Se trata de Maximiliano González quien permanecerá alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán.

La Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva de Maximiliano González, el policía que mató de un disparo en el pecho al adolescente Luciano Olivera, de 16 años en Miramar, el 10 de diciembre último.

La medida fue dispuesta por el juez Saúl Errandonea, quien avaló la imputación de la fiscal Ana Caro al detenido por el delito de “homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía”.

Según trascendió, el magistrado que interviene durante la feria judicial de enero hizo lugar al requerimiento efectuado el jueves último por la investigadora, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Miramar.

A partir del fallo del juez, González seguirá alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán y en función del delito que pesa sobre él podría ser condenado a prisión perpetua en un futuro juicio oral.

En su pedido, la fiscal Caro había solicitado que el policía permaneciera detenido por la pena en expectativa y por el peligro de entorpecimiento de la investigación que podría existir si el acusado fuera excarcelado.

Caro consideró que “existen indicios de que el imputado en libertad intentaría fugar y de esta forma eludir la acción de la justicia, atento el monto de pena prevista para el delito que se le atribuye, sumado a la circunstancia que resulta ser efectivo policial, pudiendo en libertad contar con recursos para sustraerse a la investigación o entorpecer la misma”.

Para la fiscal, está acreditado a través de diversos testimonios y pruebas obtenidas en la investigación que González asesinó de un disparo a Olivera, en la madrugada del viernes 10 de diciembre.

“Personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Miramar se encontraba realizando tareas de prevención de delitos en la vía pública y fue convocado por radio llamada porque habría música alta en el anfiteatro de la plaza céntrica delimitada por calles 21, 24, 23 y 26 de Miramar”, relató en su pedido de prisión preventiva.

Caro señaló que un móvil policial comenzó el seguimiento de una moto marca Yamaha YBR 125, conducida por el adolescente, hasta la intersección de avenida 9 entre calles 34 y 32, de Miramar.

Allí, “Luciano Olivera se encuentra de frente con otro móvil policial siendo una pick up Toyota Hilux, que se incorporó a la interceptación” de la víctima.

El patrullero frenó “bruscamente sobre la avenida 9 en dirección al mar, al observar al joven en el motovehículo sobre la Avenida 9 en sentido contrario y en dirección hacia Av. 40, descendiendo tres efectivos policiales en el lugar y quedando una cuarta efectivo dentro del móvil, quienes habrían dado la voz de alto”.

Según la fiscalía, “el oficial de Policía Maximiliano Abel González, quien había descendido del lado izquierdo trasero del aludido móvil policial, y actuando sobre seguro, con claras intenciones de darle muerte -toda vez que el joven Olivera no poseía elemento alguno que pudiera poner en riesgo inminente la vida del personal policial actuante ni de terceros-, extrajo su arma reglamentaria pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones”.

De acuerdo a la instrucción, el acusado efectuó un disparo “en forma sorpresiva contra la humanidad de Luciano Olivera”, quien no pudo conocer su “acción intempestiva a los fines de ponerse a resguardo, pues conducía el motovehículo y el mismo se encontraba aún en movimiento a una distancia mayor a un metro, desde donde se encontraba González y los demás efectivos”.

“Continuando su derrotero el motovehículo por la inercia en línea recta unos metros más embistiendo al Oficial González, ya sin voluntad por parte del joven Olivera quien había recibido el disparo impactando el mismo en la zona toraco-abdominal, con orificio de entrada y salida, atravesando órganos vitales”, añadió la fiscal.

Las pericias determinaron que “el arma posee un funcionamiento normal en todos sus mecanismos, en particular los seguros que presenta”, por lo que descartan “la posibilidad de un disparo accidental por parte del imputado González”.

Por su parte, este efectivo se negó a declarar las dos veces que fue indagado por la fiscal de la causa.

Mientras que en el marco del mismo expediente fueron detenidos la semana pasada los policías Nelson Armando Albornoz, Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia, quienes acompañaban al presunto autor material en el patrullero, y que fueron acusados del delito de “encubrimiento doblemente agravado”.

A pesar de la imagen negativa, Bullrich insiste con ser presidenta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, no pierde las esperanzas. Empezará a hacer campaña para intentar ser presidenta en 2023. Es una de las dirigentes con peor imagen de todo el país. ¿Tiene alguna chance? ¿Qué busca?

Según reseñaron medios cercanos a Bullrich (que reciben jugosas pautas del macrismo porteño), la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri recorrerá la Costa Atlántica y las zonas turísticas de Córdoba. “Apunta a ser una Menem sin patillas”, aseguraron desde La Política Online, portal que muchas veces funciona como vocero del macrismo duro.

Según destacaron, la presidenta del PRO visitará las playas “comunes”, los teatros y las peatonales para mostrarse directamente con “la gente”. Por eso evitará los actos políticos y las recorridas con intendentes y dirigentes locales. “Vamos a estar en la feria del chivo, de la empanada, de lo que sea”, dijeron a LPO en su entorno, en donde buscan que la campaña tenga un formato “no convencional”.

Vale recordar que la carrera de Bullrich incluye tantos saltos de partidos que no puede obviarse su simpatía con Carlos Menem en la década de los 90. Después, Pato fue ministra de Fernando De la Rúa, donde debió renunciar en medio de la peor crisis del país. En 2000, fue funcionaria porteña de Macri y luego saltó a Casa Rosada.

El macrismo tomó la deuda con el FMI pero ahora obstaculiza cualquier negociación para resolver ese acuerdo.

El CEO de una de las multinacionales más importantes del país, como Syngenta, criticó a Juntos por el Cambio y sus goberandores por no asistir a la reunión prevista para mañana en la Casa de Gobierno para dialogar con el ministro Martín Guzmán sobre las negociaciones con el FMI. Y puso especial énfasis en cuestionar los argumentos que expuso Horacio Rodríguez Larreta.

Es una crítica muy fuerte teniendo en cuenta que viene de uno de los empresarios top del país. Seguramente, al macrismo no le cayó simpática una crítica así del establishment económico.

La crítica de Antonio Arce tiene que ver con el faltazo que la oposición a una reunión con Guzmán para tratar de avanzar en un acuerdo con el FMI. Vale recordar que la deuda con ese organismo fue tomada por… ¡el macrismo! Es decir, el macrismo se endeudó y ahora obstaculiza cualquier posibilidad de avance. Insólito.

“No entiendo a qué se dedican”, disparó Antonio Aracre, titular de la firma proveedora global líder de ciencia y tecnología agrícolas, y completó: “Me hizo ruido que la oposición diga que no va a ir a una reunión con los gobernadores, con los sindicatos, con los empresarios, porque sería una reunión política. Y entonces no entiendo a qué se dedican, porque la política es básicamente su función, su rol, me descolocó esa frase”.

Lo que hizo el empresario es objetar la posición de Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que había dicho que no asistirá a la reunión para conocer la negociación para resolver la deuda que dejó JXC debido a que está “planteada cómo una reunión política”.

Aracre había tuiteado ese concepto, el de la contraposición de que políticos no quieran asistir a reuniones institucionales sobre temas fundamentales para el país con la excusa de que serían encuentros “políticos”.

Así lo aseguraron diferentes periodistas que siguen la causa judicial de cerca.

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sigue sin hablar sobre el video donde se ve a ex funcionarios suyos hablar de una “gestapo” para perseguir a rivales. La gestapo fue una organización criminal nazi. ¿No tiene nada para explicar?

Para muchos periodistas que siguen la causa desde cerca, aseguran que en el material grabado – son muchas horas y se conocieron algunos minutos – aparecería la propia Vidal. De confirmarse ese dato sería una bomba absoluta.

“Abogados de víctimas de la persecución a sindicalistas afirman que en uno de los videos aparece Vidal”, aseguró, por ejemplo, el periodista Martín Peiretti en Twitter.

Ahora, se conoció otro dato escandaloso sobre Vidal. Tenía un celular encriptado con el que se comunicaba con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. En la reunión donde se habla de la Gestapo, de hecho, había dos espías de primer nivel en la organización que conducía Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri. ¿La oposición seguirá insistiendo con la teoría de los “cuentapropistas” para referirse a los agentes que espiaron a opositores durante el macrismo? Nunca antes en democracia se espió forma sistemática a centenares de personas. Macri lo hizo.

Se trata de Juan Pablo Allan, senador bonaerense.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso este martes el allanamiento del despacho del senador provincial Juan Pablo Allan (JxC), en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal diseñan una estrategia para encausar a dirigentes sindicales. En la famosa reunión se habló de crear una “GESTAPO”, en referencia a una organización criminal nazi.

Fuentes judiciales indicaron que la medida fue ordenada luego de que el senador de Juntos por el Cambio (JxC) consintiera esa disposición.

El juez también ordenó la obtención del teléfono celular y el IPad de Darío Biorci, exjefe de Gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y cuñado de la exsubdirectora del organismo Silvia Majdalani, luego de que el propio exdirectivo de la central de espías lo pusiera a disposición de la justicia.

Biorci fue uno de los tres directivos de la AFI que participó de la reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco provincia, donde también estuvieron el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador Allan. También estuvieron los espías -además de Biorci- Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

El macrismo es el responsable de la deuda con el FMI pero boicotea cualquier posibilidad de acuerdo.

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hablaron en varias oportunidades y terminaron por llegar a un acuerdo respecto a su asistencia a la Casa Rosada. En el encuentro que encabezará este miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán, para hablar de las negociaciones con el FMI estarán representados por delegados mientras que agendaron una nueva reunión con Guzmán para el lunes que viene, a la que asistirán los cuatro mandatarios opositores -también el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta- junto a autoridades parlamentarias y partidarias.

Incluso no se descartaba que de la reunión participe el propio Fernández. “Si decimos que queremos diálogo y consenso tenemos que hacerlo”, sostuvo Morales, que claramente se diferenció de la posición del macrismo duro.

El macrismo es el responsable del megaendeudamiento con el FMI y con acreedores privados. La deuda creció en 100 mil millones de dólares durante sólo 4 años. Ahora, es el mismo macrismo, encabezado por Mauricio Macri, el que busca obstaculizar cualquier posibilidad de acuerdo.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en sumar a todos los actores para fortalecer la posición del país ante el organismo internacional. Esta semana, Guzmán responderá preguntas de gobernadores. La semana que viene se juntará con los jefes de bloques parlamentarios opositores. ¿Asistirá Juntos o seguirá jugando irresponsablemente con las chances del país?

La posición del macrismo es muy hipócrita. Durante el gobierno de Cambiemos, que terminó en 2019, el acuerdo por 50 mil millones de dólares se cerró en unas pocas horas y sin escuchar la opinión de nadie más, sea gobernadores o el Congreso. Aquella falta de diálogo no molestó a nadie. Ahora, esa misma fuerza no quiere participar de las reuniones para ver cómo se sale de la situación crítica que esa deuda generó.