Sucedió en una vivienda de la localidad de Ostende, en la que vive Tamara Rosso, presidenta del bloque de concejales del FdT del partido de Pinamar, junto a su esposo y una hija de 12 años.

La casa de la presidenta del bloque de Concejales del Frente de Todos (FdT) en el partido de Pinamar fue baleada por personas que huyeron en un auto, pero el ataque no provocó heridos, mientras que la edil denunció que se trató de un atentado y ahora cuenta con custodia policial.

Fuentes policiales aseguraron que el hecho ocurrió cerca de las 21 del pasado lunes en una vivienda de la localidad de Ostende, en la que vive Tamara Rosso, presidenta del bloque de concejales del FdT del partido de Pinamar, junto a su esposo y una hija de 12 años.

En ese momento, autores desconocidos a bordo de un vehículo dispararon contra el inmueble y huyeron.

En diálogo con la agencia Télam, la concejala explicó que en el momento del ataque se hallaba su hija con una amiga “a punto de ver una película, y escucharon un ruido muy fuerte”.

“Yo en ese momento me encontraba en mi negocio junto a mi esposo, a unas cinco cuadras de mi casa, cuando la llamo a mi hija para ver cómo estaba y ahí me cuenta que había escuchado un ruido muy fuerte, que le dolía el oído y a los pocos minutos me cuenta que estaba el vidrio de la ventana roto”, agregó.

“Aun si pensar en nada malo, mi esposo se va para casa y, luego de ver lo que había ocurrido, me cuenta e inmediatamente, conmocionados y en shock por el hecho, radicamos la denuncia en la comisaria de Ostende”, explicó Rosso.

Para la concejala, el hecho fue “un atentado” y lo consideró como “violencia política”.

“Estoy con custodia policial y espero que la justicia logre dar con los autores del hecho”, dijo Rosso, quien agregó que “el proyectil entró por la ventana, atravesó todo el comedor y quedó incrustado en el marco de una puerta interna de la casa. Pasó a 20 centímetros de la cabeza de mi hija, fue realmente un milagro”.

Una fuente de la investigación señaló que tanto el proyectil que se extrajo del marco de una puerta internada del domicilio como la vaina que se encontró en la calle corresponden a un calibre 9 milímetros.

Desde el gremio que nuclea a los trabajadores estatales indicaron que los videos demuestran “que las causas fueron armadas”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se presentó como querellante en la causa que investiga la presunta mesa judicial que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, destinada a la persecución y armado de causas contra sindicatos.

En este sentido, el asesor legal de ATE bonaerense, Marcelo Ponce Núñez, comunicó que el gremio realizó una presentación en el juzgado de Garantías nº5 y en el federal nº3 para denunciar la Gestapo antisindical que se armó en el gobierno de Cambiemos.

“No podemos permitir que en un sistema democrático puedan suceder estas cosas”, aseguró Ponce Núñez, a la vez que manifestó el video y los documentos reunidos demuestran “que las causas fueron armadas, lo que significa que tenían intencionalidad política y no jurídica”.

Es preciso mencionar, que ATE representará a los dirigentes del Astillero Rio Santiago por considerar que la causa por coacción que pesa sobre los trabajadores “fue armada” por un sector del poder judicial y otro del político en el marco de la Gestapo antisindical.

En la misma línea, se pronunció el secretario general de ATE provincia, Oscar de Isasi, quien expresó que el video que divulgó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “es prueba de que la causa que tenemos fue armada”.

Vale recordar, que durante la gestión de Vidal, trascendió que Cambiemos había planificado una serie de acciones para avanzar sobre el Astillero, lo cual condice con lo expresado en la filmación por exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien habló de “querer una Gestapo”.

“Esta prueba deja en claro, por si ya no lo estaba, que se trata de una causa armada con el objetivo de perseguir dirigentes gremiales y destruir a las organizaciones sindicales”, expresó de Isasi.

Además, el dirigente gremial indicó que “en nombre de ATE y de la CTA-A expresamos la indignación frente a estas pruebas que demuestran el objetivo que tuvieron los gobiernos neoliberales de Vidal y del expresidente Mauricio Macri”.

Para de Isasi, el plan fue “destruir las organizaciones sindicales en connivencia con los grupos económicos, parte del poder judicial y parte del poder político para avanzar en la concentración de la riqueza cada vez en menos manos”.

El programa tendrá como diferencia que serán más del doble de productos que en la última actualización de mediados de 2021 y contará con más de 1.300 productos de consumo masivo, que incluye alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

El congelamiento de precios de consumo masivo termina este viernes, por lo que el Gobierno continuará con políticas de regulación, en línea con el acuerdo de precios y salarios que acordó con el FMI para fijar expectativas. Luego del final de precios máximos, la Secretaría de Comercio Interior relanzará Precios Cuidados, con un listado de 1.300 productos, el doble que el programa que estuvo vigente hasta octubre pasado.

El acuerdo podría firmarse entre este viernes y lunes en el ministerio de Desarrollo Productivo, con el secretario de comercio, Roberto Feletti, y las más de 100 empresas que formarán parte del programa. Los cierres de las listas de cada precio y producto se intensificaron con intercambios a última hora, que seguirán hoy, debido a que un 10% de los ítems estaba en “revisión” por las empresas, según informó Florencia Barragan, en Ámbito Financiero.

Con el fin del congelamiento de precios, que duró 90 días tras la resolución 1050 de precios máximos, luego del desembarco de Feletti al Gobierno, el reemplazo será por la canasta de Precios Cuidados. El programa tendrá como diferencia que serán más del doble de productos que en la última actualización que había cerrado Paula Español a mediados de 2021. Contará con más de 1.300 productos de consumo masivo, que incluye alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza.

La otra diferencia será la actualización de precios: durante el primer trimestre, los productos tendrán una suba del 2% cada mes. Luego, seguirán las actualizaciones que se realizan en forma trimestral, como se hacía siempre, en diálogo con las empresas. Esto se debe a que 700 productos estuvieron congelados desde el 20 de octubre al 7 de enero, mientras que los que estaban en Precios Cuidados lo estuvieron durante 6 meses, porque después de la actualización de mitad de año, la suba de octubre, que ya había sido pautada con Español, fue suspendida.

La suba de los precios “en góngola” estuvo muy por debajo de la inflación, y también del capítulo de alimentos y bebidas. Según Ecolatina, el rubro de alimentos cerró 2021 en 54,2%, 5 puntos por encima del nivel general, “principalmente por la evolución de la carne”.

En tanto, ese relevamiento en bienes de consumo masivo mostró una suba de precios del 41,1% interanual en diciembre, casi 10 puntos por debajo de la inflación. “Esto se explica más que nada porque en noviembre tuviste el impacto del congelamiento, y los primeros meses del 2021 seguía la resolución de precios máximos del 2020”, explicó Agostina Myronec, economista de Ecolatina.

El Gobierno avanzó contra la firma por la modificación de los Términos y Condiciones de la Política de Privacidad y Condiciones del Servicio para Whatsapp, anunciado en enero de 2021.

El Ministerio de Desarrollo Productivo aplicó una multa de $5 millones, valor máximo determinado por la Ley Defensa del Consumidor, a la empresa Facebook Argentina SRL por la inclusión de cláusulas abusivas en sus Términos y Condiciones de la Política de Privacidad y Condiciones del servicio Whatsapp de mensajería instantánea.

La sanción fue establecida a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo (DNDC), luego de determinar que las cláusulas en cuestión no cumplen con el deber de brindar información cierta, clara y detallada y, a su vez, resultan abusivas ya que la firma se desliga de sus obligaciones al limitar su responsabilidad por daños, restringir los derechos del consumidor y, por lo tanto, ampliar los de la empresa.

Esto le otorga a la firma la interpretación exclusiva del contrato y le concede la facultad de modificar unilateralmente los términos del mismo, al mismo tiempo que la autoriza a rescindir el contrato sin causa y sin que medie incumplimiento del consumidor, señaló el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

El proceso administrativo se inició a partir de una denuncia recibida por parte de la DNDC contra la empresa Facebook Argentina SRL por la modificación de los Términos y Condiciones de la Política de Privacidad y Condiciones del Servicio para Whatsapp, anunciado en enero de 2021.

Tras abrirse la instancia de instrucción y luego de analizar los instrumentos en cuestión, se imputó a Facebook Argentina SRL por infracción a los arts. 4° y 37° de la Ley de Defensa del Consumidor. La empresa, por su parte, no presentó descargo en el plazo correspondiente.

Específicamente, se encontró, en primer lugar, abusividad en cuanto establece la eximición de responsabilidad de la firma frente a las y los consumidores, que asumen todos los riesgos por el uso del servicio. A su vez, la empresa pretende mediante la disposición transcripta, eximirse de responsabilidad por daños o limitarla a la suma de USD 100.

Por otra parte, se detectó una cláusula de prórroga de jurisdicción, que le otorga al proveedor la facultad exclusiva de elegir el tribunal competente para la resolución de conflictos, cuando la normativa establece lo contrario. En este caso, los usuarios de Argentina deberían ante un conflicto recurrir exclusivamente al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California o un Tribunal Estatal ubicado en el condado de San Mateo en California.

Además, la empresa incumpliría con el deber de brindar información clara, ya que establece que la única versión válida al momento de dirimir un conflicto es la escrita en idioma inglés y las traducciones no tienen carácter oficial.

Por último, la compañía procura, además de los números de teléfono de los usuarios de Whatsapp, arrogarse la potestad de requerir de las y los usuarios del servicio de mensajería los contactos de sus libretas de direcciones -aún cuando aquellos no sean usuarios del servicio-, sin determinar el objeto, ni su alcance y, dejándolo librado a su exclusivo recurso.

La ex Gobernadora habló de “la reunión de trabajo” del exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresando su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios.

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo este jueves que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías“, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo ‘las leyes son las leyes’, y otra cosa es un delito y una causa armada”, concluyó.