre la última dictadura que se encuentran en poder de la Iglesia y cuya apertura fue ordenada por el Papa Francisco en 2015.

"La información indica que solo podrán solicitarlos las víctimas y familiares o los jueces y fiscales que los requieran durante la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, esperamos que se revea esta decisión que restringe el acceso a documentos que desde hace 40 años venimos reclamando", sostuvo Abuelas de Plaza de Mayo.

Por su parte, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel opinó en diálogo con NA que "alguna vez las heridas deben de cerrarse, pero no pueden cerrarse de cualquier forma porque quedan infectadas".

"La reconciliación es necesaria pero hay que dar pasos concretos y varias etapas: primero, el reconocimiento de la culpa, que hasta ahora las Fuerzas Armadas no lo tuvieron; el arrepentimiento; el derecho a la verdad y justicia y, después, puede venir la reconciliación", agregó Pérez Esquivel.

El activista consideró que, si no se dieran esos pasos, "sería algo vacío, que no aporta absolutamente nada" y, en este sentido, se preguntó "cómo se puede reconciliar una madre que hasta el día de hoy no sabe dónde está su hijo, o los nietos".

A su turno, la líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, minimizó la apertura de los documentos y exigió que "abran en serio los archivos", tras considerar que se trata de "las mismas cartas" que en aquella época enviaban las organizaciones de derechos humanos a la Iglesia para que las ayudaran a buscar a las víctimas del terrorismo de Estado.

"Basta de hipocresías, de ocultamiento y de silencio de la Iglesia. Son las mismas cartas que llevamos al Episcopado y al Vaticano pidiendo que se ocuparan de lo que había pasado con nuestros hijos", explicó la dirigente en declaraciones a Radio Con Vos.

Cortiñas reclamó que se "abran" los archivos "en serio" porque, según dijo, en la Iglesia "saben la verdad" sobre lo sucedido durante la dictadura en la Argentina.

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Caso Gabriel Blanco: denuncian parcialidad del tribunal

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, (APDH) de La Matanza realizó hoy una conferencia de prensa en la que brindo detalles del juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco en un destacamento policial.

Por el caso hay cinco efectivos acusados, tres de los cuales tuvieron prisión preventiva hasta finales de diciembre de 2015 y que comenzará el próximo 16 de marzo.

Pablo Pimentel, presidente de la APDH-La Matanza, estuvo acompañado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los abogados Alejandro Bois y Christian Blanco, patrocinantes de la familia Blanco e integrantes de la Asamblea.

José Schulman señaló que "a cuarenta años del último golpe de estado estamos aquí para decir Nunca Más a la violencia estatal", al tiempo que consideró que "la causa que nos convoca es un claro ejemplo de una práctica que, lejos de ser aislada o casual, es sistemática y creció en los últimos años con los decretos de emergencia en Seguridad, que hizo el ex gobernador Daniel Scioli, en 2014, y con la constitución por decreto las policías locales.

Todo esto generó una situación, para finales de 2015, que la Comisión Provincia​l​ por la Memoria caracterizó como un 'colapso de los derechos humanos'".

Nora Cortiñas expresó que "la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar" y que en este caso, como en el Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices". Dijo que "las Madres estaremos en la calle el próximo 16 de marzo cuando comience el juicio y el 24, cuando se cumplan cuarenta años del último golpe". "Siempre acompañaremos a las víctimas de violencia institucional y a la Asamblea porque peleamos por Memoria, Verdad y Justicia", agregó.

Pablo Pimentel afirmó que "no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos; en la gestión gubernamental anterior tuvimos una relación independiente, como la tuvimos siempre, Hemos dicho lo que estaba bien y lo que estuvo mal, como los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo. Pero habían alguien con quien hablar. Hoy no tenemos con quién. Ahora, sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero. Esto es grave, porque si logramos denunciar este caso de Gabriel Blanco se va a caer una política de persecución y venganza que se va a dar territorialmente, como en Jujuy con Milagro Sala. Lo que va a pasar con la causa de Gabriel Blanco se va a dar en La Matanza, un lugar que marca tendencia en lo político y social."

Respecto de las últimas decisiones del TOC 5 que actúa en este caso, Pimentel contó que "a los tres policías acusados se les negó la prisión domiciliaria durante años. Sin embargo, en diciembre pasado, con el cambio de gestión nacional y provincial, les dieron ese beneficio, además de declarar la nulidad de la reconstrucción del hecho que había realizado Gendarmería"; al mismo tiempo que "nos niegan la recusación del TOC 5 a quien consideramos parcial. Ahí es donde comenzó a obrar esta nueva administración que no le importa en absoluto lo que significa la defensa de los derechos humanos".

"Hay que revertir esta situación con la construcción de contrapoder popular, debemos estar juntos para el comienzo del juicio el 16 de marzo y la marcha del 24, una movilización que avance y no pare", sostuvo Pablo Pimentel.

El doctor Alejandro Bois expresó que "es difícil lograr Verdad y Justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad". Como antecedentes del TOC 5 Bois recordó que es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda".

Bois reseñó que "muchas de nuestras conclusiones se nutren de la reconstrucción ahora anulada, la misma que la Cámara de Apelaciones había validado cuando le tocó intervenir en la causa". Entonces, este Tribunal "no sirve como árbitro porque tiene puesta una camiseta" y además nos señala que por nuestros planteos de parcialidad podemos caer en una infracción a la ética profesional de los abogados". "Así -agrega- el resultado del juicio está un poco anticipado". "El caso de Gabriel Blanco es emblemático respecto de lo que puede pasar con un chico marginado", definió Alejandro Bois.

El doctor Christian Blanco se refirió a "un cambio de paradigma" respecto de las decisiones judiciales como la validez de la reconstrucción del hecho y la prisión de los acusados hasta el momento del juicio oral y público, ambas cuestiones revocadas por el TOC 5.

El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco apareció colgado en el calabozo de la comisaría 2º de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Gabriel fue detenido en el barrio “La Borgward”. Era hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones.

Gabriel estaba nervioso. En la comisaría, su compañera pidió hablarle y que viera a su hijo, convencida de que así se calmaría. Los policías le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Por la noche, un patrullero se acercó a la casa de Teófilo para informarle que Gabriel, su hijo, se había suicidado.

Durante el velatorio dudaron sobre la versión oficial y advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban piezas dentales.

Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.

El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.

La apelación a la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Sin embargo, fueron ellos quienes cambiaron sus dichos siete años después para deshonrar a los militantes.

Además, integrantes de la Asamblea fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, mientras que familiares de Gabriel fueron amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.

Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea.

El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco será el próximo 16 de marzo.

Como anticipo, el Tribunal en lo Criminal nro. 5 (TOC 5) tomó las siguientes decisiones:

– Anuló la prisión preventiva de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2015.

– Declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque, asegura, los testigos –Balbuena, Suárez y Gómez- no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.

De la conferencia de prensa brindada hoy participaron además medios de comunicación alternativos, organizaciones políticas, sindicales y sociales como La Garganta Poderosa; SUTEBA-Seccional La Matanza; HIJOS-La Matanza; Nuevo Encuentro-La Matanza; Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Todos contra la impunidad; Bachillerato Popular Coihue; Asociación Justicia por Franco Zárate; Asociación Civil Yanapacuna y el diputado provincial Miguel Funes (FPV). También adhirieron a la convocatoria el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

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Violencia institucional: advierten sobre el rol “imparcial” de la justicia en La Matanza

Organismos de Derechos Humanos, legisladores provinciales y organizaciones políticas y sociales participaron de una conferencia de prensa junto a los familiares de Gabriel Blanco, ante el inicio del juicio oral y público contra los policías bonaerenses acusados por el homicidio del joven hallado muerto en una comisaría de La Matanza, en marzo de 2007.

Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo, Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del partido de La Matanza, José Shulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y  el diputado del Frente para la Victoria Miguel Funes, junto a miembros de H.I.J.O.S; Suteba de La Matanza; Nuevo Encuentro y La Cámpora, entre otras agrupaciones, acompañaron el reclamo de justicia de la familia Blanco.

Durante su intervención, Cortiñas expresó que "la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar" y que en este caso, como en el Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices". Dijo que "las Madres estaremos en la calle el próximo 16 de marzo cuando comience el juicio y el 24, cuando se cumplan cuarenta años del último golpe". "Siempre acompañaremos a las víctimas de violencia institucional y a la Asamblea porque peleamos por Memoria, Verdad y Justicia", agregó.

Por su parte, Pimentel afirmó que "no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos; en la gestión gubernamental anterior tuvimos una relación independiente, como la tuvimos siempre. Hemos dicho lo que estaba bien y lo que estuvo mal, como los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo. Pero habían alguien con quien hablar. Hoy no tenemos con quién. Ahora, sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero".

Respecto de las últimas decisiones del Tribunal Oral Criminal 5, que actúa en este caso, Pimentel contó que "a los tres policías acusados se les negó la prisión domiciliaria durante años. Sin embargo, en diciembre pasado, con el cambio de gestión nacional y provincial, les dieron ese beneficio, además de declarar la nulidad de la reconstrucción del hecho que había realizado Gendarmería".

En tanto que el abogado de los familiares de la víctima, Alejandro Bois, sostuvo que "es difícil lograr verdad y justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad".

Como antecedentes del TOC 5, Bois recordó que es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos, a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda".

El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco en un destacamento policial comenzará el próximo 16 de marzo y tiene cinco efectivos acusados, tres de los cuales tuvieron prisión preventiva hasta finales de diciembre de 2015 pero fueron dejados en libertad, aún con peligro de fuga, por el mismo Tribunal que debe juzgarlos.

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Pérez Esquivel se reunió con Vidal y le reclamó por el “grave estado” de las cárceles

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recibió a integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes le expresaron su preocupación por la “grave” situación que se vive en las cárceles bonaerenses y reclamaron el apoyo a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La mandataria provincial, junto al secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón, recibió a una delegación de representantes del organismo autárquico bonaerense, encabezada por su presidente honorario, Adolfo Pérez Esquivel, y la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.

El Premio Nobel de la Paz señaló que durante el encuentro presentaron a Vidal “nuestra preocupación por la grave situación de los derechos humanos en la provincia”, y señaló que la agenda con la mandataria giró en torno a “juicios de lesa humanidad, desclasificación de archivos de la represión, situación carcelaria, policía bonaerense, policía judicial, políticas de niñez y salud mental”.

Además, los representantes de la CPM presentaron a la gobernadora un documento que contiene “seis puntos centrales de la agenda de derechos humanos” en la Provincia, que giran en torno a “políticas de seguridad democrática, política penitenciaria, niñez y adolescencia, salud mental, justicia y políticas de verdad, justicia y memoria”.

Roberto Cipriano, integrante de la Comisión, señaló que a Vidal “le transmitimos la gravedad y preocupación permanente por los hechos de torturas como una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en los institutos de jóvenes, los neuropsiquiátricos y en el despliegue policial en el territorio”.

Además, los miembros del organismo de Derechos Humanos expresaron su “desacuerdo” por la designación de Fernando Díaz frente al SPB.

Según indicó Pérez Esquivel, durante el encuentro Vidal “nos encomendó que diseñemos tres propuestas concretas de nuestra agenda de trabajo para promover políticas públicas que puedan ser implementadas y evaluadas de acá a fin de año”. Al mismo tiempo, valoró el “compromiso de Vidal para acompañar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.

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