El alcalde municipal, Ramiro Tagliaferro, sostiene vínculos con las familias involucradas en la última dictadura militar, y no lo oculta.

Por el contrario, parte de su equipo de gobierno esta conformado por dos parientes cercanos a Jorge Rafael Videla.

Tagliaferro, nombró como coordinador de Prensa del Municipio a Juan Hartridge, sobrino nieto de Jorge Rafael Videla.

La tarea que cumplió hasta el momento según declaraciones de los trabajadores despedidos fue el de persecución política, utilizando como método tomar fotos y filmar las manifestaciones en contra del gobierno local, para “marcar” a los que participan de ellas.

En el mismo sentido, a Juan Hartridge le fue encomendado el sucio trabajo de revisar las cuentas de las redes sociales de los empleados para detectar a aquellos que son opositores a la actual gestión de gobierno.

Además, sostiene fluido con tacto con las fuerzas de investigaciones de la Policía Bonaerense y la SIDE macrista.

Aparentemente su apellido le abre algunas puertas a la hora de relacionarse con los sectores más oscuros de los servicios de inteligencia locales.

Por otro lado, desde la propia intendencia se le habría dado al joven militante PRO Juan Hartridge la tarea de llevar adelante campañas sucias y difamatorias contra medios críticos de la gestión de Tagliaferro, que son llevadas a cabo mediante páginas truchas de Facebook y cientos de perfiles falsos manejados desde la oficina de prensa del Municipio.

Otro de los que forma parte del equipo del intendente, es el padre de Juan, Mariano Hartridge (sobrino directo de Videla), para que cumpla funciones en el Juzgado de Faltas N° 3 de Morón.

Por su parte, Mariano Hartridge, fue candidato a intendente de Morón en el 2003 por la lista de Luis Abelardo Patti, quien fuera juzgado  por privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y allanamiento ilegal, como parte de los delitos cometido en su participación durante la última dictadura cívico militar.

En una nota publicada por El Diario de Morón durante la campaña de 2003, el sobrino de Videla declaraba que quería ser intendente para realizar el “reordenamiento de la planta de empleados jerarquizando por antigüedad para evitar cargos políticos” lo que parece un tanto irónico hoy, comparado con el ingreso al gobierno del clan Hartridge y con los despidos masivos en la municipalidad.

En la lista 1100 de Acción Federal por Buenos Aires que llevaba a Patti de candidato a gobernador y a Hartridge como candidato a intendente, Gastón Capurro y Jorge Coda eran los dos primeros candidatos a concejales.

Además Hartridge es Procurador, pero una resolución del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín lo inhabilitó para ejercer esa profesión.

Según la publicación en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires del 22 de mayo de 2009 “se hace efectiva por este medio la notificación de exclusión por art. 53, 2º párrafo Ley 5177 T.O. Leyes 12.277 y 12.548, dispuesta el día 10 de marzo de 2009, mediante Acta N° 1114”. Este antecedente en su carrera como abogado no parece haber pesado para Tagliaferro a la hora de designarlo para que cumpla funciones en la Justicia de Faltas de Morón.

Otro detalle no menor es que, Mariano Hartridge, es conocido por sus intervenciones en la página de Facebook “La Historia Paralela” donde se refieren a la última dictadura cívico militar como un “guerra civil” y donde asegura que “hay que golpear fuerte a la comunidad, toda, para que de una vez por todas se sepa la verdad verdadera”.

En la imagen por orden de aparición.

Jorge Rafael Videla – Mariano Hartridge (sobrino de Videla) – Juan Hartridge ( sobrino nieto de Videla)

La municipalidad de Morón negó hoy que en esa comuna se hayan realizado "despidos masivos ni arbitrarios", como denunciaron concejales del Frente para la Victoria.

El subsecretario legal y técnico de Morón, Cristian Herrera, explicó en un comunicado que "ante las falsas informaciones que circulan, queremos remarcar que es una mentira lo de los despidos masivos" y aclaró que desde diciembre "no fueron renovados 146 contratos transitorios de la gestión anterior".

Agregó el funcionario que "el Concejo Deliberante solicitó la concurrencia, no así la interpelación del intendente Ramiro Tagliaferro o, en su defecto, algún funcionario a fin de ampliar información sobre despedidos" y detalló que "no es real la existencia de despidos masivos en la Municipalidad, sino que no fueron renovados los contratos precarios temporarios de trabajadores de planta transitoria, que se actualizan mensualmente".

"Al 30 de marzo, la no renovación de contratos de planta transitoria fueron de 146 sobre una planta total de 4877 empleados municipales. Es importante resaltar, la falsa información que circuló al respecto sobre despidos masivos", resaltó.

Herrera además destacó que, al asumir la nueva gestión, sólo el 30 % de los empleados pertenece a la planta transitoria.

Desde diferentes medios de prensa bonaerenses y de Mar del Plata se señala al ex intendente de Mar del Plata, Daniel Katz, como un “monje negro” por articular con el secretario de gobierno Alejandro Vicente y el de Planeamiento Guillermo de Paz y estar atrás de la designación de Gustavo Schroeder, ambos de su extrema confianza.

Katz comenzó a tejer o acordar con Arroyo sobre el final de la campaña. Al radical lo seducía la posibilidad que el entonces concejal destruya a su eterno rival y ex intendente de la ciudad, Gustavo Pulti.

Katz y Pulti mantienen un enfrentamiento personal, ya que son enemigos acérrimos y declarados. En los últimos meses, gente de confianza del ex intendente radical comenzó a circular los lugares habituales de acuerdos políticos de Mar del Plata.

El mundillo de la política marplatense asegura que el regreso de Katz es inminente, ya que la ciudad “está huérfana de un líder político” y que Arroyo genera rechazo en la sociedad, por una gran crisis política que pone nerviosos a dirigentes y empresarios.

La ausencia de líderes preocupa a las altas esferas de poder en el segundo distrito con mayor cantidad de electores después de La Matanza. Con Arroyo en una crisis profunda y con Pulti desgastado, Sergio Massa no tiene ningún candidato fuerte. Vilma Baragiola quedó muy pegada a la gestión de Arroyo y su imagen cayó el año pasado tras un video que la vinculaba con un supuesto pedido de coimas.

En ese escenario, el arquitecto Katz arma con sigilo. Puertas adentro del radicalismo, les recuerda a sus correligionarios que él fue uno de los convencionales que en Gualeguaychú votó a favor de la alianza entre la UCR y el PRO.

En el predio donde el PRO suele utilizar como búnker para casi todas las elecciones y en donde el presidente de la Nación, Mauricio Macri se casó con Juliana Awada, fue escenario de una nueva tragedia, en la cual la sobreventa de entradas, la falta de ventilación, la distribución de estupefacientes y los arreglos con el gobierno volvieron a ser moneda corriente y que causaron el deceso de seis jóvenes por intoxicación, mientras otros cuarto se encuentran en estado crítico.

Según revelaron varios medios nacionales, la vicepresidenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del PRO, Carmen Polledo, es la esposa de uno de los miembros del directorio de Costa Salguero S.A.

La destacada funcionaria porteña junto a su marido, figuran en una cuenta offshore, que se pudo conocer tras las revelaciones del informe Panama Pappers.

En una serie de tuits publicados por Gabriela Cerutti, se informó que más funcionarios del PRO están relacionados con la tragedia de Costa Salguero, como es el caso de Alejandro Gómez, quien es el titular del Instituto Cultural de la Provincia y que estaba vinculado a la organización del festival electrónico del viernes y sábado pasado.

Gómez además estuvo procesado a comienzos de los 2000 por la muerte de dos jóvenes en un festival de rock que él organizaba. Políticamente responde a Darío Lopérfido de fuerte relación con Hernán Lombardi, presidente del sistema nacional de medios, que a su vez, es socio de una productora que sub contratan Costa Salguero.

Gómez además es allegado a Martín Gontad, uno de los organizadores de Time Warp, empresa que organizó el festival de música electrónica que dejó una mancha más de tristeza en la denominada “noche porteña”.

La goberndora de la provincia de buenos Aires, María Eugenia Vidal, descartó la posibilidad de implementar la Ley de Boleto Educativo que fue sancionada durante la gestión anterior y que nunca llegó a implementarse.

En la última conferencia de prensa que brindó, la mandataria bonaerense en la ciudad de Bahia Blanca, Vidal, remarcó que "está claro que la provincia hoy no tiene los recursos suficientes para llevarlo adelante", dijo. "Recordemos que hace 4 meses la provincia no tenía los sueldos para pagar; hay que evaluar las prioridades", agregó.

El proyecto había sido presentado por la diputada del Frente para la Victoria, Karina Nazábal, y tuvo como coautor al entonces diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo. En su artículo 9 se especificó: "La presente ley será reglamentada antes de la finalización del ciclo lectivo vigente al momento de su sanción".

La sanción de la ley fue anunciada en septiembre del año pasado con motivo del aniversario de "la noche de los lápices", estudiantes que fueron detenidos-desaparecidos por la última dictadura militar que se organizaban para lograr la sanción de la ley del boleto estudiantil.Sin embargo, no se llegó a implementar.

Estudiantes, organizaciones de izquerda y la comunidad educativa, convocaron a una movilización hasta las puertas de la Gobernación, para este jueves a las 13 horas.

“El reclamo por el boleto educativo gratuito para toda la comunidad educativa bonaerense cobra cada vez más actualidad al calor de los tarifazos del Gobierno de Cambiemos, que asfixia a las familias obreras y a los jóvenes estudiantes que no tendrán posibilidad de solventar sus viajes diarios, atentando de esta manera contra la educación pública y gratuita”, afirmó el dirigente del PTS, Christian Castillo.

Además, recordó que “el proyecto presentado por la banca del FIT en 2014 contemplaba a todos los sectores de la comunidad educativa, pero fue el Fpv junto con el Frente Renovador y el macrismo quienes en el Senado recortaron el alcance de la ley solo a estudiantes. Ya vimos el ataque brutal de Vidal hacia los auxiliares de la educación, por eso sostenemos que hay que implementar ya mismo un boleto gratuito para toda la comunidad educativa, solventado por las propias empresas del transporte público que reciben cifras multimillonarias con los subsidios pagados por el Estado”.

Por su parte, la diputada Karina Nazabal (FPV), remarcó que “la gobernadora Vidal en reiteradas oportunidades habla sobre la herencia recibida, pero hay herencias de las que esperamos que haga referencia y no lo ha hecho aún. Una de ellas fue la Ley de Boleto Educativo Gratuito sancionada con un enorme consenso por la Legislatura”.

La vida de Gerónimo "Momo" Venegas no se parece en nada a la que tienen los peones rurales. El sindicalista y titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lleva un ritmo marcado por lujos, viajes en aviones privados y gastos que no tienen relación con la realidad de sus representados.

Pero no sólo de sindicalismo vive el "Momo". Es que desde hace años se lanzó a una carrera política y para ello fundó su propio partido: FE. Con su herramienta electoral apostó a ser la pata peronista de Cambiemos y en convertirse en un alfil sindical de Mauricio Macri.

Pero parece que el gremialista y político también tiene tiempo para los negocios privados. Es que entre las esquirlas de los Panamá Papers se descubrió que en Estados Unidos el "peón rural" era empresario.

Concretamente hablamos de Gerónimo Venegas Corp. una firma radicada en 2013 en Florida. El holding hace unos meses fue dado de baja, por lo que ya no está activo.

El socio del gremialista en el emprendimiento en el gran país del norte era Norberto Díaz, un hombre ligado al negocio de los seguros, también oriundo de Necochea como Venegas.

Como si fuera poco, entre los nexos del propio Diaz figura Alejandro Urtubey, hermano del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, empresario automovilístico de categoría Top Race, y uno de los titulares de la firma local Nitralcó.

Se desconoce los negocios que Venegas y sus socios encararon en los EEUU durante el tiempo en el que GERONIMO VENEGAS CORP estuvo activa. Lo que se sabe es que la propiedad de empresas en Estados Unidos implica abrir cuentas bancarias allí, más precisamente en el estado en el que vaya a operar, y que el país ofrece un importante nivel de confidencialidad a quienes hacen negocios, lo que atrae a millonarios latinos.

Las principales espadas políticas del PRO comenzaron a analizar, a sólo meses de llegar al poder, las estrategias electorales para las legislativas del año próximo y para ello pusieron en marcha una "mesa nacional".

Uno de los objetivos de los principales de los armardores amarillos será sumar a Margarita Stolbizer como candidata en el territorio bonaerense.

La ventaja sería doble, es que con la incorporación de la ex candidata presidencial de Progresistas seguirían haciendo girar alrededor del PRO a la totalidad del panradacalismo. Además alejarían a Stolbizer de su incipiente cercanía con Sergio Massa.

Según señalaron a la agencia DyN desde Casa Rosada, un grupo encabezado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "se reúne al menos una vez cada 15 días para coordinar estrategia política y electoral de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires".

Desde el PRO especulan con el fin del mandato de Stolbizer como diputada nacional, en 2017 y ya la sondean como candidata propia para que compita en los próximos comicios legislativos.

Así, algo artificialmente, sin que conectara con el ADN de sus propuestas (más vinculadas a la necesidad de atraer inversiones, bajar el déficit y controlar la inflación), Macri incorporó una bandera que en realidad era pura demanda social. Aliarse con Elisa Carrió y mezclarse amistosamente con Margarita Stolbizer, dentro de un elástico bando antikirchnerista, terminaron por darle forma al malentendido.

Pero lo cierto es que el PRO, desde su nacimiento hace unos 15 años, nunca fue un partido “honestista”, y esto dicho en sentido neutro. Macri no es Elisa Carrió, tampoco Stolbizer y ni siquiera es semejante a Gabriela Michetti. O al menos no coincide del todo con esa imagen pura y sin dobleces que emana y construye su vice. En un intento por aprovechar ese capital y transferírselo mágicamente al jefe, Michetti fue designada como la primera defensora pública de Macri, ante la difusión de los Panamá Papers.

"Lo primero que hice fue preguntarle a él", explicó la vice en diálogo con Telefé, con su habitual tono familiero. "Contame cómo es el tema, que voy a lo de Gerardo y quiero tener en claro qué es lo que hay que decir en función de la verdad y la realidad", dijo que le preguntó a Macri. Y por supuesto consiguió el efecto buscado: en el piso, la mayoría le creyó a Gaby. La política del siglo XXI (aunque quizás siempre fue un poco así) es una pelea por instalar la sensación más verosímil, un arte en el que PRO se suele destacar.

Antes de que se interesara por la política partidaria, la trayectoria del Macri empresario acumuló todas las manchas y vicios propios de la patria contratista. Hacia fines de los '90, cuando se registraba en las islas Bahamas la cuenta Fleg Trading Ltd que ventilaron los Panamá Papers y le valieron una imputación al presidente, el grupo encabezado por el patriarca Franco Macri apuraba negocios en esa frontera patinosa entre lo público y lo privado.

El Grupo Macri había cerrado contratos para el manejo de los sistemas catastrales de Morón y la administración de rentas de Capital Federal, Misiones, Salta y San Luis. Los contactos políticos abrían las puertas para nuevos emprendimientos. Para entonces, Sevel ya había implementado un sistema para cobrar reintegros por exportaciones e importaciones de autopartes al Uruguay, una maniobra por la que Macri sería procesado años más tarde.

Así, si bien el grupo Macri no inventó las mañas de las grandes empresas y contratistas del Estado, tampoco las descartó. ¿Por qué habría de hacerlo?

La organización Integridad Financiera Global (GFI) publica los datos del promedio por año de los flujos ilícitos desde los países emergentes durante el período 2004-2013. Según la página Chequeado, la Argentina está en el puesto 23 con US$ 7.654 millones. Si se toma solo en cuenta los flujos ilícitos del 2013, asciende al puesto 14 de 123 de países que cuenta con información publicada, con US$ 17.171 millones.

La ONG Red de Justicia Fiscal, por su parte, posicionó en 2012 a la Argentina en el puesto número 8, en un ranking sobre los 20 países con mayor stock de fondos ilícitos depositados en paraísos fiscales en el período 1970-2010. Evadir, eludir, tratar de pasar al Estado y reducir controles fueron (y todavía son) deportes nacionales para las grandes empresas argentinas.

(El grupo) Macri se formó en ese clima y con esas prácticas. Y si bien el heredero de Franco pegó un volantazo biográfico con su salto a la política, la gestión porteña del PRO no se destacó como ejemplo de lucha contra la corrupción, las contrataciones dudosas y el financiamiento oscuro de las campañas.

Ahora, Macri es presidente, y el sillón de Rivadavia habilita la posibilidad de una transformación. Hay antecedentes históricos que lo acreditan. Sin embargo, Macri todavia no impulsó una sola medida de la agenda oenegeísta: al momento, hizo algunas promesas, como la de poner su patrimonio en un fideicomiso o la de sancionar una ley de acceso a la información. Sus funcionarios más perfilados hacia la lucha contra la corrupción, como el ex lilito Adrián Pérez, mantuvieron algunas reuniones con representantes de Poder Ciudadano y otras sociedades civiles, ansiosas por cambiar algunas tendencias de los últimos años. Es que para el kirchnerismo, el honestismo fue muchas veces un sinónimo de anti-política, y más precisamente de anti-kirchnerismo. Van cuatro meses de gobierno, y Macri todavía está a tiempo de torcer su rumbo.

La Cámara de Diputados ratificó esta tarde el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Medios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), normativa que de este modo queda firme, ya que para la validez de un DNU es necesario el voto favorable de un solo cuerpo legislativo.

Ya tiene aval parlamentario el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, y que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en reemplazo de la AFSCA y de la AFTIC, que fueron disueltas.

El decreto –el más polémico de la sesión de este miércoles- fue avalado por la Cámara de Diputados en una votación a mano alzada, a pesar de las protestas del kirchnerismo, que pidió realizarla de manera nominal.

El Frente Renovador de Sergio Massa le garantizó el apoyo numérico a la alianza oficialista Cambiemos, tal como lo hizo en la comisión bicameral abocada a los DNU.

El rechazo fue encabezado por el Frente para la Victoria, el progresismo y la izquierda, mientras que el bloque Justicialista decidió abstenerse.

Aunque el Senado todavía no se expidió al respecto, la sola aprobación por parte de la Cámara baja deja ratificado el DNU.

El decreto 267 del 29 de diciembre de 2015 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, organismos de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, respectivamente.

En su reemplazo se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones.

También se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las leyes citadas, una de las banderas del kirchnerismo.

El diputado macrista Pablo Tonelli defendió la “necesidad y urgencia” que llevó al presidente a dictar un DNU sin pasar por el Parlamento. La primera razón, dijo, “es que el decreto fue emitido durante el receso del Congreso”, antes del inicio del período ordinario el 1ro. de marzo.

También aseguró que era “necesario y urgente superar los defectos y problemas que tenían estas dos leyes y sobre todo los desvíos en que estaban incurriendo los organismos encargados de aplicarlas”.

Además advirtió que la AFSCA estaba “conducida por un notorio militante político”, en alusión a Martín Sabatella, que había sido candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria.

En otro orden, Tonelli consideró que las entidades tenían superposición de competencias y que esto atentaba contra la tendencia moderna de la convergencia. En cambio, aseguró que ésta se verá favorecida con el nuevo ENACOM, al entender que va a tener competencia en medios audiovisuales y en telecomunicaciones.

El rechazo estuvo a cargo del camporista santafesino Marcos Cleri, quien en primer lugar negó la necesidad y urgencia del decreto al señalar que el presidente estaba facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

Con más énfasis, el diputado kirchnerista aseguró que el DNU “concentra mucho más la comunicación, atenta con la libertad de expresión y apunta a dejar a gente sin voz y trabajo”.

“Es inconstitucional, ilegal, ilegítimo y viene a cumplir con quien lo acompañó a Macri en la campaña electoral, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados; viene a darle una sola voz, concentrada en la Capital Federal”, denunció Cleri y amplió que apunta a “darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación, y darle vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica”.

También protestó porque por medio de este decreto del Ejecutivo fueron removidos los directores de AFSCA y AFTIC nombrados por el Congreso, porque “cesa la participación ciudadana” en el otorgamiento de licencias y porque “no hay una sola medida que beneficie la industria cultural”.

“Hace cesar los límites para la formación de monopolios”, alertó Cleri en relación a la eliminación del tope de licencias audiovisuales.

Luis Petri, de la UCR, se sumó a la defensa del decreto y cargó contra la utilización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del kirchnerismo, al que le pidió “que rinda cuentas de la pluralidad de voces y la democratización de la palabra en la Argentina”.

“El gobierno anterior partía de la premia de que todo medio que no se subordinara al relato era un medio opositor. Entonces, para equilibrar la balanza, construyeron un holding de medios amigos.

Esto es lo que hicieron con la Ley de Medios”, denunció el mendocino.

El representante del Frente Renovador en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Raúl Pérez, justificó el apoyo de su bloque al DNU al destacar que abre la discusión a una nueva Ley de Medios, dado que la vigente tuvo “escaso consenso interno en este Parlamento”.

Asimismo, Pérez fue duro con Sabbatella, a quien tildó de “mediocre funcionario con mucha militancia y poca cintura política”.

Por último, el massista le advirtió al oficialismo que “no cometa el mismo error que el Frente para la Victoria” con la utilización de la norma.

Por parte del espacio progresista, Alicia Ciciliani (Partido Socialista) también apuntó a la “desastrosa aplicación de la ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del gobierno anterior. “Fue usada a favor de uno y en detrimento de otros”, resumió.

"Macri debe presentar las pruebas de sus dichos", resaltó la legisladora a través de su cuenta en la red social Twitter.

La aliada de Macri dentro del frente Cambiemos consideró que "es una buena noticia para todo el mundo que se empiecen a conocer las sociedades offshore".

"La única comisión investigadora de sociedades offshore en la Argentina, fue la comisión sobre lavado de dinero que hace 15 años yo presidí. Y ahí ya estaban el estudio Fonseca de Panamá y las cuentas provenientes del narcotráfico del Gral. Noriega", afirmó Carrió en una serie de tuits.

Sin hacer otras referencias a Macri, la diputada nacional publicó en su cuenta un link donde se puede ver la investigación completa de los documentos conocidos como "Panamá Papers".

Macri aparece allí como director de una sociedad offshore registrada en 1998, en Bahamas.

El Gobierno afirmó que el Presidente "no tenía participación accionaria" en Fleg Trading Ltd, una sociedad "utilizada para vehicular participaciones en Brasil y guardaba relación con el grupo empresarial de su familia".

Además, expresó que no figura en su declaración jurada porque allí solo "se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad, por lo que no corresponde incluirla".

Tras estas afirmaciones oficiales, Carrió le reclamó a su socio político que pruebe sus dichos.