Uruguay: masiva movilizaciÃģn en rechazo de la reforma jubilatoria de Lacalle Pou

El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilizaciÃģn

El proyecto de reforma al sistema jubilatorio del gobierno de Uruguay fue duramente cuestionado este jueves por miles de manifestantes que respondieron al llamado al paro y la movilizaciÃģn de la central Única de trabajadores, el PIT-CNT. El sindicato denunciÃģ que la iniciativa significa una pÃĐrdida de derechos “brutal” para los sectores mayoritarios. La reforma presentada por el Ejecutivo se encuentra en su etapa final, debido a que ya fue aprobada en el Senado, ante lo cual la coaliciÃģn oficialista busca consensos para conseguir que pase por el voto de los diputados.

“Perjudicial para las grandes mayorías” 

“Cada vez queda mÃĄs claro que la reforma es perjudicial para los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador”, advirtiÃģ el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la iniciativa que propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 aÃąos en un proceso gradual que no abarca a toda la poblaciÃģn. Abdala hablÃģ mientras miles de uruguayos, que se habían concentrado en la explanada de la Universidad de la RepÚblica, en el centro de Montevideo, avanzaban hacia la sede del Palacio Legislativo.

La convocatoria tenía como objetivo llevar un mensaje de protesta a los diputados, que tienen el texto en discusiÃģn y planean llevarlo al recinto la prÃģxima semana, despuÃĐs de que a fin de aÃąo recibiera media sanciÃģn por parte del Senado. Abdala considerÃģ “muy buena” la movilizaciÃģn y la definiÃģ como “una acciÃģn bien importante de la clase trabajadora”.

El dirigente alertÃģ que la reforma “a contingentes masivos de la clase trabajadora le genera menos derechos, quitÃĄndole condiciones que no tienen nada que ver con las tradiciones del país”, y dejÃģ en claro que “la seguridad social es un mecanismo para la protecciÃģn de la gente, y no la resuelve la economía del mercado”. Este proyecto “implica un retroceso, mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la poblaciÃģn vamos perdiendo derechos; la mayoría de la poblaciÃģn no comparte esta reforma jubilatoria”, insistiÃģ Abdala, segÚn el sitio Caras y Caretas.

Una reforma “brutal y criminal”

La huelga, que empezÃģ a las nueve de la maÃąana y se extendiÃģ por cuatro horas, contÃģ con la adhesiÃģn de la Intersocial Feminista y la mayoría de los sindicatos del país, incluyendo a los del transporte, las telecomunicaciones, la construcciÃģn y la salud pÚblica. En ciertos casos la adhesiÃģn se hizo con paralizaciÃģn de actividades por todo el día, mientras que en otros, como el de la UniÃģn Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, se dio sin suspensiÃģn de las actividades laborales.

Abdala seÃąalÃģ que la reforma afecta, mÃĄs allÃĄ de la poblaciÃģn en general, “a otros sectores como los pequeÃąos empresarios, que tienen sus intereses vinculados a la demanda interna, al mercado interno”. “La reforma eleva la edad jubilatoria cuando la actual revoluciÃģn tecnolÃģgica debería convocarnos a debatir un reparto socialmente equitativo del trabajo disponible” y ademÃĄs “rebaja las jubilaciones”, insistiÃģ segÚn el diario El País.

Desde el escenario el secretario de OrganizaciÃģn del PIT-CNT, Enrique MÃĐndez, calificÃģ de “brutal y criminal” a la iniciativa oficialista, que, advirtiÃģ, rompe con “un pacto social construido durante dÃĐcadas”. MÃĐndez repasÃģ que la seguridad social “es una conquista de la clase obrera, una lucha que el campo popular dio frente a las injustas condiciones desiguales de la economía del mercado que tienen como leitmotiv buscar el lucro indiscriminado sin pensar en las vulnerabilidades sociales”.

Para el dirigente de los trabajadores de la industria lÃĄctea, el objetivo del gobierno de Luis Lacalle Pou es imponer el proyecto “como síntesis brutal al proceso de ajustes que viene tomando” y manifestÃģ: “Toma como bastiÃģn hoy esta reforma de jubilaciones y pensiones para seguir golpeando a los sectores populares y mÃĄs vulnerables de nuestra sociedad”.

Por la Intersocial hablÃģ Lucía Padula, quien juzgÃģ que con la iniciativa el gobierno “sigue demostrando que su administraciÃģn favorece a los malla oro (clases adineradas) y pretende que todas las crisis las paguen los trabajadores y trabajadoras y sectores mÃĄs vulnerables de la sociedad”. El Ejecutivo “carece de perspectiva de gÃĐnero, ignora las disidencias, a personas en situaciÃģn de discapacidad y a las niÃąeces, dejando afuera varias aristas de la seguridad social que no se resumen en las pensiones y jubilaciones, que es a lo que estÃĄ dedicado los mÃĄs de 300 artículos de este proyecto”, alertÃģ Padula.

El 15 de septiembre del aÃąo pasado, el PIT-CNT llevÃģ a cabo el Último paro general de 24 horas, en el que reclamÃģ subas en los salarios y mÃĄs presupuesto para vivienda y educaciÃģn. El pasado ocho de marzo hubo un nuevo paro general, aunque en esa oportunidad fue solo de mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

La postura del gobierno

La iniciativa fue defendida, en cambio, por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para quien la reforma que pretende aprobar el gobierno no es perjudicial para los trabajadores. “Si no, no estaría de acuerdo”, expresÃģ en declaraciones a Canal 10.

Mieres sostuvo que “extender la edad de jubilaciÃģn es inevitable”, y cuestionÃģ al PIT-CNT y al Frente Amplio por criticar el proyecto sin presentar uno alternativo. “Nunca hubo un documento alternativo. Oponerse a algo es un bollo”, agregÃģ el ministro, utilizando una expresiÃģn que en Uruguay significa que algo es sencillo.

AdemÃĄs de reiterar que los cambios en el sistema son “necesarios”, Mieres reseÃąÃģ que el Ejecutivo recibiÃģ a 80 delegaciones “de todo tipo” para el armado del proyecto. “Es mucho mÃĄs que el famoso diÃĄlogo que generÃģ el Frente Amplio en el 2008”, comparÃģ.

La movilizaciÃģn coincidiÃģ con el anuncio del oficialismo de que aceptarÃĄ once cambios en el texto salido del Senado, la mayoría propuestos por el Partido Colorado, integrante de la alianza gobernante, y aceptados tras la visita que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hizo el miÃĐrcoles a las comisiones de Diputados. 

Algunas modificaciones tienen que ver con limitar las inversiones en el exterior de las administradoras de fondos, prohibir a futuros gobiernos cambiar la edad jubilatoria sin aval del Congreso y reducir la cantidad de aÃąos de residencia en el país exigidas a los migrantes para poder acceder a una pensiÃģn.

De todas formas, Mieres aclarÃģ que se ratifican “las líneas generales del proyecto”, es decir que “la arquitectura general del proyecto no tiene modificaciÃģn y es lo que garantiza que tengamos un resultado de sostenibilidad fiscal y de equidad”, asegurÃģ. El ministro de Trabajo insistiÃģ en “el carÃĄcter integral de la reforma” y el norte que significa para el gobierno avanzar hacia el sistema previsional comÚn.

En cambio el diputado del Frente Amplio, SebastiÃĄn Valdomir, dijo que al tratarse de “enunciados” y no estar redactados, se hace difícil ofrecer algÚn tipo de anÃĄlisis al respecto. Valdomir planteÃģ que se presentaron nÚmeros que evidencian “los impactos que tiene extender la edad para jubilarse” en los seguros “por invalidez o por desempleo”, y recordÃģ que por la comisiÃģn desfilaron “colectivos de trabajadores que ya tienen muchos problemas para jubilarse a los 60 aÃąos”. En ese sentido, subrayÃģ “los impactos que tendrÃĄ para la salud de ese trabajador o trabajadora extender a 65 aÃąos”.

Fuente P12

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La hipocresía de Larreta: mensaje por el 24 de marzo y homenaje a Blaquier

El jefe de Gobierno de la Ciudad destacÃģ el Día de la Memoria y seÃąalÃģ que el “NUNCA MÁS fue un aprendizaje”. Al mismo tiempo, le recordaron su mensaje de condolencias al empresario azucarero acusado de ser cÃģmplice de la dictadura cívico-militar.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, enviÃģ un mensaje en redes sociales para recordar el 24 de marzo por el cumplimiento 47 aÃąos del Último golpe militar.

“La desesperaciÃģn que se siente cuando alguien que amamos no aparece. La impotencia frente a la violencia ejercida por la dictadura. El 24 de marzo es un día para recordar. Para recordar desde dÃģnde empezamos a recorrer estos primeros 40 aÃąos continuos en democracia. No fue fÃĄcil”, iniciÃģ el encargado del ejecutivo porteÃąo.

En la continuidad, asegurÃģ que “el NUNCA MÁS” fue un aprendizaje y agregÃģ: “Fue la Última vez que millones de argentinos nos pusimos de acuerdo en algo tan profundo. Muestra lo que podemos conseguir juntos”.

El dirigente del PRO opinÃģ que los argentinos quieren “democracia, paz y progreso y, en tono de campaÃąa, deslizÃģ que sueÃąa con un país “desarrollado”. â€œLo que hicimos todos hace 40 aÃąos confirma mi esperanza de que se puede”, sentenciÃģ.

Las respuestas al hilo de twitter de Rodríguez Larreta no se hicieron esperar y le recordaron la ambigÞedad de su discurso en materia de Derechos Humanos. El eje de los reproches fueron el mensaje de condolencias a la familia Blaquier tras el fallecimiento del empresario azucarero que estuvo involucrado como cÃģmplice civil de la Última dictadura.

“La dictadura fue cívico militar”, escribiÃģ el legislador del Frente de Todos Javier Andrade, que apuntÃģ contra el jefe de Gobierno porteÃąo tras su evidente relaciÃģn con la familia de Carlos Pedro Blaquier.

Fuente: NuevaCiudad

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“Argentina, 1985” se proyecta gratis el sÃĄbado en las escalinatas del Congreso

La multipremiada película “Argentina, 1985” que recrea el Juicio a las Juntas Militares se proyectarÃĄ el prÃģximo sÃĄbado a las 20 horas en las escalinatas del Congreso de la NaciÃģn con entrada libre y gratuita.

A travÃĐs de una iniciativa impulsada por la Presidenta de la CÃĄmara de Diputados, Cecilia Moreau y el titular del INCAA, NicolaÃĄs Batlle, el film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, bajo la direcciÃģn de Santiago Mitre, tiene como objetivo concientizar acerca de la importancia de los valores democrÃĄticos, en el marco de la conmemoraciÃģn por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia y los 40 aÃąos del regreso de la democracia en nuestro país.

De esta manera, en el acuerdo firmado por el Congreso y el INCAA se creÃģ el ciclo “Cine y Democracia”, que tiene como finalidad promover y fortalecer la actividad cinematogrÃĄfica nacional y los valores democrÃĄticos para concientizar y resaltar la importancia y el significado histÃģrico, político y social que posee la democracia para la NaciÃģn y el pueblo argentino.

La elecciÃģn de esta película se basa en su importancia para rescatar la historia reciente de nuestro país, y proyectarla con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, remarca el compromiso de ambas instituciones con la decisiÃģn del pueblo argentino de NUNCA MÁS.

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El Equipo Argentino de Antropología Forense relanzÃģ su campaÃąa para identificar desaparecidos

“TenÃĐs una historia, tenÃĐs un derecho” se denomina el nuevo spot para continuar con la bÚsqueda de mÃĄs de 600 cuerpos de personas desaparecidas entre 1974 y 1983.

El spot contiene el testimonio de Guadalupe Miguel Penovi, nieta de Mabel Venegas de Miguel, quien fue secuestrada y desaparecida el 4 de mayo de 1978, a los 32 aÃąos, durante la Última dictadura cívico-militar. Su cuerpo fue enterrado sin identidad en el Cementerio de Mar del Plata, en 1978. En 2011, el EAAF identificÃģ el cuerpo de Mabel y lo restituyÃģ a su familia, que decidiÃģ enterrarla en el Cementerio de La Plata.

“La recuperaciÃģn de mi abuela fue algo que sirviÃģ para cerrar una etapa, cerrar un ciclo. Pero tambiÃĐn fue saber quÃĐ había pasado con ella. Por eso, a jÃģvenes como yo, que tienen familiares desaparecidos, les digo que no duden ni un segundo en dar su muestra o incentivar a su familia para que lo haga, porque es muy importante. Lo que siempre dice mi papÃĄ, y yo lo repito, es completar un poco ese rompecabezas al que le faltaban piezas”, cuenta Guadalupe en el video.

https://twitter.com/eaafoficial/status/1639195581779259394

Virginia Urquizu, coordinadora de la unidad de casos del EAAF, detallÃģ que “los familiares nos pueden contactar por telÃĐfono, mail o por la pÃĄgina para que les informemos. Si aportan su muestra de ADN se compara con el ADN de los cuerpos que tenemos en resguardo”.

Los familiares de personas desaparecidas que aÚn no hayan aportado su muestra de sangre pueden llamar al 0800-345-3236, escribir al mail [email protected], contactarse por redes sociales a @EAAFoficial, o vía un formulario de la pÃĄgina web www.eaaf.org.

Las muestras de ADN son confidenciales, gratuitas y no implican ningÚn tipo de obligaciÃģn para los familiares. Las tomas de muestras se pueden realizar en todo el país y tambiÃĐn en el exterior.

Desde su fundaciÃģn en 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificÃģ a mÃĄs de 820 personas víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina y mantiene en resguardo mÃĄs de 600 cuerpos a la espera de ser identificados.

Una vez que el familiar decide dar su muestra de sangre, el EAAF compara su ADN con la base de datos de las personas desaparecidas sin identificar. En caso de existir una coincidencia, el cuerpo es identificado y restituido para que la familia pueda despedirse.

AdemÃĄs, una muestra del ADN queda bajo resguardo en el EAAF y otra en el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de NaciÃģn.

En caso de no haber coincidencia, esas muestras sirven para ser comparadas en el futuro ante eventuales nuevos hallazgos de víctimas.

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“Me salvÃĐ de las balas porque mi mamÃĄ se puso encima mío”

Wado de Pedro relatÃģ en primera persona el asesinato de sus padres durante la Última dictadura cívico militar y contÃģ como fue su apropiaciÃģn.

En el marco del Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el ministro del Interior y nieto recuperado, Eduardo “Wado” de Pedro, relatÃģ en un video realizado por jÃģvenes estudiantes de cine, denominado “Memoria en Primera Persona”, cÃģmo fue su apropiaciÃģn durante la dictadura cívico militar, el asesinato de sus padres y el tiroteo del que sobreviviÃģ gracias a que su madre lo refugiÃģ con su propio cuerpo.

“En lo personal fue muy duro. Primero perdí a mi padre en abril de 1977, tenía cinco meses. DespuÃĐs en octubre de 1978 secuestran y asesinan a mi madre, Lucila (RÃĐvora), embarazada de 8 meses y medio”, recordÃģ.

“Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa donde estÃĄbamos viviendo. Yo me salvÃĐ de las balas por el cuerpo de mi mamÃĄ. Ella me refugia en la baÃąadera y se pone encima mío”, agregÃģ con la voz emocionada, sobre el terror que viviÃģ en su casa de Floresta.

Wado tambiÃĐn contÃģ que en 1996 visitÃģ aquella casa donde se produjo el asesinato de su madre y donde fue secuestrado. “Le toque el timbre a la vecina de la casa donde fue el operativo. Me dejÃģ pasar a la casita del fondo y estÃĄ el baÃąo todavía con tiros en la puerta. Cuando veo eso, veo lo que pasÃĐ. Fue muy duro, seguramente de ahí a mi me secuestran. Estuve apropiado por alguna familia de militares por unos meses”, revelÃģ.

En un fragmento del testimonio, que fue compartido en su cuenta de Tik Tok, Wado rememorÃģ que “por gestiones familiares” lograron que lo devuelvan, aunque remarcÃģ que “estamos ante un hecho mÃĄs de los miles que pasaron en la dictadura, donde se vive mal. Se viviÃģ mal y despuÃĐs, el despuÃĐs”.

“Cuando me vine a Buenos Aires a estudiar, pude ver el surgimiento de H.I.J.O.S. Eso no lo tenía dimensionado como una actividad política, sino que lo tenía dentro de las necesidades personales. Tenía la intenciÃģn de compartir con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres, tenía ganas de compartir primero las experiencias personales y despuÃĐs tenía ganas de ver cÃģmo podíamos hacer para que deje de haber impunidad en la Argentina”, explicÃģ respecto a su primero aÃąos de militancia.

En ese marco, De Pedro invitÃģ a los jÃģvenes a participar de la movilizaciÃģn de hoy y destacÃģ que “las nuevas generaciones son mucho mÃĄs sanas e inteligentes” y dan por hecho que “no puede venir ninguna fuerza a copar el Estado y usar la violencia para ir en contra de la libertad”. “Los dirigentes menos viejos tenemos que hablarle a las nuevas generaciones que van a mantener las banderas de la democracia, la empatía, la justicia y la convivencia en paz. Hay que volver a contar cosas que para nosotros son muy obvias”, completÃģ.

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Legislatura Bonaerense: presentan proyecto para derogar mÃĄs de 3 mil decretos de los gobiernos de facto

La iniciativa surge a partir del trabajo de la Unidad para la ReparaciÃģn HistÃģrica Legislativa y en una primera etapa se propone expedir sobre 2.045 normas aÚn vigentes.

En el marco de la SesiÃģn Especial convocada en reafirmaciÃģn de la democracia y los derechos humanos, el titular de la CÃĄmara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, presentÃģ un proyecto de ley que recapitula el trabajo realizado por la Unidad para la ReparaciÃģn HistÃģrica Legislativa sobre los decretos aÚn vigentes y propuso la derogaciÃģn de 2.045 normas instauradas durante distintos gobiernos de facto desde 1955 a 1983.

Esta labor fue realizada por una Unidad Especial creada en la sesiÃģn especial del 24 de marzo de 2022. A lo largo de un aÃąo y bajo la coordinaciÃģn del intendente de GonzÃĄlez ChÃĄvez, Marcelo SantillÃĄn, fueron evaluados, en total, 3.217 decretos leyes y ordenanzas generales dictadas durante los periodos 1955-1958, 1932-1963, 1966.1973 y 1976-1983.

Dentro de los fundamentos del expediente que expresa la propuesta, se detallÃģ que entre estas normas aÚn vigentes se encuentran la Ley OrgÃĄnica de Municipalidades, el CÃģdigo Procesal Civil y Comercial, las normas de Procedimiento Administrativo, la Ley OrgÃĄnica de Fiscalía de Estado, la Ley de Ordenamiento territorial y uso de suelo, entre otras.

Del esa enumeraciÃģn se desprende que la vida de los bonaerenses tiene reglas de convivencia que fueron decretados durante los gobiernos de facto de la segunda mitad del SXX.

De allí surge la propuesta del diputado por la sÃĐptima secciÃģn Walter Abarca, que fue el elegido por su bloque para hacer uso de la palabra al momento de presentar el proyecto. “La ConstituciÃģn es un pacto de convivencia que establecemos para vivir en comunidad”, dijo en el inicio de su alocuciÃģn.

Con un recorrido por el trabajo de la Unidad de ReparaciÃģn, el legislador mencionÃģ otros decretos que se conocieron durante el proceso de bÚsqueda, entre los que se incluye el que creaba una comisiÃģn para liquidar los bienes del Partido Peronista.

En el aÃąo 1956 saliÃģ a la luz el decreto ley 7.565, que establecía por potestad del interventor federal de la provincia “en ejercicio del Poder Legislativo”, la vigencia de la ConstituciÃģn de 1934, dejando de lado la sancionada en 1949. Abarca explicÃģ que aquella Carta Magna responde a una sociedad distinta a la actual, con un tercio de los habitantes del día de hoy, dÃģnde los tÃĐrminos utilizados eran anacrÃģnicos.

“Estamos convencido de que no solo debemos leer y aggiornar esas normas de la dictadura, sino dar un debate profundo sobre la ConstituciÃģn de la provincia de Buenos Aires”, afirmÃģ el legislador saladillense. Y lanzÃģ: “como producto de este trabajo hemos presentado un proyecto de convenciÃģn constitucional constituyente”.

Abarca sostuvo que temas como el medio ambiente y cuestiones del mecanismo de endeudamiento provincial, entre otros, se encuentran totalmente desactualizados y deben debatirse.

En relaciÃģn al proyecto para derogar las normas establecidas en dictadura, el texto presentado los agrupa segÚn su condiciÃģn en los que ya han cumplido el objeto para el que fueron dictados, perdieron vigencia, y algunos otros que fueron derogados de forma implícita. Respecto a la cantidad, en esta primera etapa se analizaron y clasificaron 637 decreto leyes dictados en el período 1955-1958; 179 entre 1962 y 1963; 867 entre 1966 y 1973; y 1.534 durante la dictadura que se iniciÃģ el 24 de marzo de 1976 y finalizÃģ tras la asunciÃģn de RaÚl Alfonsin en 1983.

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La palabra de MÃĄximo Kirchner en la marcha por el 24 de marzo: “La democracia vive con la gente adentro”

El diputado nacional participÃģ de la marcha que partiÃģ desde la ex Esma hasta Plaza de Mayo y recordÃģ a Hebe de Bonafini. “Es una compaÃąera de fuerza Única” dijo.

MÃĄximo Kirchner recordÃģ a Hebe de Bonafini en la marcha por el Día Nacional de la Memoria que partiÃģ a Plaza de Mayo desde el Centro Clandestino de DetenciÃģn que funcionÃģ en la ESMA.  

Sobre la ex titular de la AsociaciÃģn de Madres de Plaza de Mayo, MÃĄximo Kirchner dijo “Era una compaÃąera de fuerza Única” y convocÃģ a que las personas se involucren en la militancia porque “la democracia vive con la gente adentro”.

“Hubo grandes avances y retrocesos hasta que NÃĐstor (Kirchner) fue presidente, pero esa militancia va preparando las condiciones para que cuando estÃĐn las condiciones políticas se pueda avanzar de manera mÃĄs rÃĄpida y mÃĄs preparada” afirmÃģ.

El presidente del PJ bonaerense tambiÃĐn hablÃģ sobre la proscripciÃģn contra la vicepresidenta Cristina FernÃĄndez de Kirchner. “El partido judicial y el macrismo decidieron desgastar y perseguir a la figura de Cristina. Tenía que ver con que creían que la podían hacer perder potencia electoral”, apuntÃģ y destacÃģ que en 2019 CFK fue la armadora del Frente de Todos y su triunfo en las urnas.

“Hoy no quieren dejar que participe ni por las dudas, porque saben de su potencia electoral -asegurÃģ-. ParticipÃģ de tres fÃģrmulas electorales y las tres ganaron”.

El diputado del Frente de Todos apuntÃģ contra el Fondo Monetario Internacional y seÃąalÃģ que al organismo “le interesa conducir nuestra economía, no que podamos hacerle frente a la deuda”.

“Lo que hizo el macrismo en tÃĐrminos de endeudamiento es criminal, la justicia no ha puesto el ojo en ellos y es necesario saber quÃĐ hicieron con esa cantidad de plata”, aÃąadiÃģ.

Asimismo, el dirigente enviÃģ un mensaje al interior de la alianza oficialista y manifestÃģ que “tenemos que saber clavar los tacos en el piso y decir que no” porque el acuerdo con el FMI “era malo y eso lo saben todos a lo largo y a lo ancho del país”.

MÃĄximo llamÃģ a que las personas se sumen a militar porque “la democracia vive con la gente adentro, cuando la gente se reÚne a participar” y no con la participaciÃģn de “cuatro iluminados”.

“Es difícil si la gente no se involucra, hay que llenar todos los lugares. Las cosas no se solucionan desde una pantalla”.

Y aÃąadiÃģ: “Muchos dicen que el problema son los argentinos y argentinas. El problema son los dirigentes que claudican cuando tienen que dar la talla a los desafíos”.

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Cristina analizÃģ el fenÃģmeno del narcotrÃĄfico

El anÃĄlisis de la vicepresidenta es de ineludible actualidad y pone de manifiesto la miserabilidad de los relatos de la oposiciÃģn.

En el tramo final de su exposiciÃģn del martes pasado en el CCK, la vicepresidenta se refiriÃģ a los problemas de nuestro tiempo, siendo el narcotrÃĄfico uno de ellos. En relaciÃģn a dicho fenÃģmeno seÃąalÃģ que el mismo surge con el repliegue del estado alimentado por el modelo neoliberal, y que para combatirlo de verdad hace falta poner mÃĄs el foco en el sistema financiero que en palabras de Cristina “es el que lava la guita al narco” permitiendo así el funcionamiento y blanqueo del negocio y no tanto en el mÃĄs visible narcomenudeo. Estas palabras tienen especial relevancia en nuestro contexto actual donde la crisis de seguridad en Rosario solo hallo como respuesta abordajes superficiales y mediocres, en este sentido las declaraciones de la vicepresidenta son claramente una contestaciÃģn a las propuestas miopes, demagÃģgicas y reaccionarias de ciertos candidatos opositores que creen que imitando el modelo del presidente de El Salvador Nayib Bukele , (quien manifestÃģ estar orgulloso de contar con la cÃĄrcel mÃĄs grande de amÃĐrica latina, algo que despierta simpatías en referentes opositores del macrismo que por otro lado piden no crear universidades pÚblicas) o quesacando tropas a las calles y militarizando la sociedad podrÃĄn solucionar un problema estructural que requiere tomar medidas igualmente estructurales y no propuestas superficiales de claro oportunismo mediÃĄtico electoral que juegan con el miedo de la poblaciÃģn. En los países de AmÃĐrica Latina donde se dio el involucramiento de los militares en la lucha contra el narco, no solo no se solucionÃģ el problema, sino que ademÃĄs se lo agravo notoriamente, incluso en algunos países los militares terminaron siendo mano de obra del narco o constituyendo ellos mismos sus propios cÃĄrteles como ocurriÃģ en MÃĐxico con los tristemente cÃĐlebres “zetas”, ademÃĄs de facilitar al crimen organizado el acceso a verdaderos arsenales y conocimientos. Retornando al rol del sistema financiero merece recordarse las denuncias hechas hace pocos días por parte del senador nacional Oscar Parrilli (FdT) quien seÃąalo que la Ley de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) implementada por el macrismo, permitiÃģ bajo la idea de facilitar el “emprendedurismo” eliminar el control estatal y ser utilizada por la banda delictiva de “Los Monos”. Lo denunciado por Parrilli pone evidencia la contradicciÃģn entre los discursos del macrismo y lo que fue su accionar concreto cuando les toco ser gobierno, los antecedentes son varios: mÃĄs atrÃĄs en el tiempo, funcionarios de la Unidad de InvestigaciÃģn Financiera (UIF) denunciaron que durante el gobierno de Mauricio Macri se evitÃģ a toda costa sancionar a los funcionarios del banco HSBC los que incumplieron con el procedimiento de prevenciÃģn de lavado de dinero en el caso del cliente Marcelo Oscar Chirizola, luego acusado de blanquear dinero del narco Colombiano Henry de JesÚs LÃģpez LondoÃąo , apodado “Mi Sangre”. A esto debemos sumar los vínculos de Macri con el presidente de Paraguay Horacio Cartes quien fue sancionado por el propio gobierno de los EEUU que lo califico de persona “significativamente corrupta”.y que esta envuelto en una causa por narcotrafico El caso del intendente macrista narco de ParanÃĄ condenado por la justicia y el del ex presidente de la sociedad rural de Diamante y hombre de extrema cercanía y confianza del ministerio de agroindustria del entonces gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) detenido por narcotrÃĄfico y portaciÃģn de armas de fuego. Parece entonces bastante llamativo que quienes no tuvieron precisamente durante su gestiÃģn un desempeÃąo honrado, eficaz y transparente en materia de prevenciÃģn y lucha contra el narcotrafico, hoy pretendan dar cÃĄtedra de cÃģmo se debe combatirlo. Tampoco podemos dejar de mencionar el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que con aparente preocupaciÃģn promueve el envío masivo de fuerzas federales a Rosario, pero que se muestra totalmente ineficaz para poner fin a la creciente escalada de inseguridad, violencia y narcotrÃĄfico que viene copando los distintos barrios del distrito mÃĄs rico del país y que en lo que va del aÃąo ya se saldÃģ con numerosas muertes.

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ANSES desmintiÃģ fake news de Clarín sobre la jubilaciÃģn de CFK: “Es falsa y disparatada”

El organismo difundiÃģ un comunicado para desmentir una nota del diario de HÃĐctor Magnetto que afirma que la vicepresidenta cobra 9 millones de pesos de jubilaciÃģn. “Buscan difamarla y estigmatizarla”.

La ANSES afirmÃģ este sÃĄbado que la vicepresidenta Cristina FernÃĄndez de Kirchner “no tiene ninguna doble pensiÃģn de privilegio” y desmintiÃģ las publicaciones recientes acerca de ese tema: “No solamente es falso, sino que es decididamente sesgado y responde a la clara intencionalidad de seguir en la tarea permanente de difamaciÃģn y estigmatizaciÃģn” de la expresidenta.

En el comunicado dado a conocer por la AdministraciÃģn Nacional de la Seguridad Social se explicÃģ: “En su carÃĄcter de expresidenta constitucional durante dos mandatos (2007-2011 y 2011-2015) le corresponde por la Ley Nš 24.018 el derecho a una asignaciÃģn vitalicia equivalente a la que cobran quienes han integrado como magistrados la Corte Suprema de Justicia de la NaciÃģn”.

Y agregÃģ, que “cobran la misma asignaciÃģn en su carÃĄcter de expresidentes Adolfo Rodríguez SaÃĄ, electo por Asamblea Legislativa del aÃąo 2001, y Mauricio Macri por el mandato ejercido durante el período del 2015 – 2019”.

El organismo tambiÃĐn informÃģ que CFK, “en su carÃĄcter de viuda del expresidente NÃĐstor Kirchner, cobra la asignaciÃģn correspondiente, al igual que las viudas de los expresidentes Carlos SaÚl Menem, Zulema Yoma, y Fernando de la RÚa, InÃĐs PertinÃĐ”.

“Por lo tanto, la percepciÃģn de dicha asignaciÃģn no constituye ningÚn privilegio de Cristina FernÃĄndez de Kirchner”, sostuvo.

TambiÃĐn, el organismo recordÃģ que “los vicepresidentes constitucionales, es decir, electos por voluntad popular, tienen tambiÃĐn una asignaciÃģn establecida por la misma Ley”.

Por tanto, se indicÃģ, como ejemplo, que los exvicepresidentes María Estela Martínez de PerÃģn, Julio CÃĐsar Cobos, Amado Boudou y Gabriela Michetti “perciben dicho beneficio”.

Y que en el caso de María Estela de PerÃģn, ademÃĄs, “percibe una pensiÃģn en su carÃĄcter de viuda del Teniente General del EjÃĐrcito Argentino Juan Domingo PerÃģn. O sea, dos asignaciones, una característica del sistema previsional argentino”, aclarÃģ la nota oficial.

Por otra parte, sobre la cifra publicada -9,1 millones de pesos- que sumarían las dos asignaciones que cobra la vicepresidenta, el organismo asegurÃģ que “no solo es falsa, sino que ademÃĄs es disparatada”.

“EstÃĄ claro que lo publicado por Clarín no solamente es falso, sino que es decididamente sesgado y responde a la clara intencionalidad de seguir en la tarea permanente de difamaciÃģn y estigmatizaciÃģn de Cristina FernÃĄndez de Kirchner”, concluyÃģ el comunicado de la ANSES.

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Día de la Memoria: el documento completo del acto en Plaza de Mayo

Ante una multitud, los organismos de Derechos Humanos dieron lectura al comunicado con fuertes críticas a los sectores que “a casi 40 aÃąos de haberla recuperado, instalan el odio en nuestra democracia”.

Como cada marcha por el Día de la Memoria, y ante miles de personas que colmaron la Plaza de Mayo y sus alrededores, los organismos de Derechos Humanos encabezaron el acto que cerrÃģ una nueva marcha del 24 de Marzo, con un documento en defensa de la democracia y fuertes críticas a los sectores, como la corporaciÃģn judicial, que actÚan por fuera de ellas.

El comunicado completo:

Llegamos marchando con cientos de banderas de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas y culturales, con organizaciones del campo popular, colectivos de mujeres y diversidades, con muchas familias que cada aÃąo vienen a la Plaza, con miles y miles de personas que cada 24 de marzo nos reunimos para fortalecer la memoria y, sobre todo, para gritar: ÂĄPRESENTES!

Cada Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia nos movilizamos en todo el país. La dictadura daÃąÃģ a toda la sociedad: a miles de familias con las desapariciones forzadas y a todo el pueblo con la miseria planificada y sus consecuencias. Ese 24 de marzo de 1976 los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de las corporaciones nacionales y extranjeras. El horror se desplegÃģ para perseguir y destruir toda resistencia. MÃĄs de 750 centros clandestinos de detenciÃģn, tortura y exterminio, desapariciones forzadas, asesinatos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebÃĐs, delitos sexuales, encarcelamientos, robo de bienesâ€Ķ El miedo, instalado en las fÃĄbricas militarizadas y en la feroz persecuciÃģn a sus comisiones internas, contaba con la propaganda de la prensa de las corporaciones, que a las masacres las llamaba enfrentamientos.

El Plan CÃģndor criminal de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina invadiÃģ la regiÃģn bajo Ãģrdenes de las embajadas de Estados Unidos. Una cÚpula de la Iglesia que, cuando no era parte del terror, elegía ser parte del silencio. Una Triple A que precediÃģ al golpe, anticipando lo que iba a ser.

Se utilizÃģ el terror para disciplinar al pueblo: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, 10.000 presas políticas y presos políticos y miles de personas empujadas al exilio. Hoy y siempre reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformaciÃģn de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradiciÃģn guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sÃģlo a algunas de los tantos espacios de participaciÃģn política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.

Durante la dictadura genocida la deuda externa creciÃģ mÃĄs de un 300%. Los que se beneficiaron con esta política fueron los principales grupos econÃģmicos a los que se les estatizÃģ su deuda privada y que, ademÃĄs, se vieron favorecidos en las dÃĐcadas siguientes por las presiones del Fondo Monetario Internacional para que los sucesivos gobiernos avanzaran en la flexibilizaciÃģn laboral, el achicamiento del Estado y la destrucciÃģn de la salud y la educaciÃģn pÚblica. Estos empresarios, responsables tambiÃĐn del genocidio, condenaron a nuestro pueblo a la pobreza y al hambre por generaciones, e incluso en muchos casos, participaron directamente en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. Tras cuatro dÃĐcadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre. Impunes de su responsabilidad de ayer y de hoy por la misma corporaciÃģn judicial que persigue y encarcela a referentes populares

Quienes estÃĄn en las fotos, banderas, remeras, carteles y en nuestra memoria son quienes recordamos hoy y siempre. Son nuestros familiares, nuestros compaÃąeros y compaÃąeras. Son a quienes extraÃąamos, reivindicamos y, en su mayoría, seguimos buscando, porque 47 aÃąos despuÃĐs del golpe, miles y miles de cuerpos siguen desaparecidos. Los pactos de silencio nos siguen impidiendo saber dÃģnde estÃĄn y tambiÃĐn que cientos de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos conozcan su identidad.

Resistimos y nos organizamos aÚn durante los aÃąos mÃĄs difíciles. A pesar de la falta de justicia, miles de familias presentamos habeas corpus para saber dÃģnde estaban quienes eran víctimas de la desapariciÃģn forzada, con el compromiso de abogados y abogadas del campo popular. Eran rechazados. Cuando esperÃĄbamos que un juez o jueza pidiera explicaciones ante una bÚsqueda, nos cerraban las puertas, salvo en honrosas excepciones. Pero a la desesperaciÃģn y a la falta de respuestas, se sumÃģ que quienes denunciaban las desapariciones, en muchos casos, pasaron a ser víctimas. Por eso, hoy tambiÃĐn recordamos a las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, a abogados, abogadas y militantes de organismos de derechos humanos que fueron víctimas de la desapariciÃģn forzada por resistir a la dictadura.

Hubo una corporaciÃģn judicial al servicio de la persecuciÃģn política del terrorismo de Estado y de la apropiaciÃģn de niÃąos, niÃąas y bebÃĐs, dirigida por grupos econÃģmicos que financiaron el terror, se beneficiaron con ÃĐl y ademÃĄs armaron mecanismos para garantizarse la impunidad. DÃĐcadas despuÃĐs, las estrategias de persecuciÃģn y violencia política e institucional han cambiado sus metodologías y protagonistas. Los grupos de poder ya no utilizan a las Fuerzas Armadas para condicionar segÚn sus intereses y necesidades a los sectores populares y al sistema democratico, sino directamente al sistema judicial, transformado hoy en una corporaciÃģn mÃĄs, a travÃĐs de una feroz estrategia de persecuciÃģn contra la oposiciÃģn política y luchadores sociales.

El odio y la persecuciÃģn política llegan a límites muy graves para la democracia. Por eso exigimos que se investigue de manera responsable y hasta todas las terminales políticas y econÃģmicas el intento de magnicidio de la Vicepresidenta Cristina FernÃĄndez de Kirchner y reclamamos que se termine el proceso de proscripciÃģn en su contra, encabezado, en lo visible, por los jueces GimÃĐnez Uriburu, Gorini y Basso y los fiscales Mola y Luciani, pero organizado, en las sombras, por quienes la pretenden prohibir como candidata.

Conocemos en profundidad al Poder Judicial. Aprendimos que podemos llamarlo mÃĄs veces así que Justicia. Por eso reafirmamos que es inaceptable la existencia de una corporaciÃģn judicial de estas características en nuestra democracia. Volvemos a decir que apoyamos el juicio político impulsado por el Gobierno de Alberto FernÃĄndez y Cristina FernÃĄndez a la Corte Suprema de Justicia de la NaciÃģn, integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. ÂĄCorporaciÃģn judicial NUNCA MÁS!

En dos meses se van a cumplir 20 aÃąos de la asunciÃģn de NÃĐstor Kirchner como presidente de la Argentina. Con su llegada se abriÃģ un momento histÃģrico que reconociÃģ, en forma de políticas pÚblicas, las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Revertimos lo imposible que había sido desafiado por los escraches a los genocidas, pero que todavía no había llegado a las instituciones del Estado. Y llegÃģ. Logramos revertir las leyes de impunidad, se fortalecieron las instituciones destinadas a la bÚsqueda de nietos y nietas apropiadas y se alcanzaron resoluciones tan importantes como el establecimiento del Día Nacional por el Derecho a la Identidad el 22 de octubre, y este día, el 24 de marzo, como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fortaleciendo la memoria para las nuevas generaciones, para que cuando voten lo hagan conociendo la historia y defendiendo la democracia para todo el pueblo.

El prÃģximo 10 de diciembre conmemoramos los 40 aÃąos de la recuperaciÃģn democrÃĄtica de nuestra Patria, que sufre amenazas constantes.

Llevamos mÃĄs de dos generaciones que no conocen a los sectores civiles golpeando las puertas de los cuarteles, ni las irrupciones violentas de las Fuerzas Armadas derrocando gobiernos democrÃĄticos. Las embestidas militares de los 80 y 90 fueron frenadas con la movilizaciÃģn popular, aunque con algunos retrocesos importantes.

El acuerdo de la mayoría de la sociedad argentina para defender la democracia no fue sencillo de sostener. La reconstrucciÃģn del entramado econÃģmico, social, cultural y político destruido por la dictadura cívico-militar ha recorrido un complicado y largo camino, ya que los sectores de privilegio, los grupos econÃģmicos y la derecha antidemocrÃĄtica han logrado concentrar recursos para condicionar cada avance de la sociedad democrÃĄtica y popular, utilizando los golpes de mercado, la hiperinflaciÃģn, el endeudamiento, la fuga de capitales y han debilitado las estructuras del Estado, permitiendo la enajenaciÃģn de nuestras empresas y recursos naturales sin ningÚn beneficio para las clases populares. Su correlato político fue el neoliberalismo de la dÃĐcada del 90, de la primera alianza y del macrismo.

En 1985, a poco del retorno de la democracia, pudimos juzgar a los jerarcas de la dictadura en el Juicio a las Juntas, pero luego, por las presiones de los genocidas, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Un lustro despuÃĐs, los indultos a los comandantes condenados fueron un duro golpe y retroceso: el propio Estado democrÃĄtico promovía el olvido institucional de sus crímenes.

AÃąos mÃĄs tarde, los Juicios por la Verdad resultaron trascendentales ante la imposibilidad del avance por el camino punitivo. Y a partir de 2003, con la anulaciÃģn de las leyes de impunidad, y del aÃąo siguiente, cuando el Estado argentino pidiÃģ perdÃģn por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia. Con la llegada de los gobiernos nacionales y populares de NÃĐstor Kirchner y Cristina FernÃĄndez pudimos aspirar a que la impunidad se transformara en justicia, y que ÃĐsta avanzara y creciera fortalecida.

Pero otros avances tambiÃĐn fueron posibles en esa dÃĐcada. La ruptura con el FMI, la nacionalizaciÃģn de YPF, Aerolíneas Argentinas y el sistema solidario de jubilaciones. Se iniciÃģ un camino de mayor justicia social, libertad econÃģmica y soberanía política, que fue interrumpida brutalmente con la llegada al gobierno del macrismo y su vuelta al FMI, limitando nuestras posibilidades como naciÃģn soberana.

A pesar de los retrocesos, el fortalecimiento e institucionalizaciÃģn del proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido un avance enorme para nuestro pueblo. Constituye uno de los principios de legitimidad de esta democracia que supimos conseguir, hasta hoy la mÃĄs larga de nuestra historia como naciÃģn.

En estos aÃąos, ademÃĄs, hemos conquistado nuevos derechos para los sectores populares. Particularmente, destacamos la ampliaciÃģn de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ con la ley de matrimonio igualitario, la documentaciÃģn no binaria y las leyes de cupo trans. Las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilizaciÃģn de las violencias y el avance en las políticas pÚblicas que permitieron la promulgaciÃģn de las leyes de EducaciÃģn Sexual Integral y de InterrupciÃģn voluntaria del embarazo, y la creaciÃģn del Ministerio de las Mujeres, GÃĐneros y Diversidades de la NaciÃģn.

Donde hay una necesidad hay un derecho. No queremos una democracia administrada por el FMI. El endeudamiento feroz que contrajo Macri volviÃģ a condicionar la política econÃģmica de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la poblaciÃģn debilitan tambiÃĐn la vida democrÃĄtica. En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Conquistar nuevos derechos laborales, econÃģmicos, sociales, culturales para las mujeres, para las niÃąeces, para la juventud, para las personas adultas mayores, para las diversidades y disidencias, para nuestros pueblos originarios.

La Única lucha que se pierde es la que se abandona, por eso seguiremos en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, con la palabra y la acciÃģn, con el voto, con organizaciÃģn popular para no permitir que nos roben el sueÃąo de una patria justa, solidaria y feliz como la que querían quienes fueron parte de 30.000 luchas que llevamos como bandera.

País que olvida, país que puede repetir la historia. No olvidemos: las políticas de Estado marcan el rumbo de un país, son las que garantizan u obstaculizan procesos democrÃĄticos, de justicia e inclusiÃģn social. Vamos a cumplir 40 aÃąos de democracia. Hay que seguir sosteniÃĐndose a ultranza y combatiendo las amenazas que se ciernen sobre ella. Allí estÃĄn los discursos de odio promovidos y alimentados por sectores antidemocrÃĄticos de la oposiciÃģn, o el lawfare, sistema mafioso que surge del entramado de la corporaciÃģn judicial y los medios concentrados, que persiguiÃģ y encarcelÃģ a líderes y dirigentes populares y sigue generando prÃĄcticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminaciÃģn del otro.

Por eso, a pesar de todos los obstÃĄculos para la consolidaciÃģn de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con este sistema a favor de los intereses populares, ampliando y defendiendo derechos de los embates de quienes pretenden vulnerarlos. Una vez mÃĄs, decimos: no al silencio y la indiferencia frente a los signos que denotan acciones en contra de la democracia.

Desde 1985 nuestro propio país juzga a los asesinos de su pueblo, sin tribunales ni cÃģdigos especiales, con todos los derechos y garantías. Hasta ahora, logramos que fueran condenados 1.115 genocidas, cuyas condenas estÃĄn firmes en menos del 40 por ciento de los casos y no lo estÃĄn por la complicidad judicial de la CÃĄmara de CasaciÃģn y de la Corte del 2×1 para sostener impunidades. De los detenidos, en preventiva o cumpliendo condena, casi el 80 por ciento tiene el beneficio del arresto domiciliario. Decimos a nuestro pueblo y con todas las letras que prÃĄcticamente ninguno tiene problemas de salud que justifiquen ese beneficio, y que las cÃĄrceles de Campo de Mayo y Ezeiza garantizan todos sus derechos.

Le decimos a ese Poder Judicial que tan fÃĄcilmente los manda a casa con domiciliarias, otorga libertades condicionales o excarcelaciones por dos tercios de la condena, que no cumple con la misma facilidad con la ley de víctimas. Queremos sostener un debate profundo sobre las libertades condicionales a genocidas. TambiÃĐn reclamamos la apertura de todos los archivos de inteligencia.

Si bien se avanzÃģ en la desclasificaciÃģn y publicidad de parte de los archivos vinculados con el terrorismo de Estado, aÚn falta que se desclasifique, realice un relevamiento exhaustivo y que se permita el acceso pÚblico a los archivos de inteligencia producidos por las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y por la ex SIDE.

El acceso a estos documentos es fundamental dado el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el aparato represivo. En sus archivos puede haber informaciÃģn sobre el destino de las víctimas de desapariciÃģn forzada, sobre hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que fueron apropiados y apropiadas que seguimos buscando, y sobre los perpetradores que deben ser investigados. Toda la sociedad tiene derecho a saber quÃĐ informaciÃģn guardan sobre el terrorismo de Estado.

296 sentencias en 17 aÃąos: ÂĄclaro que el camino recorrido es enorme!. Pero el ÃĄrbol no nos tapa el bosque y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a todos los culpables.

El Poder econÃģmico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos. Y juicio y castigo a todos los culpables tambiÃĐn implica seguir denunciando a jueces de instrucciÃģn, de oralidad, de cÃĄmaras y Corte, porque con su lentitud extrema al servicio de los poderosos, siguen sosteniendo la impunidad. Así se explica que Blaquier, ícono de la responsabilidad empresarial en el genocidio, no haya llegado a ser juzgado hace mÃĄs de una dÃĐcada. Tienen paralizado el Concejo de la Magistratura, faltan jueces y no se puede avanzar con los juicios políticos a los jueces denunciados. Tenemos un Ministerio PÚblico Fiscal presidido por un procurador interino protector de Stornellis.

No nos resignamos antes, tampoco lo haremos ahora.

Especialmente, abrazamos a cada sobreviviente. Sin sus memorias y testimonios estos juicios no serían posibles. Sabemos todo lo que reviven al declarar contra sus victimarios, por eso es necesario que toda la sociedad acompaÃąe los juicios.

Seguimos reclamando saber quÃĐ pasÃģ con Jorge Julio LÃģpez y tambiÃĐn que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas, cuya denuncia fue presentada hace 16 aÃąos y todavía no tiene respuesta, en parte por responsabilidad de la Corte Suprema.

Ya llevamos mÃĄs de 45 aÃąos buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. En diciembre Último tuvimos la dicha de encontrar a dos de ellos. Pero faltan cientos todavía. Son víctimas de la prÃĄctica sistemÃĄtica de apropiaciÃģn de bebÃĐs desplegada por el terrorismo de Estado. NiÃąas y niÃąos que reciÃĐn nacidos fueron arrancados de los brazos de sus madres, les cambiaron el nombre, les borraron su historia familiar y, así, les negaron el derecho a la identidad, fundamental para tener una vida en libertad.

Nacidos en cautiverio en las siniestras maternidades clandestinas de la dictadura, o secuestrados junto con sus padres y madres, estas personas tienen hoy mÃĄs de 40 aÃąos de edad. Algunas quizÃĄ sospechan que pueden ser hijas o hijas de personas desaparecidas, otras no: lo importante es que ayudemos a que conozcan la verdad. Si su identidad estÃĄ vulnerada, tambiÃĐn lo estÃĄ la de sus hijas e hijos: niÃąos, niÃąas, adolescentes y jÃģvenes que, al igual que sus padres y madres, tienen derecho a saber su historia.

Es el derecho de sus Abuelas, que los buscaron sin cesar desde el primer momento y cientos de ellas fallecieron sin poder abrazarlos. Hoy sus familias los siguen buscando: sus hermanas y hermanos, sus tíos y tías, sus primos, muchas nietas y nietos restituidos que han tomado la posta de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y buena parte de la sociedad que asume como propia esa bÚsqueda porque sabe que es colectiva y profundamente reparadora, como lo demuestra la ola de felicidad que se desata cada vez que anunciamos una restituciÃģn.

La crueldad de la apropiaciÃģn se agrava con el paso del tiempo: encuentros truncados, la verdad oculta, la desesperante incertidumbre de tener un desaparecido o desaparecida viva en la familia, el daÃąo psicolÃģgico causado a sus víctimas, la mentira alrededor de ellasâ€Ķ Llamamos a todas las personas que sepan algo, o conozcan a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, a que se acerquen a Abuelas. Que ayuden a romper ese muro de silencio de tantos aÃąos. No es pasado, es presente. El delito de apropiaciÃģn, hasta tanto no sea esclarecido, se sigue cometiendo, día tras día, hora tras hora.

Todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad. Y este derecho, que nos ha llevado dÃĐcadas para que sea plenamente reconocido y comprendido, es irrenunciable e intrínseco a la vida en democracia. Para las personas que permanecen con su identidad falseada, para sus hijas e hijos, para sus familias biolÃģgicas que los siguen buscando, la dictadura aÚn no terminÃģ. Necesitamos encontrar a esas 300 nietas y nietos. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos abrazarlos y que sepan la verdad.

Una de las mayores deudas de la democracia es la erradicaciÃģn de la violencia institucional. Nos preocupa profundamente la repeticiÃģn de casos cometidos a lo largo y ancho de nuestro país. Sigue siendo urgente que se terminen estas prÃĄcticas contrarias a un Estado de derecho: violencia policial y de otras Fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalizaciÃģn de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detenciÃģn, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares.

Volvemos a decir que nos oponemos al uso de las armas taser, que son picanas portÃĄtiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. Desde hace mÃĄs de diez aÃąos combatimos el intento de compra del macrismo en la Ciudad, algo que pudo concretar recientemente el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que había logrado Patricia Bullrich a nivel nacional y ahora se renueva la compra desde el mismo ministerio, esta vez dirigido por Aníbal FernÃĄndez. Lo reiteramos: la picana es incompatible con la democracia.

La violencia institucional no es la soluciÃģn a la inseguridad: la respuesta es siempre la inclusiÃģn en derechos, principalmente de los mÃĄs fundamentales. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de los derechos humanos. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prÃĄcticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita.

Reclamamos Justicia por Lucas GonzÃĄlez en el juicio iniciado recientemente a tres policías de la Ciudad por su homicidio y a otros 11 por el encubrimiento. AcompaÃąamos especialmente a la familia y esperamos que el Poder Judicial le dÃĐ una respuesta que consiga al menos reparar una parte de tanto dolor.

Seguimos exigiendo justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante la gestiÃģn de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri en los territorios de las comunidades de pueblos originarios. Recordamos que aquella persecuciÃģn cobrÃģ las vidas de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, por eso continuamos acompaÃąando a sus familias en la demanda de Justicia.

La voracidad inmobiliaria, el extractivismo y el desmonte generan un profundo perjuicio ambiental y daÃąan profundamente a las comunidades campesinas e indígenas, empujÃĄndolas al desarraigo y las migraciones forzadas. El ejemplo de Lago Escondido, territorio vedado a la comunidad por Joe Lewis, violentando incluso resoluciones judiciales, muestra la complicidad del poder econÃģmico, en este caso extranjero, con sectores de la corporaciÃģn judicial de nuestro país.

Una vez mÃĄs, reclamamos la resoluciÃģn pacífica de los conflictos y la libertad de las detenidas de la comunidad que continÚan detenidas.

Como hacemos cada aÃąo desde 2016, denunciamos la existencia de presas y presos políticos en nuestro país. La mÃĄs emblemÃĄtica de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compaÃąeras y compaÃąeros de la Tupac, lleva ya siete aÃąos detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud, y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al Presidente de la NaciÃģn que resuelva la libertad para Milagro Sala sin haber recibido al día de hoy una respuesta a nuestro reclamo. Pero la persecuciÃģn de la corporaciÃģn judicial se extiende a la justicia federal e incluso provincial, y es padecida por luchadores y luchadoras populares y referentes de la política a travÃĐs del lawfare con causas judiciales armadas y que no cuentan con ninguno de los requisitos del debido proceso, entre las que se encuentra la persecuciÃģn sufrida por la Vicepresidenta Cristina FernÃĄndez.

Atravesamos una situaciÃģn internacional signada por la postpandemia, las crisis humanitarias, las guerras, la apariciÃģn de expresiones políticas de ultraderecha y neofacistas. El enfrentamiento bÃĐlico entre Rusia y Ucrania ha dejado al descubierto el rol que juega Europa, defendiendo los intereses norteamericanos y presagia un nuevo reordenamiento de las potencias mundiales sin que se sepa a ciencia cierta cuÃĄles serÃĄn las consecuencias a nivel planetario, y en donde los instrumentos internacionales, como la ONU, estÃĄn demostrando su inutilidad para lograr la paz y sojuzgamiento a Estados Unidos, una de las potencias en conflicto.

Este escenario es aprovechado por los fundamentalismos religiosos y los autodenominados libertarios que crecen en toda la regiÃģn, y que se muestran como apartidistas, antipolíticos o antisistema cuando en realidad son parte de la estructura política de dominaciÃģn y disciplinamiento social y buscan alcanzar espacios de poder incidiendo en las políticas pÚblicas o marcando las agendas gubernamentales.

AmÃĐrica Latina hoy muestra procesos de recuperaciÃģn de la democracia, la soberanía y la autodeterminaciÃģn, como Brasil con Lula, Colombia con Petro y Francia MÃĄrquez, Bolivia con Arce y Chile con Boric. Pero, recientemente, en nuestra Patria Grande tambiÃĐn hemos sido testigos de los fallidos intentos de femimagnicidio contra Cristina FernÃĄndez y Francia MÃĄrquez, el intento de golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el compaÃąero Lula y el golpe de Estado en PerÚ, que mantiene preso al Presidente Pedro Castillo.

Denunciamos: basta de persecuciÃģn y muerte a los hermanos y hermanas peruanas.

Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prÃĄcticas y discursos de odio y negacionismo, como llamar “curro” a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; porque ya salimos del silencio y no vamos a volver Nunca MÃĄs; porque como pueblo nos hemos ganado el derecho a tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecuciÃģn; porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo.

A 47 aÃąos del golpe genocida, construyamos una Patria para el pueblo.

Con Memoria, con Verdad y con Justicia. Siempre.

Lo repetimos acÃĄ, en esta Plaza, ÂĄSON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES!

RestituciÃģn de la identidad de las nietas y nietos

Libertad a las presas políticas y los presos políticos

Juicio y castigo a los genocidas y a todos los partícipes civiles

ÂĄNUNCA MÁS EL SILENCIO!

ÂĄ30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

ÂĄ30.000 DETENIDAS-DESAPARECIDAS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

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