La Justicia Federal de Córdoba revocó la medida otorgada por el juez Hugo Vaca Narvaja que beneficiaba a PyMes, comercios en relación al aumento en las tarifas de gas. La cautelar abarcaba a todos las pequeñas empresas del país.

La Sala A de la Cámara de Apelaciones en Córdoba revocó un fallo de primera instancia que había frenado el tarifazo del gas a las pymes en todo el país y que ordenaba al Enargas que "retrotraiga urgentemente" la refacturación al 31 de marzo de este año. Ahora, no sólo deberán abonar el aumento, sino que también la deuda con los valores actuales.

El Tribunal revirtió el fallo del juez Miguel Vaca Narvaja, que había hecho lugar a un amparo que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), con el fin de frenar el incremento del 500% en las facturas de gas para ese sector.

A fines de septiembre, el magistrado dispuso "hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Apyme y, en consecuencia, disponer para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, la suspensión de las medidas contenidas" en las resoluciones del Ministerio de Energía que disponían el ajuste tarifario. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que el fallo no se ajusta a la decisión de la Corte Suprema que suspendió la suba del gas para usuarios residenciales, pero no así para las pymes.

En consecuencia, el juez estableció que debe darse "continuidad al cuadro tarifario del servicio vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario". Ahora, las pymes deberán pagar la deuda que acumularon desde esa fecha con la correspondiente refacturación con la nueva tarifa.

"Las prestadoras del servicio de distribución deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago", decía el fallo de Vaca Narvaja.

El juez justificó su decisión al señalar que "siendo que Apyme actúa en resguardo de los derechos de las pequeñas y medianas empresas, al invocar como hecho único el aumento excesivo y desproporcionado de la tarifa de gas, que provocaría una lesión económica a todos y cada uno de ellas, frente al estado de vulnerabilidad al que quedarían sometidas" las compañías.

"En caso contrario, estaríamos impulsando a todas las pequeñas y medianas empresas del país a concurrir a la Justicia de manera individual, lo que llevaría a la saturación de los juzgados federales de la Nación", añadió. En declaraciones televisivas, el magistrado afirmó que su decisión debe "aplicarse a nivel nacional". "El Estado no puede interrumpir la prestación del servicio", añadió.

La Justicia federal de Córdoba dictó la primera medida cautelar de alcance nacional para suspender el aumento de gas en las pymes, comerciantes y profesionales. La sentencia obliga a las empresas distribuidoras a retrotraer el cuadro tarifario con anterioridad al 31 de marzo, pero no será de cumplimiento inmediato.

El juez federal Miguel Vaca Narvaja hizo lugar a un amparo solicitado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Según explicó en radio La Red, se basó en la ausencia de audiencias públicas previas para justificar su resolución.

"Se contempló la situación económica actual y cómo eso incide sobre este núcleo de las pymes, que dan trabajo al 80% de lo que es el empelo privado en la Argentina", detalló.

La medida había sido solicitada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en representación del colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines.

Sin embargo, Vaca Narvaja –titular del Juzgado Federal N° 3 de la provincia de Córdoba– aclaró que su resolución no está firme y que el gobierno nacional tiene 48 horas para presentar la apelación.

El recurso interpuesto por el Gobierno tiene un efecto suspensivo, por lo tanto no habrá cambios en las facturas hasta tanto se expida la Cámara. Y una vez más podría ser la Corte la que defina la cuestión.

Fuentes oficiales pusieron en duda la legitimidad activa de la asociación que promovió el pronunciamiento del juez federal. Sucede que la Corte Suprema estableció parámetros muy precisos sobre quiénes pueden arrogarse la representatividad de un sector para entablar acciones colectivas.

El Gobierno realizó la audiencia obligatoria prevista por ley el 16 de septiembre. Se prevé que en las próximas semanas presentará formalmente el nuevo esquema de precios de acuerdo a las normas vigentes y a las pautas que había establecido la Corte Suprema.

El Enargas informó que "se atendrá a los tiempos judiciales hasta recibir formalmente los contenidos del fallo", pero explicaron que, "como éste es un organismo regulador, las decisiones políticas son tomadas desde el Ministerio de Energía y Minería" de la Nación.

"El juez federal Vaca Narvaja falló a favor del amparo colectivo presentado por Apyme. La justicia frena el tarifazo del gas para las pymes en todo el país", informó hoy la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios que fue la actora en esta presentación judicial.

Vaca Narvaja "resolvió en el día de hoy hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios", precisó Apyme en un comunicado.

La entidad, representativa de un sector de las pymes argentinas, remarcó que el fallo, de alcance nacional, dispone “para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, la suspensión de las medidas contenidas en las Resoluciones N° 28/2016, 31/2016, 99/2016 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, concordantes y Resoluciones N° 3725/2016 e I/3843/2016 de Enargas, la continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario, y ello hasta el 27 de diciembre de 2016 (art. 5°, Ley 26.854)".

Apyme destacó que, en segundo lugar el juez resuelve “ordenar al Enargas instruya a las empresas licenciatarias del servicio de gas para que procedan, en el término de diez días y con los valores vigentes al 31/3/2016, a la refacturación de los consumos efectuados desde el 1° de abril de 2016 hasta la fecha de la presente (27 de septiembre de 2016), debiendo las prestadoras del servicio de distribución adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago".

El amparo colectivo fue presentado en nombre de Apyme por su presidente, Eduardo Fernández, junto al gerente de la organización, Roberto Ratti, y confeccionado y llevado adelante por el abogado Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

Los movimientos piqueteros iniciaron ayer su plan de lucha en la histórica plaza en demanda de un amplio abanico de reivindicaciones y anunciaron que permanecerán en la manifestación "por lo menos hasta el miércoles, a la espera que nos reciba una autoridad de la Jefatura de Gabinete. Si no, se endurecerán las medidas de lucha".

Así lo anunció a la prensa la vocera de las organizaciones protestantes, Marianela Navarro, integrante del Frente Organizaciones en Lucha (FOL).

En este sentido, Navarro explicó: "Lo que estamos pidiendo es que haya una instancia de diálogo y poder conversar con los funcionarios del Gobierno para construir una agenda concreta sobre nuestros reclamos".

"Queremos trabajo de jornada completa con todos los derechos para el sector de los (trabajadores) precarizados; la recomposición del valor de todos los programas de empleo, atendiendo a que todos los montos están cerca de los 3100 pesos, están muy por debajo de la inflación; queremos que haya una instancia de discusión paritaria con todo el sector y que desarrollen distintas obras de infraestructura y vivienda social para generar nuevo empleo", detalló.

Finalmente, la vocera adelantó que desde las organizaciones piqueteras duras planean quedarse "varios días".

"Tenemos previsto quedarnos varios días en esta plaza, esperemos que hoy haya mayor grado de sensibilidad del Gobierno y pueda haber alguna instancia de diálogo serio", dijo.

La protesta la realizaban la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo (ACLyT), con una fuerte presencia de trabajadores precarizados y cooperativistas.

En la jornada de hoy diferentes organizaciones sociales instalarán en Plaza de Mayo unas 400 carpas en rechazo al tarifazo y el ajuste del Gobierno Nacional.

Los manifestantes alertaron que permanecerán en el emblemático espacio público con el campamento hasta ser recibidos por "autoridades nacionales" con respuestas a demandas como "empleo genuino para trabajadores precarizados".

Además, reclamarán un "aumento salarial para los cooperativistas que cobran 3.120 pesos por mes" a través de planes sociales, informó Marianela Navarro, de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados (AGTCAP).

En este sentido, calculó que en la concentración habrá "unos 3.000 manifestantes" oriundos de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Chaco, entre otros puntos del país, quienes marcharán hasta Plaza de Mayo, donde instalarán desde las 13 "unas 400 carpas".

Además de miembros de la AGTCAP, participarán en la protesta integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del Movimiento Resistencia Popular (MRP), entre otras organizaciones.

"El Gobierno anterior instaló y naturalizó la precariedad y el actual parece empeñado en extinguirla, pero por la vía de la inanición", criticaron las agrupaciones en un comunicado de prensa conjunto.

"Los tarifazos, el ajuste inflacionario, el otro ajuste directo, la destrucción de puestos de trabajo y la multiplicación de la pobreza golpean sobre las mismas espaldas, que son en las que han recaído siempre", finalizaron.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció ayer que hoy se reunirá con su equipo para comenzar a diagramar los nuevos y definitivos cuadros tarifarios para el gas natural, que regirán desde el 1 de octubre.

Si bien el viernes, al iniciar la audiencia pública que se llevó a cabo en la Usina del Arte, Aranguren presentó un plan sobre cómo serían los nuevos cuadros tarifarios que deberán enfrentar los usuarios con un incremento del 203% promedio, ahora aclaró que no hay nada decidido.

A pesar de que la audiencia pública no fue vinculante, el funcionario aclaró que el espíritu oficial es tener en cuenta las exposiciones de los más de 430 oradores para precisar qué precio pagarán los hogares por el uso del gas de producción nacional y el importado.

"Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario a consecuencia de esta audiencia pública y comunicaremos las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos", dijo el funcionario en conferencia de prensa en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, tras finalizar la audiencia pública.

Aranguren indicó que en la rueda de reuniones que iniciará este lunes con su equipo de técnicos en el ministerio de Energía va a "discutir cuál va a ser la implementación final" de las tarifas, después del escándalo que se generó con el intento de incremento decidido a principios de año.

El ministro de Energí­a y Minerí­a, Juan José Aranguren, afirmó hoy que "con el nuevo cuadro tarifario de gas aumentará sólo un 203%" en promedio para usuarios residenciales, y que el objetivo del Gobierno es trazar un "sendero gradual y previsible de incremento que permita acortar la brecha entre el costo de producir el gas, y la tarifa que pagan los consumidores".

Aranguren fue el primer disertante en la apertura de la audiencia pública que comenzó esta mañana a las 9.20 en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, que responde a la exigencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al frenar el incremento de la tarifa, y que se desarrollará hasta el domingo con la participación de 373 expositores.

El titular de la cartera de Energía y Minería remarcó que el servicio de gas en la Argentina "está distorsionado, es desigual, injusto y arcaico", que sólo el 60% por ciento de la población accede a la red y el 40% restante recurre a fuentes alternativas como el Gas Licuado de Petróleo.

También señaló Aranguren que "en invierno estamos importando un tercio de lo que necesitamos", y que el gobierno nacional implementó los conceptos de tarifa social para apoyar "a los que realmente lo necesitan y están en una situación de vulnerabilidad", como también el uso responsable del consumo.

Aranguren utilizó los 20 minutos que le asignaron para explicar los argumentos del gobierno nacional para incrementar la tarifa de gas, en la audiencia pública que se lleva a cabo en medio de estrictas medidas de seguridad, y con conexión simultánea vía Internet con varias ciudades del interior.

El pasado sábado se llevaron a cabo las Audiencias Publicas y Populares contra el tarifazo en todo el país. Impulsadas por el colectivo Economia Politica para la Argentina (EPPA), las mismas insistieron sobre el severo impacto regresivo que tiene el tarifazo en las economías familiares al tiempo que se resaltaron la dificultad de muchas Pymes para permanecer en condiciones de sustentabilidad, con las graves consecuencias que ello puede acarrear para el empleo y la actividad económica.

La jornada fue abierta y tuvo una importante participación. Miles de vecinos se reunieron a debatir en Santa Fe, Salta, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego y 16 distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Los economistas de EPPA se centraron en los aspectos fiscales y distributivos de los aumentos, y los enmarcaron dentro del plan económico de Cambiemos, que en sólo nueve meses disparó el desempleo, el endeudamiento externo y la inflación.

En los lugares de encuentro y debate se desandaron los argumentos que intenta instalar el Gobierno acerca de un eventual “derroche” de los recursos que debe destinar el Estado Nacional para garantizar el acceso a los servicios públicos y la energía por parte de las mayorías populares y las pymes.

Una de las conclusiones principales de los encuentros fue el acuerdo sobre la necesidad de elaborar una propuesta de los trabajadores, los usuarios y las Pymes para la audiencia pública del próximo Viernes 16, que sirva como referencia alternativa, concreta, real y razonable frente al aumento brutal que propone el Gobierno.

Una propuesta centrada en las posibilidades y las necesidades de las mayorías populares y los actores de la producción y el trabajo, los sujetos que deben ubicarse en el centro de las políticas públicas y la regulación estatal.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, vendió las acciones que tenía en la petrolera Shell y que despertó polémica por la supuesta incompatibilidad con sus funciones en la administración pública, anunció el presidente Mauricio Macri.

También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que la decisión es "para acallar cualquier duda" y subrayó que Aranguren "es un ejemplo de ética y transparencia".

Macri confirmó la noticia de la venta de acciones por parte de Aranguren durante una entrevista con la cadena estadounidense Bllomberg.

La decisión de Aranguren implica, además, que el ministro seguirá en su cargo, por lo que se tiran por la borda todas las especulaciones sobre su posible salida del Gobierno tras los errores en la gestión.

Este sabado 10 de septiembre se llevaron a cabo las Audiencias Publicas y Populares contra el tarifazo en todo el paìs, impulsada por el colectivo Economia Politica para la Argentina (EPPA) y en las mismas se insistió sobre el severo impacto regresivo que tiene el tarifazo en las economías familiares al tiempo que se resaltó la dificultad de muchas Pymes para permanecer en condiciones de sustentabilidad, con las graves consecuencias que ello puede acarrear para el empleo y la actividad económica.

La jornada fue abierta y tuvo una importante participación. Miles de vecinos se reunieron a debatir en Santa Fe, Salta, Tucumán, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego y 16 distritos de la Provincia de Buenos Aires. Los economistas de EPPA se centraron en los aspectos fiscales y distributivos de los aumentos, y los enmarcaron dentro del plan económico de Cambiemos, que en sólo nueve meses disparó el desempleo, el endeudamiento externo y la inflación.

En los lugares de encuentro y debate se desandaron los argumentos que intenta instalar el Gobierno acerca de un eventual “derroche” de los recursos que debe destinar el Estado Nacional para garantizar el acceso a los servicios públicos y la energía por parte de las mayorías populares y las pymes.

Asimismo, se insistió en la importancia de la soberanía energética y la equidad en materia de acceso a los servicios básicos, como pilares de un proyecto de desarrollo con inclusión.

Por otra parte, a través de la intervención de los abogados de la Multisectorial contra el Tarifazo, se problematizó sobre la compleja trama jurídica e institucional que está detrás de la determinación de los cuadros tarifarios, con la que el Gobierno entró en flagrante conflicto cuando intentó imponer los aumentos.

Una de las conclusiones principales en casi todos los encuentros fue el acuerdo sobre la necesidad de elaborar una propuesta de los trabajadores, los usuarios y las Pymes para la audiencia pública del próximo Viernes 16, que sirva como referencia alternativa, concreta, real y razonable frente al aumento brutal que propone el Gobierno.

Una propuesta centrada en las posibilidades y las necesidades de las mayorías populares y los actores de la producción y el trabajo, los sujetos que deben ubicarse en el centro de las políticas públicas y la regulación estatal.