Espionaje ilegal de Vidal: un exfuncionario estÃĄ acusado de cablear las cÃĄrceles
Un exfuncionario del gobierno de MarÃa Eugenia Vidal habrÃa participado de la instalaciÃģn de cÃĄmaras en cÃĄrceles de la provincia de Buenos Aires. QuÃĐ declararon los involucrados en la causa.
El juez federal Marcelo MartÃnez de Giorgi dispuso una serie medidas que pesan sobre un exfuncionario del Gobierno de MarÃa Eugenia Vidal para determinar si estuvo detrÃĄs del cableado del penal en el que supuestamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano en 2018 en caso de ser detenidos, como supuestamente buscaba el expresidente Mauricio Macri.
Se trata de Juan JosÃĐ Baric, exsubsecretario de PolÃticas Penitenciaras del Gobierno bonaerense durante la gestiÃģn Cambiemos, quien actualmente se desempeÃąa como juez federal de La Pampa. Las medidas habÃan sido solicitadas por el fiscal Franco Picardi en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el Gobierno de Macri sobre dirigentes polÃticos, sociales, religiosos, periodistas y en cÃĄrceles federales y de la provincia de Buenos Aires.
En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se habÃa ocupado personalmente de impulsar la colocaciÃģn de cÃĄmaras y micrÃģfonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello habÃa contactado a la directora de la unidad para trasmitirle Ãģrdenes âde arribaâ.
En agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el supuesto objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detenciÃģn de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano. Por aquellos dÃas un grupo de agentes de la AFI concurriÃģ hasta la alcaidÃa 3 de Melchor Romero para instalar cÃĄmaras y micrÃģfonos en las celdas de un pabellÃģn, como tambiÃĐn en los locutorios y en las duchas.
Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindÃģ en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contÃģ que en el momento de la instalaciÃģn pensÃģ que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cÃĄmaras) la seguridad de presos de alto impacto que podÃan ser trasladados allÃ.

En particular, la funcionaria pensÃģ que la disposiciÃģn de cÃĄmaras y micrÃģfonos apuntaba a los acusados por el Triple Crimen de General RodrÃguez. âSe me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que les agilizara el ingreso, que no preguntÃĄramos de dÃģnde venÃan y que pasaran. Obviamente, fue una orden, es mi subsecretarioâ, revelÃģ Rousillon en una de sus declaraciones.
Los tÃĐcnicos que fueron a instalar las cÃĄmaras y los micrÃģfonos no eran empleados de una empresa y sus nombres y su auto quedaron registrados en el libro de ingresos, por lo que se pudo determinar que se trataba de miembros de la AFI que por entonces conducÃan Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Las cÃĄmaras y micrÃģfonos, finalmente, fueron colocados en las primeras semanas de agosto de 2018 pero debieron ser retirados despuÃĐs de que un agente penitenciario detectara un cable, camuflado con puntura roja, sobre el techo de un pabellÃģn y le informara del hallazgo a la directora de la alcaidÃa.
SegÚn relatÃģ ante la Justicia, Rousillon se contactÃģ de inmediato con el entonces director provincial de alcaidÃas, Leandro Borghetti, y le pidiÃģ hablar con Baric para que retiraran todo lo instalado.
Como primera medida, el juez MartÃnez de Giorgi requiriÃģ el Último viernes a las empresas prestatarias de telefonÃa mÃģvil que informen los abonados telefÃģnicos que estÃĐn registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense AndrÃĐs Patricio RodrÃguez, entre otros.
TambiÃĐn ordenÃģ identificar las lÃneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra de espionaje ilegal: Fernando Gustavo Whaler, Claudio HÃĐctor Marcus, Emiliano DarÃo Picabea, SebastiÃĄn Alejandro Iglesias, del ÃĄrea de Operaciones TÃĐcnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.
El juez tambiÃĐn requiriÃģ al ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires âque informe los nÚmeros de abonados telefÃģnicos cuya titularidad y/o uso y/o asignaciÃģn hubiera sido afectadaâ entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y RodrÃguez; a la vez que pidiÃģ que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo perÃodo.
En simultÃĄneo, el juez pidiÃģ a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la NaciÃģn que informe si alguno de los investigados ingresÃģ entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.




