“Si ganamos las elecciones el año que viene va a ser impresionante la cantidad de plata e inversiones que van a entrar”, dijo el jefe de asesores de la Rosada, José Torello,  en una charla con la Juventud PRO en  Las Cañitas. que aseguró que “los extranjeros saben que Macri es lo mejor para Argentina”.

Frente a los jóvenes PRO, Torello aseguró que “los extranjeros saben que Macri es lo mejor para Argentina” y luego pronosticó que en las elecciones próximas de medio término “vamos a ganar, les aclaro”.

El jefe de los asesores de la Rosada piensa que Cambiemos cosechará cerca de 35 puntos por que la gente confía en ellos y que la generación de empleo que proyectan para 2017 será influyente para alcanzar ese porcentaje.

A la hora de evaluar una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Torello dijo que la ex jefa de Estado no pasaría los 15 puntos y que tendría mucha suerte si no va presa. “Cuando pasemos esto, no vuelven nunca más”, agregó.

No estoy conforme con el empresariado”, disparó el jefe de asesores y sugirió que los empresarios tienen que renovarse para darle lugar a nuevos que estén “a la altura del cambio que la gente demanda”.

“Los empresarios están tomando conciencia de esto, yo pienso que algunos se van a retirar y otros se reformularán. Hay muchos nuevos que se van a animar a invertir. Creo que en algunos años tendremos un empresariado más sano”, pronosticó.

Torello, además, reconoció que el país vive un momento difícil y desmintió que el Gobierno de Macri gobierne sólo para los ricos, sino que por el contrario su foco principal son los pobres. “La gente rica se cuida sola, nosotros nos preocupamos por los de la media para abajo. Este país es muy injusto con los pobres”, indicó.

Por otro lado, el tarifazo no fue un tema menor en la reunión entre Torello y los Jóvenes Pro. El funcionario reconoció que “cometimos un error en el tema tarifas, tendríamos que haber hecho una audiencia pública y hay que hacer un mea culpa”.

Organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a los compromisos internacionales asumidos por el país. Para disimular, ayer la Dirección de Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado “complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”.

“Era el año 2010 y Mauricio Macri todavía iba por su primer mandato como jefe de Gobierno porteño. Sin embargo, ya fijaba con claridad su posición respecto de la política migratoria argentina: Tras graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, Macri responsabilizó de los hechos a la “inmigración descontrolada”. Con esa concepción, el gobierno nacional firmó ahora un convenio con su par de la ciudad de Buenos Aires para crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de “combatir la irregularidad migratoria”, subrayó ayer Página 12, en una nota destacada sobre el tema.

El 19 de agosto pasado, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”.

Así detalla Página 12, medio que consultó a Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS. Este explicó que la ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de “combate” a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. Morales subrayó que la nueva interpretación del Gobierno implica “una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que la ley no contempla”.

Amnistía Internacional afirmó que esta decisión “representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina”. El organismo expresó su rechazo a “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

Este cambio de actitud también despertó un fuerte malestar en la delegación diplomática de Bolivia en argentina. La queja llegó hasta el vicepresidente Álvaro García Linera, de visita esta semana en el país, donde recibió el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

“Este Gobierno quiere romper todo lazo con los países hermanos de la región. Está teniendo una actitud servil con Estados Unidos para que no haya visa mientras quiere meter presos a los latinoamericanos”, advirtió el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro.

Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de detención de personas migrantes en Argentina”. “De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes hemos pasado rápidamente a un paradigma basado en el derecho de expulsión del Estado, que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público”, alertaron.

El convenio entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y tendrá una duración de 4 años. La Policía Federal, dependiente de Bullrich, “se ocupará del traslado y custodia de los extranjeros retenidos”. Previamente se realizarán “tareas de refacción y reconstrucción” del lugar.

Desde el CELS advirtieron que todos los lugares de encierro deben tener una supervisión muy estricta y cumplir características precisas para adecuarse a la ley de implementación del protocolo para la prevención de la tortura.

El gran sector empresarial argentino se encuentra de fiesta desde el 10 de diciembre del año pasado, ya que todas las políticas económicas realizadas por el “equipo” de Cambiemos le fueron de gran beneficio. Ahora, el mismísimo jefe de la cartera de producción, Francisco Cabrera aseguró en Council of Americas que hay que “bajar el costo del empleo”.

En sintonía con el auditorio que aplaudía esos conceptos, el titular de la Cámara de Comercio, Jorge Di Fiori, afirmó que “soportamos una excesiva carga tributaria y una infraestructura deficiente. El costo del transporte desde el interior a los mercados internacionales debe reducirse de manera sustancial”, consigno hoy el sitio Enorsai.

Según relata Página 12, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun, afirmó insólitamente que “prácticamente todos los temas planteados en la campaña electoral ya fueron encarados o resueltos, lo cual nos genera una enorme oportunidad o desafío”. Aunque cada vez estamos más lejanos de la pobreza cero, según los propios índices oficiales.

Un desplazamiento Express. Es que a raíz de la polémica generada por una imagen difundida por medios de prensa, entre otros PRIMEREANDO, del flamante Director de Juventud del Municipio de Olavarria, en la que simula amenazar con un cuchillo a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Ezequiel Galli mediante Decreto Nº 2563, decidió separarlo de su cargo.

“No compartimos ni avalamos expresiones de este tipo que generan malestar y violencia. Desde nuestro espacio promovemos la tolerancia y el respeto hacia quienes piensan distinto”, afirmó el Intendente para despegarse del bochornoso episodio.

Si bien Rivero hizo circular una carta pidiendo disculpas, el daño ya estaba hecho, ya que inmediatamente desde las redes sociales, usuarios, políticos y organizaciones locales reprobaron la conducta del por entonces Director de Juventud, quien incluso ya desempeñando funciones formalmente continuaba realizando polémicos twitts.

La oficialización de Juan Francisco Rivero en el cargo se había realizado este martes, el funcionario Pro duró menos de un mes en su cargo como Director de Juventud del Municipio de Olavarría.

En una nota publicada en el sitio oficial de TN (http://tn.com.ar/tnylagente/amigos/fin-de-ciclo-anticipado-para-el-macrismo_702597), que a la brevedad fue eliminada por los administradores de esa página del Grupo Clarín, se divulgaron fuertes textuales del presidente Mauricio Macri el que afirmaba que es imposible gobernar frente a los reclamos de la gente y realizaba una caracterización de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

La nota publicada en TN decía: “En el seno del ejecutivo, aseguran que Mauricio Macri, declaro que: ´no se para que me metí en esto, yo estaba bien en la ciudad, no tenía problemas de salud, nadie me insultaba. Usé la lógica empresarial de que, si pude presidir Boca Juniors y a mis empresas podría gobernar la Argentina, pero veo que no. Es imposible gobernar cuando la gente reclamando cosas que no tienen sentido, me desgasta” .

En referencia a los  gobiernos de Néstor y Cristina, Macri aseguraba:"La administración anterior en 12 años, fue muy desprolija, pero pudo sacar al país del infierno del corralito e hizo muchísimas obras y otorgó derechos increíbles y me entregó un país muy complicado, pero desendeudado. Yo en 8 meses siento que no logre alcanzar los objetivos, tengo muchas ganas de abandonar".

A la hora de abordar las investigaciones a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el origen de los 50 mil dólares robados en su domicilio, la nota desaparecida de TN asegura que “daría un paso al costado ¿vuelve el 2001-2002?¿Se repetiría la historia?¿Convocarían a elecciones anticipadas? Según la encuestadora internacional, President Donkey and Fool,un 73,7 % de la población ve con agrado su renuncia”, publicaron desde el Grupo Clarín.

En declaraciones ofrecidas al programa radial Mañana Silvestre, el legislador nacional del Frente Para la Victoria (FPV) Darío Martínez detalló sobre la presentación ante el fiscal Francisco Delgado para ampliar su denuncia y aportar datos sobre los movimientos de tres empresas del grupo Macri en Brasil relacionadas con la cuenta off shore a su nombre descubierta por la investigación de los Panama Papers, Fleg Trading.

“El día martes voy a ampliar mi denuncia en función de las mentiras que ha venido planteando el Presidente para tratar de explicar lo inexplicable que es para qué creo sociedades en guaridas fiscales”, informó el diputado nacional del FPV.

A la hora de detallar, los diferentes contradicciones expresadas por el propio jefe de Estado, Martínez indicó: “Él dijo que Fleg Trading operó, nunca funcionó, no tuvo cuentas y nosotros en su momento habíamos acercado la compra de acciones por parte de Fleg Trading a Socma Americana, acciones de Owners y ahora lo que voy a acercar en el día de mañana es la participación de Owners, que es Fleg Trading en un 99,99%, esta sociedad creada en Bahamas, la participación en tres sociedades más en Brasil y además detalles de a dónde han ido a parar esos 9 millones 300 mil dólares que Fleg Trading le dio a Socma Americana por la compra de acciones, Socma Americana también del propio grupo, también de Mauricio Macri”.

“Esto es lo que vamos a aportar: la utilización de Socma Americana de esos 9 millones 300 mil dólares comprando acciones en otras sociedades del mismo grupo. Siempre teniendo en cuenta como es el mecanismo que yo lo había denominado de ‘mamushkas’ de cómo van comprándose a sí mismos participaciones en sociedades para ocultar”, dijo Martínez.

“Acá el problema son la cantidad de Mauricio Macri empresario que tenemos en la Argentina que hacen esto. Para evadir impuestos van escondiendo detrás de sociedades su participación y esto lo demuestra claramente la documentación que nosotros presentamos de una de las empresas a la que hemos llegado solo porque él la mencionó. Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos a buscar Fleg Trading porque él mencionó que Fleg Trading no había operado, no había funcionado, no había tenido cuentas, y la verdad que ha hecho negocios millonarios en dólares”, finalizó el diputado del FPV.

Todo comenzó cuando el 22 de noviembre del año pasado un desconocido entró a la casa de la ahora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y se llevó 245.00 pesos y 50.000 dólares; robo que fue cubierto por buena parte de la prensa nacional.

Al correr de las diferentes investigaciones y de las propias declaraciones de Michetti sobre el robo, la vicepresidenta explicó que el dinero en pesos provenía de donaciones de la Fundación Suma y los dólares era un préstamo de su novio, Juan Tonelli.

“Los 200.000 pesos declarados pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación Suma, que yo presido. 7 días después tendría lugar la Cena Anual de recaudación de fondos y ese dinero había sido recaudado a tal efecto. Los 45 mil pesos eran el dinero con el que estaba pagando una refacción en mi casa y el resto, el manejo cotidiano de una casa de familia”, explicó Michetti e “inconscientemente” dejo abierto una serie de interrogantes o preguntas lógicas, en las que llama la atención que el dinero de una donación de una fundación está en efectivo en la casa de Michetti, y no en el Banco o en qué estado se encuentran las cuentas de la Fundación.

Más aun cuando la propia alta funcionaria del gobierno de Cambiemos no presentó en ninguna oportunidad ningún papel, recibo o lo que fuera que justifique la existencia de ese dinero robado.

“Si en un momento declaré lo que declaré ante la justicia, es porque tenía absoluta tranquilidad del origen de los fondos. Tengo la conciencia en paz” “, dijo Michetti, para luego asegurar: “Estoy segura de que soy una de las políticas con menos patrimonio en el país. Mi declaración es siempre la misma. No he crecido en patrimonio”, dato falso, ya que en la declaración jurada que presentó la Vicepresidenta ante la Oficina de Corrupción (OA), tuvo un incremento patrimonial del 708% durante 2015.

“Quien cuernos es el Grupo Farallon”

A esto hay que sumarle, la aparición del Grupo Farallon, que es una firma contratista de obra pública, socia del empresario y ex funcionario macrista Nicolás Caputo en la UTE Caputo – Farallon, que aparecen como  benefactores y aportantes de la Fundación Suma, pero que Michetti no tiene la más pálida idea de quién se trata, aunque haya financiado la gala por los dos años de Suma y de haber cenado con el dueño, Eduardo Gutiérrez.

También entra en escena, la empleada doméstica que Michetti tenía en negro, Norma Elizabeth Sánchez Rojas, quien declaró en la Causa que se investiga el origen de los fondos robados en el domicilio de la funcionaria y afirmó que en su casa siempre había dinero en efectivo envuelto en sobres adentro del placard de la habitación principal.

Sánchez Rojas trabajaba desde hace 22 años en la morada de Michetti y declaró tener una "muy buena relación" con ella y brindó detalles sobre los lugares que la Vicepresidenta guardaba el dinero. En ese sentido detalló la existencia de plata en el plcard de la habitación y que en varias oportunidades, la funcionaria le pidió que a ella que guardara diferentes sumas, las que desconoce porque se encontraban en sobres cerrados. Además explicó que hay más dinero en otro ropero ubicado entre sus ropas.

Por su parte el abogado Leonardo Martínez Herrero realizó una presentación judicial en la que solicitó la apertura de una investigación por el robo a la casa de Michetti. En esa presentación, Martínez Herrero tomoó la declaración de Sánchez Rojas que puede complicar a la Vicepresidenta y en la que afirma que "siempre guardaban y tenían dinero en bolsos dentro del domicilio".

"En la declaración jurada de Michetti no figura la suma de 50 mil dólares que también indicó que le fueron sustraídos sino que registra una deuda en pesos por un valor menor. En esa época estaba vigente el cepo cambiario y sólo se podían adquirir dólares previo autorización de la AFIP por un pequeño porcentaje de los ingresos", sostuvo el abogado Martínez Herrero.

La vicepresidenta Gabriela Michetti atraviesa un difícil momento por los cuestionamientos que recibe a partir de las distintas irregularidades que fueron apareciendo en las últimas semanas alrededor de la Fundación Suma.

Si bien la vicejefa de Estado es la Presidenta de la entidad, otros nombres conocidos la acompañan en el directorio: el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo ocupa el puesto de Secretario y la ex legisladora porteña y actual integrante del directorio del Enacom, Silvana Guidici es la Tesorera. En tanto, como vocales figuran el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

La Fundación Suma quedó expuesta luego de que la vicepresidenta Gabriela Michetti afirmara, en la causa que investiga el origen del dinero robado en su casa en noviembre pasado, que parte del faltante correspondía a donaciones efectuadas a la entidad.

La empleada doméstica declaró que Michetti ''siempre tenía dinero en bolsos'' en su casa. Es la causa que investiga el origen de los fondos robados a la vicepresidenta, en la denuncia presentada por el abogado Martínez Herrero se dejó constancia que, “la empleada doméstica de Michetti manifestó que siempre guardaban y tenían dinero en bolsos dentro del domicilio”.

Una resolución de la Unidad de Información Financiera de 2011 indica al respecto que toda donación destinada a fundaciones debe estar bancarizada y que "las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información".

Además, durante las diferentes investigaciones periodísticas se conoció que la Fundación también presentaba otras irregularidades como el no tener ningún empleado registrado -en su página web aparece un nutrido staff- y no haber presentado nunca un balance ante la Inspección General de Justicia.

También salió a la luz que una de las personas que trabaja en la fundación, Cecilia Brook, pareja del periodista oficialista Alfredo Leuco, cobra en realidad su salario del Senado de la Nación, donde tiene un contrato otorgado por Michetti.

Con actividad desde 2009 y pese a haber recibido importes millonarios durante años, la fundación tramitó su CUIT recién hace un mes, luego de que estallara el escándalo por el origen del dinero. Según las distintas denuncias que se tramitan al momento, podría ser una pantalla para mover dinero ilegal destinado a actividades políticas.

La semana pasada el juez federal Ariel Lijo pidió las dos últimas declaraciones juradas de Gabriela Michetti, y el legajo de la Fundación SUMA, al ordenar las primeras medidas de prueba en la causa.

El magistrado también libró un oficio a la Inspección General de Justicia para que le envíe los legajos de la fundación SUMA y de otras ligadas al PRO que quedaron bajo investigación: Fundar, Seguridad y Justicia, Creer y Crecer y Formar.

Luego del fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia que frenó el tarifazo de gas para usuarios residenciales, el Gobierno decidió salir a las calles para enfrentar a los vecinos.

Luego de una cumbre en Olivos, entre el presidente, Mauricio Macri, y gran parte de su Gabinete, el PRO y la UCR anunciaron una timbreada nacional de la que participó hasta el propio jefe de Estado y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El "timbreo" hizo foco en el conurbano y contó con la participación de 14 ministros del gabinete nacional y la plana mayor de la Unión Cívica Radical.

También fue de la partida el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que visitó la localidad de Almirante Brown junto al ministro Esteban Bullrich (Educación) y el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata decidió otorgar la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, pese a los informes del Cuerpo Médico Forense y del propio Servicio Penitenciario Federal que indicaron que el genocida puede seguir en una cárcel común.

El beneficio, solicitado por la defensa de Etchecolatz, tuvo el aval de los jueces subrogantes Germán Castelli y Alejandro Esmoris, mientras que el tercer integrante del tribunal, Roberto Lemos Arias, votó en contra.

El ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense está condenado a cuatro reclusiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura cívico-militar. Además, es el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006, testigo clave en el primer juicio en su contra.

Según se informó, Etchecolatz no podrá acceder por el momento a la domiciliaria que le otorgaron Castelli y Esmoris, ya que el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, le dictó la prisión preventiva en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad.

Guadalupe Godoy, abogada de la familia de Jorge Julio López e integrante del colectivo Justicia Ya, explicó en declaraciones a la prensa que “Esmoris votó a favor por entender, tal como publica hoy el diario La Nación, que el beneficio pasados los 70 años se debe otorgar de manera automática”.

“El juez Castelli, en tanto, ignora los informes médicos que señalan que Etchecolatz está en condiciones de permanecer en el Servicio Penitenciario y se lo otorga por razones humanitarias”, agregó.

La letrada, que volvió a movilizarse hoy junto a los organismos de Derechos Humanos hasta los tribunales federales platenses, adelantó que apelarán la medida, pero estimó que “el resultado final va a terminar siendo el otorgamiento definitivo de la prisión domiciliaria” a Etchecolatz.

“Hubo un cambio radical del tribunal este año a la par del desmantelamiento de las estructuras del Estado que aportaban a los juicios. Los mismos apellidos que llevamos o intentamos llevar a juicio por delitos de lesa humanidad hoy están en el Gobierno nacional. Ahora son lo que detentan espacios de poder que les permiten influenciar muchísimo más que antes”, denunció Godoy.

Para la abogada, en tiempos de Mauricio Macri, “lo que se pretende es llevar adelante la estrategia de los genocidas, que hagamos juicios pero con ellos mirándolos desde el living de su casa”.