El robo a la casa de la vicepresidenta (electa hacía instantes) Gabriela Michetti la misma noche del balotaje del 22 de noviembre va teniendo consecuencias cada vez más impensadas. El argumento de que esa plata que guardaba en la casa era para su fundación SUMA le provocó más dolores de cabeza que el robo mismo.

En primer lugar, puso la lupa sobre esa entidad que finalmente demostró no tener sus papeles en regla, no haber presentado balances y no registrar los sueldos que pagaba a su personal. Pero la onda expansiva no se detuvo allí: a raíz de su caso, se comenzó a investigar el funcionamiento de otras fundaciones similares que habitan el ecosistema PRO tales como Fundar Justicia y Seguridad (del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco) o Formar (que dirige el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich). Incluso se avanzó sobre la extinta Creer y Crecer, que capitaneaba el polémico intendente de Lanús, Néstor Grindetti, jaqueado también por la investigación sobre los Panamá Papers.

Resultó que, según los informes de la Inspección General de Justicia (IGJ), ninguna de estas fundaciones había presentado los balances, pese a haber recibido cuantiosas donaciones durante años. Los denunciantes sospechan que son maniobras de lavado de dinero y/o financiamiento ilegal de la política. Hoy se vence el plazo para que la AFIP entregue al juzgado de Ariel Lijo un informe sobre fundaciones que debería mostrar, entre los puntos clave, si en sus declaraciones incluyen las donaciones que reciben y si, como dicta la ley, están bancarizadas.

Este no es el único modo en que el escándalo Michetti salpica a otros dirigentes más allá de la vicepresidenta. También ocurre con aquellos que figuran como autoridades de la propia fundación SUMA: el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo ocupa el puesto de Secretario y la ex legisladora porteña y actual integrante del directorio del Enacom, Silvana Guidici es la Tesorera. En tanto, como vocales figuran el Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el actual embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Dos fuertes acusaciones en la misma sintonía realizaron el ex Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el especialista en seguridad y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín.

Ambos denuncian que el Gobierno está “comprando” presos condenados para acusar y realizar una campaña en contra de dirigentes kirchneristas.

Saín denunció: “Cambiemos va de cárcel en cárcel ofreciendo prebendas ilegales a cuanto narco contacta para que declaren contra funcionarios kirchneristas”.

Por su parte, Aníbal Fernández, realizó una acusación similar contra el Gobierno de Macri y además señaló la complicidad de los medios para llevar adelante este plan.

“Hasta cuándo Clarín? Hasta cuándo en complicidad evidente con el gobierno de Macri van a seguir comprando delincuentes condenados? Parece que desde que el narcotraficante que trajeron de Paraguay acusó a Sanz y a Arroyo Salgado – para eso no hubo tapa – no sirve más?”, afirmó públicamente en un post en las redes sociales.

“Fueron a buscar a este otro cuya detención anuncié yo mismo como Ministro de Seguridad, el 24 de noviembre de 2008 en conferencia de prensa. Un narcotraficante condenado que pudo acogerse a la figura del arrepentido que tiene la Ley 23737 Ley de drogas hace años, aparece ahora?”, denunció el ex candidato a gobernador, que sufrió una operación de prensa de parte del Grupo Clarín previo a las elecciones que perdió frente a María Eugenia Vidal.

“A instancias de quién? De Clarín? De Macri? Del Ministerio de Seguridad? Otro capítulo de la ficción de Macri, haciendo revolear acusaciones falaces e incomprobables ante los medios y ante la justicia. Cuáles son las pruebas? Ninguna. En este Estado de excepción todos estamos en libertad condicional hasta que la mafia gobernante lo decida? Basta que a un narco condenado le ofrezcan, sabe Dios qué cosa, para que instalen una condena mediática?”, cierra Fernández la grave denuncia.

El asunto de los contratos truchos que la Secretaría General de la Gobernación extendió al equipo de modistas, estilistas y asesores de imagen de María Eugenia Vidal, llegó hasta oídos de la oposición que demandan que se justifiquen las contrataciones realizadas.

Todo comenzó cuando Vidal se vio envuelta en un escándalo, luego de tomar la decisión de contratar a Claudia Salomé Carreiras, mediante un contrato por obras que asciende a un sueldo de $9.000. El contrato depende de la Secretaría General, que tiene tres formas de contratación distintas, contrato por obra, por servicios y sueldos comunes.

La modista de Vidal, accedió a un contrato por obra, cuyo trámite se inició en abril, pero la semana pasada reclamó su cobro de haberes que no se había efectivizado debido a que ella no presentó la documentación necesaria que requiere la contratación efectiva.

La senadora Macha anticipó que pedirá informes al Gobierno bajo la sospecha de que existen manejos “casi despóticos”. “La provincia está en una situación crítica de desempleo y ajuste pero Vidal está preocupada por su modista que le pagamos todos y todas los bonaerenses”, dijo a Infocielo.

La Legisladora del Frente para la Victoria afirmó que “mientras la calidad de vida de los sectores populares se ve degradada, la gobernadora tiene un equipo dedicado a su imagen personal con chef, peluqueros y modista”. “Parece desopilante pero así es el macrismo”, reflexionó.

Macha consideró que hay, además, un “claro abuso de poder por parte de Vidal al despedir al director de personal (Ricardo Callaba) por este hecho absolutamente frívolo y que recuerda lo peor del menemiso”. Por último, remarcó la “gravedad” que reviste el hecho de que “hayan borrado de la web el contrato de la modista”, lo cual, dijo, “demuestra el grado de discrecionalidad total con el que se maneja la gobernadora”.

“Ya que no da explicaciones sobre estos manejos, vamos a presentar un proyecto para que le informe a todos y todas los bonaerenses sobre estos movimientos casi despóticos”, remató Macha.

A través de un comunicado emitido por la Mesa Directiva de la Unión Cívica Radical (UCR) se repudió "enérgicamente" la acusación "sin prueba alguna" realizada por Elisa Carrió, contra el operador de esa fuerza y sugirió una operación para perjudicar no sólo a Nosiglia sino también a todo el partido.

"La manipulación de la información no es inocente y el involucramiento del nombre de Nosiglia tiene la clara intención, a través del engaño, de difamar y estigmatizar no solo a nuestros dirigentes, sino también a todo nuestro partido político", advierte la nota de la UCR Capital, integrada por Juan Nosiglia, legislador porteño e hijo del Coti. "Hace pocas semanas algo parecido sucedió con el ex senador Ernesto Sanz", agrega en alusión a la declaración de Íbar Pérez Corradi..

Los boinas blancas aseguran que la acusación de Pérez Corradi fue una maniobra pergeñada por un sector del oficialismo para bloquear el posible desembarco de Sanz en la jefatura de Gabinete. Algunos radicales apuntan al "Tano" Angelici, con aceitados vínculos en el mundo judicial.

Para la UCR la denuncia de Carrió es una operación del PRO para poner en las cuerdas al radicalismo. Lo que llama la atención es que Carrió fue la encargada de realizar la presentación un día después de almorzar con Macri.

El dirigente sindical, Hugo Yasky, cerro la multitudinaria marcha federal en la Plaza de Mayo, con un fuerte discurso contra las políticas de ajuste y puntualizo que si el gobierno no cambia el rumbo “si la paritaria no se reabre, la economía del país se va a seguir hundiendo” y que esta actitud que asume el presidente de la nación es de “ceguera y sordera”. En este sentido, le pidió al Jefe de gobierno que “no siga leyendo el diario de Yrigoyen, de Magnetto, las noticias que le dan los periodistas de guerra del grupo Clarin” y “que lea la realidad porque en la calle hay hambre y desazón”.

Durante otro pasaje del acto, el titular de la CTA, sostuvo que para el gobierno “cuando el pueblo sale a la calle, constituye una amenaza para la democracia y cuando un rico sale con la cacerola la democracia está de fiesta”. También manifestó que “el liberalismo y el neoliberalismo quiere dividido, roto al campo popular” y rescato la unidad entre las dos centrales sindicales”.

Además, el referente sindical, considero que “la Argentina va a cambiar porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico y ante la represión” y señaló que “empezó la cuenta regresiva hacia el paro nacional”

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nombró a Dorigon, al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR) en la ciudad de Rosario. Dorigon formó parte como subteniente del regimiento de Infantería 12 y fue denunciado en el 2007 ante la Justicia federal en Río Grande por un grupo de veteranos de Malvinas que lo acusaron de torturas contra soldados en las Islas.

Dorigón está imputado bajo la acusación de haber enviado a torturar a un soldado combatiente de Malvinas, donde fue destinado en 1982, con el grado de subteniente. En 2007 un grupo de excombatientes conscriptos presentó en el juzgado federal de Río Grande, Tierra del Fuego, una denuncia contra sus superiores por haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en las Islas. El expediente, con testimonios de más de 100 excombatientes, llegó a la Cámara de Casación Penal, que rechazó el planteo y declaró los crímenes de Malvinas prescriptos. En marzo de 2012, el Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que desde entonces espera una resolución.

Ernesto Alonso, del Centro de Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, dio detalles de las acusaciones contra el funcionario designado por el macrismo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

"El año pasado se desclasificaron los archivos secretos de Malvinas. Muchos compañeros que con valentía denunciaron” señaló el dirigente de los ex combatientes que invitó a “cualquier fiscal de la Nación a ver esos archivos y a seguir denunciando estos casos".

Ernesto Alonso dijo que “estas cosas se saldan con un proceso de memoria, verdad y justicia" y para eso pidió que “que se realicen políticas de estado".

Después de dejar el Ejército, Dorigón incursionó rápidamente en las áreas de Recursos Humanos de empresas privadas, como otros ex represores. Fue gerente en supermercados Coto y tuvo a cargo 750 personas en la empresa Centinela de Seguridad Privada, donde inicialmente se abocó a “la reorganización del área de Operaciones”, para recalar finalmente en la gerencia de Recursos Humanos de Liliana.

En febrero y marzo del año 2014, la empresa de electrodomésticos despidió a una docena de trabajadores, quienes lanzaron una serie de medidas de fuerza en respuesta al ataque de la patronal, claramente antisindical. Realizaron asambleas en la entrada de la fábrica que, de hecho, paralizaron la producción de la empresa por más de tres semanas. Los trabajadores denunciaron que fueron echados por cumplir la función de “delegados de hecho” durante casi un año, ya que en sus 65 años de historia, la empresa Liliana impidió la organización sindical y los sometió a máximas condiciones de precariedad.

Los trabajadores, en ese entonces, denunciaron que “la gerencia de Recursos Humanos de Liliana encabezada por un ex militar de la dictadura, junto con personal de seguridad y psicólogos montaron un operativo sobre la ruta para parar a todos los trabajadores y obligarlos a conducirse hacia otra planta donde no realizan sus tareas”. El objetivo era impedir una asamblea donde los trabajadores iban a discutir los pasos a seguir para la reincorporación de los despedidos. A la cabeza de estas medidas estaba Marcelo Dorigón.

Hoy, con este prontuario en el portafolio, Dorigón es funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de La Nación, y desempeña sus funciones más precisamente en el Anmac (ex Renar).

La tecnología de las comunicaciones pone a un click de distancia todo tipo de información, vaya si lo comprobó hoy, el ex Progresista, hoy PRO, Gerardo Milman.

Es que el actual funcionario de Seguridad quiso hacer una explicación de las maras desde su cuenta de Twitter para darle información a la población de qué se trata este fenómeno. Pero le salió el tiro por la culata.

El secretario de Seguridad Interior de la Nación Gerardo Milman, utilizó un resumen del popular sitio destinado a estudiantes no muy aplicados, El Rincón del Vago, y quedó expuesto.

Como un estudiante puesto al descubierto por un profesor, Milman recibió decenas de menciones de usuarios de redes sociales que identificaron sus posteos sobre las maras -a propósito del procedimiento llevado a cabo ayer por la policía bonaerense en La Matanza- como parte de un resumen del Rincón del Vago.

El ex diputado del GEN -uno de los primeros en abandonar la fuerza de Margarita Stolbizer para sumarse a Cambiemos- explicó en su cuenta de Twitter las características que identifican a un "marero" no con información proveniente de revistas especializadas, ni informes de inteligencia, sino con una entrada de dudosa procedencia.

Así, apuntó a "la vestimenta, tatuajes, cortes de pelo extravagantes, lenguaje críptico, que es una mezcla de el idioma español con ingles, rayar paredes, siempre caminan en grupo, consumen drogas y hacen señales de mano".

Tras el posteo, los usuarios de Twitter se burlaron del funcionario afirmando que, de acuerdo con la caracterización hecha sobre los mareros, "cualquier jugador del ascenso" podría ser miembro de una mara.

Al día siguiente de la destitución oficial de Dilma Rousseff, la Cámara de Diputados aprobó una declaración donde “reitera principios democráticos”, con los votos de Cambiemos y el bloque de Sergio Massa y de esta manera evitó una condena. En ese sentido, El FpV se abstuvo porque el proyecto no decía nada sobre un golpe de estado.

Los documentos se habían aprobado por mayoría en la Comisión de Relaciones Exteriores el miércoles, previo a la votación del Senado de Brasil.

La votación fue a mano alzada y el dictamen contó con el apoyo de Cambiemos y del Frente Renovador. El kirchnerismo, cuyos diputados mostraban un cartel con la cara de Dilma y la leyenda “Golpe”, pidió abstenerse porque, si bien consideraban que el texto era correcto, le faltaba referirse a un golpe parlamentario, como consideran que fue lo de Brasil.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores, el Movimiento Evita y Proyecto Sur directamente votaron en contra de la declaración.

Más allá del texto, todos los bloques lamentaron la destitución de Dilma. El debate lo abrió Elisa Carrió, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien lamentó lo sucedido en Brasil pero para ella no se trató de un golpe, porque el jury lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y es un proceso que duró varios meses, a diferencia de lo sucedido en Paraguay que sucedió en 48 horas.

Los “golpes institucionales” de Paraguay y de Honduras fueron recordados constantemente por distintos opositores, que lo comparaban con la destitución de Dilma.

También aprobaron una declaración sobre Venezuela, redactada en la misma Comisión, en el contexto de las manifestaciones de este jueves en territorio venezolano.

La expresidenta Cristina Kirchner trazó esta miércoles por la noche un duro diagnóstico sobre la marcha de la economía, le pidió a Mauricio Macri que "cambie el rumbo" y advirtió que "es mucho peor que la gente no consuma que la inflación".

"Creo que el gobierno tiene una ideología muy fuerte, mucho más fuerte de lo que nos decían a nosotros y creen que el modelo les puede funcionar con una desocupación de dos dígitos que discipline al mercado laboral y lo flexibilice. Sino es inentendible lo que están haciendo", denunció la exmandataria.

En una extensa entrevista que concedió a Radio 10, CFK advirtió además que si el Gobierno de Macri "reafirma" estas políticas "es porque el efecto no es ´no deseado´ como dijeron sino que es precisamente el efecto buscado, porque si no cambiarían las políticas".

"Ojalá adviertan que sus ideas no eran las mejores, que producen malos efectos en la sociedad, que no es la adecuada para la mayoría de la población. No estamos ante malos resultados sino ante los efectos esperados de una política anunciada. La parte sensata de la población espera que cambien las políticas", insistió la exjefa de Estado.

Y apuntó: "Siempre se decía que no escuchábamos. Sin embargo, no he visto un Gobierno más sordo que el que empezó el 10 de diciembre. Tienen que abrirse un poquito más y escuchar lo que está pasando, lo que dice la gente en la calle. En vez de reunirse tanto con dirigentes, que cambie el rumbo un poquito porque así no es bueno para nadie".

Durante más de una hora de entrevista, Cristina Kirchner cuestionó la caída del poder adquisitivo del salario y advirtió que "si quieren eliminar la inflación haciendo que la gente no consuma, les digo que es mucho peor que la gente no consuma que la inflación".

"El sector asalariado podía ahorrar para las vacaciones, para cambiar el auto, antes llegaba a fin de mes, ahora tiene miedo de gastar mientras el Gobierno transfiere ingresos a los sectores más

beneficiados de la economía como a los grandes exportadores y eso genera más déficit porque te desfinancias", cuestionó.

La exmandataria también fue enfática en remarcar que "este mes hemos experimentado la peor caída de la industria desde el año 2002 previo al kirchnerismo" y apuntó: ""Es una verdadera catástrofe que estemos igual que con el default".

"En 2002 tuvimos la peor caída de la industria, veníamos del default y hoy, después de pagar a los buitres sumas escandalosas en un procedimiento también escandaloso, tenemos la peor caída de la actividad industrial en niveles similares a los del default", disparó.

Al respecto, remarcó que durante la campaña el frente Cambiemos había asegurado que "sólo con el cambio de Gobierno, si no ganaba Daniel Scioli, iba a haber un shock de confianza e iban a venir dólares, pero no sucedió".

"Luego vino la segunda etapa de pago a los buitres: entonces no solo no vinieron los dólares sino que estamos arañando una desocupación de dos dígitos. Retrocedimos macroeconómicamente en término de producción industrial 14 años, post default y etapa prekirchnerista, mientras que en materia de desocupación retrocedimos una década", denunció.

Y advirtió que, mientras tanto, "se transfieren ingresos a los sectores mas beneficiosos de la economía, a los grandes exportadores", lo cual "evidentemente vas a producir mas déficit".

"La sociedad no puede permitirse que digan que lo que había conseguido no se lo merecía", completó.

De Progresista a PRO. En ese derrotero, que transitó Margarita Stolbizer en los últimos meses y que la encontró ayer mismo reunida con Mauricio Macri, la fundadora del GEN parece haber olvidado su discurso de los últimos años.

La líder del GEN, aseguró hoy que durante su encuentro con el presidente habló sobre "un gran pacto político y social" contra la corrupción, así como también admitió que denunciar esos hechos es su "aporte, mucho más importante que en términos electorales".

Resulta extraño que el elegido para hablar de corrupción sea, justamente, Mauricio Macri. Es que Margarita se diferenciaba del PRO, a los que los acusaba de derecha y sobre los que enumeraba una cantidad importante de hechos, justamente, de corrupción que tenían que explicar.

En aquel momento la Diputada decía que Macri debía explicar los negociados con "Autopistas, las cloacas de Morón, Manliba, Cacciatore, Pago Fácil, Sevel y la evasión fiscal en contrabando".

Y la lista sigue según la propia Stolbizer: "El Macrigate, Palacios, Yabran, el correo, De Narvaez y Tinelli".

La ahora sondeada como candidata amarilla parece tener memoria frágil. O principios que empiezan a flaquear.