(Por Eduardo Porto) Es por el convenio que acelera la aprobación de patentes de ese país, en Argentina, y que derogaría "de hecho" la Ley nacional que regula el precio y la disponibilidad a medicamentos esenciales para la población. Denuncian "Defraudación al Estado Nacional en beneficio de corporaciones monopólicas".

"Defraudación" y "Negociaciones incompatibles con la función pública" son los fundamentos de la denuncia presentada ante el juzgado federal del Juez Sebastián Casanello, a principios de abril, y que tiene en la mira el accionar de cinco altos funcionarios del gobierno nacional, a partir de la firma del acuerdo "piloto" rubricado, en febrero, entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO).

La denuncia penal, realizada por Fernando Miguez, solicita, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investigue las supuestas irregualaridades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Los nombres apuntados en la demanda penal son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, autor de la firma del acuerdo, Dámaso Pardo "por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769".

PRIMEREANDO dialogó con Fernando Miguez, quién recalcó que el acuerdo "deroga de hecho" la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales".

La demanda se afirma en dos ejes. Por un lado la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica.

Es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis del 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos "genéricos". Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen las extranjeras, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

El otro eje es la implicancia de los funcionarios denunciados como empresarios del sector.

"Los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado", expresa la denuncia.

Sin embargo el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para "evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional".

Sobre ese punto, de hecho, había manifestado, ya, su malestar, el Secretario General de Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Rubén Abete, al referirse a la nula publicidad del acuerdo por parte de las oficinas estatales: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez "la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios".

"De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).", marca uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Las cuales, vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

MEDICAMENTOS DENUNCIA

El Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, describió hoy como una "instalación nocturna, con legisladores, un acto político clandestino innecesario", la colocación de la estructura modular que los gremios docentes intentaron instalar en la noche del domingo último frente al Congreso.

En una explicación más parecida a la de las épocas oscuras de nuestro país, que de los perídos democráticos. Federico Pinedo salió hoy a justificar la represión a los maestros y dijo que el accionar de las fuerzas de seguridad "permitió que el Estado hiciera cumplir la ley".

"Eso fue una instalación nocturna, sin permiso, con legisladores, eso fue un acto político clandestino innecesario", calificó, con lenguaje procesista, Pinedo lo sucedido en declaraciones a Radio Con Vos.

"Si el Estado se retira del cumplimiento de la ley, entonces la inseguridad es absoluta. No estamos en condiciones de regalar seguridad y legalidad", agregó.

"Los docentes son los que tienen que dar el ejemplo", consideró el legislador, y opinó que "llega un punto donde hay que dejar claro que el cumplimiento de las leyes no es optativo".

"No había que dejar que se instalen unos caños sin seguridad en medio de una plaza pública. No me parece que todo el que quiera pueda ocupar una plaza y dar una señal de que la Argentina es un caos", puntualizó.

Leonardo Sbaraglia habló desde Andorra, donde se encuentra rodando una miniserie, y criticó la política económica de Cambiemos. "Cada vez más gente se va a España", dijo. Además disparó: "el gobierno no está funcionando".

El reconocido actor Leonardo Sbaraglia dejó su mirada sobre lo que ocurre en el país en materia de política y economía. "Veo otra vez argentinos yéndose a España", explicó en una entrevista con Radio 10 que dio desde donde se encuentra filmando su nuevo proyecto.

"En otro momento los argentinos volvían de España para integrarse a la tecnología y la cultura. La ciencia, el año pasado, llegó a una especie de prórroga por un año, pero no sabemos qué va a pasar cuando termine esa prórroga", agregó.

Desde Andorra, donde está rodando una miniserie, Sbaraglia confió: "Tengo gente muy cercana que ha vuelto al país hace unos años por las posibilidades que estaba empezando a haber. Son sectores que necesitan de la solvencia del Estado y no solo del mercado".

Además el actor se refirió al perfil de Gobierno de Cambiemos: "Gobiernos como el de Macri son estructuras que hacen mucho daño".

"Tiene una base neoliberal, de mercado. Están haciendo mucho daño a la justicia social, a la justicia económica, a que todos tengamos las mismas oportunidades", concluyó Sbaraglia.

El jefe de Estado evaluó la huelga general de la CGT y dijo que el país "no paró". Además sostuvo que las elecciones de octubre servirán para dirimir el debate entre quienes “se aferran al pasado” y quienes sueñan con “construir futuro”.

En un discurso más enérgico que de costumbre, el presidente Mauricio Macri celebró que el país "ayer no paró" pese a la huelga general que había sido convocada por la CGT.

En una postura que parece cada vez más alejada de la realidad, el jefe de Estado aprovechó el acto de relanzamiento de los nuevos créditos hipotecarios para realizar una evaluación de las medidas de fuerza. Según aseguró, la jornada de ayer fue "un reactivador del cambio". "Vimos como nunca antes una toma de conciencia, una profundización del debate, que es lo que nos sirve para construir futuro", especificó.

El mandatario vaticinó que las elecciones de octubre servirán para dirimir esas diferencias entre quienes "se aferran a un pasado que no dio respuesta a la pobreza, a la mejora de la educación pública" y aquellas personas que apuestan al diálogo. "Además, quiero decirles que los resultados comienzan a llegar", enfatizó.

La presentación se realizó en la sede principal de Banco Nación, frente a Casa Rosada. El jefe de Estado hizo el trayecto entre su oficina y las de la entidad financiera caminando y lo registró en sus redes sociales.

El Presidente instó además a las familias de clase media a acercarse a las sucursales de los bancos Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires para anotarse en las nuevas líneas de préstamos con tasa variable en virtud del índice oficial de inflación.

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, confirmó que las fuerzas de seguridad volverán a actuar si se cortan vías de acceso a la capital. No permitirán más cortes de tránsito en vías de acceso a CABA  "Es violar la ley", dijo Burzaco.

El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, confirmó hoy que las fuerzas de seguridad volverán a actuar contra manifestantes cuando se busque cortar rutas nacionales o vías de acceso a la Capital.

"Cortar una vía de ingreso a la Ciudad es violar la ley", afirmó Burzaco, quien acusó a los manifestantes que protestaron este jueves en Panamericana y Ruta 197 de "atacar a los efectivos" de las fuerzas de seguridad.

En declaraciones radiales, el funcionario subrayó: "Usaron las astas de las banderas como lanza" para atacar a los efectivos. Un trabajador de la fuerza casi pierde un ojo y hubo una mujer herida que tuvo que ser trasladada de urgencia".

"El protocolo antipiquete se viene aplicando y nunca se llegó a esta última instancia. Pero cuando hay hechos de violencia y se viola la ley, las fuerzas de seguridad se ven obligadas a actuar y eso hicimos", explicó el secretario de Seguridad.

Sobre los hechos registrados este jueves durante el paro nacional indicó que manifestantes utilizaron "piedras de un tamaño de pelota de fútbol", palos, y otros elementos para atacar a los uniformados.

Es por la renuncia del presidente del Concejo Deliberante de esa localidad bonaerense, el radical Nicolás Quarenta, quien no pudo enfrentar los reclamos de los vecinos del partido que gobierna el intendente del PRO, Oscar Luciani.

Nicolás Quarenta quedó en el centro de la polémica cuando dio por finalizada la sesión en el Honorable Concejo Deliberante sin escuchar a los empleados municipales que habían solicitado que el Cuerpo pase a Comisión para tratar el conflicto de sus paritarias, informó hoy el sitio 24 Conurbano Online.

Mientras los concejales de la oposición le pedían a los gritos que se quede y escuche a los trabajadores, Quarentena huyó, provocando que varios ediles empiecen a considerar realizar una presentación formal para destituirlo de la presidencia.

Sin embargo, sin previo aviso y alegando "razones personales", el funcionario decidió renunciar, causando un gran malestar en el frente Cambiemos local, ya que ahora el cargo quedaría en manos del concejal peronista Silvio Martini y el PRO perdería el control del Poder Legislativo.

Por el momento, Quarenta pidió licencia por vacaciones y tendría decidido dejar oficialmente la Presidencia del Concejo Deliberante a partir del 1 de mayo.

Los concejales de Cambiemos se retiraron del recinto sin escuchar a la intendenta y empezar a cruzar insultos con su pares del PJ. La pelea subió de tono cuando dirigente macrista pegó la primera piña. "Esto demuestra lo que realmente sucede: no son los hombres y las mujeres del diálogo", dijo, después, Verónica Magario.

La apertura de sesiones ordinarias en La Matanza terminó en un escándalo de grandes dimensiones que promete tener futuro de primeras planas. Es que en pleno acto de inauguración el clima se tensó durante la alocución del presidente del bloque Cambiemos-UNA, Miguel Racanelli y terminó con el concejal Abraham "Toto" Delgado exhortando a sus compañeros de bancada a dejar el recinto, sin escuchar el informe de la intendenta municipal, Verónica Magario.

Desde distintos sectores catalogaron esta actitud como una puesta en escena. Es que Delgado se ofendió luego de que no le dieran la palabra, pero todos indican que ya estaba acordado que solo iban a hablar los jefes de bloque.

Según relata el portal El1Digital, durante la retirada del bloque de Cambiemos, acompañado por dirigentes locales, asesores y militantes, se dio el enfrentamiento con militantes del PJ, que respondieron con insultos a la provocación de los dirigentes de Cambiemos.

En pleno intercambio de improperios, un dirigente macrista golpeó en la cara a un referente del peronismo local, desatando una brutal pelea que no terminó sólo en el recinto. Aunque el presidente del PJ local y exintendente matancero, Fernando Espinoza, intentó terciar para evitar la pelea, esta siguió fuera del edificio.

Desde el PJ reprocharon que era una "provocación y una falta de respeto" que los concejales de Cambiemos se retiren sin escuchar a la intendenta.

A su turno y con el clima caldeado, la jefa comunal criticó la decisión de los concejales del PRO."Evidentemente tenían la intención de irse y así lo hicieron. Esto demuestra lo que realmente sucede: no son los hombres y las mujeres del diálogo, porque no quieren escuchar más nada, mienten y tapan la realidad”, fustigó.

“Esto es lo que está pasando a nivel nacional y también pasa con estos sectores en La Matanza. A mí me da mucha pena porque realmente muchos de ellos conocen y saben lo que está sucediendo acá", agregó. Y concluyó: “Me parece que una mejor actitud es estar sentado, escuchar el informe anual y dar el debate donde hay que darlo”.

Horas después de la sorpresa, la canciller dice que "era evidente" que Martín Lousteau quería "continuar su carrera política". También reconoció que le "hubiera gustado saberlo antes".

La canciller, Susana Malcorra, sostuvo que "era evidente" que el saliente embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, "estaba interesado en continuar su carrera política" y resaltó que le "hubiera gustado saber antes" la decisión de renunciar a la representación diplomática.

"Estas cosas son difíciles de manejar. Él optó por hablarlo primero con el Presidente, que es el jefe de todos nosotros. Así que no tengo una reserva", sostuvo la funcionaria nacional, claramente ofuscada.

En diálogo con Radio La Red, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto reconoció que "era evidente" que el líder de ECO "estaba interesado en continuar su carrera política y ese es el argumento que utiliza en la carta de renuncia".

"Los tiempos electorales se están apresurando y eso hizo que tomara la decisión y se lo anunciara al Presidente", señaló la jefa de la diplomacia argentina.

La titular del Palacio San Martín admitió que le "hubiera gustado saberlo antes" y confirmó que ya están buscando reemplazante.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, dio inicio a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del distrito sin tener aprobados los gastos de gestión del año pasado. Desde la oposición apuntan a irregularidades en las contrataciones de personal y adjudicaciones directas.

El período de sesiones ordinarias en el municipio de Tres de Febrero quedó formalmente abierto, pero con una mancha. Es que el alcalde macrista, Diego Valenzuela, no consiguió los votos necesarios para aprobar sus cuentas de 2016.

El intendente, ex periodista del Grupo Clarín, es cuestionado entre otros puntos por “una contratación directa por excepción, correspondiente al blindaje de vehículos con destino a la Secretaria de Seguridad”, realizada sin el correspondiente llamado a licitación.

"Este es un hecho sin precedentes en la historia reciente de nuestro distrito, hace veinte años que el Intendente no realiza una inauguración de sesiones sin tener aprobada la rendición de gastos”, indicó Juan Debandi, diputado provincial por el FpV y militante en Tres de Febrero.

“De la revisión de documentación referida a la rendición de cuentas del ejercicio 2016 y el análisis de gastos hecho por los concejales de la oposición, surgen varias inconsistencias”, señaló Debandi.

“Se encontraron excesivas contrataciones a monotributistas en concepto de asesoramiento a distintas secretarías”, y “además notamos una notable cantidad de contrataciones bajo el rubro mantenimiento”, apuntaron los ediles de la oposición en su argumentación contra los gastos presentados por Valenzuela.

Otro aspecto rechazado por la oposición es la “sugestiva” cantidad de “pagos de 999.999 pesos para evitar así el obligatorio llamado a licitación pública, e inclusive una contratación directa "por excepción" por la suma  de 1.690.413 pesos, en un claro incumplimiento del Art. 156 de la LOM (ley orgánica de municipalidades)", señalaron.

"Lo que es aún peor es que está contratación "por excepción", gestionada por la secretaria del militante pro Dictadura Juan Manuel Lucioni fue otorgada a una empresa perteneciente al grupo Dietrich, una vez más en el PRO los negocios quedan en familia", fundamentaron los concejales opositores.

Es por la implementación de un "Programa Piloto" que no pasó por el Congreso y que beneficia a los laboratorios extranjeros. Aceleran patentes y perjudican a los laboratorios nacionales.

La justicia recibió una denuncia para que se investigue por defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública y otros delitos al jefe de Gabinete Marcos Peña, y a los funcionarios Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.

La denuncia que apunta al triunvirato macrista, núcleo de las tomas de decisiones de Cambiemos, a raíz del acuerdo “piloto” de patentes de medicamentos firmado entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos. Solicitan que se prohíba dar comienzo o bien se interrumpa el convenio.

El acuerdo “deroga de hecho la Ley de Patentes afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales”.

La denuncia que también alcanza al abogado Damaso Pardo quien conduce el INPI, y al sindicado asesor del presidente Mauricio Macri, Carlos Grosso, fue realizada por Fernando Miguez y recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello.

La firma de este entendimiento recayó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de Argentina y en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) para aplicar en el país el denominado Programa de Patentes de Prospección (PPH).

Según el denunciante, el Convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para “evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos”.

Para el denunciante Miguez “la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un “Plan Sistémico” es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios”.

“Para lograr la eficacia operativa de este negociado realizado por los denunciados era necesario blindar este acuerdo en un marco que permitiría burlar los controles de la Ley de Medicamentos, fue así que sospechamos que se da creación al llamado “PLAN PILOTO” que intentaría de esta forma la derogación ilícita y fraudulenta de leyes argentinas”, sostuvo el escrito llegado a la justicia.

“De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).”, indica uno de los párrafos de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

Finalmente solicitó al juez el dictado de una medida cautelar para que no se dé comienzo – o en su caso – se interrumpa la ejecución del Acuerdo bajo la seudo denominación de “PLAN PILOTO”.