La fuga de capitales del primer bimestre fue la mayor de los últimos 15 años

Un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), marca que la fuga de capitales del primer bimestre de 2017 fue la mayor de los últimos 15 años. De enero a noviembre de 2016 se fugaron algo más de 11.000 millones de dólares, mientras que, en los dos primeros meses de 2017, entre la dolarización de las carteras (atesoramiento) y la demanda de divisas para turismo se fugaron 9.000 millones de dólares.

Sucesivas mutaciones se dieron en el sistema monetario y cambiario argentino desde el último cambio de régimen, de finales del año 2015. Dada la adopción de un esquema de metas de inflación, la desregulación normativa relativa a requisitos para la operatoria de los bancos y la entrada de capitales especulativos, el último año nuestro sistema financiero se volvió más volátil y expuesto a shocks externos. El objetivo de las autoridades del Banco Central es apaciguar la inflación por medio de la aplicación de políticas monetaristas que impriman libertad a los agentes económicos, con el propósito de que la oferta de dinero se ajuste a la demanda y se eliminen las “distorsiones” típicas de los modelos administrados, a saber, el exceso de pesos en circulación. La variable –casi exclusiva- que utiliza en este sistema es la tasa de interés. La función de reacción de la autoridad rectora, explicitada sobradas veces por su actual titular, implica una respuesta inmediata ante los cambios en las expectativas de inflación futura, de modo tal que los ahorristas no pierdan interés en invertir en pesos. Este factor es fundamental para sostener la virtud del sistema, evitando desvíos. Cuando en una economía enteramente abierta, los incentivos a invertir en la moneda local se atenúan, ocurre un desplazamiento de los capitales hacia activos nominados en moneda extranjera. Si, a su vez, se incorpora el condimento de la elevada nominalidad de nuestra economía (producto de la alta inflación de los últimos años), entonces el resultado es aún más pernicioso: se favorece un marco económico y financiero apropiado para la valorización financiera y fuga, a partir del diferencial de tasa respecto al resto del mundo y la baja devaluación esperada.

Todo este escenario está condicionado por la decisión de efectuar un programa de endeudamiento acelerado, tanto en pesos como en dólares. El ritmo de aumento de deuda se explica a partir de la necesidad de la actual gestión económica de reducir los niveles de déficit primario sin incurrir en más ajuste convencional. Los casi U$S 65.000 millones colocados en los mercados internacionales a lo largo de 2016, aún no redundan en stocks de deuda preocupantes. Sin embargo, la velocidad que ha tomado el proceso, es algo que debe seguirse de cerca: se estima que para fines del corriente 2017, el porcentaje de deuda en relación al PBI argentino alcanzará el 50%.

Ahora bien, cuando nos corremos del análisis retórico y observamos los números fehacientes de la economía, las variables no parecen comportarse como los hacedores de política vienen pregonando. Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) computo la evolución de la tasa de interés, en conjunto con la inflación acumulada anual. Para eso, utilizaron el índice de precios de la consultora de Bein que, a diferencia del IPC-Indec no presenta discontinuidades metodológicas ni faltante de información. Como se puede ver en la serie completa del gráfico de más abajo, la comparación entre la tasa de interés anual para cada momento y la inflación que corrió para los siguientes doce meses , arroja resultados sintomáticos. Por ejemplo, la tasa de interés promedio del plazo fijo, a la cual pueden acceder la mayor porción de los ahorristas minoristas, ha sido negativa a lo largo de toda la serie. A pesar de la línea argumental oficial, sobre la importancia de ofrecer instrumentos atractivos en pesos, lo cierto es que la rentabilidad de un plazo fijo continuó siendo negativa en términos reales. Mucho tiene que ver con este resultado la eliminación de regulaciones sobre las tasas de interés mínimas a las que deben tomar depósitos minoristas los bancos. Ocurre que, hasta diciembre de 2015, la regulación de tasas mínimas ataba la rentabilidad del plazo fijo a la evolución de la Lebac. La misma fue eliminada a fines de ese año, y los bancos pudieron decidir cuánto remuneraban el capital tomado en función a las leyes de la oferta y la demanda.

                              Rentabilidad real, primer escenario (enero 2015 – febrero 2017)

                                                         (en porcentaje interanual)

                   Fuente: elaboración propia en base a BCRA e Índice de Precios de Bein

Según los economistas de la Universidad de Avellaneda, la contracara del endeudamiento, como sucede en los modelos de valorización financiera, es la fuga de capitales. A pesar de los augurios sobre la confianza del nuevo modelo, la dolarización de carteras está en niveles como no se habían visto en décadas. De enero a noviembre de 2016 se fugaron algo más de 11.000 millones de dólares (+84% i.a.), mientras que, en los dos primeros meses de 2017, entre la dolarización de las carteras (atesoramiento) y la demanda de divisas para turismo se fugaron 9.000 millones de dólares, la mitad de la deuda tomada por el gobierno para cubrir el déficit fiscal.

La dinámica del incipiente proceso de dolarización de la economía no llega a encender los sensores de alarma, debido al coyuntural exceso de liquidez de divisas, por el (acelerado) retorno a los mercados de deuda y los ingresos por única vez del blanqueo. No obstante, el ritmo de derroche de las (escasas) divisas genuinas, debería concitar la atención de los hacedores de política. Para poner en concreto, conviene analizar los últimos números que expone el balance cambiario del BCRA. Por ejemplo, cuando se analizan los números consolidados del primer año de librecambio, se encuentran erogaciones de dólares un 42,5% mayores que en 2015, por todo concepto. Entre las aplicaciones de fondos que más crecieron, se encuentran egresos por utilidades y dividendos, con casi U$S 3.000 millones en 2016 y una variación porcentual de 2.889% respecto a 2015, egresos por divisas con más de U$S 9.400 millones (+1.470%), compra de títulos valores con alrededor de U$S 9.700 millones (+688%) y operaciones de canje por transferencias al exterior´, con más de U$S 9.800 y una variación porcentual irrisoria por tratarse de un ítem prácticamente obturado en 2015. Asimismo, los egresos por billetes –típicamente ventas a minoristas- aumentaron un 80%, desde U$S 11.000 millones en 2015 a casi U$S 20.000 millones en 2016.

Los resultados de 2016 no parecen responder al típico efecto manada una vez que se libera una compuerta, sino más bien son característicos de un cambio de régimen que no está exento de riesgos en el largo plazo. Es así que como señala el informe de la UNDAV, en el primer bimestre del año 2017, las erogaciones totales del “sector privado no financiero” crecieron un 120%. Dentro de estas, si tomamos el subconjunto de dólares destinados al atesoramiento privado y la fuga, se registra un crecimiento del 10,6% en el acumulado enero-febrero del corriente año, respecto a igual período de 2016. Interesante es resaltar que estos casi U$S 4.000 millones en un bimestre representan la suma de dólares fugados del sistema más grande desde el año 2003, superando en un 83,9% al promedio de los últimos quince años. Por último, al respecto, consignar que el festival para las entidades financieras y cambiarias siguió su curso en lo que va de 2017. Según el BCRA, la aplicación de divisas para satisfacer este conjunto aumentó en un 36% respecto al primer bimestre del año pasado, totalizando casi U$S 2.400 millones comprados en el mercado único y libre de cambios. Como es de esperar, motorizados mayormente por transferencias de capital al exterior en forma de utilidades, honorarios profesionales y servicios varios.

                             Divisas del BCRA destinadas al atesoramiento y fuga (2003-2017)

                                                          (en millones de dólares)

                    Fuente: producción propia en base a datos del Balance Cambiario – BCRA

Con todo lo enunciado, a continuación, se presentan a modo de resumen las principales conclusiones que se desprenden del análisis coyuntural del sistema monetario y cambiario argentino realizado por los economistas de la Universidad de Avellaneda:

• Desde el último cambio de gestión económica, se dio una mutación en el sistema financiero argentino. En lo concerniente a la política monetaria, se levantaron regulaciones normativas sobre los bancos. En materia cambiaria, se liberalizó la cuenta de capital y financiera.

• El nuevo esquema institucional tuvo, en el marco de un régimen de metas de inflación, tuvo consecuencias sobre los incentivos a invertir en instrumentos en pesos o a dolarizar activos.

• A pesar de que la actual gestión monetaria pregona la importancia de una tasa de interés real positiva, la misma se mantuvo todo el 2016 en valores negativos, y la perspectiva para 2017 es que este fenómeno se potencie.

• Al no existir opciones en pesos que equiparen a la inflación, los fondos se vuelcan a la valorización y fuga. Por eso, en 2016, la salida de dólares del sistema financiero –por todo concepto- superó en un 16,8% a la de 2015 y en un 37,2% al promedio de los últimos cinco años.

• Esta dinámica parece repetirse en 2017, donde las erogaciones de dólares del BCRA para atesoramiento privado, pago de intereses y remisión de utilidades fue la mayor de los últimos quince años (10% mayores a las de 2016 y 320% superiores a las de 2015).

• Con todo, el esquema de metas de inflación del BCRA está en riesgo. Si los ahorristas no encuentran un refugio de poder adquisitivo en pesos, y no se restringen los capitales de corto plazo, la dolarización de carteras puede tomar un ritmo peligroso para la sustentabilidad macroeconómica.

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Crisis textil: la cantidad de empresas importadoras aumentó más de un 40% en 2016

Según un informe del Observatorio de Políticas Publicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el sector textil argentino se encuentra en una compleja situación. Las causas se encuentran en los cambios que sufrió la economía en el año 2016.

La industria se enfrenta a un acelerado ritmo de deterioro, después de años de crecimiento de la producción y las ventas en la última década. La tormenta perfecta actual tiene que ver, entre otros factores con:

• Una flexibilización en los requerimientos y procedimientos para importar mercadería barata, que en su mayoría proviene de China;

• El aumento asfixiante de los costos (principalmente de los servicios públicos), que derivó en incrementos de precios de segunda ronda.

• El fuerte retroceso del consumo, que achicó el mercado interno, afectando puestos de trabajo.

• El anclaje de un tipo de cambio que con el avance del proceso inflacionario fue perdiendo competitividad para las empresas exportadoras.

La industria textil se erigió como una de las ganadoras del anterior modelo económico. A pesar de la volatilidad intrínseca en la competitividad y las importaciones, se observó a lo largo del período un proceso instalación de nuevas firmas, de reinversión de utilidades en la cadena de valor, capacitación de mano de obra y formación de stocks. Se trata de un sector con historia en la economía local, que siempre fue perjudicado por los modelos económicos liberales-aperturistas. En cambio, los gobiernos de corte industrialista, encontraron en el sector una pieza clave del desarrollo socioeconómico del país, principalmente por la capacidad del sector de generar puestos de trabajo en estratos sociales con niveles elevados de desocupación estructural y pobreza crónica. Se calcula que el sector textil representa alrededor del 10% del empleo de toda la industria, y genera cerca de 420.000 puestos de trabajo directo, en su mayoría mujeres. Además, si bien hay grandes jugadores en el rubro, se trata de un sector con fuerte componente pyme, las cuales se encuentran distribuidas en localidades a lo largo y ancho de todo el país.

El rol del Estado en estos días se está rediscutiendo. Representantes del sector textil advirtieron que, a comienzo de 2016, las autoridades permitieron que entraran todas la DJAI que estaban pendientes de la gestión anterior. El sistema de DJAI Declaración Jurada Anticipada de Importación se trató de una herramienta utilizada para administrar el comercio exterior, de acuerdo a la situación macroeconómica en general, que para autorizar una importación tiene en cuenta la existencia de una crisis internacional, la escasez de divisas, una caída de la demanda interna y externa, etc. La intención es proteger a la industria de la competencia externa desleal o de situaciones que ameritan avalanchas importadoras para colocar excedente de producción. Por supuesto se trata de un sistema que puede presentar deficiencias, pero si la intención es cuidar la industria local lo que se debe hacer es perfeccionarlo.

Según el informe de los economistas de la UNDAV, esta apertura indiscriminada de las importaciones textiles esta desencadenando una crisis de sustentabilidad sectorial que pone en riesgo la continuidad de la producción y el empleo en diversos polos textiles del país. En el caso de Lujan, donde radica el Parque Industrial de Villa Flandria, uno de los centros de producción Pyme textil más importante del país el Consejo Deliberante de localidad declaro días atrás la emergencia del sector. El Gobierno de Chaco, estaría evaluando elevar a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que busca declarar la emergencia laboral de la industria algodonera, textil, indumentaria y confecciones por el término de 180 días.

Para echar un poco de luz sobre la dinámica más cuantitativa del sector, vamos a poner en relieve algunas de las principales variables para comprender el desempeño de la producción textil. En 2016 la pérdida en la participación de la industria local sobre las ventas internas, derivó en una merma en la utilización de la capacidad instalada (48,9% en diciembre de 2016, según INDEC) y fuerte caída en los niveles de empleo del sector.

                                 Utilización de la capacidad instalada en la industria textil

(en porcentaje)

                                           Fuente: producción propia en base a Indec.

Como puede observarse en el Gráfico de “Uso de la Capacidad Instalada – Textiles”, la mayor utilización registrada para la serie analizada (enero 2012 a enero 2017), fue del 84% en septiembre 2013. Si analizamos el promedio de los años de 2012 en adelante, el año con menor utilización de la capacidad instalada fue 2016 con 68% en promedio.

Las ventas en pesos del sector indumentaria, calzado y marroquinería tuvieron un crecimiento significativamente bajo (16% anual) de $6.125 millones de pesos a $7.112 millones, es decir 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación para 2016 de 41%. Por su parte, la ropa y accesorios deportivos crecieron de $846 millones de pesos a $1.142 millones de pesos (35% anual), quedando debajo de la inflación en 6 puntos porcentuales.

                               Ventas en el mercado interno (diciembre 2015 vs diciembre 2016)

(en millones de $ corrientes)

                                              Fuente: producción propia en base a datos de Indec.

En base al informe de la UNDAV, en términos de producción las tendencias son preocupantes. Los datos oficiales divulgados por el INDEC indican que la producción en el sector textil ya lleva 7 meses de retrocesos consecutivos con caídas mensuales promedio que superan el 15% (interanual).

                                               Producción local (enero 2016 vs diciembre 2017)

(en porcentaje)

                                   Fuente: producción propia en base a datos de Indec.

La retracción de la actividad textil se encuentra explicada por una caída en la producción de tejidos (-12% en promedio durante los últimos 7 meses) y por la baja en la producción de hilados de algodón (-25% en promedio durante los últimos 7 meses).

Con las salvedades correspondientes sobre la representatividad de las estadísticas del Indec, los datos publicados igualmente refieren que en los últimos meses la caída en la actividad fue particularmente pronunciada.

                                Estimador mensual industrial (2002 y evolución trimestral en 2016)

                                                                                 (en porcentaje)

                                              Fuente: producción propia en base a datos de Indec

Considerando la variación trimestral del Estimador Mensual Industrial (EMI) en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016 se produjo la mayor baja en el nivel de actividad textil de los últimos años. Para encontrar una caída más intensa habría que remontar la serie del EMI al 2002, año durante el cual la actividad textil cayó cerca del 38% en el segundo cuatrimestre, interanual.

 Importaciones de manufacturas textiles (2010 – 2017)

                                                  (en dólares y en kilos, a precio promedio)

                                          Fuente: producción propia en base a datos de Aduana

En el anterior cuadro, se puede notar la avalancha importadora acontecida en prendas y complementos de vestir a partir de la nueva administración iniciada el 10 de diciembre del 2015.

Con todo lo enunciado, a continuación, se presentan a modo de resumen los principales resultados empíricos encontrados por los economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda a partir del análisis exhaustivo sobre la industria textil en argentina:

• En 2016 se dio un cambio en el régimen comercial, que afectó en general a la industria local, y en particular al sector textil, en sus diferentes eslabones de la cadena de producción.

• A este contexto, se sumó un año de retracción de la actividad económica, con caída en el poder adquisitivo. En bienes de alta sustitución por calidad o posibilidad de retraso en el consumo, la recesión golpeó aún más.

• En números, la cantidad de empresas importadoras aumentó un 42%, y sus compras al exterior aumentaron un 30% en dólares. En cambio, la cantidad de empresas locales que venden productos en el exterior, bajó un 16%.

• Por tanto, a nivel interno, se registró en el último trimestre del año pasado la mayor merma en la producción desde el año 2002, del orden del 27,3% interanual.

• A esto, se suma una baja en el consumo interno de hasta 25 puntos porcentuales en términos reales, ya que los valores comerciados crecieron por debajo de la inflación.

• Por último, el impacto de este desplome sobre el empleo, implicó que se contabiliza la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo directos, en los primeros tres trimestres de 2016.

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El salario medio sería 40,2% menor si las paritarias se hubieran reducido a un ajuste de inflación, en la última década.

Un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) analiza con datos concretos el esquema planteado por el Gobierno de atar las principales negociaciones colectivas de salarios al porcentaje de avance de la inflación (esperada) para el año 2017.

En las últimas semanas estuvo muy presente en la discusión pública el caso de la paritaria docente, donde el Estado buscó instalar como posible solución la oferta de un porcentaje de aumento salarial levemente por sobre el techo de los objetivos del programa antiinflacionario de este año (17%), sumado a una cláusula adicional de ajuste automático, en caso de que ese tope se vulnere. Esta modalidad ya tuvo un antecedente concreto, a fines del año 2016, donde la Provincia de Buenos Aires acordó con los trabajadores estatales un esquema de recomposición similar, y de vigencia plena para el corriente año. Así, a los fines de robustecer la credibilidad en el cumplimiento de la meta de inflación, diferentes representantes del poder ejecutivo han instalado la necesidad de que este dispositivo de reajuste salarial también se aplique para diferentes gremios del ámbito privado. Todo esto, se enmarca en un año donde el cumplimiento del régimen de metas de inflación se erige como la línea de flotación del régimen monetario puesto en funcionamiento. A su vez, este último se constituye como la columna vertebral del programa económico, así como el eje principal para el cumplimiento de las pautas presupuestarias. No obstante, desde que la institución “paritarias libres” se restituyó en nuestro país, las negociaciones de los diferentes gremios (y, por ende, el promedio general), se distanciaron sistemáticamente del avance general de precios. A lo largo de los últimos años, la brecha fue típicamente positiva, con excepción de dos años de virtual empate y un año de deterioro. Con todo, el presente artículo tiene como propósito realizar un ejercicio empírico de medición del impacto económico de las negociaciones colectivas de trabajo sobre el salario real de los trabajadores argentinos. En particular, se busca diferenciar los avances reales en los niveles de salario, para los diferentes sectores, edades y tamaño de firma, respecto de la evolución de la inflación en igual período. Un informe realizado por economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) muestra que las paritarias posibilitaron una sustantiva suba del salario real en los últimos años, con lo cual, en caso de haberse aplicado una mera indexación inflacionaria, el poder adquisitivo de los salarios sería sensiblemente menor.

El siguiente ejercicio empírico parte del uso de un índice de precios de referencia para todos los períodos analizados. En particular, se escoge el índice de la Consultora Bein y Asociados, a los términos de sortear problemáticas referidas a una posible subestimación de la inflación oficial para el período 2007-2015. Por su parte, para cuantificar los avances en el nivel salarial, para el nivel general promedio se utilizó el informe sobre el “Estado de la negociación colectiva”, que presenta la oficina de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS. En cambio, para la dinámica sectorial se tomó información de mercado relevada en cada sindicato o cámara específica. Por último, en relación al análisis de estratificación del mercado laboral (género, edad, tamaño de la firma empleadora, etc.), se utilizó la serie anual del Boletín de Remuneraciones de los Trabajadores Registrados, publicado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS.

En base a estos parámetros, a continuación, se expone la primera relación, a partir de la cual se compara la paritaria media de la economía con la que hubiera surgido de ajustar salarios por medio de un índice de inflación.

                                               Evolución de las paritarias y la inflación 2006-2016

(en % interanuales)

              Fuente: Producción propia en base a MTEySS e índice de inflación Consultora Bein y Asociados.

Como se puede notar en el gráfico, en el lapso de los últimos diez años, el efecto de pérdida de poder adquisitivo se ha acumulado paulatinamente. En números, el deterioro hipotético sobre los salarios sería del 40,2% en caso de que se hubiera ajustado por inflación en vez de celebrarse paritarias. Cabe aclarar que este número cae al 31,3% cuando se incluye el último año (2016), donde se verificó una caída de salarios reales en torno al 7%. Este resultado está determinado por la sistemática diferencia entre la variación porcentual de la negociación colectiva media y la inflación finalmente efectiva para cada año. Este diferencial, ha sido favorable para los trabajadores en ocho de los diez años que van entre 2006 y 2015.

Otro aspecto interesante analizado por el Informe de la UNDAV es el relativo a las jubilaciones. Como se sabe, la fórmula polinómica a partir de la cual se calcula cada aumento semestral, tiene en cuenta la recaudación general, el coeficiente de variación salarial, los recursos de Anses y un indicador del avance de precios. Ahora bien, así como se examinó para el caso de la paritaria media de la economía, se puede trasladar al ajuste previsional en el período del interés. En particular, a continuación, se muestra un análisis de sensibilidad del coeficiente de ajuste jubilatorio respecto al desempeño de las negociaciones colectivas. Esto es, se expone la evolución del haber mínimo en función a la Ley de Movilidad Previsional y se lo compara respecto de aquella que hubiera resultado si la recomposición de los salarios hubiera avanzado tan sólo al ritmo de la inflación.

                       Evolución de la movilidad jubilatoria actual y ajustada por salarios 2008-2015

                                                                      (en pesos corrientes)

                     Fuente: Producción propia en base a Anses

El gráfico busca exponer el diferencial del 21,7% alcanzado entre la jubilación mínima vigente desde septiembre de 2015 (de $4.299) y aquella que hubiera resultado de aplicarse en la fórmula meramente un ajuste por inflación ($3.655). Este diferencial, implica que los jubilados hubieran perdido un 20% de haber mínimo (a finales de 2015) en caso de no haberse producido el proceso virtuoso de paritarias libres en Argentina.

Con todo lo enunciado, a continuación se presenta, a modo de resumen, los principales resultados empíricos encontrados por los economistas de la Universidad de Avellaneda a partir del análisis de inflación y negociación colectiva de trabajo:

En las últimas semanas, estuvo en debate la posibilidad de atar las principales negociaciones colectivas de salarios al porcentaje de avance de la inflación (esperada) para el año 2017.

Independientemente del debate sobre la representatividad del índice, un ejercicio retrospectivo muestra que, de haberse aplicado ese criterio en la última década, el ingreso medio de los trabajadores registrados se hubiera reducido en un 40,2%.

Más aún, el efecto se potencia entre las trabajadoras mujeres, entre los trabajadores de más de 56 años y entre los trabajadores de las empresas de menor tamaño.

Asimismo, dado el cálculo del índice de movilidad jubilatoria, se encuentra una sensibilidad ante la evolución media de los salarios. En particular se hubiera producido un deterioro del haber mínimo del 21,7% en caso de que las paritarias libres se hubieran reducido a un ajuste por inflación.

Cuando se analiza en el detalle por sector, gremios como aceiteros (72%), metalúrgicos (54,8%) y transporte (46,3%), se muestran como los que mayor deterioro real hubieran presentado en caso de no haberse celebrado la negociación colectiva.

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Crisis láctea: SanCor y la Serenísima cierran plantas en Córdoba y Santa Fé

SanCor prácticamente quebrada no logra superar la crisis que en 2016 le generó pérdidas por $2.421 millones. La Serenísima acaba de anunciar, a través de un comunicado, que el 31 de julio cerrará su planta clasificadora de la ciudad santafesina de Rufino.

Según un informe realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el sector lácteo se encuentra en uno de sus peores momentos históricos. Este escenario no sólo afecta a los productos procesados de mayor agregación de valor, sino que también ya empezó a reducir la demanda de leche líquida y en polvo. A su vez, a nivel nacional, la situación económica se vio marcada por cambios en las autoridades gubernamentales, factores climáticos adversos, caída en el consumo por la disminución en el poder adquisitivo, alta inflación que encareció los costos logísticos y de las materias primas, y ausencia de políticas públicas paliativas ante el deterioro de la situación sectorial.

SanCor en el borde del precipicio

SanCor luego de haber cerrado en junio de 2016 un balance anual con pérdidas por $2.421 millones, con un crecimiento exponencial respecto de los quebrantos de $447 millones en 2015, y $263 millones en 2014, no logró revertir esta situación y aportar una solución inmediata a una crisis que no es nueva.

Debido a la crisis financiera que atraviesa la empresa liberó cheques sin fondos a proveedores por $280 millones, además, se registraron atrasos en los pagos de los salarios en una planta permanente de 4.000 empleados.

Las autoridades de SanCor dejaron trascender que están gestionando un crédito millonario, provisto por un consorcio de bancos, para capear el rojo financiero de la cooperativa.

Desde el Gobierno, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, mantiene su postura de negarle planes de salvataje y sostiene que si es necesario la empresa vaya a concurso de acreedores.

El anuncio de La Serenisima

Mastellone Hnos., dueño de La Serenísima, anunció a través de un comunicado que el 31 de julio cerrará su planta clasificadora de Rufino, en la provincia de Santa Fé.

En el comunicado que difundió la empresa y al cual Primereando tuvo acceso, señala que "lamentablemente, durante los últimos años, la conjunción de varios factores provocó una importante caída en la producción nacional, afectando el nivel de actividad de todo el sector en general y de nuestra empresa en particular".

Entre los factores que menciona Mastellone los cuales ocasionaron esta significativa disminución en la recepción de materia prima, se enumeran los siguientes: Estancamiento en la producción lechera nacional; Competencia con empresas que operan en la marginalidad; Adversidad climática significativa. Estos factores hacen que la planta no está en condiciones de procesar la cantidad mínima de leche para ser sustentable operativamente.

Contrariamente a lo que la mayoría de los dirigentes del sector pensaron cuando asumió Mauricio Macri, la producción de leche en el 2016 cayó un 13% pasando de 11.000 a 9.500 millones de litros. Por esta razón, Confederaciones Rurales (CRA), que apoyó a Macri en las elecciones de 2015, se refirió al tema en términos muy fuertes: "En lechería, la política ha sido la falta de política", subrayó la entidad que conduce Dardo Chiesa.

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¿Cuanto cuesta mantener un auto tras los últimos aumentos?

Según un informe realizado por economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), mantener un vehículo se incrementó un 50,3% en el último año.

Tener un auto propio representa en muchos casos un estilo de vida, una cuestión de fuerte arraigo cultural o simplemente un comportamiento aspiracional. No obstante, en otros casos, contar con movilidad propia se vuelve casi una necesidad básica para emprender determinadas actividades productivas del día a día, o por simple escasez de otros medios públicos de conectividad. Por esto, el automóvil representa un bien cuya utilidad y productividad muchas veces excede aquella subyacente a un mero bien de reemplazo del transporte público convencional.

En el último año, se ha observado un fuerte incremento en los costos de mantener un vehículo. Ítems como combustibles, patentes, peajes, seguros, entre otros, mostraron aumentos por encima de la evolución salarial. La mayoría de los incrementos registrados se deben a una serie de decisiones políticas que impactaron de lleno en los costos reales de. La quita de subsidios, liberalización de la competencia en los mercados o, simplemente, los “sinceramientos de precios”, impactaron de lleno en el costo de sostener la utilización de una unidad vehicular. Si bien los costos de los bienes y servicios se han incrementado transversalmente en todos los rubros y sectores, el impacto mayor es para los sectores populares, cuyos ingresos no han podido acompañar la escalada inflacionaria. Esto ha implicado que el auto propio se constituya virtualmente en un “bien de lujo” para los sectores populares, muchos de los cuales deben usarlo para trabajar diariamente, moverse en la ciudad o transportar a la familia.

El informe de la UNDAV expone un relevamiento sobre los costos de mantener un vehículo, en el último año, de acuerdo a diferentes categorías de automóviles de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. La canasta se construyó, por tanto, a partir de una serie de bienes y servicios que se consideran como básicos para mantener el vehículo en condiciones mínimas de circulación. A continuación, se comentan algunos de los principales resultados obtenidos.

En el ejercicio simplificado llevado adelante, se tomó el caso de una persona que reside a 30 km del lugar de trabajo, que debe recorrer 60 km diarios para ir y volver, en un total de 22 días laborales al mes. También se considera que abona peaje. tanto de ida y de vuelta, mientras que a su regreso guarda el vehículo en una cochera. El siguiente cuadro resumen, da cuenta de los principales resultados del armado de la canasta seleccionada. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Como se puede observar, el costo total se modifica sustancialmente dependiendo de la gama del automóvil. Lo paradójico del caso es que los incrementos entre 2016 y 2017 se presentaron de manera más pronunciada en la gama baja y media que en gama alta de vehículos. Por tanto, el resultado ilustra que fueron los poseedores de automóviles de más antigüedad, mayor deterioro y menor valor de reventa, aquellos que soportaron la parte más significativa del peso de los incrementos. Por lo tanto, lo que se desprende del cuadro es que mantener un auto “de consumo popular” registró un mayor incremento que las demás unidades más onerosas. A principios de 2016, el costo total de una unidad “barata” ascendía a $7.035 aproximadamente, mientras que se trepó a más de $10.733 a principios de 2017 (un 52,7% de aumento). El segundo lugar en el orden de los aumentos anuales, lo ocupan las unidades gama media, cuyo costo de mantenimiento pasó de ser $8.397 en 2016 a $12.621 en 2017, esto es, un 49,3% de incremento. Por último, los gastos relativos a los automóviles de alta gama, presentaron un aumento de 44,5%. Este avance fue producto de un alza de $13.710 a $19.806, en la sumatoria de los ítems anteriormente expuestos. Con todo, se puede apreciar que los sectores de la población de estratos medios y bajos fueron los más perjudicados. Los primeros, debido a que los automóviles de baja gama, usualmente consumido por la clase media, presentaron el mayor incremento de valor. Por su parte, los sectores menos desfavorecidos, también se ven impactados por los costos de manteniendo, ya que sufren los “incrementos de segunda ronda”, producto del traspaso de los aumentos desde comerciantes y productores hacia el eslabón más débil de la cadena.

Si analizamos la variación de los ingresos por deciles, tomando el decil 6 como característico de un consumo de autos de gama baja, el 8 para la gama media y el 10 para la gama alta, se encuentra que en las dos primeras categorías el costo total de mantenimiento aumenta a mayor velocidad que el incremento en los ingresos individuales. Por su parte, el indicador de cobertura, presentado anteriormente disminuye en los dos estratos más bajos. No obstante, para el caso del decil 10 (la gama más alta) sucede lo contrario: el promedio de los ingresos aumenta más que el incremento en los costos y el grado de cobertura mejora para los sectores de altos ingresos.

Con todo lo enunciado, a continuación se sintetizan los principales resultados empíricos hallados por los economistas de la Universidad Nacional de Avellaneda.

.Por la liberalización de tarifas de bienes y servicios regulados, la canasta de bienes y servicios requerida para mantener un vehículo personal se incrementó, en promedio, en un 50,3% en 2016. Esto es, casi 10 puntos por encima de la inflación del período.

.Si se discrimina por diferentes segmentos de automóviles, se encuentra que la canasta para los vehículos de gama baja aumentó casi 8 porcentuales por sobre los de gama más alta. Esto da cuenta de un deterioro proporcionalmente mayor en el poder adquisitivo de los estratos medios.

.Los aumentos, estuvieron mayormente traccionados por peajes y lavaderos (subieron más que un 100%), así como también por los costos del seguro y de estacionamiento (aumentaron su precio por encima de la inflación). .Si se compara los incrementos en los costos con el avance del salario medio del último año, se encuentra un deterioro en la “cantidad de salarios medios” que se necesita ganar para mantener un vehículo personal.

.Si se compara los incrementos en los costos con la distribución del ingreso, se encuentra que aquellos deciles más propensos al consumo de autos de gama alta fueron los únicos que mejoraron la relación entre el costo de la canasta para mantener un vehículo personal y la cantidad de salarios medios.

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Informe de la UNDAV demuestra la mayor crisis en el sector lacteo desde 1970

Por el desplome en el mercado interno y las exportaciones, se registró la mayor caída en la producción desde 1970.

Según un informe realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el sector lácteo se encuentra en uno de sus peores momentos históricos. Este escenario no sólo afecta a los productos procesados de mayor agregación de valor, sino que también ya empezó a reducir la demanda de leche líquida y en polvo. A su vez, a nivel nacional, la situación económica se vio marcada por cambios en las autoridades gubernamentales, factores climáticos adversos, caída en el consumo por la disminución en el poder adquisitivo, alta inflación que encareció los costos logísticos y de las materias primas, y ausencia de políticas públicas paliativas ante el deterioro de la situación sectorial.

Los economistas de la UNDAV marcan que la producción primaria de leche se redujo estrepitosamente. La caída en la producción del 2016 (-14,2%, interanual) fue la más pronunciada de la serie completa (desde 1970). Según datos de la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria la producción primaria de leche en el 2016 alcanzó los 9.711 millones de litros. Por su parte, en el período analizado, el desplome en la producción del 2016 solo resulta asimilable a la caída en la actividad de 2002 (en el periodo inmediato posterior a la crisis económica, política y social del gobierno de La Alianza). Incluso este año (2002) exhibió una merma menos pronunciada (-10%, interanual).

Por otro lado, la producción de leche industrializada en estado líquido (pasteurizada, esterilizada, entera, descremada, etc.) pasó de 2.772 millones de litros en 2015 a 2.477 millones en 2016. Estos números en porcentajes significan una merma de 11,7%, interanual. La producción industrial de leche en polvo entera se desplomó más de un 40% y la de leche descremada 11,9%. Con todo esto, la producción de leche en polvo entera se contrajo en más de 100 mil toneladas, interanualmente. Subproductos como la manteca (-24,2%), quesos (-5,8%), yogur (-5,6%), crema (-4,8%) y dulce de leche (-4,2%) también experimentaron descensos en la producción, aunque con distintas intensidades en cada caso.

Por el lado del consumo, la demanda de leche fluida per cápita medido en litros cayó desde un promedio mensual de 44 litros consumidos durante el 2015 a 40 litros en 2016. La mayor parte de la caída es explicada por la situación de la leche pasteurizada consumiéndose casi 6 litros menos de este producto en 2016, interanual (- 20%). Por su parte el consumo de leche esterilizada creció 15% y la de leche chocolatada disminuyó 10%. En el agregado, el consumo de leche fluida cayó 9,3% de un año a otro. Analizando la evolución anual, el consumo per cápita de leche pasteurizada del 2016 se ubicó en niveles exiguos en términos históricos siendo incluso más bajo que el vigente en el periodo de la crisis económica del 2001/2002.

Por su parte, el comercio exterior también mostró un deterioro como consecuencia de una disminución interanual en las exportaciones lácteas cercana al 40%. Las exportaciones de leche y derivados totalizaron 712 millones de dólares, cifra menor a los USD 1.173 millones exportados durante el 2015. El principal producto de exportación del sector lácteo es la leche en polvo, la cual sufrió una caída significativa durante 2016 de más del 50%. Nuestro producto de mayores ventas al exterior, la leche en polvo, tuvo en 2016 a Brasil como su principal destino. Sin embargo, la caída en las exportaciones de leche en polvo no se explica por la recesión brasilera sino por la estrepitosa caída de las ventas a Venezuela por más de 380 millones de dólares, lo cual redundó en una pérdida de más de 400 millones de dólares con respecto a 2015 en el mercado de la leche en polvo.

Por el lado de las importaciones, el escenario también es preocupante. Si bien las mismas explican una porción ínfima respecto de nuestras ventas al exterior, no es menos cierto que en el último año se incrementaron notablemente. Este crecimiento del 43,6% en millones de dólares importados y de casi 56% en cantidades, es indicativo de que el sector empezó a sustituir parte de su producción por compras en el exterior.

Por su parte, la cooperativa Sancor se encuentra atravesando la peor crisis desde que inició sus actividades en 1938. Las exportaciones de la firma cayeron un 60% (en 2016, con respecto a 2015), su producción se redujo un 30% y el balance del 2016 arrojó una pérdida superior a los 2.400 millones de pesos. Este repentino escenario de contracción interna y externa agravó la situación de la compañía. Con ausencias de políticas públicas de parte del Estado Nacional para ayudar al sector en general y a la empresa en particular, peligran no solo una de las empresas nacionales más importantes de producción láctea y derivados, sino que también lo hacen cerca de 4.000 puestos de trabajos directos y el doble de indirectos.

Ignorar la problemática actual del sector lácteo argentino y de Sancor dentro de éste, es un error de prioridades de política económica a nivel estructural. El desarme de la empresa (como ya se ha venido viendo con las ventas de su línea de postres y la reciente venta de Sancor Bebé) a manos de capitales internacionales, consolida un esquema económico que prioriza la importación de bienes a bajos precios y capitales internacionales en desmedro de trabajo y producción nacional.

Descargá el informe completo acá.

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Los factores perniciosos de la modificación al régimen de ART

Un reciente informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) analiza las modificaciones establecidas por decreto por parte del gobierno nacional al régimen de las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART).

El reciente decreto de necesidad y urgencia del poder ejecutivo, relativo a la modificación de la Ley de ART concitó un amplio debate en la opinión pública. Por un lado, gravitaron los aspectos formales e institucionales, habida cuenta de que existía en el Congreso un proyecto de ley con media sanción del Senado vigente. Las críticas sobre el camino elegido para la modificación de la ley fue lo que, en gran medida, determinó la decisión de –una vez más- dar marcha atrás en un DNU y zanjar la discusión en el Congreso. Por fuera de los debates de superficie sobre la inconveniencia de elegir el atajo del decreto de necesidad y urgencia, en este artículo nos resulta importante llevar adelante una evaluación integral del actual régimen de ART y los efectos que tendría la nueva ley, en caso de sancionarse.

Según el análisis de los economistas de la UNDAV, el cambio en el régimen actual que impulsa Cambiemos avanza contra uno de los derechos civiles más fundamentales de las personas, impidiendo su acceso a la justicia, al complejizar el reclamo por el daño causado a su salud. El procedimiento administrativo le genera al trabajador un cúmulo burocrático de exigencias que no tiene ningún tipo de relación con cualquier otro daño que en el marco del derecho civil le podría efectuar un ciudadano a un tercero. En particular, se enmarca en un evidente proceso de flexibilización laboral, que mejora la posición relativa de las empresas (en particular de las ART), en detrimento de los trabajadores. En este punto es importante reflexionar que la litigiosidad no es una concesión graciosa a la que acceden los trabajadores, sino que tienen una causa concreta y gravosa para su bienestar personal. Esto tiene que ver con la cantidad de enfermedades laborales que las ART actualmente no reconocen, lo cual obliga a los trabajadores a accionar judicialmente contra las mismas.

La pérdida de derechos en base al nuevo decreto se configura a partir del aumento de la burocratización en el acceso al reclamo indemnizatorio. Es que el nuevo procedimiento obliga al trabajador a transitar por una comisión médica jurisdiccional (o local), y eventualmente a una instancia de apelación ante una comisión médica central. Recién después agotadas estas dos instancias, se puede recurrir a la justicia laboral. Este mecanismo ralentizará el reclamo y desincentivará a muchos trabajadores siniestrados a iniciar el proceso de demanda.

En relación a los profesionales de la salud, otro de los puntos polémicos del DNU es que concede a los titulares de las comisiones médicas atribuciones impropias, de carácter jurídico, como ser la determinación legal de la naturaleza de la lesión sufrida por el trabajador. Si esto se conjuga con el hecho de que los médicos de las comisiones no cuentan con una estabilidad laboral concursal, sino que dependen de las SRT, se enciende una clara luz de alarma. Ocurre que en la determinación de los profesionales suelen tener una participación importante las ART, que influyen por medio de políticas de lobbie, posicionando a quienes le son afines. Más aún, lo más probable para la dinámica futura de funcionamiento de estas comisiones es que trabajador no vaya a contar con un médico de parte que lo asista en las comisiones médicas, mientras que las ART sí contarán con un profesional propio que objete el grado del siniestro incurrido.

Según el informe de la UNDAV, otro aspecto no menor es el problema de la escasez de comisiones médicas en la gran mayoría de las provincias (en 14 hay una única comisión médica). Esta falencia, va a sumar un condimento extra de rigideces en la instancia primaria de realización del reclamo. Un detalle no menor es que todas denuncias que actualmente son dirigidas hacia la justicia laboral, bajo el nuevo sistema van a derivarse a las comisiones médicas, lo cual puede generar un cuello de botella peligroso. Por otro lado, cabe destacar que el esquema de comisiones para los profesionales letrados que asisten a los trabajadores en el proceso judicial, también va a tener una contradicción perniciosa. Esto se debe a que se pasa a eliminar la ligadura de los honorarios de los abogados al trámite subyacente, por lo cual se anulan también los incentivos de buena parte de los estudios jurídicos a tomar nuevos casos de demandas por incumplimiento de las ART. Con todo, uno de los mayores riesgos a futuro será la posible desviación por parte de las ART de las enfermedades laborales (aquellas que son producto del deterioro físico y mental del trabajador por la función ejercida), pasándolas a considerar como patologías pre existentes. Por tanto, uno de los efectos distorsivo que se especulan por estos días es que las ART busquen derivar su cobertura hacia las obras sociales.

En relación a la rentabilidad del mercado asegurador en general, se viene verificando un marcado crecimiento en los últimos años. La rentabilidad del total del mercado asegurador se incrementó un 332% desde el año 2012, producto de la incorporación de más clientes a las diferentes carteras de productos y servicios que este sector ofrece. Estos nuevos asegurados, en gran medida, se explican por trabajadores que, por un lado, se han incorporado al empleo formal y pasaron a tener una cobertura de Riesgos de Trabajo. Por otro lado, no es menor el efecto de mejora en el poder adquisitivo para buena parte de la población, lo cual permitió acceder a servicios ni básicos, como son los seguros, tanto personales como patrimoniales. En este contexto, donde se pone en discusión la rentabilidad de las empresas que brindan el prestan seguros por riesgo de trabajo (aporte obligatorio que deben afrontar las patronales), es importante analizar la evolución que tuvo dicho sector, en comparación al resto del mercado y en años anteriores.

Para poder dimensionar de manera apropiada el sector asegurador de riesgo de trabajo los economistas de la UNDAV comparan su desempeño con el resto del mercado. El primer factor a observar es el de un crecimiento de los resultados del ejercicio (en relación al patrimonio) aún mayor que el que mantiene el mercado en su totalidad. En el último año las ART mantuvieron una relación de 11,31 de lo ganado en relación a su patrimonio, mientras el resto de las aseguradoras sólo tuvo una relación de 9,06. Esta diferencia se explica en el crecimiento que el desempeño de las aseguradoras de riesgos de trabajo por sobre el total de los resultados, es decir que éstas últimas han ganado mayor terreno que los demás segmentos de negocios. El fenómeno inverso ocurre con los gastos en concepto de comisiones, en relación a las primas emitidas, ya que las ART destinan casi tres veces menos de sus ingresos a remunerar a los productores de seguros y agentes institorios, dada la naturaleza obligatoria de la cobertura en cuestión. El siguiente cuadro, expone estos resultados.

Fuente: Producción propia en base a SSN

En definitiva, para el informe de la Universidad de Avellaneda, lo que parece buscar el oficialismo es desmantelar un sistema que tiene su fuerte en la suficiencia de su cobertura, ya que garantiza a los casi 10 millones de trabajadores asegurados la posibilidad de reclamar en vía judicial en caso de considerarse perjudicado. En los últimos años, el régimen de ART no ha dejado de ser rentable, lo cual se demuestra por el análisis contable expuesto, donde se observan sistemáticas mejoras en sus relaciones de ganancias y gastos. Por otro lado, los números en materia de eficiencia en la prevención de la siniestralidad también son auspiciosos, ya que los indicadores de salud laboral muestran constantes mejoras (por ejemplo, ha bajado casi un 27% la incidencia de la siniestralidad en los últimos 10 años). Si bien nadie niega que la judicialización espuria tiene que ser mitigada con medidas concretas, los cambios en la presente ley parecen dar más respuesta al lobbie empresario, que busca maximizar la rentabilidad de las aseguradoras, que a la existencia de una real situación terminal del sistema desde el punto de vista de su sustentabilidad.

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La Canasta Básica Escolar: un 69% más cara que el año pasado

El análisis de la canasta básica escolar es uno de los temas que siempre están en el candelero en esta época del año. Este año, cobra aún mayor relevancia cuando el incremento de dicha canasta se considera en el marco del proceso inflacionario en curso. El mismo, mostró su pico más algo durante el 2016 y muestra sustanciales señales de replicarse en el corriente año. Por otro lado, la caída del consumo global, afecta contra diferentes comercios PyME, que tienen que cerrar sus puertas, y se potencia el efecto de concentración en los canales de venta minorista.

Un Informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) muestra las variaciones de precios de la canasta básica escolar para el período febrero 2016 – febrero 2017.

Como se puede observar en la tabla que sigue los productos que componen la canasta básica escolar tuvieron incrementos significativamente mayores a la inflación anual para igual periodo. De los 18 productos seleccionados, 11 de ellos (el 61%) presentaron aumentos mayores al 41% de inflación, tomando como referencia el índice de precios al consumidor para la Capital Federal. También puede verse que sólo uno de estos redujo su precio en el periodo que va desde febrero de 2016 a febrero de 2017. Dentro de los productos de la canasta básica escolar algunos productos más que duplicaron sus precios, interanualmente. En efecto, los precios de crayones, marcadores, tijeras y cuadernos aumentaron más del 100%.

Si analizamos la incidencia que tienen algunos de los anteriores productos sobre el costo total de la canasta, se encuentra que la mayor parte del mismo (76%) se explica por el precio de la mochila escolar (que tuvo un incremento interanual del 65%) y del guardapolvo (con un aumento del 90%). Como se sabe, ambos elementos son indispensables para el comienzo de las clases. Agregando la totalidad de los artículos, se consolida el costo total de la canasta básica escolar, que pasó de febrero 2016 de $980,74 a febrero 2017 a $1653,58, lo que representa un incremento interanual del 69%.

Por otro lado, si se analiza el poder de compra del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) – que pasó de $6060 a $8060 – y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) – de $837 a $1103 – respecto a la Canasta Básica Escolar, se registran pérdidas en la capacidad de compra en cantidades. Ocurre que en el periodo febrero 2016 – febrero 2017, la cobertura del SMVyM sobre la Canasta Básica Escolar disminuyó de 6,18 veces a 4,87 veces (es decir, con un SMVyM se pueden comprar 1,3 canastas menos en el 2017, comparado con 2016), mientras que la AUH pasó de 0,85 de cobertura a 0,67.

De este modo la canasta básica escolar para el corriente año se caracteriza por contener incrementos en los precios de los productos que la componen que se ubican marcadamente por encima de la inflación general (tanto la anualizada a la fecha, como la proyectada para los próximos meses). En tanto, como viene sucediendo para la generalidad de los precios de la economía, los aumentos no poseen correlación con las mejoras salariales que se produjeron hasta el momento. En un contexto de inflación cercana al 70% para los útiles, de una actualización insuficiente de los ingresos nominales de los trabajadores, y con un escenario de merma generalizada en las ventas minoristas, el panorama para las librerías y comercios dedicados a la venta de artículos escolares resulta poco alentador.

En un contexto en el que los márgenes de ganancias se incrementan para pocas empresas y los precios aumentan en la medida que hacen caer el poder de compra real de los salarios (en el orden del 22% respecto a la canasta escolar), la reactivación de la discusión paritaria cobra primordial importancia. Si no se implementan aumentos en los salarios que recuperen el poder de compra perdido en el año 2016 por el proceso inflacionario (recordemos que la pérdida salarial en el 2016 dependiendo del sector se dio entre el 10 y 15% en la mayoría de los casos, y para sectores con menor poder de negociación, de un 20%) y cubran los incrementos futuros, no solo la canasta escolar será más cara, sino todos los bienes y servicios de la economía, deteriorando el salario en términos reales.

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Barralle impulsa la llegada de la Universidad a San Vicente

"Hoy el predio está identificado con las fiestas populares de nuestro municipio, y es importante recalcar que la iniciativa pretende conservar ese espíritu, e inclusive mejorar los servicios para esos encuentros de los vecinos", señaló Diego "Chapu" Barrale.

El postulante a la jefatura comunal explicó que además se buscará "aprovechar la extensión del espacio para la construcción de ese polo educativo donde pueda haber aulas destinadas a la Universidad y a la escuela de artes y oficios, lo que es un gran paso en materia de educación e inclusión para los sanvicentinos".

"Tenemos también la posibilidad de construir una pista de atletismo para que los docentes de Educación Física puedan llevar a los alumnos al entrenamiento del deporte olímpico. Se trata de un proyecto global que invierte en potencial de crecimiento para todo el municipio", agregó.

Por su parte, Jorge Calzoni manifestó que "la posibilidad de que los pibes no tengan que trasladarse a otro lugar para estudiar, estimula el crecimiento propio".

"Yo creo que Diego le va a dar un gran impulso a San Vicente, que entre otras cosas va a necesitar formación. Esto provee la articulación de un motón de vínculos, con los sectores de la educación media, con los terciarios, con los docentes, los no docentes", enfatizó Calzoni.

Entre sus principales objetivos del proyecto se encuentra la creación de una institución de educación superior donde se dictarán carreras universitarias, un centro de investigación tecnológico, un polo de capacitación que contará con una escuela de artes y oficios, y un centro de inclusión educativa donde se realizará el plan FinEs.

A su vez, se propone la construcción de una Plaza Cívica que proporcione un marco de valoración a los edificios y al predio en el cual se acostumbra a disponer un armado de ferias y donde se desarrollan festejos tradicionales de San Vicente.

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Inauguran Centro de Consulta Jurídica

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, inauguró hoy un centro de consulta jurídico en la Universidad Nacional de Avellaneda junto al intendente local, Jorge Ferraresi, y destacaron que es "un orgullo que pueda existir en una de las nuevas universidades creada durante los últimos años en los que se han podido recuperar cada vez más derechos".

Acompañados también por el rector de esa casa de altos estudios, Jorge Calzoni, Álvarez y Ferraressi dejaron ianugurado hoy el centro de consulta jurídico número 35, que forma parte de la red desplegada en todo el país por la editorial jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación, Infojus, y permitirá que más ciudadanos puedan consultar los servicios que brinda Infojus mediante una atención personalizada.

En ese marco, Álvarez informó que además están lanzando de forma gratuita "un código comentado para la implementación del nuevo Código Civil y Comercial, que será la llave para poder comprender de qué se tratan los 2.600 artículos, más allá del debate que se dio en el país".

Para Ferraresi es una satisfacción poder inaugurar el nuevo centro jurídico en la Universidad de ese distrito, porque "la nuevas universidades del conurbano son un hito, ya que el promedio de primeros estudiantes universitarios de estas universidades está en el 80 por ciento, lo que demuestra la realidad de nuestros vecinos que recuperaron derechos".

"Acá hay alumnos que han terminado su secundario a través del FINES y pueden ingresar a la universidad saldando deudas históricas con la sociedad", resaltó el intendente de Avellaneda.

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