El Presidente efectuó una serie de modificaciones en el esquema comunicacional del Gobierno.

El jefe de Estado, Alberto Fernández, designó a la titular de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, Gabriela Cerruti, como secretaria de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación en lugar de Juan José Ross, que pasará a desempeñarse como secretario de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete.

Así trascendió al ser publicado este viernes en el Boletín Oficial. La designación de Cerruti se realiza “sin perjuicio de continuar ejerciendo sus actuales funciones”.

Vale destacar que la normativa detalla que el enroque de funcionarios comenzará a regir a partir del 1 de mayo próximo.

El mismo Decreto, designó a Ross como secretario de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete. Allí, dicho funcionario se encargará de lo relativo a la distribución de la pauta oficial del Gobierno.

La distribución de la pauta oficial hasta hoy se encontraba bajo la órbita de Valeria Zapesochny, a quien se le aceptó la renuncia y ahora pasará a trabajar con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Se trata de una recomposición salarial histórica. El porcentaje incluye una recomposición del 6% en los sueldos actuales, por la paritaria 2021.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, firmó el acuerdo paritario anual correspondiente al 2022, con distintas asociaciones gremiales que representan a los trabajadores municipales.

Desde abril de este año hasta marzo de 2023 representará una suba de al menos el 77% sobre los actuales salarios básicos de los y las municipales, que se elevará a más del 85% en las cuatro categorías más bajas.

Esos porcentajes incluyen una recomposición del 6% en los sueldos actuales, correspondiente a la paritaria 2021. Es una recomposición salarial histórica que apunta a mejorar fuertemente el poder adquisitivo de las y los municipales.

El aumento será del 6% en abril, 9% en mayo y 15% en junio.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, mediante la resolución 2/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial, fijó un incremento salarial de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas.

De esta forma, los sueldos y las horas de trabajo del personal de casas particulares tendrán un aumento del 6% en abril, 9% en mayo y 15% en junio.

“Es un orgullo participar de un encuentro tan importante y hacer oír la voz de las ciudades de Latinoamérica” expresó Fernando Gray en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, expuso en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la implementación de la Nueva Agenda Urbana, en rol de presidente de Mercociudades.

“Es un orgullo participar de un encuentro tan importante y hacer oír la voz de las ciudades de Latinoamérica. Debemos trabajar en conjunto para proyectar una Nueva Agenda Urbana en clave regional, con el objetivo de reducir inequidades y asimetrías desde una perspectiva de género y sostenibilidad”, enfatizó Gray como representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) frente a autoridades de gobiernos locales de todo el mundo.

En este sentido, el presidente de Mercociudades -red integrada por 364 ciudades de América Latina- manifestó que “es esencial fortalecer las redes de trabajo e incrementar los vínculos entre los gobiernos locales y las agencias de financiamiento y cooperación internacional”.

Del panel correspondiente a la Comisión Regional Económica de las Naciones Unidas participaron el representante de la Junta Directiva de la Ciudad de Ginebra y vicepresidente de la Unión de Ciudades Suizas, Sami Kanaan; el funcionario del Reino de Lesotho, Lefu Manyokole; el alcalde de Kuala Lumpur (Malasia), Mahadi Che Ngah; el ministro de Obras Públicas y Viviendas de Jordania, H.E.Eng. Yahya Musa Kisbi; la directora de Bosques, Tierras y Vivienda de las Naciones Unidas, Paola Deda; y los representantes de las Comisiones Económicas para América Latina y el Caribe (CEPAL) -Diego Aulestia-, para África (ECA), -Edlam Yemeru-, para Asia y el Pacífico (ESCAP) -Curt Garrigan-, y para Asia Occidental -Sukaina Al Nasrawi-.

El propietario de la empresa Ledesma está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades jujeñas de Ledesma, Calilegua y Libertador General San Martín en julio de 1976, mientras que en otra causa se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) reclamó el jueves que el empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier, propietario de la empresa Ledesma, sea llevado a juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y al presentar un recurso de casación se manifestó en contra de “consagrar la impunidad de uno de los mayores responsables y beneficiarios del terrorismo de Estado” en el norte argentino.

La APDH es parte querellante en la causa por crímenes contra la humanidad seguida contra el propietario del ingenio Ledesma que se tramita ante la Justicia Federal de Jujuy y, ese sentido, presentó un recurso de casación tendiente a “que se deje sin efecto la resolución judicial que aparta del proceso al reo nombrado por considerar que no está en condiciones de salud suficientes para interpretar las alternativas del juicio”.

“La APDH considera que tal resolución no se ajusta a derecho, al tiempo que considera que la decisión es de gravedad institucional, dado que consagra la impunidad de uno de los mayores responsables –y beneficiarios- del Terrorismo de Estado que asoló a nuestro pueblo, en el norte argentino”, expresaron desde la organización al presentar el recurso de casación.

A fines del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos había informado que las causas por los crímenes cometidos en el Ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, durante la última dictadura cívico-militar no tendrían como imputado al dueño de la empresa, Carlos Pedro Blaquier, a raíz del dictamen del Cuerpo Médico Forense que advirtió que no podría seguir en el proceso “por problemas de salud mental”.

La evaluación forense, de la que participaron miembros del Cuerpo Médico Forense y dos peritos de la Secretaría de DD.HH. dictaminó que “el deterioro cognitivo que presenta el imputado no le permite afrontar un debate oral“, sostuvo la Secretaría, que destacó que esos profesionales son de “incuestionable compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia”.

Blaquier había sido procesado junto al entonces administrador del ingenio, Alberto Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral.

En el expediente sobre la Noche del Apagón -cuando se produjo un corte de luz para secuestrar personas- está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades jujeñas de Ledesma, Calilegua y Libertador General San Martín en julio de 1976, mientras que en la causa Aredez se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

El mandatario argentino utilizó sus redes sociales para destacar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que aseguró que el ex presidente brasileño sufrió una “violación de sus derechos políticos” cuando fue encarcelado.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de reconocer que el exmandatario de Brasil Inacio “Lula” Da Silva sufrió una “violación de sus derechos políticos” cuando fue encarcelado “abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho”.

En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Fernández aludió así a la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que ratificó que Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales que se le entablaron a partir del 2016 por corrupción, que fueron finalmente cancelados por parcialidad pero que le impidieron participar en los comicios presidenciales de Brasil en 2018.

El Presidente señaló en su mensaje que la decisión del comité de la ONU de “reconocer la persecución a Lula abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho”.

Expresó Fernández: “Cuando le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un ‘lavado del alma’, no pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión”.

“Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina”, señaló Fernández.

En abril de 2018, Lula comenzó a cumplir una condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año.

El año pasado, el Tribunal Supremo brasileño anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso, así como por la parcialidad en la que incurrió el entonces juez encargado de la causa, Sergio Moro.

Así lo ordenó el juez Kreplak en la causa que investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir a sindicalistas.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de La Plata, a los que el juez les dictó la falta de mérito.

Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.

En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Uocra platense.