“Todos somos iguales ante la ley. Tienen que pagar como cualquier hijo de vecino”, aseguró el diputado del FdT Marcelo Casaretto. Para su par Juan Manuel Pedrini, el dictamen de mayoría del Presupuesto que incluye la cláusula es una medida de “equidad tributaria”.

El diputado del Frente de Todos (FdT), Marcelo Casaretto, remarcó este viernes que “todos los jueces tienen que pagar Ganancias” como “cualquier hijo de vecino”.

El legislador entrerriano defendió la iniciativa que presentó el jueves último en el marco del debate en comisión del proyecto de ley de Presupuesto 2023 para que todos los integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias como el resto de las actividades.

“Todos somos iguales ante la ley y todos los jueces en actividad o jubilados tienen que pagar Ganancias si superan el mínimo no imponible, como cualquier hijo de vecino”, expresó en declaraciones a radio de la Universidad de Entre Ríos, en las que explicó que su proyecto “incluye a todos, jueces de la Corte Suprema, camaristas, jueces, fiscales, funcionarios, todo el que supere los $330.000, paga Ganancias”.

El costo

Al respecto, recordó que “un obrero automotor paga Ganancias, el presidente y sus ministros, los legisladores también; los únicos que no pagan son los que están en la Justicia”.

Casaretto reiteró que la exención del pago de Ganancias para el Poder Judicial “significa un costo de $238.000 millones para el año que viene”, y que la discusión en torno de la “intangibilidad” de los ingresos de los magistrados “viene desde hace 90 años”, cuando en 1932 se aprobó el impuesto a los Réditos.

Por entonces, “la Corte Suprema interpretó que todos tenían que pagarlo menos ellos”, recordó, además de señalar que “ese impuesto fue cambiado por el de Ganancias en la década de los ’70 y en la de los ’90 se eliminó la exención para los jueces”.

No obstante, nuevamente “la Corte, encabezada por Julio Nazareno en 1996, volvió a disponer que todo el mundo pagara Ganancias menos ellos”, indicó, en tanto que “a partir de 2016, se aceptó que pagaran Ganancias los jueces que entraran de 2017 en adelante, pero no los que estaban hasta esta fecha”.

El legislador del FdT destacó que cuando presentó el proyecto “hubo varios diputados de la oposición que pidieron la palabra y apoyaron”, por lo que cree que “finalmente, el martes vamos a tener la mayoría para imponer este tema”, en la sesión prevista en la Cámara de Diputados.

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) realizó controles en 7 hipermercados que falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, afirmó que los hipermercados, que fueron auditados en el último tiempo por el organismo, falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022 para evadir “más de $6.000 millones”.

El organismo recaudador realiza desde mitad de año fiscalizaciones sobre toda la cadena de alimentos, desde las empresas que elaboran productos de consumo masivo hasta supermercados. Allí detectó una maniobra de evasión en la venta de carne en La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Cencosud, Carrefour y Changomás.

En tanto, el funcionario explicó que los supermercados realizaron una evasión “en concepto de Ingresos Brutos en las operaciones de venta de carne a los consumidores”.

Por tal motivo evalúan iniciar acciones penales contra dichas compañías. En declaraciones a Radio 10, Girard se refirió a esos controles y afirmó: “Se trata de acciones que buscan reparar injusticias en el marco de un contexto inflacionario y de suba de precios de los alimentos”.

Detectamos una maniobra de evasión de los supermercados, que evadieron $1.500 millones”, expuso Girard, y señaló que los técnicos de ARBA presumen que, si se analizan las declaraciones juradas de los supermercados de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022, “ese monto llega a $6.000 millones”.

El titular de la Agencia de Recaudación subrayó que el macrismo “bajó la alícuota a las carnicerías a la mitad: de 5 a 2,5”, y precisó que “los supermercados empezaron a declarar la venta de carnes como si fueran carnicerías minoristas”.

Luego, Girard informó que ARBA concluyó el lunes pasados las notificaciones a las grandes cadenas, por lo que ahora esas compañías cuentan con un plazo de 10 días hábiles para hacer su descargo, momento en que el organismo podrá hacer “la determinación de oficio”.

“Se emite un título ejecutivo y estamos evaluando hacer acciones penales porque claramente hay un ardid, una maniobra para generar un perjuicio al fisco por $6.000 millones. Son recursos que la provincia no tuvo y que queremos recuperar porque es dinero con el que se podrían construir casas, cuadras de pavimentos o invertir escuelas, que son las prioridades del gobierno de Axel Kicillof”, manifestó.

Girard agregó que ARBA no busca afectar la reputación de los supermercados sino “recaudar esos fondos y reparar una injusticia fiscal, porque el comerciante de barrio no puede pagar lo mismo de impuestos que un hipermercado”.

Las fiscalizaciones de ARBA sobre el sector abarcaron doce grandes cadenas de supermercados que tienen actividad en territorio bonaerense, y en cinco de ellas verificaron que no se registraban irregularidades, en tanto que en los siete restantes detectaron la evasión en las operaciones de venta de carne.

Los privilegios de la casta judicial.

El diputado nacional del Frente de Todos y referente del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, se refirió a la discusión por el presupuesto del año que viene. “Es fundamental que los jueces, que ganan fortunas, empiecen a pagar ganancias”, reclamó. Insólitamente, la casta judicial se niega a pagar impuestos como cualquier otro trabajador del país.

“El Presupuesto es claramente para cumplir las metas con el FMI, nosotros de Patria Grande tenemos algunas diferencias con lo que presentaron“, insistió el legislador nacional.

Después, Fagioli se refirió al bono social que sacó el gobierno: “No alcanza con este bono pero ayuda. Veníamos planteando hace mucho este bono. Básicamente es un bono para que la gente coma, para garantizar los platos básicos, para que la gente no se muera de hambre”, narró. Será de 45 mil pesos y se pagará en dos meses.

“No alcanza con este bono pero ayuda”Veníamos planteando hace mucho este bono. Básicamente es un bono para que la gente coma, para garantizar los platos básicos, para que la gente no se muera de hambre”

Después, se refirió a la situción en muchos barrios populares: “Se crearon 150 mil puestos de trabajos para los vecinos que viven en barrios populares. Eso es muy importante”. “Los barrios comienzan a mejorar pero falta muchísimo presupuesto todavía”, cerró Fagioli.

“Se crearon 150 mil puestos de trabajos para los vecinos que viven en barrios populares””Hay muchas medidas que se están tomando pero tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los argentinos”

“Los barrios comienzan a mejorar pero falta muchísimo presupuesto todavía”

Operativos en Buenos Aires.

ARBA, el organismo de recaudación de provincia de Buenos Aires, realizó operativos en diferentes empresas con el fin de detectar evasión impositiva. En el caso de los hipermercados La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Cencosud, Carrefour y Changomás, ARBA aseguró que falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022 para evadir más de $6.000 millones en concepto de Ingresos Brutos.

Desde la llegada de Axel Kicillof a Buenos Aires, un objetivo de la política económica provincial tiene que ver con combatir la evasión impositiva. Así las cosas, se hacen operativos en diferentes ciudades y actividades productivas. La gestión de María Eugenia Vidal había desmantelado todos los equipos de control.

“Detectamos una maniobra de evasión de los supermercados, que evadieron $1.500 millones”, expuso el titular de la Agencia, Cristian Girard, y señaló que los técnicos presumen que, si se analizan las declaraciones juradas de los supermercados de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022, “ese monto llega a $6.000 millones”.

Para que quede claro: menos evasión implica mayores recursos para el Estado y la mejora en las diferentes prestaciones sociales que se brindan, como educación, salud o seguridad. De allí, que el gobierno peronista esté obsesionado en mejorar la recaudación.

La organización lanzó una advertencia a los países luego de que el Comité de Emergencia lo definiera de esa manera.

Pese a que la situación respecto de los contagios de coronavirus mejoró en todo el mundo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia aún es considerada como una “emergencia de salud pública internacional”.

“La semana pasada, el Comité de Emergencia sobre la Covid-19 se reunió para discutir la situación global y el camino a seguir. La opinión del Comité es que sigue siendo una emergencia sanitaria internacional y estoy de acuerdo”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según informaron desde la entidad, la denominada “emergencia de salud pública de interés internacional”, o emergencia sanitaria internacional (Pheic) está definida como un evento extraordinario que “constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”.

“El virus sigue cambiando y sigue habiendo incertidumbre y muchos riesgos”, señaló el director del organismo sanitario internacional. Asimismo, marcó la importancia de aumentar el acceso a las pruebas, el tratamiento y las vacunas para las personas de mayor riesgo.

Estas declaraciones llamaron la atención ya que hace un mes atrás el mismo diplomático afirmó que el fin de la pandemia de Covid-19 “ya estaba cerca”, y que el mundo nunca había estado en tan buena posición para vencerla.

Vale señalar que los últimos datos notificados por los países a la OMS, indican que las muertes por coronavirus descendieron a un nivel comparable a los inicios de la pandemia, y que cerca del 66% de la población mundial recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles contra esta enfermedad.

Pese a ello, el grupo internacional de expertos que forman el Comité de Emergencia de la OMS subrayó que las desigualdades en las tasas de vacunación aún persisten, al igual que los problemas de acceso a los antivirales y otros tratamientos en países de bajos recursos.

El presidente del Comité, Didier Houssin, advirtió que “levantar la declaración de emergencia relacionada con la Covid-19 podría llevar a que los gobiernos cancelen una serie de medidas sanitarias y sociales” justo antes del aumento previsto de casos en el hemisferio norte en los próximos meses de invierno.

En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.

La ley que declara al exsenador nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich como Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires fue promulgada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

La iniciativa del senador provincial Juan Pablo Allan (Juntos) destaca la trayectoria política del también exministro de Educación de la Nación y su compromiso y esfuerzo para lograr avances en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece.

En ese sentido, la propuesta destaca que Bullrich “batalló por sus principios e ideales de forma contundente en todos los espacios donde se ha desempeñado; sin embargo, es probable que su mayor batalla sea la que comenzó a librar hace poco tiempo contra una enfermedad muy compleja llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”.

“Nuestro país no cuenta aún con una base abierta, oficial y sólida de pacientes que padecen esta enfermedad y, sin datos, la posibilidad de crear políticas públicas que garanticen el derecho de los pacientes y la posibilidad de que puedan acceder a tratamientos, resulta utópica”, agregó, y subrayó la importancia del trabajo iniciado desde la Fundación Esteban Bullrich.

El proyecto se aprobó en la Cámara de Senadores en mayo pasado y se convirtió en Ley el mes pasado en Diputados.

En aquel momento Allan consideró que “Esteban Bullrich tiene todos los merecimientos para ser declarado con el máximo reconocimiento de la provincia de Buenos Aires”.

Además, enumeró su trayectoria en la vida política y la decisión de crear una fundación para atender a quienes sufren la misma enfermedad.

En diciembre de 2021 Bullrich formalizó su renuncia a la senaduría nacional ante las dificultades en el habla y la movilidad, como consecuencia de la ELA.

En esta segunda edición, se anotaron unos 130.000 alumnos que terminan la secundaria tanto públicas como privadas.

Más de 40 mil estudiantes de 1.115 escuelas ubicadas en 100 municipios bonaerenses ya participaron de la segunda edición de los Viajes de Fin de Curso financiados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En esta segunda edición, se anotaron unos 130.000 estudiantes bonaerenses que terminan la secundaria este año en escuelas del distrito, tanto públicas como privadas.

Los destinos bonaerenses a los que viajan los grupos estudiantiles son partido de La Costa, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, Monte Hermoso, Tornquist, San Pedro, Tandil, Alvarado, Escobar, Cañuelas y Necochea.

Los viajes se realizan entre septiembre y noviembre, es decir, durante la llamada “temporada baja” de la actividad turística. Los grupos disfrutan de 4 días y 3 noches, tienen incluidos todos los gastos de transporte, hotelería y comida y además cuentan con excursiones con enfoque en atractivos naturales, culturales, históricos, deportivos y turísticos, de modo de promover entre los estudiantes la identidad bonaerense e incentivar los vínculos con tradiciones y paisajes de la Provincia.

El programa Viajes de Fin de Curso apunta a impulsar el sector del Turismo en distintos municipios y, al mismo tiempo, a contribuir con la revinculación social y afectiva de las juventudes en la salida de la pandemia, garantizándoles el derecho a viajar en territorio bonaerense.

Financiamiento para el odio.

Una empresa macrista, vinculada a un exfuncionario de Cambiemos, le transfierió 7 millones de pesos a Jonathan Morel, líder de la organización ultraviolenta Revolución Federal. Morel fue detenido ayer. ¿Para qué le pagaron? La explicación oficial: contratarlo para hacer unos muebles. Sin embargo: ¿Quién contrataría por ese monto a una carpintería chica ubicada en el Gran Buenos Aires? ¿La empresa no consigue mejores proveedores?

Ahora, Nilo Medina, defensor de Morel, reconoció transferencias por más de ocho millones de pesos de Caputo Hermanos S.A., la compañía de la familia de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

Y dijo algo más: admitió que Morel nunca hizo el trabajo supuestamente encomendado, sino que lo tercerizó. Es decir: una empresa de un ex funcionario macrista contrató al líder de un grupo de ultraderecha para hacer un trabajo de carpintería que no podía hacer. ¿Es así? No cierra por ningún lado.

Ante un pedido del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de incluir al Poder Judicial dentro de Ganancias, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación salió al cruce.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, se declaró en estado de “alerta y movilización” en todo el país en rechazo a “la propuesta de que los trabajadores de la actividad abonen el mal llamado Impuesto a las Ganancias, ya que el salario no es ganancia”.

Piumato sostuvo que “el problema de la Argentina no son los trabajadores ni quienes abonan Ganancias sino la usura financiera que saquea la riqueza y el futuro”.

En tanto, Casaretto recordó en su argumentación que la discusión de este tema “surgió en la década del ’30, cuando la Corte Suprema de entonces, que había declarado constitucional el Golpe de Estado de 1930, había resuelto que tenía que pagarlo toda la sociedad, menos ellos”.

“Se siguió sucediendo con el tiempo, y cuando ese impuesto a los réditos cambia, en la década del ’70, se dispuso que estuvieran exentos tres ítems: jueces, legisladores y jueces y legisladores jubilados”, continuó.

Casaretto prosiguió: “En 1996 este Congreso derogó esos tres artículos, con promulgación el 26 de marzo de ese año; y muchas cosas demoran muchos años en la Justicia, pero está no, porque el 11 de abril, dos semanas después, firman una acordada por la cual declaran inaplicable esa ley”.

“Y lo hicieron en relación a los jueces y a los jueces jubilados, o sea que, todos los demás, de vuelta a tener que pagar, menos ellos. De hecho a partir de ese momento, los legisladores activos y jubilados comenzaron a pagar, y hoy pagamos”, precisó.

Para clarificar, añadió: “Hoy el Poder Ejecutivo, paga; los legisladores, pagamos; y los jueces no lo hacen. Porque ellos, con esa Corte presidida por Julio Nazareno (en los ’90, durante el Gobierno de Carlos Menem), dispusieron que no se hiciera”.

“Volvió a discutirse en 2016, alguno de los acá presentes votó una ley, que dispuso que comenzaran a pagar los designados de 2017 en adelante; pero sobre eso la política aplicó cautelares y no pagó ninguno”, advirtió.

En la cronología mencionó que “el tema volvió a aparecer en octubre de 2018 durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2019; y allí el diputado (Nicolás) Massot (entonces presidente del bloque PRO) pidió junto a otros colegas que se tratara este tema”.

“Se obtuvieron tres cuartos de los votos para tratar el tema (mayoría especial requerida) pero cuando se llegó al momento de considerarlo, Massot dijo ‘estamos todos de acuerdo’ en tratarlo; y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (también del PRO), le respondió: ‘Estamos todos de acuerdo en tratarlo, pero no en esta sesión, en la sesión siguiente'”, relató.

“Todavía estamos esperando”, remató Casaretto ante ese análisis que finalmente nunca llegó.

“Dos semanas después la Corte falló, rechazó las cautelares y mandó a pagar a los jueces que no lo habían hecho, por lo que, durante casi dos años no habían cumplido la ley, y allí lo empezaron a hacer”, añadió.

En pleno debate del Presupuesto 2023 el oficialismo decidió incorporar un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias.

El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió el jueves incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se estima que se podrán sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos), quien señaló que “hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales”.

“Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad”, lanzó el entrerriano como introducción.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año pagaran Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.

El artículo incorporado ahora fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.

El diputado oficialista dijo que en 2022 el Estado no recaudará “129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”.

En relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos.

“Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $ 1.000.000 o $ 2.000.000 mensuales, no pagan”, agregó.

Casaretto señaló que quienes “tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial”, en referencia al argumento de los magistrados para que sus ingresos no se vean depreciados, dado que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada.

“Claramente yo no coincido con esta exención; de hecho el año pasado presenté un proyecto de ley en el cual me acompañaron unos cuarenta colegas, esencialmente de mi bloque, y que diputados aquí presentes han sido parte de la discusión”, remarcó.