Y aunque esa no haya sido su intención inicial, el gobierno empieza a habilitar la vuelta por goteo de un grupo sospechado de realizar operaciones políticas, blindajes judiciales y pagos encubiertos. Un stato quo consolidado a lo largo de los años, y que tuvo al mítico Jaime Stiuso como uno de sus protagonistas centrales. Ahora, con ánimo revanchista hacia el kirchnerismo y cierta funcionalidad táctica para el gobierno, Stiuso regresó a la Argentina. Y de la mano de este ex Director General de Operaciones y espía desde 1972, también volvieron algunos agentes de inteligencia y operadores judiciales desplazados.

De entrada, Mauricio Macri puso a un inesperado dúo al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (la AFI, ex SIDE). Como jefe de la AFI designó a su amigo Gustavo Arribas, cara visible de un grupo dedicado a la compra y venta de de jugadores, y a su vez sospechado de incurrir en maniobras de lavado. La segunda de la AFI es Silvia Cristina Majdalani, quien compensa el desconocimiento de Arribas sobre el mundo de la ex SIDE. Alias La Turca, la ex menemista Majdalani (fue fiadora de Carlos Menem cuando estuvo preso por sus cuentas en Suiza) tiene familiaridad directa con un sector de la vieja guardia de espías echados. En particular, con el ex número dos de la ex SIDE, Francisco “Paco” Larcher, echado por Cristina Kirchner hace poco más de un año.

Tras la designación de Arribas y Majdalani, y si bien el macrismo había prometido romper con ese pasado, la jefatura de la AFI puso como director de Finanzas al contador Juan José Gallea, un personaje muy cercano al ex subjefe de la SIDE en tiempos de la Alianza, el abogado Darío Richarte. De hecho, Gallea ocupó ese mismo cargo durante el gobierno aliancista y quedó envuelto en el escándalo de pago de coimas al Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral.

Ahora, Gallea y Richarte juegan para un macrista en ascenso: Daniel “el Tano” Angelici, presidente de Boca y dirigente cada vez más influyente en la Justicia federal, un área que a partir de un decreto presidencial se quedó con el manejo de las pinchaduras telefónicas. A tal punto llega la sociedad con Angelici, que Richarte integra la comisión directiva de Boca. La indomable Elisa Carrió ya se quejó en público de que Angelici quiere “manejar Comodoro Py”.

La ONG La Alameda (liderada por el legislador Gustavo Vera, uno de los voceros informales del Papa Francisco) denunció a Gallea por el supuesto manejo de fondos del Estado a través de sociedades anónimas. Según La Alameda, la actual esposa de Stiuso, María Cecilia Rossero, figura como empleada de dos empresas de Gallea y Richarte. Según informó Perfil, a su vez Gallea y Darío Richarte son socios en Magnum Sabores Argentina SA.

Richarte además logró colar a un abogado de su cartera informal como nuevo titular de la Inspección General de Justicia: Sergio Brodsky, ex subsecretario de la Facultad de Derecho de la UBA durante la gestión de Richarte como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.

Por último, sumo un breve relato personal: el 12 de febrero pasado, por pedido del abogado de Jaime Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, me citaron a declarar en Comodoro Py. En resumen, el juez federal Luis Rodríguez decidió convocarme a raíz de una nota que escribí para el diario Perfil el 20 de diciembre pasado, en una vinculación bastante forzada con la causa de los Leakymails, sitio web que en el año 2011 publicó mails y correspondencia privada de funcionarios, periodistas y jueces. Mi nota refería a la inminente vuelta de Stiuso, y no tenía prácticamente punto de contacto con la investigación de Rodríguez sobre los Leakymails.

De todas formas, el abogado de Stiuso pidió que me llamaran porque, según argumentó, una de las fuentes citada en el artículo podía encerrar una supuesta “amenaza velada” para su representado. En el juzgado de Rodríguez, entonces, me solicitaron que revelara mi fuente: me negué y así quedó establecido.

El juez Rodríguez es integrante de la escudería alineada con los servicios de Inteligencia. Y la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman podría quedar en sus manos, una vez que sea transferida al fuero federal.

El flamante ministro de transporte, Guillermo Dietrich, hizo uso del helicóptero presidencial para uso personal y estalló el escándalo.

Cámaras fotográficas tomaron el momento en que Dietrich descendió de la aeronave, que aterrizó en la cancha de polo del country Chacras de Murray, en Pilar.

El ministro había alquilado una casa en el verano y el helicóptero presidencial lo acercó para comenzar el descanso de fin de semana.

El viajecito del funcionario macrista ocurrió el sábado 13 de febrero pasado, tras un acto que Dietrich compartió en Quilmes con Mauricio Macri, por la inauguración de un tramo del Roca.

Según fuentes cercanas al ministro, el propio presidente de la nación, Mauricio Macri, en un gesto de amabilidad lo acercó hasta su lugar de descanso.

Voceros oficiales aseguraron que después del acto en Quilmes, Macri viajaba a su quinta Los Abrojos, en Los Polvorines, y se ofreció a “acercar” a Dietrich a su country en Pilar. Incluso, dijeron que el propio Presidente estaba dentro del helicóptero.

Hay quienes piensan que en realidad el presidente y el ministro estarían ensayando posibles métodos de escape en caso de crisis, consejo que le habría recomendado su amigo personal, el ex presidente Fernando De la Rúa.

Un dato que no habrían tenido en cuenta ni ministro ni mandatario, es que el helicóptero presidencial aterrizó en una cancha de polo de un country, que no tiene habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), el único organismo que puede otorgar esas autorizaciones.

En los listados oficiales de la Anac no figura la cancha de polo del country Charcas de Murray como uno de los helipuertos autorizados. A pesar de esto, una fuente de Pilar indicó que es “muy habitual” que helicópteros aterricen en ese lugar.

“Legalmente no se puede aterrizar ahí, los terrenales no podemos hacerlo”, explicó un experimentado piloto.

Más allá de lo estrictamente normativo, hay un tema aún más grave que atañe a la seguridad presidencial. Las fuentes analizaron la imagen del helicóptero y alertaron sobre la cercanía del lugar de aterrizaje con torres y cables de alta tensión. “A simple vista es muy temerario”, señaló el piloto, mientras que la otra fuente agregó que nunca se podría haber habilitado un lugar tan cercano a los cables de alta tensión, y hasta lo juzgó “irresponsable”.

En el entorno del presidente crece la preocupación por el nuevo entretenimiento que pone en práctica el mismo Macri, pilotear helicópteros.

¿Y donde está piloto? se preguntan fuentes cercanas al mandatario que temen que sea él mismo el que haya "acercado" al ministro Dietrich.

La preocupación no es para menos. Quienes conocen al presidente Mauricio saben dos cosas: una que tiene un nuevo hobby y la otra que no tiene ni experiencia, ni licencia para conducir una aeronave.

En el marco del debate que se está llevando a cabo en el plenario de comisiones, para evaluar el proyecto presentado por el gobierno nacional con el fin de cerrar el acuerdo con los fondos buitre, el diputado del FpV-Pj, Carlos Castagneto, hizo una dura exposición donde evaluó la propuesta presentada por la gestión macrista.

“Están presionando a los gobernadores y a los intendentes que la única salida que hay en este país es adquirir préstamo, por eso quiero revalorizar el trabajo de Néstor y Cristina que pese a que agarraron un país quebrado generaron derechos y pagamos gran parte de la deuda externa e interna”, aseguró el legislador nacional.

En el mismo sentido, advirtió que “este proyecto de ley tiene muchas inconsistencias como lo expresaron los distintos bloques y me parece que lo del cheque en blanco es una realidad porque no se habla de montos ni de lo que  específicamente se va a acordar”.

“Por eso pido que hagamos un cuarto intermedio, que tengamos los dictámenes y podamos trabajar juntamente para ver si este proyecto es viable o no o hay que mantener las leyes actualmente vigentes”, enfatizó Castagneto, en medio de un acalorado debate.

En la misma línea, recordó la política económica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y remarcó que “creo que se ha puesto la economía por encima de la población y nosotros en estos doce años hemos trabajado la economía en función de los derechos”.

Castagneto salió al cruce del funcionario Pro, Marcos Peña y señaló que “anoche en un programa de televisión el Jefe de Gabinete expresó que no hay plan B, que si no aprobamos este proyecto la Argentina se derrumba”,

“A nosotros nos acusaban que queríamos usar el Congreso como la escribanía del Gobierno y yo no quiero ser parte de que ahora el Congreso sea la escribanía de Griesa que es lo que está proponiendo el Ejecutivo con las exposiciones e intimándonos con plazos”, disparó el diputado en una de las partes más duras de su discurso.

Para concluir, Castagneto repasó la relación entre el gobierno nacional kirchnerista a los largo de los últimos diez años y destacó que "desde el año 2003 a la fecha la Argentina ha tenido voluntad de pagarles a los fondos buitres" y añadió "lo que no entiendo es por qué ahora, habiendo tenido jurisprudencia y dos leyes vigentes en la Argentina, tenemos que cambiar nuestra forma de parecer con este 7% que son los que no quisieron arreglar y por no arreglar este Congreso quiere aprobarles un pago de intereses muy superior a los que arreglaron en el canje 2005-2010”.

El oficialismo, junto con el Frente Renovador y el bloque Justicialista, emitieron esta tarde un dictamen de mayoría al proyecto de normalización de la deuda que busca resolver el litigio con los fondos buitre.

Al proyecto original  le introdujeron límites en lo que respecta al volumen de endeudamiento y otros aspectos respecto a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Con este acuerdo, el oficialismo se garantiza que el proyecto contará con el voto positivo de más de 150 legisladores cuando llegue al recinto.

Hasta el momento no existen definiciones respecto a si la iniciativa se tratará este jueves o el martes próximo, como propone el bloque Jusiticialista.

Por la minoría anunciaron que presentarán su propio dictamen el bloque del Frente para la Victoria-PJ, el Partido Obrero y el Partido Solidario que encabeza Carlos Heller.

De esta manera, el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, con ayuda del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el diputado nacional de nuevo bloque Justicialista, Diego Bossio, la Argentina asumiría el endeudamiento más importante de los últimos veinte años.

El diputado nacional Eduardo Conesa criticó el ante proyecto presentado por el gobierno de Mauricio Macri, en el que se detalla el acuerdo con los fondos buitre.

Conesa se refirió, particularmente, al artículo 8 del proyecto de ley que autoriza la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Este apartado, implica que los litigios contra el Estado argentino puedan tratarse en otros países, como sucede ahora con los fondos buitre que dirimen el conflicto ante el tribunal del juez neoyorkino Thomas Griesa.

“Si un país como el nuestro se subordina a un juez cualquier como el juez Griesa, se coloca en la posición de una simple municipalidad”, advirtió el legislador del Pro,  y sostuvo que “si aceptamos esta cláusula estamos derogando la Constitución”.

“La negociación es excelente pero esta cláusula es absolutamente inconstitucional”, advirtió el diputado macrista y especialista en economía.

En la misma línea, Conesa, explicó las posibilidades de solución al conflicto y afirmó que “esto tiene una solución muy simple: el Gobierno, en lugar de emitir bonos en jurisdicción extranjera (para pagarle la deuda a los holdouts), tendría que emitir bonos en jurisdicción argentina”.

“Que el Gobierno argentino se endeude, sí; pero con jurisdicción nacional, en una emisión de bonos que se podrá hacer en la República Argentina”, enfatizó.

El artículo 8 del proyecto que generó las polémicas declaraciones del diputado, sostiene: “Autorízase a la Autoridad de Aplicación a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto de la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen, de conformidad con lo previsto en la presente ley”.

Las diferencias entre el legislador Pro y el proyecto de su propio espacio político se dan el marco de la discusión del posible acuerdo con los holdouts.

El diputado del Pro enfatizó la necesidad de acordar, bajo el título de “empréstito patriótico”.

"Que el Estado argentino se endeude con los propios argentinos, que tienen 200.000 millones de dólares en el exterior, cuando se necesitan apenas 11.864 millones para pagarle a los holdouts" propuso el recién llegado diputado macrista.

Conesa asumió el martes pasado en reemplazo de Federico Struzenegger, quien renunció a la banca que obtuvo en 2013 para ocupar la presidencia del Banco Central.

La ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público, enviada al Congreso por el gobierno de Mauricio Macri con el fin de saldar el pasivo con los holdouts y los fondos buitre, sería tratada recién la semana próxima y no este jueves, como estaba previsto, tras un pedido formulado por bancadas opositoras.

"Es un pedido atendible para transmitírselo al presidente de la Cámara (Emilio Monzó). Me comprometo a hacerlo e informarlos a la brevedad", dijo el presidente de la comisión de Finanzas de

Diputados, el macrista Luciano Laspina.

El parlamentario de Unión PRO respondió de esta manera a un pedido formulado por el pampeano Oscar Zilioto, del Bloque Justicialista, al que adhirió posteriormente el sanjuanino José Luis Gioja, del Frente para la Victoria-PJ.

"Pedimos hacer un esfuerzo para que la sesión sea la semana que viene y que los días de esta semana sean días para ir agregando y consensuando aportes y esperar el dictamen del procurador general del Tesoro (Carlos Balbín), que es lo que más hace falta para poder tomar la mejor decisión", aseveró Gioja.

La oposición pide tiempo para estudiar en detalle los acuerdos entre el Gobierno y los bonistas y conocer el dictamen jurídico del Tesoro para saber si hay riesgo o no de que los acreedores que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010 demanden al Estado por considerar que a los buitres se les pagará más.

Sin embargo, el trasfondo político de este pedido de mayor tiempo es esperar a que se produzca la negociación entre funcionarios del Ejecutivo nacional y los gobernadores: éstos condicionan el apoyo de sus diputados a la ley a que se les adelante la restitución de los fondos correspondientes al 15% de la coparticipación quitado desde 1992 para financiar la Anses.

El gobierno bonaerense desmintió hoy al secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, quien aseguró que los docentes de la provincia de Buenos Aires “no cobraron el aumento paritario”.

“El planteo de Miguel Díaz sólo busca generar incertidumbre donde no la hay”, afirmó en un comunicado Manuel Vidal, subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la Dirección General de Cultura y Educación.

Sostuvo además, que “el acuerdo salarial fue aceptado formalmente el último día hábil de febrero por los gremios docentes y, teniendo en cuenta que el proceso de liquidación de haberes a 360.000 docentes y 75.000 auxiliares y administrativos de la provincia insume más de 20 días corridos (con sábados y domingos inclusive), era técnicamente imposible que el aumento otorgado en febrero pudiera ser cobrado el 5 de marzo, ya que los haberes de ese mes ya se encontraban en proceso final de liquidación”.

“De hecho, la práctica común en estos casos es que se cobre retroactivamente con el sueldo del mes siguiente, es decir los primeros días de abril para esta ocasión”, precisó el funcionario y advirtió que “lo llamativo de esto es que tanto UDOCBA como su secretario general conocen perfectamente este mecanismo, razón por la cual entendemos que este es un planteo de mala fe, que sólo busca generar incertidumbre donde no la hay”.

En ese sentido, Manuel Vidal expresó que “el sistema de liquidación que heredamos es obsoleto -de 1984-, al que se le fueron haciendo parches y adaptaciones” y añadió que “el proceso de liquidación tarda entre 24 y 26 días en las circunstancias actuales”.

“Por eso, hemos descartado la posibilidad de un ‘alcance’ (pago complementario a mediados de mes), ya que esto haría que todo el proceso se demore hasta una semana más, perjudicando el cobro de todos los trabajadores de la educación”, concluyó.

En declaraciones formuladas a Radio La Red, Díaz planteó hoy que “la administración de Vidal decidió pagar el incremento salarial pactado desde febrero el 5 de abril” y anticipó que su gremio va a recurrir a la Justicia.

“Quieren pagar el aumento de febrero el 5 de abril para hacer las cosas bien”, señaló el dirigente, que consideró que “hay desidia y especulación”, además de incumplimiento “del acuerdo paritario”.

Sigue la "buena onda" entre Cambiemos y el Campo. De hecho hoy una importante cantidad de funcionarios de ese espacio política desemarcaron en la apertura de Expoagro para mostrar su respaldo.

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, afirmó hoy que “se colocarán 28 mil millones de pesos en el sector agroindustrial, un 30% más que en 2015”.

Además, detalló que “las proyecciones de préstamos al campo marcarán este año un récord histórico para el Banco Provincia” y aseguró que “los productores agropecuarios recuperaron la confianza y se volcarán a invertir gracias al nuevo contexto económico”.

El funcionario realizó estas declaraciones en la décima edición de la feria Expoagro, que se realiza hasta el 11 de marzo en el corredor productivo Ramallo-San Nicolás, donde la entidad participa como sponsor principal.

A su vez, Curutchet destacó “el compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal con los productores” y enumeró los diversos programas de financiamiento que tendrán tasas subsidiadas gracias al aporte de la provincia de Buenos Aires y al ministerio de Agroindustria de la Nación.

Entre estos créditos blandos aparecen las líneas para el sector lechero, ganado y carnes, los préstamos para la actividad pesquera y los planes de fondeo para la generación de agregado de valor en origen, que busca fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías en el interior provincial.

También está vigente el financiamiento para el cultivo de papa y líneas de capital de trabajo para la producción de trigo, maíz y girasol. Otro producto financiero con alta demanda es el descuento de contratos “forward”, es decir de los compromisos a futuro en dólares que toman los productores agrícolas.

Expoagro es la mayor muestra a campo abierto de la Argentina. Para el corte de cintas de su décima edición, que se realizará mañana, se espera la presencia del presidente Mauricio Macri y la de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre otras autoridades.

Casi como si se tratara de una provocación, la sala del palacio legislativo que se aprestaba a recibir a los diputados nacionales que en Comisión tratarían la derogación de las leyes que impiden el pago a los Fondos Buitres, apareció curiosamente decorada.

Es que en la mesa en la que se ubicarían los legisladores nacionales que componen el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, aparecieron dos banderines de Estados Unidos acompañados por el cartel Paul Singer.

Singer es la cara visible de la disputa entre la Argentina y los fondos buitre que compraron deuda soberana en default y reclaman el pago total de esos bonos. Representan un escaso porcentaje de los tenedores de bonos que no entraron a los tres canjes de deuda que ofreció la Argentina en 2005, 2010 y 2013.

El "empresario" tiene 70 años y es fundador de Elliot Management Corporation, holding con sede en Nueva York lanzado en 1977 con u$S 1 millón de capital, y cuyos activos hoy llegan a u$s 23.000 millones. Elliot controla el fondo NML Capital, que logró ayer que la Corte Suprema de EE.UU. fallara contra la apelación argentina.

El "material de decoración buitre" fue retirado momentos más tarde en medio de un revuelo que generó malhumor entre los diputados nacionales y dejó una nota de color preocupante para los presentes. Luego comenzó el tratamiento.

El  Coordinador de Turismo, Cultura y Deportes Mar del Plata-Batán (Emtur), Emiliano Giri, fue detenido hoy por orden de la Justicia de La Plata en el marco de una investigación de irregularidades en contratos del Astillero Río Santiago.

El empresario y funcionario de la Municipalidad de General Pueyrredón, está acusado de partícipe en el delito de peculado y fue trasladado en las primeras horas a La Plata.

La investigación está a cargo del fiscal de delitos complejos de La Plata, Jorge Paolini, quien pidió la detención de las principales autoridades del astillero y de otras personas que cumplieron el rol de partícipes necesarios en la maniobra delictiva, entre los que se encuentra el funcionario.

Según publicó el diario marplatense La Capital, la megacausa surgió cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo –un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de 30 mil pesos mensuales en Astilleros.

La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades. Entre los beneficiarios de estas maniobras se encontraría Giri, quien fue detenido esta madrugada y trasladado a la ciudad de La Plata.

Los investigadores descubrieron que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de “indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde”.

En rigor, lo que investiga la fiscalía es la participación de altos funcionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes “truchos”. Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.

Si bien la fiscalía realizó un recorte de 58 legajos con el fin de delimitar el análisis de la prueba a demostrar, se sospecha que podrían existir un total de 300 empleados “ñoquis” que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años, o en determinados períodos de ese mismo lapso. Los operativos que permitieron hacerse de esa evidencia fueron librados por el juez de garantías Nª 6 de La Plata Fernando Mateos a pedido del fiscal Paolini.

Hasta el momento, desde el municipio de General Pueyrredón no se realizó ningún comunicado oficial. Sin embargo, el bloque de concejales de Acción Marplatense ya le reclamó al intendente Carlos Arroyo la renuncia del funcionario.

La presidenta del bloque, Claudia Rodríguez,señaló que "ante los graves hechos que son de público conocimiento" desde Acción Marplatense le "exigen a Arroyo que actúe en consecuencia" y "eche a Giri".

Giri no es un personaje secundario en la estructura que llevó a Arroyo al municipio. Durante la campaña,  fue vocero del candidato a intendente de Cambiemos. Incluso, organizaciones de derechos humanos de la ciudad vinculan a Giri, operador político de Arroyo en La Feliz, como el nexo entre el dirigente neonazi Carlos Pampillón y el jefe comunal de Cambiemos.