En los aumentos de electricidad, que son retroactivos al primero de febrero, para aquellos que no lo hayan pagado, “habrá un plan de pagos para los consumos eléctricos, posiblemente como en el caso del gas, en cuatro cuotas”, dijo Aranguren en diálogo con TN.

El funcionario recordó que en el caso de la electricidad, “no hay tope en el aumento de la tarifas” y que los incrementos resultaron “del 340%, promedio, con un buen nivel de cobrabilidad”, el cual se redujo luego cuando diversos tribunales fallaron en contra del incremento.

Al ser consultado sobre las posibilidades de corte de electricidad durante el verano, Aranguren explicó que “doce años de deterioro no se pueden arreglar en nueve meses”, y que están invirtiendo en las redes, junto a las empresas Edenor y Edesur, “esperando que la red eléctrica esté mejor para este verano”.

Aranguren destacó además que llegó a un acuerdo con el sindicato de Luz y Fuerza “para responder más rápido” ante los cortes de suministro, y que “ya se está trabajando en un plan de contingencia” para el verano, cuyo mes más preocupante es diciembre, cuando todavía no comenzaron las vacaciones, y la demanda aumenta.

El nuevo esquema tarifario se pondrá en vigencia a partir de octubre, una vez que se celebren las audiencias públicas que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

Así, el gobierno anticipó ayer que la factura de gas promedio para un usuario residencial será de 260 pesos por mes, según el nuevo cuadro tarifario que presentará en la audiencia pública que se celebrará 16 de septiembre próximo en La Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.

Las categoría de consumo así vendrán detalladas: Categorías R1, R2-1, R2-2 y R2-3:. Son las de menor consumo. Según Aranguren, la factura media por usuario antes de impuestos va a ser de $ 107 por mes ($ 214 por bimestre). A ello, habrá que sumarle los impuestos, que implican un 25% promedio sobre el consumo. Así, la factura total estará cerca de los $ 134 mensuales y $ 270 bimestrales.

Categorías R3-1, R3-2 y R3-3: Son los consumos medios. La factura mensual promedio será de alrededor de $ 371 (unos $ 740 cada bimestre). También habrá que sumar un 25% para impuestos, con lo cual la boleta final quedaría en $ 460 por mes ($ 930 bimestrales).

Categoría R3-4: Es la que pagan los usuarios de mayor consumo. Legará a $ 933 por mes, que más impuestos rondará los $ 1.200. El bimestre significará una factura de casi $ 2.500 para estos usuarios del servicio.

Ahorro: Para aquellos que ahorren más del 15% en sus consumos, tendrán una redacción tarifaria, aunque no se explicó de cuánto será.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró ayer que el Gobierno propondrá un aumento promedio para las tarifas de gas de un 203% en la próxima audiencia pública.

Aranguren formuló declaraciones al concluir una reunión que mantuvo con algunos gobernadores y funcionarios de Energía de las provincias, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El gobierno publicará hoy en la página web del Ministerio todos los detalles de la oferta pública que presentará en la audiencia que se realizará el próximo viernes 16 de septiembre en el Centro Cultural, la Usina del Arte de esta capital.

La información sobre la propuesta oficial había sido anticipada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien también participó de la reunión.

"El aumento general que se está planteando es de un incremento promedio del 203%", puntualizó el mandatario provincial al salir del encuentro.

Indicó que "se estima una factura promedio de 153 pesos para determinados tipo de consumo" y reveló que se propondrán futuros aumentos escalonados hasta el 2019.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, garantizó este lunes que el Gobierno presentará un ajuste "gradual" de las tarifas de gas, en la audiencia pública que se realizará el mes que viene.

"El cuadro tarifario que vamos a ofrecer será más gradual del que se ofreció en principio", enfatizó el funcionario.

En declaraciones a radio La Red, Prat Gay comentó que al aumento "aún lo estamos discutiendo. Tomamos nota del mensaje que nos dio la Corte Suprema, que tiene dos pilares: uno es el de la  audiencia pública. Y otro es que todo se tiene que hacer con criterio de gradualidad".

"Ese concepto de gradualidad no nos es ajeno, porque estamos haciendo lo mismo en el plano fiscal y con la inflación", enfatizó.

Además señaló que "en agosto, es muy posible que aún con la corrección de tarifas, la inflación apunte a menos del 1% mensual, que es el índice más bajo en diez años", resaltó el funcionario de Hacienda a la prensa.

Prat Gay admitió que "si viene la readecuación de tarifas (de gas) después de la audiencia (del 16 de septiembre), seguramente ese número va a subir en octubre. Pero lo importante es la tendencia".

La presentación de CAME tuvo lugar ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, a cargo del juez Oscar Papavero, " en representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo Pyme contra el Poder Ejecutivo Nacional", representado por el ministerio y el ente ya mencionados.

La entidad reclamó que "se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las Resoluciones N° 28/16, 31/16, 99/16 y 129/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, ccts. y Resolución N° 3725/16, I/3843/16 del ENARGAS que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios".

Asimismo, pidió que "dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país".

En ese sentido, también solicitó que "se ordene a las demandadas (las compañías distribuidoras de gas) abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado" y que "se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de Gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública".

CAME reclamó que "se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado Nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales", en tanto para aquellos que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas "se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro".

Por último, la entidad empresaria pidió que "se ordene al Estado Nacional disponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos".

Así lo informó hoy al Diario Crónica la asesora jurídica de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, Bárbara Biaiñ.

Al respecto, Biaiñ señaló que como cuentan con personería jurídica presentarán un amparo colectivo, en el marco de la llamada Multisectorial contra el tarifazo del gas.

Asimismo, con el objetivo de revertir esta situación, la entidad participará de las audiencias públicas, con la documentación de los aumentos "impagables", y un informe "sobre el cierre de los centros de jubilados", agregó.

"Tenemos confianza en los jueces de primera instancia, frente a los amparos. Se trata de observar cómo decodifican el fallo de la Corte, pero es muy claro en el sentido de que no hubo audiencias públicas en general", manifestó.

La Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores nuclea a 10 millones de jubilados y pensionados y es la primera de sus características en el mundo, nacida en el año 1948.

La audiencia se realizará el 16 de septiembre luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló el incremento del dispuesto por el gobierno nacional y los intendentes no quieren sorpresas. Por ello ya arman su rompecabezas para que todo encaje.

En este primer encuentro, los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), que integran el espacio de jefes comunales enrolados en el Grupo Esmeralda, encabezaron la reunión en la que se planteó la necesidad de llamar a Audiencias Públicas regionales.

También se abordó la “preocupación por la falta de información que el Gobierno tiene que poner a disposición de los ciudadanos para poder conocer la justificación de los aumentos”, según relataron desde la intendencia de San Martín mediante un comunicado.

Además, se debatió sobre la situación de las Pymes y los clubes de barrio tras el fallo judicial que no los contiene y por lo tanto rige el mismo cuadro tarifario con los respectivos beneficios para las instituciones sociales.

Acompañaron a los intendentes, el senador provincial Alejandro Urdampilleta y los diputados bonaerenses Evangelina Ramírez y Walter Abarca.

Por parte de las asociaciones participaron representantes de Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), de Lomas de Zamora; Consumidores Argentinos de Mar del Plata; y la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de la provincia de San Luis.

Luego del fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia que frenó el tarifazo de gas para usuarios residenciales, el Gobierno decidió salir a las calles para enfrentar a los vecinos.

Luego de una cumbre en Olivos, entre el presidente, Mauricio Macri, y gran parte de su Gabinete, el PRO y la UCR anunciaron una timbreada nacional de la que participó hasta el propio jefe de Estado y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El "timbreo" hizo foco en el conurbano y contó con la participación de 14 ministros del gabinete nacional y la plana mayor de la Unión Cívica Radical.

También fue de la partida el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que visitó la localidad de Almirante Brown junto al ministro Esteban Bullrich (Educación) y el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

Para ser exacto, el 77,2% se mostró favorable al freno al tarifazo, mientras que un porcentaje similar, el 77,4%, considera que las tarifas previas al incremento eran adecuadas o que deberían subir como máximo hasta un 50%. Sólo un 17% expresó su apoyo a la medida y un 5,8% no tomó posición.

En igual sentido, 75,1% estima que el tope de 400% que definió el gobierno no es razonable.

Por otra parte, más del 40% considera que la Corte fue presionada por el Gobierno nacional y las empresas de energía para fallar a favor del incremento tarifario.

Respecto a las protestas y ruidazos contra el aumento, un 64% las valora positivamente y cree que ejercieron influencia en la decisión judicial.

Además, 72% manifestó que redujo su consumo de gas como consecuencia del incremento tarifario. Por último, pese a la explicación oficial acerca del estado del sistema energético recibido, casi la mitad de los encuestados (48%) afirma que el gobierno de Mauricio Macri es el principal responsable del aumento de tarifas.

El relevamiento telefónico se realizó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes, en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, con más de 1.900 casos y un margen de error de 2,2% Geográficamente, la muestra se extendió por los 24 partidos del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, y las 15 Comunas de la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Cámara de Comerciantes Mayoristas e Industriales (CADMIRA), Vicente Lourenzo, advirtió este viernes que las pymes reaccionaron "negativamente y con preocupación" frente al fallo de la Corte Suprema que anuló el aumento de las tarifas de gas solo para usuarios residenciales.

"El fallo de la Corte nos sorprendió negativamente, más cuando la mayoría de los fallos que hablaban sobre el gas no hacían ninguna distinción entre las pymes y los usuarios", señaló el empresario.

En declaraciones a radio Belgrano, Lourenzo comentó que el sector pyme ve con "preocupación" que la decisión de la Corte no contemple a comercios e industrias.

No obstante, aclaró: "hay empresas de uso intensivo y de bajo consumo de gas. No es lo mismo que le apliquen un 500% de aumento a una empresa que tiene un horno prendido todo el día a una que tenga dos estufas y un calefón".

"Hay casos donde una empresa pasó de pagar una factura de 120 mil pesos a 600 mil", ejemplificó Lourenzo, también secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).