Las declaraciones se produjeron ayer al ingresar a la sede del PJ nacional en donde se realizó una reunión de la mesa de conducción, expresaron su visión el senador Miguel Pichetto; el diputado José Luis Gioja, quien hizo declaraciones en el Parlamento; los intendentes Veronica Magario (La Matanza) y Gustavo Menéndez (Merlo); el legislador bonaerense y referente del Movimiento Evita, Fernando Navarro; el titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza y el ex gobernador Daniel Scioli.

Gioja señaló que "si el gobierno hubiera hecho las cosas como se deben hacer, se hubieran ahorrado este fallo adverso de la Corte Suprema, que es de una coherencia total y absoluta".

En declaraciones efectuadas en el Parlamento , el legislador sanjuanino señaló que "acá hubo mucha improvisación por parte de las autoridades, gobernar es otra cosa, no es hacer ensayo-error con el pueblo".

"Desde distintos espacios hemos advertido al gobierno que se estaban haciendo las cosas mal, que no se estaban respetando los procesos previstos por la Constitución Nacional y que se debían retrotraer las tarifas para volver a recalcularlas, nunca se nos escuchó", declaró el legislador.

Gioja, inclusive recordó ante la prensa el episodio que lo tuvo como protagonista cuando el Ministro de Energía concurrió al Plenario de Comisiones donde le pidió a Aranguren que le informara el promedio del costo del millón de BTU en boca de pozo, a lo que el funcionario le contestó "me niego a responder esa pregunta".

"Los ministros de la Corte Suprema de Justicia han hecho gala de una coherencia y un sentido común que lamentablemente los funcionarios del gobierno no tienen", explicó el diputado sanjuanino, y agregó que "el gobierno no hubiera tenido necesidad de soportar el costo político de recibir un fallo de la Corte desfavorable si en vez de ensayar fórmulas en una planilla Excel se hubieran dedicado a gobernar con seriedad y responsabilidad".

Por su parte,Pichetto sostuvo ante la prensa que "el fallo era previsible y obliga a cumplir al Gobierno con las audiencias, pero la Corte ratificó que el Ejecutivo tiene la potestad de diseñar el cuadro tarifario de los servicios".

Scioli sostuvo que "nos hacemos eco de las preocupaciones de las Pymes y esperemos que el gobierno pueda resolver esta problemática con razonabilidad y gradualismo".

En tanto, Magario manifestó que "el gobierno tiene que dar marcha atrás y volver a implementar un nuevo cuadro tarifario que sea razonable y gradual para que la gente lo pueda pagar porque todos coincidimos que los valores había que reajustarlos".

A su vez, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez coincidió con Magario y puso en el centro de la discusión el reclamo que desde el PJ se apoyó en la reunión sobre las pymes y la tarifa de luz.

En esa línea, Menéndez señaló: "En varios municipios y provincias no todos los vecinos tienen gas natural y son electrodependientes. También las pymes necesitan un fallo que arroje razonabilidad al tema de las tarifas", remarcó.

Espinoza afirmó que "existe una preocupación con el futuro de las pymes" y pidió que "la justicia o el Gobierno resuelva el tarifazo de agua y luz".

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, celebró el fallo de la Corte y al respecto señaló en un comunicado: "La Corte obligó al gobierno a escuchar a la gente".

"Ahora el gobierno está obligado a hacer las cosas bien y de acuerdo a derecho. Debe convocar a una Audiencia Pública para escuchar a los ciudadanos y proponer un nuevo esquema tarifario justo, razonable y gradual", agregó.

El jefe comunal señaló que la Nación tiene que "diferenciar entre las grandes empresas y las PyMEs que, junto con los comercios, son los principales generadores de empleo" y "cuidar a las entidades de bien público y organizaciones como clubes de barrio, bibliotecas y centros de jubilados".

Por último, Katopodis afirmó: "Nosotros vamos a seguir representando a quienes no fueron incluidos dentro del fallo ni puedan afrontar este incremento desmedido".

La justicia decidió dar lugar a las denuncias presentadas por el arco opositor contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde se lo acusa de irregularidad en la comercialización del gas.

Durante las conferencia de prensa que el ministro compartía con Marcos Peña y Germán Garavano, representantes de la justicia ingresaron al ministerio con una "orden de presentación de allanamiento en subsidio", lo que requirió de entrega de información sobre los procesos de comercialización del gas, y en caso de que se niega la entrega del material, las fuerzas policiales tienen la postestad de proceder a la fuerza.

La orden de allanamiento fue dictaminada por el juez Luis Rodríguez, en el marco de las denuncias presentadas por legisladores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, entre ellos, Graciela Camaño y Marco Lavagna.

Los legisladores apuntaron contra el decreto 893/2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que "la autorización de exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía", en el caso de que sean temporarias y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de emergencia. A su vez, posibilita la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte del gas natural al mercado interno argentino.

El ministro de energía, además, es fuertemente cuestionado por el FPV por su doble rol de funcionario vinculado a la producción de gas y accionista en la empresa Shell, por lo que sus decisiones repercuten directamente a favor de sus finanzas.

La diputada massista Graciela Camaño analizó este jueves como "una derrota política" para el Gobierno el fallo de la Corte Suprema que anuló los aumentos de tarifas de gas para los usuarios residenciales y lamentó que eso ocurra porque en la Casa Rosada "no escucharon" el reclamo social.

"Lamento mucho. Nos hubiera gustado no tener razón cuando lo advertíamos. Son ocho meses de sostener con cualquier tipo de discurso medidas erróneas por no tener la grandeza de escuchar y de reconocer que este era un problema político", dijo Camaño.

La diputada del Frente Renovador dijo que su espacio político se inclina por un sistema de subsidios claro que beneficie a los que no pueden pagar y no por la eliminación indiscriminada de la ayuda del Estado en las tarifas.

Al ser consultada en el canal América sobre si el presidente Mauricio Macri debería pedirle la renuncia a su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, la diputada sostuvo que el funcionario "ni siquiera tendría que haber asumido".

"Es una potestad del Presidente. Aranguren es un empleado del Presidente. Ni siquiera debería haber asumido porque está absolutamente impugnado. Cuando toma decisiones sobre el petróleo está beneficiando a las acciones que tiene en Shell", cuestionó.

Y también Camaño criticó "el relato" que construyó el Gobierno macrista para tratar de convencer a la sociedad que no había otra alternativa que eliminar subsidios e incluso para "apretar a la Corte Suprema" para que falle a su favor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, y estableció que para la fijación de nuevos valores son obligatorias las audiencias públicas.

En el Palacio de Tribunales se confirmó así, este jueves, el fallo de la Cámara Federal de La Plata, y además se especificó que también se mantiene la tarifa social.

La decisión se sostuvo en los reclamos del Gobierno, quien venía argumentando que la Cámara Federal de La Plata se excedió en su pronunciamiento cuando suspendió el tarifazo de manera integral, ya que la presentación la habían hecho asociaciones de consumidores y por lo tanto en todo caso sólo correspondía que alcanzara a los residenciales.

El pronunciamiento de la Corte resulta una derrota política de gran magnitud para el gobierno nacional que había salido a presionar fuerte para sostener los tarifazos, incluso amenazando con despidos y una disparada inflacionaria.

En la jornada del martes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, no supo explicar en la Cámara de Diputados cómo se componía el precio de las tarifas, por lo que no hubo ningún avance en materia de clarificar el panorama energético, ni el cuadro tarifario.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien emitió el fallo que suspendió el aumento de las tarifas de luz en todo el país, fue víctima de un acto intimidatorio en su casa de Chacarita: alguien dejó una granada en un contenedor ubicado a metros de su vivienda. Pero eso no es todo. Es que también sufre acoso mediático por parte de la prensa que la presiona por estar disconforme con su resolución.

En primera instancia, fuentes policiales aseguraron que el explosivo no tenía tren de fuego, por lo que no podía estallar. La granada fue hallada ayer por la tarde dentro de una caja de cartón en el contenedor ubicado en la calle Roseti al 1000. A partir del hallazgo, tomó intervención la Policía Metropolitana, que instruyó actuaciones por "intimidación pública", y el caso quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3.

En segundo lugar, la magistrada denunció que la “llaman periodistas de algunos medios, muy agresivos, que me empiezan a acusar de kirchnerista. Perseguida no me siento. Pero he tenido algunos otros hechos indicadores de que no les ha gustado lo que hice”, disparó.

El explosivo fue detectado a partir de la denuncia de un transeúnte. El hecho ocurrió mientras el ministro de Energía, Juan José Aranguren, trataba de justificar el tarifazo en el Congreso.

Aranguren me ha nombrado en la Cámara de Diputados y no ha nombrado a la Cámara Federal de La Plata –que frenó el tarifazo en el gas-, lo cual indica que esto viene direccionado. Hay que bajar los decibeles. Mi fallo está redactado en la misma manera que la Cámara de La Plata, sin embargo algunos periodistas malintencionados han llamado para acusarme, tratar de hacerme caer en alguna agresión. No he respondido porque no es mi estilo. Pero cuando tocan a mi familia, ahí sí voy a salir a denunciar”, advirtió la jueza, quien recibió el llamado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la amenaza con la granada.

El miércoles 3 de agosto Forns aceptó un recurso de amparo contra el aumento en las tarifas de la luz presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la (CEPIS) y la asociación Consumidores Argentinos. Dictó una cautelar interina y dio tres días de plazo para que el Gobierno nacional presente su descargo. Mientras tanto, los aumentos quedan suspendidos. En su fallo, ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) "que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario".

Se trata de uno de los casos en los cuales deberá decidir la Corte Suprema de Justicia en breve. Los ministros del máximo tribunal también han sido sometidos a presiones por parte de las empresas, el Gobierno y los medios de comunicación que exigen que el tarifazo sea ratificado. “Mi pensamiento no lo voy a cambiar. Espero poder seguir con esta causa y no quiero que esto tape el tema de fondo”, concluyó Forns.

Sobre el destino de los subsidios, por el cual fue consultado en las distintas preguntas de los diputados, sostuvo: "hoy no puedo contestar si fue dirigido o no adonde debían ser dirigidos".

El ministro también aseguró que mientras se resuelve el conflicto tarifario "el servicio público se va a continuar prestando", y destacó que "no se le cortó a nadie el servicio por no pago".

Por otro lado, sostuvo que "no estamos mejorando el cuadro tarifario para que las distribuidoras distribuyan dividendos" sino que tiene que ir a inversión". En cuanto a las inquietudes por la tarifa social, planteó que hay un "comité de evaluación" para analizar los casos.

Sobre el compromiso de inversiones futuras en el área energética, el ministro señaló que "pensamos discutirlo en la revisión integral en los próximos meses". También justificó el tope de 400 por ciento en el monto de la facturación del gas al alegar que "fue una medida para llevar tranquilidad" a los usuarios.

Por último, aseveró que es Argentina "la que tiene que generar las condiciones para que vengan las inversiones" del exterior.

Aranguren, sostuvo este martes que la readecuación de las tarifas eléctricas "ha sido en forma gradual como lo permitía la herencia recibida" y precisó que en promedio los usuarios "han multiplicado su factura 5 veces, es decir 40 por ciento y no en 1.600 por ciento como ha sido la inflación" en los últimos 12 años, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde aseguró además que Argentina "sigue estando en el 25 por ciento de las tarifas que tienen los países vecinos".

El ministro aseguró que los subsidios de las tarifas de luz y gas fueron "a los sectores más ricos" durante la última década, ante un plenario de comisiones de la Cámara baja, donde sostuvo que en cambio el gobierno de Mauricio Macri, "redujo" subsidios para esos sectores pero, dijo, "mantuvo un monto de un millón de subsidios para la denominada tarifa social".

Aranguren aseguró que "en estos últimos 12 años Argentina pasó de tener energía abundante, nacional y barata a tener energía escasa, importada y cara", al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el que no está presente el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a pesar de que el diputado del Frente para la Victoria preside una de las comisiones convocantes

Las fuentes anticiparon que la estrategia del oficialismo estará centrada en hacer referencia a la herencia recibida por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la política energética llevada adelante durante la gestión del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, que estará presente en la mesa central del plenario como presidente de la comisión de Energía de la cámara baja.

Cambiemos acelera y juega todas las fichas al tarifazo. Para ello no duda en lanzar todo tipo de amenazas. Primer había sido Federico Pinedo el que sostuvo que si no se pueden aprobar los tarifazos habría una disparada inflacionaria. Ahora fue el turno del presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot.

Es que el titular de la bancada amarilla advirtió ayer que la discusión desatada en torno a los tarifados, según su criterio, puede resumirse en si la suba finalmente "se paga en la factura del gas o en el precio del pan".

"Estoy de acuerdo en lo que se dice respecto de la equidad de clases; pero lo que discutimos es si el gas lo pagamos en la factura del gas o en la del pan", expresó el legislador macrista ante los cuestionamientos formulados por la oposición contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en el marco de su visita a un plenario de comisiones de la Cámara baja.

Massot subrayó que "el 87 por ciento de los usuarios ya pagó -la factura con los aumentos- y que, según encuestas, el 60 por ciento está favor de la medida".

"La gente sabe que el gas lo tiene que pagar lo que cuesta, o que tiene que pagar el 30 o el 40 por ciento de inflación, como en los últimos años; y la respuesta es clara", remarcó.

El diputado por Córdoba llamó a la oposición a "pensar juntos cómo se financia ésto que llamamos política de Estado; porque a cualquier gobierno le gustaría el subsidio ilimitado"

"Esto de los subsidios empezó siendo una necesidad social y devino en una necesidad electoral", dijo Massot en referencia a la política aplicada durante el gobierno kirchnerista.

Cambiemos está jugado a hacer pasar los tarifazos a cómo de lugar y ya no duda en amenazar públicamente con aumentar los bienes que acelerarían el proceso de empobrecimiento que está logrando con el ajuste desatado.

Alrededor de 1.500.000 personas pasaron a ser pobres entre fines de 2015 y el primer trimestre de este año, con lo que 13 millones de habitantes se encuentran en esa situación, mientras que otras 400 mil personas cayeron en indigencia.

Con duras críticas al Gobierno y con proyecciones preocupantes, fue presentado el "Barómetro de la Deuda Social Argentina" elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA).

De este relevamiento surgió que el índice de indigencia pasó de 5,3% de diciembre al 6,2% de finales del primer trimestre de este año.

En la misma medición, el índice de pobreza creció del 29% al 32,6%, lo que representó que 1.500.000 habitantes hayan caído en la pobreza y de esa manera casi un tercio de la población argentina esté en esa situación.

La escalada inflacionaria, la suba de tarifas y la ineficacia de las medidas de contención social adoptadas por parte del Gobierno de Mauricio Macri acrecentaron los alarmantes índices de pobreza e indigencia. El informe advirtió que más de dos millones de hogares no cuentan con tarifa social, ni subsidios, pese a que atraviesan un período crítico y son altamente vulnerables.

El crítico documento de la UCA advierte acerca de la existencia de un sector de la población con "mayor riesgo" frente el aumento de precios, el tarifazo en servicios y el proceso recesivo, ya que no se encuentra incluido en planes sociales o cuentan con subsidios.

"Esta masa de segmentos de clase media baja o sectores populares constituyen los nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno", alerta el resumen elaborado bajo la dirección del sociólogo Agustín Salvia, al frente del Observatorio de Deuda.

Agrega: "Es factible que el Gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible, sin embargo, muy poco se logrará si no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste".

En el acto de presentación, Salvia advirtió que "no resulta suficiente" el crecimiento económico para que la realidad social pueda modificarse.

"La falta de estadísticas oficiales confiables de 2007 en adelante privó al Estado de la posibilidad de buscar soluciones estratégicas. Esto lamentablemente sucedió, pero hay que decir que hubo un giro por la reconstrucción del INDEC. Ahora somos escuchados", señaló el especialista.

Según se informó, el relevamiento se elaboró en base a 5.700 hogares y en un universo geográfico de 25 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes, con especial representación del área metropolitana de Buenos Aires.

Tres de cada 10 hogares de los principales centros urbanos reciben "alguna política social de empleo, transferencia de ingresos o son beneficiarios de programas de asistencia alimentaria".

El documento señala que "el actual escenario fuertemente inflacionario contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres. En este marco, cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres".

Al exponer el informe, Salvia sostuvo que "se constituyeron nuevos pobres que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno".

"Los sectores medios bajos y la clase obrera integrada se han visto particularmente afectados entre fines de 2015 y comienzos de 2016", agregó.

Alertó que "si en el corto plazo no se logran atenuar los aumentos de precios y no logra reactivar el empleo, difícilmente podrá revertirse la tendencia ascendente que están registrando las tasas de pobreza e indigencia urbana".

No alcanza, Aranguren, no alcanza. Seguramente alguno de tus asesores debió informarte que el mecanismo de audiencia pública no funciona como una notificación posterior a la toma de una decisión, sino como un procedimiento necesario para la toma de una decisión tamaña en ejercicio democrático y republicano.

Volvamos sobre el tema de la cosa pública, que es, en mi modesto parecer, lo que creo que se te escapa. Cuando trabajabas en Shell, contabas con el derecho de imponer las cosas según la conformidad de tus accionistas. El interés público, en cambio, camina mejor sobre los conceptos ineludibles del debido proceso y de la jerarquía constitucional. No vale, ahora, engañar a la gente invocando una Audiencia Pública que se aplica en forma inversa.

Sí, yo sé que en materia tarifaria hay intereses contrapuestos entre las empresas y los usuarios. Y que la cosa se complica más cuanto más se desglosa: empresas prestadoras generadoras, transportistas o distribuidoras y usuarios residenciales, comerciales o industriales. Porque es complejo, como todo lo que pasa en una República, me parece más pertinente crear un ámbito de diálogo primero, para decidir después.

La res gestae (cosa hecha) del emperador Augusto, dice Wikipedia, es "un ejemplo único de táctica propagandística destinada a la legitimación de, en este caso, la actuación del primer emperador de Roma."

¿Res gestae o Res publica, Aranguren? ¿Qué vas a hacer, ahora?

Con la firma de unos 350 legisladores locales pertenecientes a distintos espacios políticos de la provincia de Buenos Aires, entre los que se encuentra el Frente para la Victoria (FPV), el Frente Renovador  (FR) y hasta el macrismo, solicitaron "a todos los bloques de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que habiliten la Sesión Especial convocada para el día de hoy, cuyo objeto es darle tratamiento parlamentario a los proyectos que buscan una solución política a un problema que preocupa al conjunto de la sociedad: los aumentos indiscriminados en las tarifas de los servicios públicos".

De esta forma, parecieran sentar un presedente político de consenso ante una problemática que lleva semanas en la agenda de los ciudadanos. En este sentido, y en la misma solicitada, expresaron que "las instituciones en sus distintos niveles asumieron que el aumento de tarifas se ha vuelto impagable y afecta al comercio, la producción y el nivel de vida de los trabajadores".

"Estamos convencidos de que el Poder Legislativo de la Nación es el ámbito propicio para destrabar el conflicto. Los diputados representan al conjunto del pueblo argentino y tienen la llave de la solución política que la sociedad reclama", concluyeron.

Es que, por otra parte, y según habían consignado distintos medios nacionales, referentes del FR habían pedido una sesión para las 10.30, mientras que dirigentes del FPV también lo habían solicitado pero para las 11.00, por lo que por estas horas negociaban confluir en un mismo plenario que les permitiera lograr el quórum de 129 diputados.