En las tres jornadas que se llevó a cabo las audiencias públicas fueron varios los inscriptos que no pudieron hacer uso de la palabra por distintas razones, lo que aceleró la marcha de los expositores por la sede de la Usina del Arte y los centros regionales habilitados en distintos puntos del país.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) habilitó a unos 376 inscriptos a participar de la audiencia pública, pero muchos de los que mantienen posiciones críticas al tarifazo que intenta imponer el gobierno de Mauricio Macri fueron directamente excluidos.
De las 67 multisectoriales que se anotaron, sólo una fue incorporada a la lista de participantes. Desde Multisectoriales en Red, que nuclea a decenas de organizaciones de todo el país, lo consideraron un “atropello arbitrario con carácter de censura por parte de aquellos que pretender cercenar la opinión de los ciudadanos” y adelantaron acciones judiciales. Entre los excluidos también están el abogado lomense Facundo Ferro y el director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), Federico Bernal.
Dentro del edificio, importantes empresarios de las dos transportadoras y distribuidoras de gas, miembros de Cambiemos escucharon atentamente al primer orador: El ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue el primero en exponer. El ex CEO de Shell, defendió una suba promedio del 203% (respecto a marzo de 2016), habló de un ajuste semestral y previó la quita total de subsidios entre 2019 y 2022.
Mientras tanto, en las puertas de la Usina del Arte se registraba una numerosa movilización conpuesta por usuarios, organizaciones sociales, territoriales y políticas.
En diálogo con Primerando las noticias, el diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Andrés Larroque explicó: “La discusión de fondo tiene que ver con qué política económica nos planteamos en Argentina, si las tarifas tiene que ver con que se concentre en los bolsillos unas pocas personas: Aranguren, Shell y sus amigos o si nosotros vamos a tener una política, como la que había en el país hasta el 10 de diciembre, inspirada en un modelo de producción, de incentivo al comercio y al mercado interno a través del salario indirecto”.
En ese sentido, el referente de La Cámpora desnudó las intenciones de la Casa Rosada con los tarifazos y señaló: “La famosa discusión de la incompatibilidad tiene que ver con la política que aplica el Ministro Shell, ya que no va a dejar de aplicar una política económica que va en detrimento de las mayorías y en beneficio de unos pocos grupos económicos”, para luego apuntar que existen “dos modelos muy claros que se contrastan. Acá no sólo es injusta la tarifa, sino también que vamos a un modelo económico impracticable, porque cuando se concentraran los recursos en pocas manos se diseca la actividad económica y el país colapsa. Ya lo hemos visto en el pasado.
Por su parte, la intendenta de La Matanza, Veronica Magario, informó: “Varios intendentes de la provincia de Buenos Aires estamos para presenciar la audiencia. Nos parece una falta de respeto que haciéndose la audiencia pública, el Ministro Aranguren haya anunciado una aumento del 203%, es decir que no van a considerar nada de lo que podamos plantear en esta jornada de trabajo. El valor del aumento de las tarifas se van fijando en valor dólar y nosotros vamos a tener una tarifa dolarizada”.
También, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, denunció a través de Primerando las Noticias “que solamente al 10% de los participantes fueron autorizaron hablar, dejaron el 90% afuera” y luego aseguró la Audencia no fue “democrática y tiene vicios de nulidad”.
Además, Baradel recordó: “Con la movilización popular pudimos parar el tarifazo al 2000%, hoy lo reducen al 200%, que sigue siendo alto para el bolsillo de los trabajadores. Ahora, el gobierno no explica cómo pasa del 2000 al 200% y hoy está bien. Han dejado afuera a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), clubes de barrio, sigue siendo alto para la mayoría de los trabajadores y por eso hay que seguir movilizados y peleando”.
Siguiendo esa línea de razonamiento, el diputado bonaerense Walter Abarca, manifestó a este sitio digital que lo resuelto en la Audiencia pública “es un certificado de defunción para todas las pymes de Argentina” y que el resultado que esperan desde el Ejecutivo es “sacar completamente de actividad frente a una apertura de importaciones y una tarifa de energía dolarizada”.
Para finalizar, Abarca fue categórico y puntualizó: “Aquí no se está respetando un derecho humano básico, que es el acceso a la viviendo confortable. Con estas tarifas de gas y energía es imposible que un hogar pueda ser confortable”.
