El Gobierno sigue sumando decisiones para que lo cataloguen de pro empresario. A partir de los aumentos a usuarios, Energía mejoró los ingresos de las transportadoras hasta un 1.844%. Como si fuera poco les girará este mes $554 millones en subsidios.

El Gobierno mejoró los ingresos de las empresas transportadoras de electricidad hasta en un 1.844 por ciento desde febrero, lo cual será cubierto con unos 554 millones de pesos por subsidios además del dinero que pagan los usuarios de la energía.

Los incrementos muestran una fuerte disparidad de aumentos con un promedio de 1.249 por ciento: se observa subas menores a las transportistas de las regiones NEA y NOA, donde están las provincias menos desarrolladas en materia de transporte eléctrico.

La mayor beneficiada por los fuertes aumentos en las tarifas de transporte con un 1.884% es la compañía Distrocuyo, que desde 1995 es la Empresa Argentina de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo.

Esa empresa es controlada en un 60 por ciento por el Grupo Financiero Galicia (controlado por las familias Escasany, Ayerza y Braun), mientras que Electricité de France tiene el 20% y el 20% restante corresponde a la compañía francesa Saur SA.

En la lista continúan Transba (en la provincia de Buenos Aires) con un 1.768%; TransPatagonia (Chubut, Santa Cruz y Río Negro) con un 1.461%; y Transcomahue, con un alza de precios del 1.341%, según cálculos realizados con las recientes resoluciones oficiales.

Así lo confirmó el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja. Además expresó su preocupación por la recesión que se extiende.

Las empresas representadas por la Unión Industrial Argentina (UIA) ya analizan qué porcentaje del aumento de tarifas anunciado por el Gobierno transferirán a precios, en medio de una fuerte preocupación por la demora en la salida de la recesión.

Así lo confirmó el vicepresidente de la UIA y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, quien admitió su temor de que los "brotes verdes" se vean afectados.

Los técnicos de la central fabril están analizando el impacto de la suba de tarifas, fundamentalmente en el rubro de las pequeñas y medianas empresas que tienen su matriz productiva intensiva en este tipo de energía, indicó el empresario.

Funes de Rioja dijo que la Argentina necesita mejorar su provisión de energía porque actualmente las fábricas "sufren la interrupción del servicio" cuando las temperaturas se encuentran muy altas o muy bajas.

Dijo el empresario en declaraciones a radio Continental que "es una preocupación" para las compañías ver cómo manejan el impacto de las nuevas tarifas eléctricas respecto de cuánto pueden absorber dentro de su estructura de costos y cuánto transferirán a sus clientes, los consumidores.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció en conferencia de prensa que el aumento en las tarifas de luz se desdoblará en los meses de febrero y marzo. Será de entre el 61% y 148% y no descartan que en octubre vuelva a haber otro incremento.

El ministro Juan José Aranguren, fue quien anunció la medida y, casi cínicamente, celebró que el Gobierno pueda "recomponer la realidad" de las tarifas eléctricas con nuevos aumentos.

En el caso de los usuarios R1 el aumento será de 61% promedio. Si enero pagaba $ 131 por el servicio total mensual, desde marzo la tarifa subirá $ 80 y pasará a pagar $ 211 promedio.

Para los usuarios R2 la suba será de 77% promedio. Estos consumidores pagaban $ 237 en enero y desde marzo abonarán $ 183 más. Por lo tanto, esas facturas llegarán por alrededor de $ 420.

Los que consuman entre 300 y 600 kwh por mes la suba será de 90,12%. En enero estos pagaban $ 618 y desde marzo pagarán como máximo $ 1.175.

El último caso es para lo que consumen entre 600 y 1.500 kwh. En este segmento el tarifazo será el más alto: 148,5%. En enero estos usuarios pagaban $ 1.418 por mes, mientras que en marzo abonarán $ 3.524 como límite, unos $ 2.106 por encima del valor actual.

Además confirmó que para los comercios la suba será igual que para los residenciales.

Según dijeron los funcionarios de Energía, el 83% del total de usuarios verá un aumento menor a $ 183 por mes. Para esquivar el impacto del tarifazo recomiendan reducir el consumo. Si se ahorra 15% se pagará la mitad del aumento desdoblado previsto y si se achica 20% el consumo respecto de los valores de diciembre de 2015, no paga este aumento.

Aranguren afirmó que tras esta reconfiguración se garantizará que "se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de energía" y resaltó que la nueva tarifa es aún "menos de un tercio del valor".

Asimismo, Aranguren dejó entrever que las tarifas de la energía eléctrica podrían volver a subir en octubre próximo, dependiendo de la inflación y otras variables económicas.

"Los aumentos que anunciamos hoy son para el período de febrero hasta octubre", dijo el funcionario al ser consultado sobre si podría haber nuevos aumentos para las facturas de los usuarios residenciales e industriales.

Aranguren agregó que "lo que ocurra luego de octubre no se puede anunciar ahora" dado que su equipo lo verá en esa oportunidad en función "de las variables económicas del país y de la inflación".

Héctor Polino, representante legal de la entidad Consumidores Libres, manifestó su descontento con el fallo de la Justicia que convalidó la tarifa de agua aplicada desde abril por AySA y dijo que "no se compadece con el derecho vigente", ya que no obliga a la empresa a convocar a una audiencia pública.

"Lo vi mal al fallo, ya que no se compadece con el derecho vigente", se quejó Polino en diálogo con Télam, y manifestó su convencimiento que se tendría que haber convocado a audiencia pública para tratar el aumento de las tarifas.

Ayer la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal convalidó una decisión que ya había tomado en primera instancia el juez Pablo Cayssials sobre el aumento del 300% de la tarifa de agua que la empresa AYSA aplica desde abril último en la Capital Federal y 18 partido del Gran Buenos Aires.

La Cámara rechazó la medida cautelar planteada por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC).

El tribunal consideró que, a diferencia del gas y la luz, se había cumplido el mecanismo de consulta a los usuario previsto por la Constitución Nacional a través del entre regulador respectivo.

"Al no hacer lugar a la medida cautelar, el tribunal desconoce el derecho constitucional que tenemos los usuarios de un servicio público esencial", opinó.

Recomendó que los usuarios de bajos ingresos que no puedan pagar el aumento tarifario tienen derecho a solicitar la tarifa social en una oficina comercial de la empresa AYSA.

Cerca del 70 por ciento de los usuarios residenciales pasará a pagar 490 pesos por el servicio de energía eléctrica, unos 110 pesos más que el precio actual. Además, el Ministerio presentó un “plan gradual” para reducir los subsidios que actualmente cubren el 70 por ciento de la tarifa, a un diez por ciento en 2019.

Las tarifas de luz aumentarán alrededor de un 36 por ciento a partir del año que viene, lo que significará una suba de 110 pesos para la mayor parte de los usuarios. El nuevo cuadro tarifario fue presentado por las autoridades del Ministerio de Energía en la audiencia pública convocada para este miércoles en el Teatro de la Ribera, en la Boca.

Según el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, el 70 por ciento de los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires -los que consumen entre 150 kilovatios y 300- pasarán a pagar 490 pesos, unos 110 pesos más que el precio actual. Para los usuarios  de menor consumo, los de la categoría 0 y 150 kilovatios, la suba será de 30 pesos.

Entre los usuarios de mayor consumo, los aumentos serán de 150 pesos mensuales para la categoría que va de 300 a 600 kilovatios y de 430 pesos para quienes consuman más de 600, consignó Página12. Las subas regirán a partir del primer bimestre de 2017 y llegarán a los domicilios con las facturas de marzo.

Sruoga anticipó que se pondrá en marcha un “plan gradual” para reducir los subsidios en el sector energético, que se extenderá hasta 2018. Dicho plan recortará los subsidios -que este año cubrieron el 70 por ciento de la tarifa para los usuarios residenciales que consumen menos de 300 kilovatios- a 51 por ciento para el año que viene, 37 por ciento en 2018 y quedarán limitados al diez por ciento en 2019.

Para los grandes usuarios, la “gradualidad” implicará recortes en los subsidios de 28 por ciento en 2016, 19 por ciento en 2017 y 10 por ciento en 2018.

El exsecretario de Energía y miembro del Consejo de Asesores del Gobierno, Emilio Apud, adelantó que este verano habrán nuevamente cortes de energía y advirtió que aún falta "multiplicar por tres" las tarifas que se les están cobrando a los contribuyentes, por lo que justificó la falta de inversiones de las empresas.

El exsecretario de Energía Emilio Apud aseguró este lunes que los cortes de luz este verano serán "inevitables" porque la gente "optó" durante muchos años no pagar el precio de equilibrio de la energía y advirtió que las tarifas aún deben ser "multiplicadas por tres".

"La gente optó. Habría que haberle dicho cuando el público, el usuario en general, se resistió a pagar la tarifa de equilibrio que así como iba a ser gradual la actualización tarifaria también lo iba a ser gradual la solución de los problemas", dijo.

Apud, que forma parte del consejo de asesores del Gobierno de Mauricio Macri, dijo que los cortes son la consecuencia de "doce años de desinversión y descapitalización" de las empresas concesionarias.

"Este Gobierno encontró una situación con problemas de distribución, con redes obsoletas y con un gran problema de generación dado que no hay producción suficiente para satisfacer los picos de demanda", señaló.

Y precisó que el aumento de tarifas cubre ahora el 30% del costo cuando en 2015 cubría sólo el 10%, pero aún "falta multiplicar por tres para llegar a la tarifa de equilibrio", a pesar de que el Gobierno le da subsidios a las empresas para que no quiebren.

Las cosas están empezando a mejorar pero, señaló, de ahí a que las empresas pasen a invertir en transformadores, líneas y centrales lleva tiempo y dinero y se va a ralentizar, se va a hacer más gradual", sostuvo en declaraciones a radio El Mundo.

El gobierno no da tregua con la fuerte suba en los servicios y condena a las empresas recuperadas al cierre de sus trabajos, dejando a unas 25.000 familias sin su principal sustento económico. Primereando conoció sobre las reuniones que se vienen realizando entre funcionarios y representantes de diferentes sectores.

Hoy se celebró una reunión en el Ministerio de Energía entre funcionarios de esa cartera, asesores parlamentarios, representantes de empresas recuperadas y sindicatos con el objetivo de establecer un régimen de tarifa diferencial para las empresas recuperadas.

A pesar que este tipo de encuentros se vienen realizando desde hace dos meses, el gobierno de Cambiemos de la mano de Juan José Aranguren no cede a los reclamos y lo único que propone es la suspensión momentánea de la orden de corte de los servicios.

Sentados en representación del gobierno se encontraban Gaston Eduardo Fourmentel integrante de la Subsecretaría de Política Tarifaria -a cargo de Andrés Chambouleyron- y Adolfo Rodríguez Hertz, Jefe de gabinete del diputado Laspina, actual presidente de la Comisión de Presupuesto.

En la reunión, la posición del gobierno fue inamovible y no se bajaron de estirar la forma y cantidad de pago de los servicios y minimizaron la propuesta planteada en la mesa sobre el proyecto de ley, que se encuentra en la cámara de diputados (expediente 2338-D- 2016), que establece un régimen de tarifa diferencial para empresas recuperadas.

El proyecto fue rechazado de plano por el diputado Laspina, cercenando cualquier tipo de diálogo a la hora de una modificación en forma conjunta y la presentación de planteos, opciones y argumentos que nada tenían que ver con el tema energético.

Fuentes allegadas a Primereando que participaron de esa reunión indicaron: “A los funcionarios de Energía le solicitamos que nos manifestarán la propuesta, la respuesta fue simple: tienen que pagar, no tenemos una propuesta para el sector”.

“Lo único que plantean es la suspensión momentánea de la orden de corte de los servicios, ´La solución no está en nuestra cartera´, ustedes tienen otros problemas más graves, a los cuales deben hacerle frente", evadiendo de esta manera la solución que se ofrece.

Como dato de color de los representantes del gobierno, llamó la atención que justamente Chambe se encuentre representando los intereses del Estad, cuando el economista fue un "testigo experto" de empresas extranjeras en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Al no encontrar ni al menos una respuesta a las demandas, la semana próxima habrá una asamblea de empresas recuperadas, donde se analizarán los pasos a seguir y una nueva estrategia para enfrentar al cierre de los emprendimientos y parar al tarifazo.

Tras las protestas y el revés judicial en la Corte Suprema, el Gobierno atenuó el aumento de las tarifas de gas para las zonas del país que no pagaban las subas de 2014 y aplicó una reducción de cerca del 16% por metro cúbico en las regiones que sí pagaban con alza, como Capital y Gran Buenos Aires. Pero no modificó el plan de fijar en dólares el precio en boca de pozo, con aumentos escalonados que se aplicarán cada seis meses hasta 2019 o 2022 en el caso de la Patagonia, La Pampa, Malargüe y Puna.

Esta estructura de precios hará que usuarios residenciales, comercios, pequeñas y medianas industrias y el GNC acaben pagando un costo del metro cúbico superior al que se paga por la importación de Bolivia y por el GNL que ingresa en barcos para su regasificación.

Ocurre que para definir el valor del metro cúbico se consideran incluso las compras al exterior de combustibles líquidos destinados a la generación eléctrica que se realizan sobre todo en invierno, cuando la oferta de gas es insuficiente debido al alza del consumo residencial.

Para evitar nuevos juicios, el Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren dispuso en la resolución que fija las nuevas tarifas de gas que los nuevos valores del metro cúbico no engrosarán los ingresos de las petroleras, porque se destinarían a cubrir los gastos del Estado en la importación, es decir a bajar los subsidios.

Según la norma, las compañías productoras seguirán percibiendo el precio de u$s7,50 por el gas nuevo, pero no hay datos del valor que se les reconocerá por el "viejo", el que se extrae de yacimientos convencionales, en los cuales la inversión más importante ya está pagada y los desembolsos necesarios para seguir extrayendo son mucho menores a los que exigen las formaciones no convencionales como el shale.

Pero la norma no entra en detalles de los ingresos que percibirá el fisco y cuál será el mecanismo para que las distribuidoras paguen parte del gas al Estado por lo que se abren nuevos interrogantes.

Hay, además, en los considerandos de la norma, una fuerte defensa de asegurar precios a las empresas productoras que garanticen la inversión futura sin exigir a cambio desembolsos concretos o metas de producción.

El Ministerio de Energía se cubre también en otros aspectos. Asegura que aun cuando ya hay un sendero de precios hasta 2019, cada seis meses se determinará "el precio objetivo" del gas que puede ser inferior o superior al planificado, dependiendo de las cotizaciones internacionales y de otros factores que no se detallan.

Además, en la resolución se rechaza que se trate de una dolarización de las tarifas, y se afirma que fijar el valor del gas en dólares forma parte de la práctica habitual en el mercado de hidrocarburos así como ocurre en otros productos de la economía. También se asegura en los considerandos que en caso de "variaciones bruscas" en el tipo de cambio se tomarán las medidas necesarias para no perjudicar a los usuarios.

No obstante, lo que queda es que el valor del metro cúbico subirá cada seis meses en función de parámetros que falta definir y de la evolución del tipo de cambio. Esto se unirá a aumentos en la parte de la tarifa que corresponde a transporte y distribución que se definirán en audiencia pública a fines de noviembre, y en los cuales también habrá una fórmula de ajuste que contemple, entre otros índices, el tipo de cambio.

Luego de cumplir con el trámite de la audiencia pública, la administración macrista oficializó este viernes los nuevos cuadros tarifarios del gas que tendrán vigencia a partir de este viernes con un incremento de hasta 300% para los usuarios de menor consumo, tarifa social y bonificaciones por ahorro.

De acuerdo a lo detallado por la Resolución 212 – E/2016 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, las tarifas residenciales se actualizarán en abril y octubre de cada año, "teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente y el valor del precio objetivo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) en cada momento, hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en el año 2019".

De esto, quedan exceptuadas las zonas de la Patagonia, La Pampa y la Puna "en donde, en virtud de las divergencias en el punto de partida de los precios aplicables en dichas zonas, el programa prevé un sendero diferencial en el que la reducción de subsidios resulta aún más gradual, finalizando recién en el año 2022".

En tanto, la medida contempla tarifas diferenciales para quienes "registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto a igual período del año anterior". Se tiene previsto que este viernes a las 11 el ministro Aranguren brinde una conferencia de prensa en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda.

A través de un documento presentado contra el Ministerio de Energía de la Nación, el ENRE y Edenor por el aumento desmedido de las tarifas, se solicitó en junio una cautelar para frenar esta medida, que se resolvió de forma favorable el pasado viernes 23 de septiembre.

La Subsecretaria de Entidades Intermedias, Cecilia Argüello, informó: “Nosotros iniciamos y motorizamos este pedido junto a la Subsecretaría de Deportes porque empezaron a venir todos los afectados a decirnos que los estaban matando con las tarifas”.

En este sentido, la funcionaria detalló: “Hicimos una movilización, una audiencia pública en el Honorable Concejo Deliberante y luego realizamos la presentación judicial, para lo cual elegimos 5 entidades tipo en representación de las demás”.

El recurso fue presentado por: la Asociación de Bomberos Voluntarios de Merlo- que pasó de pagar 10 mil a 26 mil pesos por lo cual se consideró cerrar un cuartel -; la Asociación de Vecinos de Barrio General Belgrano, la Asociación Africanista Argentina, el Centro de Jubilados del Partido de Merlo y el Club Atlético Ferrocarril Midland.

“El amparo fue y volvió muchas veces hasta que lo tomaron, porque la jueza que había recibido el caso sufrió amenazas, hubo cuestiones políticas y judiciales, como presiones del Gobierno Nacional”, subrayó Argüello, quien pese a la demora en la resolución, se manifestó optimista: “Esto sienta un precedente para nuevas demandas que se extiendan a otras entidades”.

Finalmente, la Subsecretaria detalló que “El Intendente Gustavo Menéndez acompañó todo el proceso, hasta que la demanda salió favorable y ahora estamos preparando la notificación al Ministerio de Energía, el ENRE y Edenor, porque estas cinco entidades van a volver a pagar sus tarifas de luz igual que antes del aumento, y lo que pagaron de más, se lo descontarán en los próximos meses”.

Cecilia Arguello, Subsecretaria de Entidades Intermedias