La Secretaría de Comercio realizó operativos en supermercados para controlar el precio y el stock de los aceites que están dentro del fideicomiso aceitero.

La Secretaría de Comercio anunció este viernes que detectó una presunta estafa por fraude en los precios en la comercialización de aceites por parte de mayoristas.

Comercio realizó operativos de relevamiento en diversos supermercados mayoristas para controlar el precio y el stock de los aceites que están dentro del fideicomiso aceitero.

A partir de estos operativos se detectaron incumplimientos que constituyen presunto fraude en los precios de venta por parte de los mayoristas ya que comercializan el aceite del fideicomiso (que compran a un precio subsidiado 45% inferior al de mercado) a los minoristas a un valor muchos mayor a los valores acordados en Precios Justos.

Por lo tanto, de probarse esta acción representaría una estafa por parte de los mayoristas hacia el Estado y hacia los consumidores.

Durante las inspecciones se detectaron sobreprecios en aceites de girasol y mezcla en presentaciones de 1,5 litros y 900 ml que van desde un 41% a un 101%.

En ese marco, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, enviará un requerimiento de subsanación de desvío detectado exigiéndoles a los mayoristas que arbitren los medios necesarios para resarcir a los consumidores afectados por las sumas indebidamente cobradas.

A tal efecto, las empresas mayoristas deberán informar a la Secretaría de Comercio, en el plazo de cinco días, las medidas implementadas para dar cumplimiento a lo requerido precedentemente.

Los comerciantes minoristas, en tanto, podrán enviar un mail a [email protected] adjuntando la factura de la compra para que la Secretaría requiera al mayorista la devolución del dinero.

En este marco, Tombolini se reunió con los abastecedores para ponerlos al tanto de la situación e iniciar una auditoría que demuestre que estas empresas entregaron a precio subsidiado la mercadería que luego se comercializaba a precio vil.

El fideicomiso aceitero privado es una herramienta vigente desde febrero de 2021 con el objetivo de mantener una oferta en góndola a precios desacoplados de los vaivenes de las cotizaciones de los commodities en el plano internacional.

Este instrumento permite sostener una divergencia entre la evolución del precio de exportación de la materia prima industrial con respecto al del aceite refinado con destino al mercado interno.

Fuente: Ámbito

Se otorgará el beneficio del reintegro para los consumidores y un diferimiento por 90 días en el pago de obligaciones impositivas a las carnicerías.

El reintegro de 10% para compras en carnicerías abonadas con tarjetas de débito comenzará a regir el miércoles y estará vigente hasta fin de año, en el marco del programa Precios Justos Carne puesto en marcha por el Gobierno nacional.

La medida entrará en vigencia el 1 de marzo y se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, con el beneficio de 10% de reintegro para los consumidores y un diferimiento por 90 días en el pago de obligaciones impositivas a las carnicerías que se registren para participar del programa.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó esta medida a través de la resolución general 5330/2023 para consumidores finales que realicen compras en carnicerías con tarjeta de débito, prepagas o similares asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras o fintech.

El beneficio consiste en un reintegro de 10% del monto de la operación realizada en establecimientos dedicados a la comercialización de carne vacuna, con un tope de devolución de hasta $ 2.000 mensuales.

Estará vigente para las transacciones realizadas mediante terminales de pago, así como también por medio de códigos QR.

Las entidades financieras deberán acreditar la suma en las cuentas de los consumidores finales a los cuatro días de concretada la operación, y el detalle deberá figurar en el resumen de cuenta físico o electrónico de los clientes, para lo que el organismo creó un nuevo Registro de Carnicerías.

Esta medida se suma al programa Precios Justos Carne -en reemplazo de Cortes Cuidados- que entró en vigor el 17 de febrero y regirá hasta el 31 de marzo con bajas del 30% para siete cortes en grandes cadenas de supermercado.

Precios Justos Carne tiene como piso un volumen de 18.000 toneladas mensuales de carne vacuna de novillo para la venta en cadenas de supermercados con los siguientes precios: asado, $1.031 el kilo; la nalga, $1.375; el matambre, $1.310; el vacío, $1.351; la falda, $675; la paleta, $1.113; y la tapa de asado, $1.035.

Presentado por el ministro de Economía Sergio Massa en el CCK, la nueva etapa del programa abarca 50 mil productos hasta el 30 de junio e incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas.

Ante empresarios del sector y gremios de la CGT, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este viernes la ampliación del Programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y reduce desde el 4 hasta el 3,2% el promedio mensual de las variaciones del 86% de los productos que forman parte de la oferta.
“Este programa lo que pretende es, al contener el 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: la primera es que hay casi 50.000 productos y la segunda que del 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual”, dijo el ministro Massa en el acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El ministro destacó que “tal como se dio en la primera etapa, (en el programa) hay 2.000 productos que van a seguir teniendo precios fijos, porque es lo que le permite al consumidor cuidar un poco más su ingreso, su salario, a la hora de elegir en la góndola del supermercado”.
Como una novedad de la nueva etapa del programa, el titular de Hacienda anunció la incorporación de una canasta escolar para el inicio de clases y un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas con una proyección de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.
En ese sentido, Massa dijo que “algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo”, y que ahora “se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios”.
“El segundo gran desafío era resolver ese temor que presenta en algunos la idea de que la verificación o el control es malo. Veían algún chaleco de algún municipio, un sindicato, en un supermercado y enseguida algunos entraban en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo es verificar”, subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.
En este sentido, añadió que “para aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día online”. Acorde a lo informado oficialmente, el sistema de control se realizará a través de un software desarrollado por Arsat y Amazon, que estará bajo la secretaría de Comercio y permitirá monitorear en tiempo real si en las grandes bocas de expendio se está cumpliendo el compromiso de precios asumido por las empresas.
Este relanzamiento del programa adelanta a febrero los lineamientos centrales del acuerdo anunciado en noviembre del año pasado, que en principio se iba a extender hasta marzo, en el que se estipulaba un promedio de aumento mensual del 4% con la participación de 102 empresas.
Esta vez, los objetivos son más altos: el promedio de aumento baja al 3,2% y la cantidad de empresas casi se quintuplica. En tanto, la ampliación prevé mantener una canasta de 2.000 productos con precios congelados, que se estima subirán alrededor del 9% respecto a enero, y que serán rotativos de acuerdo a la producción de cada empresa.

Más de 25 marcas entregan menos de la mitad de la demanda en el marco del plan del gobierno que congeló precios de cerca de 2 mil productos de la canasta básica.

De las 30 empresas más grandes que se encuentran dentro del programa Precios Justos, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada.

En números concretos, significa que cuando un supermercado les pide 10 productos, dan menos de 5 productos promedio, por lo cual hay algunas que entregan cero, otras al 20 o 30 por ciento. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50 por ciento y apenas dos están arriba del 80.

Lanzado el pasado 11 de noviembre, el programa Precios Justo tiene vigencia hasta el 31 de marzo y según el ministro de Economía Sergio Massa con el objetivo de extenderlo cuatro meses más, Precios Justos arrancó con un abastecimiento que arañó el 70 por ciento.

Sin embargo, a fines de diciembre, cayó radicalmente el volumen entregado, y en los últimos quince días, esa tendencia se intensificó con góndolas directamente vacías o productos que no se consiguen.

Las empresas incumplidoras

Fargo: la empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados.

Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32 por ciento de lo pedido.

Bagley: la compañía especializada en producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, pero entregó el 59 por ciento de la mercadería pedida.

Café La Virginia: el grupo que se dedica a la elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada de productos.

Quilmes: la popular cervecería aportó en los últimos quince días un 28 por ciento promedio para su gama de productos.

Pepsi: a diferencia de su principal competidor Coca Cola, que entregó un 83 por ciento de cumplimiento del abastecimiento, la marca de gaseosas cumplió sólo con el 38 por ciento de lo comprado.

Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64 por ciento del abastecimiento

Danone: la alimenticia francesa vendió el 53 por ciento de lo pedido por los supermercados.

Las Marías: la empresa que elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó sólo un 30 por ciento promedio.

Empresas multinacionales

Johnson y Johnson: la empresa multinacional estadounidense tiene un bajo nivel de entrega, aportando el 23 por ciento.

Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18 por ciento de lo solicitado.

Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42 por ciento.

Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52 por ciento.

Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa estadounidense de bienes de consumo entregó 37 por ciento.

Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52 por ciento de la demanda.

Mondelez: la exKraft aportó un nivel intermedio de entrega del 64 por ciento.

Quickfood: la marca de carnes congeladas abasteció por un 53 por ciento.

Empresas nacionales

Morixe: la harinera vendió un 31 por ciento promedio de los productos solicitados.

Molinos Río de la Plata: una de las empresas líderes de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35 por ciento.

Papelera del Plata: el gigante nacional del papel sólo abasteció el 32 por ciento de los pedidos.

Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo un 28 por ciento de los productos.

“Estamos sumando esfuerzos desde la provincia y los municipios para promover un control más cercano y efectivo de un programa establecido en base al acuerdo de todas las partes” señaló el Gobernador.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes junto al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el acto de puesta en marcha de acciones destinadas a ampliar la difusión y fiscalización del programa Precios Justos en municipios bonaerenses.

En ese marco, Kicillof subrayó que “Precios Justos ha dado un paso muy importante para brindar certidumbre y valores de referencia en torno a una canasta de productos que es representativa del consumo diario de nuestro pueblo”. “Estamos sumando esfuerzos desde la provincia y los municipios para promover un control más cercano y efectivo de un programa establecido en base al acuerdo de todas las partes”, señaló.

En ese sentido, el Gobernador destacó que “la aplicación móvil de Precios Justos es un instrumento tecnológico que aporta más capacidad de control a quienes están todos los días recorriendo las góndolas, que son los trabajadores y las trabajadoras”. “Millones de bonaerenses van a hacer su aporte para que este programa sea un verdadero éxito colectivo”, agregó.

Con la formalización de los acuerdos con los primeros 39 distritos, se fortalecerá la difusión del uso de la aplicación móvil para dar a conocer los productos incluidos en el programa; se promoverá la participación ciudadana en la detección de irregularidades; y se articularán acuerdos con asociaciones de consumidores e instituciones locales para difundir información.

A partir de estos convenios se capacitará a los cuerpos de inspectores municipales con el objetivo de verificar el cumplimiento de las pautas de señalización, precios acordados por cuatro meses y stock en las góndolas de 978 supermercados mayoristas y minoristas de la provincia.

El acto tuvo lugar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y contó con la presencia del Secretario de Comercio, Matías Tombolini; el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

 “El principal desafío que tenemos es generar un sendero de certidumbre para transmitir tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas: deben saber que habrá 1.909 productos de consumo masivo que tendrán el mismo precio por cuatro meses”, manifestó Massa y añadió: “Esto sucederá porque hay un marco de acuerdo en el que el Estado y el sector productivo trabajamos juntos para que mejore la capacidad de compra de la gente”.

Durante el acto, suscribieron el convenio de adhesión a Precios Justos las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza; y de Merlo, Karina Menéndez; y los intendentes de Pilar, Federico Achaval; de Berazategui, Juan José Mussi; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Morón, Lucas Ghi; de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Escobar, Carlos Ramil; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; y de Florencio Varela, Andrés Watson.

Al respecto, Massa resaltó que “empoderamos a los intendentes y las intendentas porque eso implica darles más herramientas a nuestros vecinos, ya que son quienes tienen una mayor presencia en el territorio”. “Vamos a cumplir el compromiso de recorrer un sendero de reducción de la inflación, porque eso implica devolverle capacidad de compra a nuestra gente”, indicó.

Precios Justos es un acuerdo voluntario por 120 días entre el Estado Nacional, empresas proveedoras de bienes de consumo masivo y supermercados para mantener precios constantes de productos de los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza. Cuenta con dos ejes fundamentales: 1.900 artículos tendrán un precio fijo; y otros 30 mil obedecerán a una pauta de incremento de hasta el 4%.

La Secretaría de Comercio formalizó las sanciones que podría aplicarle a las empresas. Los municipios tendrán un rol clave.

La Secretaría de Comercio de la Nación, a cargo de Matías Tombolini, estableció sanciones económicas para las empresas que suscribieron al programa Precios Justos e incurran en incumplimientos. La medida se formalizó este miércoles a través de la Resolución 118 publicada en el Boletín Oficial. Las multas pueden llegar al millón de pesos y superarlo en caso de reincidencia.El gobierno nacional sigue puliendo el acuerdo de precios que implementó en noviembre durante 4 meses. Días después de la oficialización de Precios Justos se autorizó a los municipios a realizar “actividades de fiscalización, control y juzgamiento” del convenio y, tiempo después, se incorporaron las naftas. Ahora, se formalizaron las sanciones que podrán imponer a las empresas que hayan adherido e incurran en incumplimientos (eventualmente detectados por los Estados locales).En el caso de ofertas de productos del programa a precios superiores de los establecidos por el convenio, las multas se ubicarán entre $500.000 a $1.000.000, el mismo rango si ocurre una falta de oferta en cada sucursal de las empresas de al menos el 80% de los productos previstos, siempre y cuando no se oferten productos sustitutos.Se aplicará una sanción de $200.000 hasta $400.000 si existiera una falta de correcta identificación mediante la señalética del programa en cada sucursal de las empresas participantes de al menos el 80% de los productos incluidos en los convenios correspondientes. Asimismo, la resolución establece multas de $150.000 a $300.000 si se utilizara esa señalética “en la oferta de productos objeto de fiscalización que no se encuentren incluidos en los anexos de los convenios correspondientes”.Por último, se fijan multas de $250.000 a $500.000 al “establecimiento de alguna restricción al número de productos de venta por consumidor o grupo familiar sin que esté previamente autorizado por la Secretaría de Comercio”. La norma precisa que, en caso de reincidencia, “se podrá aplicar un incremento de hasta el 40% de las multas”, incremento que podrá llegar al 100% “en el caso de segunda reincidencia”.