Reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para analizar la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero (Córdoba); la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (Paraná, Entre Ríos); la Universidad Nacional de Ezeiza; la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo; y la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado (Cañuelas, Buenos Aires).
La actividad se podrá seguir en el siguiente link:
La vicepresidenta dirigió sus “palabras finales” en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el Tribunal Oral Federal 2 que la juzga en la causa Vialidad es un “pelotón de fusilamiento”, al comenzar a exponer sus palabras finales en el juicio.
“Cuando hablé de ‘lawfare’ fui muy generosa; este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, dijo la Vicepresidenta, quien se dirigió desde pasadas las 9:30 a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional, en la última instancia antes de fijar fecha para el veredicto.
En sus “palabras finales” en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial entre 2003 y 2015, Cristina Fernández de Kirchner resaltó que la detenida por el intento de asesinato en su contra, Brenda Uliarte, seguía en redes sociales al fiscal de juicio Diego Luciani, quien en su alegato durante 20 días contó “hechos inexistentes” mientras que se “ocultaron otros”, al hablar por última vez ante el Tribunal Oral Federal 2
“Se demostró que cada una de las cosas que dijo el fiscal eran mentiras; no eran ciertas”, afirmó la Vicepresidenta al brindar sus “últimas palabras” ante el tribunal.
Captura de TV
La Vicepresidenta cuestionó que se considere una asociación ilícita a un Gobierno elegido tres veces “democráticamente” mientras que “en Comodoro Py no se considera que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública”, al brindar sus últimas palabras ante el Tribunal que la juzga por la denominada causa Vialidad.
“Entonces se suma una causa por acá, otra por allá y nada de asociación ilícita”, dijo la Vicepresidenta en relación a la investigación del intento de magnicidio cometido en su contra el 1 de septiembre pasado.
“Comodoro Py ha tenido una actividad disciplinadora de la clase política”, dijo Fernández y agregó que “este pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.
“Hoy – continuó- el partido judicial cumple el rol de condicionar, obturar, posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, sostuvo la Vicepresidenta, al remarcar que “la sentencia estaba escrita” y considerar que “la estigmatización es para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos como pagarle al Fondo, recuperar las AFJP y también YPF”.
El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de los genocidas Miguel Ángel Ossés, Daniel Alfredo Scali y Héctor Oscar Seisdedos, quienes tras ser condenados por las violaciones a los derechos humanos realizaron presentaciones para revertir el fallo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas para tres represores por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos en la mansión Seré, una casona con quinta ubicada en el partido bonaerense de Morón, que fue utilizada como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
Los represores Miguel Ángel Ossés, Daniel Alfredo Scali y Héctor Oscar Seisdedos, luego de ser condenados por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese lugar, realizaron varias presentaciones judiciales en busca de revertir el fallo. Pero todas ellas fueron rechazadas.
Ahora, la Corte dictaminó que las condenas quedan definitivamente confirmadas.
Ossés, que era brigadier, y Seisdedos, que fue policía y luego ofició como integrante civil del área de inteligencia de la Fuerza Aérea, habían presentado sendos recursos, que no prosperaron ante el Máximo Tribunal. Los magistrados, en tanto, consideraron “inoficiosa” la presentación que había hecho Scali, que era cabo, y que ya falleció.
Sobre Ossés pesa una condena de prisión perpetua por homicidio, violación y torturas, en tanto que Seisdedos y Scali fueron sentenciados, en ambos casos, a 25 años de prisión por delitos similares.
La medida de fuerza no fue anunciada con antelación y comenzó en las primeras horas de este martes. Aún no se estableció hasta cuándo se extenderá.
Trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) interrumpen este martes de manera sorpresiva el servicio de la línea B de subte -con recorrido desde la estación Leandro N. Alem hasta Juan Manuel de Rosas- por una protesta gremial originada en un conflicto entre un supervisor de la empresa concesionaria y un delegado.
Se trata de un conflicto que “surge de una discusión entre un supervisor y un delegado gremial del taller Rancagua que incluyó agresiones mutuas, derivando en un conflicto que se agravó con intervención de los respectivos sindicatos y que aún no ha podido ser resuelta”, indicaron desde la empresa Emova a través de un comunicado.
La empresa informó además que se realizan “gestiones ante las autoridades laborales con la finalidad de normalizar el servicio lo antes posible”.
En tanto, desde el gremio de metrodelegados indicaron que se mantienen al margen de este conflicto y que la medida de fuerza dificulta la elección de autoridades de la entidad sindical que estaba prevista para este martes.
El paro no había sido anunciado con antelación y comenzó en las primeras horas de este martes. Aún no se estableció hasta cuándo se extenderá.
La medida de fuerza afecta al recorrido que va desde las estaciones Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas. La línea B es la más utilizada, llegando a transportar 210 mil pasajeros por día.
El titular de esa importante cartera se alejara de su cargo por temas de salud. Definirá con el Presidente las condiciones de su salida.
El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dejará su cargo en los próximos días como consecuencia de un problema de salud, aunque aún no están definidas las condiciones de su alejamiento.
De esta forma lo informaron fuentes gubernamentales, luego de que este lunes Guerrera participara de un acto en La Plata junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Se espera que este martes produzca un encuentro entre el ministro de Transporte y el jefe de Estado en Casa Rosada para definir cómo serán los términos de su alejamiento, es decir, si renuncia o si se toma licencia.
Por estas horas, lo cierto es que Guerrera, referente del Frente Renovador de Sergio Massa, dejará el cargo, ya sea por un tiempo o de forma definitiva.
Guerrera asumió en el cargo el 3 de mayo de 2021 para reemplazar su antecesor, Mario Meoni, quien falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a la ciudad de Junín, de donde era oriundo.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia tomó una serie de testimonios a exfuncionarios de la administración de María Eugenia Vidal.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau (FdT), se reunirá este martes para avanzar con el dictamen del documento elaborado por la subcomisión parlamentaria que investigó el caso de la “Gestapo antisindical” durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Durante la reunión, que se realizará a partir de las 14 en el Salón Perito Moreno del Anexo del Senado, se buscará avanzar en el dictamen al que arribó la subcomisión integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y por el opositor radical Miguel Bazze, quienes tomaron una serie de testimonios a exfuncionarios de la administración de la exgobernadora bonaerense y exagentes de inteligencia que habrían participado de maniobras para armar causas contra sindicalistas.
Las citaciones comenzaron luego de que se conociera un video del exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, quien en una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde participaron empresarios y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dijo que le hubiera gustado tener una “Gestapo” (policía política del nazismo) para controlar a los gremialistas.
Villegas dijo en la reunión del video que trascendió que le hubiera gustado tener una “Gestapo” (policía política del nazismo) para controlar a los gremialistas.
El exfuncionario de Vidal les daba a los empresarios instrucciones sobre la forma en la que debían actuar para el armado de causas y les confiaba que la Procuración bonaerense, dirigida por Julio Conte Grand, estaba al tanto sobre cómo debían ejecutarse estas maniobras, según lo que pudieron reconstruir los legisladores a partir de testimonios que se aprecian en ese registro audiovisual.
Uno de los primeros testigos que la subcomisión recibió en enero pasado fue el comisario de la Policía Bonaerense Hernán Cassasa, quien confirmó ser el autor de audios en los que revelaba el accionar de una mesa judicial durante el gobierno de Vidal, y detalló a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.
Uno de los primeros testigos fue el comisario de la Bonaerense Hernán Cassasa, quien confirmó ser el autor de audios en los que revelaba el accionar de una mesa judicial.
En tanto, la mayoría de los exfuncionarios de la AFI citados por la comisión si bien se hicieron presentes ante los legisladores, por consejo de sus abogados, no respondieron preguntas y se limitaron a presentar escritos, ya que argumentaron que la causa estaba siendo tramitada en la Justicia.
Por su parte, y tras ser mencionado en los testimonios, Conte Grand, también asistió a declarar ante los integrantes de la subcomisión el 27 de enero pasado pero sus declaraciones fueron calificadas como “poco convincentes” por los legisladores.
La magistrada presentó la denuncia luego de haber recibido el viernes los resultados de “la pericia de la pericia” del celular del hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti presentó una denuncia para que se investiguen, en una causa aparte, las eventuales responsabilidades penales que puedan caberle a quienes manipularon el reseteado teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron este lunes fuentes judiciales.
La magistrada presentó la denuncia luego de haber recibido el viernes los resultados de “la pericia de la pericia”, el informe de Gendarmería que analizó cómo se llevaron a cabo los procedimientos de extracción de datos del teléfono de Sabag Montiel, primero por la Policía Federal (PFA) y luego por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), siempre por órdenes de la propia Capuchetti.
La denuncia apunta a que se investiguen si se cometieron delitos de acción pública en la manipulación del teléfono de Sabag Montiel y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini, que trabaja este año con el fiscal federal Federico Delgado.
La pérdida del teléfono de Sabag Montiel en las horas posteriores al ataque ocurrido el jueves 1 de septiembre fue uno de los primeros hitos de la investigación: la primera extracción se intentó dentro del juzgado de Capuchetti hasta donde llegaron técnicos de la PFA convocados por la jueza.
Ese intento fracasó y horas después, en la noche del viernes, el teléfono fue llevado en un auto de custodia de la jueza hacia la sede de la PSA en Ezeiza, adonde llegó en un sobre abierto, encendido y sin un oficio que indicara cuál había sido el procedimiento que se hizo primero.
En las oficinas de la PSA intentaron nuevamente la extracción de la información y allí surgió la leyenda que daba cuenta que el celular había sufrido un reseteado de fábrica, según trascendió en las horas posteriores al suceso.
El informe recibido por la jueza el último viernes indica que la extracción intentada por la PFA fue “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo (conforme consta en las actuaciones remitidas para análisis)”.
También indica que “que resultó factible determinar fecha y marco de tiempo en que el equipo ‘teléfono sabag’ fue restablecido a valores de fábrica, siendo la misma ’00:19:26′ hora local. del día 03 de septiembre del 2022”, cuando el teléfono ya estaba en la PSA.
Sabag Montiel.
Otro de los detalles que surgen del informe es que “el equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimientos, lo que hace el equipo sea vulnerable y/o sensible ante la manipulación propiamente dicha”, es decir que el celular podía estar preparado para evitar que se le extrajera información.
El informe lleva la firma de peritos de la Gendarmería, segundo comandante Mario Tapia y primer alférez Francisco Pardo; el ingeniero Nicolás Sanguinetti, jefe de los laboratorios de informática de la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), que depende del Ministerio Público Fiscal, y el licenciado Tomás Barbieri, perito designado por Cristina Kirchner.
